Inminente finalización de los conocidos como alquileres de “renta antigua”.

El próximo 31 de diciembre de 2014 todos aquellos contratos de arrendamiento de locales comerciales firmados con anterioridad al a mayo de 1985 se verán afectados por el fin de la moratoria prevista para los alquileres de renta antigua. Será entonces cuando concluya lo que se conoce como “alquiler de renta antigua” de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), creado en 1985 con el denominado “Decreto Boyer”. Dicha Ley permitía la prórroga forzosa de los contratos de alquiler, una cláusula que se pierde a cierre de este año, ya que el ministro Miguel Boyer aprobó que su vigencia máxima fuera de 20 años.

Es destacable reseñar que la moratoria de los contratos de renta antigua tenía como objetivo la protección de los comercios, ubicados sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo a la situación económica que el país sufría en el año 1994.

No obstante, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), unos 200.000 comercios y negocios de todo tipo verán incrementados notablemente sus gastos por alquiler, lo que podrá llevar al cierre de bastantes de ellos, habida cuenta además la crisis del consumo, la falta de financiación y la fuerte competencia de las grandes cadenas y centros comerciales.

Por tanto, al pasar diciembre, los arrendadores podrán modificar unilateralmente las condiciones de los contratos y adaptarlos a las condiciones actuales de mercado. Una fecha que muchos arrendadores de renta antigua esperan con los brazos abiertos. Ya que llevan muchas década con parte de su patrimonio inmobiliario atrapado por contratos de arrendamientos que, en muchos casos, han traspasado generaciones y con unos precios irrisorios.

Sin embargo, en un momento en el que el consumo todavía no sube de forma notoria, y tras ocho años de caídas de ventas, para los autónomos con rentas antigua el fin de la moratoria de sus contratos puede suponer la gota que colma el vaso, induciéndoles al cierre de sus negocios.

Ante esta situación, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha comenzado a movilizarse y ha promovido una plataforma de afectados, con el fin de proponer un calendario de movilizaciones e instar al Gobierno a una nueva moratoria en este tipo de arrendamientos, ya que puede suponer el cierre de muchos de los comercios afectados. Así mismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda al Real Decreto de medidas urgentes solicitando una moratoria de cinco años más a esta situación.