Archivo por meses: julio 2014

Breves notas acerca del procedimiento de desahucio

En el Derecho español el término jurídico desahucio se emplea cuando se priva al inquilino de la posesión (uso del inmueble) mediante una resolución judicial por un incumplimiento del contrato de arrendamiento, como puede ser la falta de pago de las rentas, entre otros.

El acto concreto consistente en desalojar físicamente a los ocupantes de la vivienda o local se denomina lanzamiento, acudiendo a dicho acto el propietario junto con una representación del juzgado y un cerrajero, para de esa forma volver a tomar la posesión del inmueble. Debe tenerse en cuenta que si es necesario se entrará por la fuerza al inmueble, procediendo a cambiar la cerradura para así impedir la entrada del arrendatario desahuciado.

Es necesario reseñar además que en de 2009 entró en vigor en España lo que se denomina el “Desahucio Express”, materializándose el mismo a través de diversas modificaciones efectuadas a la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este tipo de desahucio se crea con la intención de promover el alquiler en una situación de crisis inmobiliaria, creando mecanismos más rápidos y efectivos en caso de impago del alquiler.

Por último, existen una serie de alternativas para evitar el lanzamiento del arrendatario, las cuales pueden consistir en un acuerdo de refinanciación, un acuerdo de carencia, así como una suspensión del plazo procesal de lanzamiento, entre otras.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante

Contrato de arrendamiento: Impago de rentas: requisitos del requerimiento de pago previo a la formulación de la demanda

Ante la falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario en el trascurso de un contrato de arrendamiento, ya sea de finca urbano o rústica, entendemos que el primer paso es cursar al deudor una reclamación extrajudicial de pago de dichas cantidades.

Ahora bien, ¿qué requisitos debe reunir ese requerimiento de pago realizado por el arrendador al arrendatario para que tenga plena virtualidad jurídica de forma tal que impida al arrendatario-deudor enervar el desahucio de conformidad con el artículo 22.4 LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil)?

El segundo párrafo del artículo 22.4 LEC dispone que “Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, un mes de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación“.

El Tribunal Supremo en Sentencia num. 335/2014, de 23 junio, remitiéndose a su Sentencia nº. 302/2014, de 28 de mayo, da respuesta a la cuestión planteado entendiendo que el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 22 LEC ha de reunir las siguientes notas:

  1. “La comunicación ha de contener un requerimiento de pago de renta o cantidad asimilada.
  2. Ha de ser fehaciente, es decir, por medio que permita acreditar que llegó a conocimiento del arrendatario, con la claridad suficiente.
  3. Ha de referirse a rentas impagadas.
  4. Debe transcurrir el plazo legalmente previsto, que ha venido fluctuando entre uno y dos meses, en las sucesivas reformas legales.
  5. Que el arrendatario no haya puesto a disposición del arrendador la cantidad reclamada.”

NO se exige, sin embargo, que el arrendador comunique al arrendatario que el contrato va a ser resulto ni avisarle de que no procederá enervación de la acción de desahucio si no se paga en el plazo preceptivo.

Es decir, si se efectúa correctamente la reclamación al arrendatario-deudor, si éste no paga antes de la formulación de la demandada habiendo transcurrido los plazos previsto, la posibilidad de enervar la acción queda vetada por cuanto, citamos textualmente la Sentencia referida, “no estamos ante un derecho del arrendatario que pudiera conllevar la necesaria información para su ejercicio, sino ante un derecho del arrendador a que se le abonen las rentas y cantidades asimiladas (IBI, por ejemplo) y una obligación de pago por parte del arrendatario.

El Convenio Regulador (o pacto de convivencia) en los procesos matrimoniales

Debido a la gran importancia de este documento en aquellos divorcios o separaciones en los que existe un acuerdo entre los cónyuges, desde el despacho “Navarro & La Rosa Abogados Alicante” vamos a comentar unas breves pinceladas sobre el mismo.

Un Convenio Regulador o Pacto de Convivencia es el acuerdo al que llegan los cónyuges en el que se regulan cómo van a quedar sus relaciones patrimoniales, así como las relaciones con los hijos comunes, si los hubiera. Dicho documento debe adjuntarse en aquellas demandas de separación y divorcio de mutuo acuerdo a fin de que la autoridad judicial, con el visto bueno del fiscal en determinados casos, dé su aprobación.

Sus cláusulas  deben ser lo más claras posibles y en sentido positivo, sin que pueda dejarse su cumplimiento a la voluntad de uno de los cónyuges, siendo recomendable que en el mismo se prevean soluciones alternativas para los supuestos de incumplimiento de algunas de las cláusulas.

En cuanto a su contenido mínimo, el art. 90 del Código Civil establece que debe contener como mínimo los siguientes aspectos: el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos; la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar; la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso; la liquidación del régimen económico del matrimonio, cuando proceda; y, por último, la determinación de la pensión compensatoria que pueda corresponder, en su caso, a uno de los cónyuges.

Cómo y cuándo cancelar los antecedentes penales

El Código Penal articula para los particulares condenados por sentencia firme que hayan extinguido su responsabilidad penal el derecho de obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del Juez o Tribunal sentenciador.

Para el reconocimiento efectivo del derecho de cancelación es necesario, además de la extinción de la responsabilidad penal, el cumplimiento de unos requisitos:

  1. Tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes de la sanción, excepto en casos de insolvencia declarada por el Juez o Tribunal.
  2. El transcurso sin delinquir de nuevo de los siguientes plazos, que se contarán a partid del día siguiente a aquel en que quedó extinguida la pena: 6 meses para las penas leves; 2 años para las menos graves que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; 3 años para las restantes penas menos graves; 5 años para las penas graves.

El cómputo de estos plazos se interrumpirá por la comisión de nuevos delitos durante su transcurso.

La cancelación de los antecedentes penales la podrá solicitar, el interesado o en su caso su representante con documento en que conste su designación (poder notarial, declaración en comparecencia personal del interesado o cualquier medio suficiente en derecho que deje constancia de la designación).

La cancelación de los antecedentes penales se deberá realizar por medio de solicitud en la que se deberá aportar fotocopia compulsada del DNI, tarjeta comunitaria, pasaporte o NIE (según sea nacional, comunitario o extranjero) dichos documentos deben de estar en vigor. También necesario certificado original o fotocopia compulsada por el Juzgado o Tribunal donde consten las fechas de cumplimiento o extinción de la pena impuesta.

Legislación aplicable: Real Decreto 1879/1994, de 15 de septiembre y Real Decreto 95/2009, de 6 de Febrero.

Cálculo de la indemnización por incapacidad temporal en accidentes de tráfico

Para calcular una indemnización por incapacidad temporal se debe tener en cuenta el baremo de accidentes de tráfico aplicable en el momento en el que se produjo el accidente de circulación. De esta forma, se distingue entre:

  • La baja hospitalaria, la que como su nombre indica es aquella en la que el lesionado se encuentra ingresado en un centro hospitalario.
  • La baja impeditiva, que es aquella baja médica en la cual el accidentado, sin estar ingresado en un centro hospitalario, está impedido para la realización de sus tareas habituales, no teniendo porqué coincidir con el concepto de baja laboral.
  • La baja no impeditiva, la cual hace referencia a aquel tipo de baja que, sin impedir la realización de la tarea o profesión habitual del accidentado, sus lesiones todavía requieren un tratamiento medico para su curación definitiva.

Para el cálculo de la indemnización se multiplicará los días de baja de que se traten por el importe correspondiente a cada día de cada tipo de baja. Por tanto, según el baremo aprobado en 2014, corresponden diariamente por cada día de baja las siguientes cantidades:

  •  Por cada día de baja hospitalaria: 71,84€/día;
  • Por cada día impeditivo: 58,41€/día;
  • Por cada día no impeditivo: 31,43€/dia.

Finalmente, el resultado obtenido debe multiplicarse por un factor de corrección, el cual viene expresado por un porcentaje que variará en función de los ingresos de las victima.

En caso de divorcio, 10 reglas básicas a favor de los hijos que los progenitores no deben olvidar

En muchas ocasiones, en los procesos de separación y divorcio concurren circunstancias que los hacen ciertamente difíciles y muchas veces hay hijos menores de edad sobre los que hay que tomar decisiones acerca de la guarda y custodia, régimen de visitas , distribución de las vacaciones, en su caso, contribución a los gastos ordinarios y extraordinarios, decisiones acerca de los estudios, actividades extraescolares, viajes, etc. etc.

Cuando los sentimientos se anteponen a la razón pueden generarse situaciones nada deseables, viéndose los menores inmersos, como quien dice, de la noche a la mañana, en un proceso belicoso que no les corresponde y que en nada puede resultar beneficioso para ellos.

Desde hace ya algún tiempo, los Juzgados de Familia de Alicante, con muy buen criterio, han adoptado un decálogo que suelen incluir en sus sentencias, siempre con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores. Este decálogo nos parece ciertamente interesante hasta el punto que en ‘Navarro & La Rosa Abogados Alicante’ siempre lo sugerimos a los progenitores en los convenios o pactos de convivencia que redactamos en los procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo.

A continuación, 10 reglas básicas que, en caso de separación o divorcio, los progenitores nunca deben olvidar:

1º.- Nunca desacreditar al otro progenitor delante del menor, ya que ellos se sienten “parte de su padre” y “parte de su madre”, con lo que la crítica puede dañar su autoestima.

2º.- No utilizar al hijo como mensajeros entre los progenitores. Cuanto menos se sienta el menor parte de la pelea entre sus padres, mejor entenderá la situación.

3º.- Tranquilizar al hijo haciéndole entender que él no tuvo ninguna responsabilidad en la separación. Muchos de los menores asumen como propias las causas de la ruptura.

4º.- Animar al hijo a que vean con frecuencia al otro progenitor, haciendo todo lo posible por estimular las visitas.

5º.- Recordarse a uno mismo que los intereses propios no son los del hijo, por lo que no deben ser incluidos en ninguna negociación.

6º.- No pedir al hijo que actúe como “corresponsal-informador” en la casa del otro progenitor, es decir, no estimularlo para que cuenten cosas que no sean del interés del menor.

7º.- Pedir asesoramiento terapéutico para el caso en que cualquiera de los progenitores sienta que no puede  asumir el trance de la separación y que ello pueda influir en el menor, haciéndole aún más complicado afrontar con éxito la situación, ya de por sí difícil para él.

8º.- Cumplir con las obligaciones económicas, “alimentos” del hijo, de forma mensual y sin interrupciones, pues el único perjudicado sería el menor quien, además de tener que enfrentarse a una situación familiar compleja, debería soportar faltas materiales, lo cual puede tener un efecto permanente el resto de su vida.

9º.- En caso de que existiera algún tipo de discrepancia económica, no trasladar el enojo al hijo pues esto alimentaría en la menor el sentimiento de abandono, dificultándole aún más la situación.

10º.- Dentro de lo posible, no efectuar demasiados cambios en la vida del menor.

PROCEDIMIENTO MONITORIO: buena elección para la RECLAMACIÓN DE DEUDAS DINERARIAS.

¿Qué es el procedimiento monitorio?
Es un procedimiento rápido y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario.
Se podrá acudir al Procedimiento monitorio, quien pretenda de otro el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, siempre que sea líquida, determinada, vencida y exigible y que la deuda se pueda acreditar mediante facturas, albaranes, certificaciones, telegramas, telefax o cualquier otro documento admitido en Derecho.
A través de este proceso pueden reclamarse, por tanto, el pago de facturas o recibos impagados, albaranes de entrega no abonados, créditos entre las partes debidamente documentados o, incluso, las Comunidad de Propietarios pueden reclamar aquellos saldos deudores que los vecinos mantengan.
Si el deudor no se aviene a satisfacer voluntariamente la deuda reclamada ni se opone dentro del plazo concedido, el procedimiento finalizará mediante Decreto que permitirá al acreedor acudir a la vía ejecutiva. Solamente será necesario celebrar una vista o comparecencia ante el Juez si el deudor se opone a la reclamación presentada.
¿Dónde se encuentra regulado?
El procedimiento monitorio se encuentra regulado en el Art. 812 y ss., de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Se ha llevado algún caso por este despacho?
En Navarro & La Rosa Abogados Alicante, como especialistas en asuntos civiles y reclamaciones de deudas, hemos procedido en defensa de nuestros clientes a instar el Juicio Monitorio en multitud de ocasiones como la siguiente:
Con fecha 30 de Mayo de 2014 se dictó Decreto por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Núm. 7 de Collado Villalba (Madrid), por el que se admitía a trámite la solicitud de juicio monitorio, se requería de pago al deudor y se realizaba el abono de la cantidad reclamada en días posteriores.