Archivo por meses: septiembre 2014

El Tribunal Supremo establece que la policía no puede realizar tomas de ADN a los imputados sin abogado o autorización judicial

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reunidos en Sala General, han acordado que la toma biológica de muestras para la práctica de la prueba de A.D.N. con el consentimiento del imputado precisa que esté presente su letrado cuando aquel se encuentre detenido o, en su defecto, de autorización judicial.

No obstante, la Sala decidió además dar validez al contraste de muestras obtenidas en la causa que se está enjuiciando con los datos obrantes en la base de datos policial, procedentes de una causa distinta, aunque no conste que intervino letrado, cuando el acusado no ha cuestione la licitud y validez de esos datos durante la fase de instrucción del proceso.

Inminente finalización de los conocidos como alquileres de “renta antigua”.

El próximo 31 de diciembre de 2014 todos aquellos contratos de arrendamiento de locales comerciales firmados con anterioridad al a mayo de 1985 se verán afectados por el fin de la moratoria prevista para los alquileres de renta antigua. Será entonces cuando concluya lo que se conoce como “alquiler de renta antigua” de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), creado en 1985 con el denominado “Decreto Boyer”. Dicha Ley permitía la prórroga forzosa de los contratos de alquiler, una cláusula que se pierde a cierre de este año, ya que el ministro Miguel Boyer aprobó que su vigencia máxima fuera de 20 años.

Es destacable reseñar que la moratoria de los contratos de renta antigua tenía como objetivo la protección de los comercios, ubicados sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo a la situación económica que el país sufría en el año 1994.

No obstante, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), unos 200.000 comercios y negocios de todo tipo verán incrementados notablemente sus gastos por alquiler, lo que podrá llevar al cierre de bastantes de ellos, habida cuenta además la crisis del consumo, la falta de financiación y la fuerte competencia de las grandes cadenas y centros comerciales.

Por tanto, al pasar diciembre, los arrendadores podrán modificar unilateralmente las condiciones de los contratos y adaptarlos a las condiciones actuales de mercado. Una fecha que muchos arrendadores de renta antigua esperan con los brazos abiertos. Ya que llevan muchas década con parte de su patrimonio inmobiliario atrapado por contratos de arrendamientos que, en muchos casos, han traspasado generaciones y con unos precios irrisorios.

Sin embargo, en un momento en el que el consumo todavía no sube de forma notoria, y tras ocho años de caídas de ventas, para los autónomos con rentas antigua el fin de la moratoria de sus contratos puede suponer la gota que colma el vaso, induciéndoles al cierre de sus negocios.

Ante esta situación, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha comenzado a movilizarse y ha promovido una plataforma de afectados, con el fin de proponer un calendario de movilizaciones e instar al Gobierno a una nueva moratoria en este tipo de arrendamientos, ya que puede suponer el cierre de muchos de los comercios afectados. Así mismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda al Real Decreto de medidas urgentes solicitando una moratoria de cinco años más a esta situación.

Se anula un desahucio por notificarse mediante edictos y no de forma personal

El Tribunal Constitucional ha anulado un desahucio que acordó por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Navalcarnero (Madrid) al haber sido notificado el afectado mediante edictos fijados en el tablón de anuncios de ese Juzgado y no de forma personal. Pues bien, este Juzgado declaró al afectado en rebeldía y estimó la demanda de desahucio contra él (por falta de pago de un alquiler) al tiempo que dictó un auto, de 18 de octubre de 2011, en el que desestimó la petición de nulidad de la sentencia de instancia que instó el recurrente.

Más adelante, el afectado interpuso el correspondiente recurso de amparo contra dicha decisión, resolviendo el Tribunal Constitucional, en sentencia de 24 de febrero de 2014, en el sentido de entender que hubo indefensión del desahuciado dado que, tras el resultado negativo de la notificación intentada en la dirección del inmueble objeto de la demanda de desahucio y que dio lugar al desalojo, el Juzgado no volvió a intentar practicar la notificación personal de ninguna de las posteriores resoluciones dictadas en el procedimiento. Es más, señala la referida sentencia que si el Juzgado hubiera intentado notificar alguna vez más en el domicilio que estaba designado en el contrato de alquiler, se podría haber producido esta notificación personal del desahucio. Además, recuerda que es obligación del juzgado no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven al propósito de que la parte sea oída en el proceso. A ello añade que la comunicación a través de edictos debe utilizarse de forma subsidiaria y, que en un procedimiento de desahucio, solo podría emplearse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado.

Por último, asegura el Tribunal Constitucional que no existió ningún dato en las actuaciones que permita reprochar al afectado una actitud consciente y deliberada de impedir o dificultar su localización, ni de entorpecer el proceso judicial, ni tampoco consta que el afectado tuviera conocimiento del mismo a través de la publicación por edictos. Otro dato más que, a juicio del Tribunal Constitucional, refuerza la tesis de que el Juzgado incurrió en falta de diligencia en el emplazamiento del recurrente en el proceso de desahucio vulnerando su derecho a la tutela judicial sin indefensión.

Caso del niño británico trasladado por los padres sin autorización hospitalaria : ¿puede darse en España una situación similar?

Con carácter previo, a fin de aproximarnos a la respuesta que nos planteamos, analizaremos brevemente la legislación internacional y nacional aplicable al caso en cuestión.

Legislación Internacional, debemos señalar las siguientes:

  • Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños
  • Carta Europea de Derechos del Niño.En ambas se establece un marco legal a nivel mundial y europeo de protección del menor y el deber de actuación de las administraciones públicas para su salvaguarda y que han sido incorporadas por la mayoría de los países.

Legislación nacional, siendo las más destacadas, las siguientes:

  • Constitución Española, artículos 39 y 43 que establecen que los niños gozarán de la protección reconocida en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos y el derecho a la protección de la salud.
  • Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que en su art. 11.2 enumera los principios rectores de la actuación de los poderes públicos entre los que se encuentran la supremacía del interés del menor y en su Título II que versa sobre las Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de protección de menores destacan sus artículos 12, 13 y 17, que obligan a cualquier ciudadano o autoridad que detecte una situación de riesgo de un menor a comunicarlo a las Autoridades competentes sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.
  • Código Penal que tipifica el delito de lesiones (art. 147 y ss.) y el de sustracción de menores (art. 225 Bis) que podrían ser aplicables en el presente supuesto.
  • Código Civil que en su art. 154 y ss., se expone cómo deben ser las relaciones paterno-filiales.
  • Ley General de Sanidad donde se enumeran los derechos y deberes de los pacientes.
  • Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Todo este compendio de normas, unidas a las normas autonómicas existentes por tener transferidas las competencias en materias de sanidad, nos lleva a la conclusión de que en España también podría darse un caso como el del niño británico, es decir, que los padres del menor puedan llegar incluso a ser detenidos si con sus actuaciones ponen en riesgo al menor.

Si un menor se encuentra ingresado en un Hospital en España en circunstancias similares a las del niño británico y los médicos entienden que se puede poner en riesgo la integridad o la vida del menor en cuestión, estarían facultados para impedirlo dando cuenta a la mayor brevedad a la Autoridad Judicial donde se iniciaría el procedimiento correspondiente a fin de que se adoptara la decisión oportuna, siempre más beneficiosa y en interés del menor.

¿Pueden los padres renunciar a la pensión de alimentos de sus hijos?

La pensión de alimentos es un derecho personalísimo, irrenunciable, intransmisible e inembargable, por lo tanto, la respuesta sobre si los padres pueden renunciar a la pensión de alimentos que les corresponda a sus hijos es NO.
El artículo 151 del Código Civil señala que no es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos. Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a demandarlas.
A este respecto, debemos señalar el artículo 154 CC en virtud del cual los alimentos de los hijos constituyen uno de los deberes fundamentales de la patria potestad. La pensión de alimentos, en su cuantía, tal y como señala el artículo 146 CC, debe ajustarse a las posibilidades económicas del obligado a prestarlos y a las necesidades de los descendientes.
Así lo recalca, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de 7 de noviembre de 2005: “ … negándole en lo que a los alimentos se refiere virtualidad al convenio paralelo suscrito y sustraído al control judicial, y ello por cuanto esta materia se rige por el principio de indisponibilidad , sin que ello implique el desconocimiento de la Doctrina Jurisprudencial que reconoce plena eficacia “inter partes” a los convenios entre los cónyuges aunque carezcan de sanción judicial, en tanto negocios jurídicos concertados según el principio de la autonomía de la voluntad que proclama el artículo 1255 del Código Civil, validos para la regulación de los efectos de la separación o el divorcio entre los que se encuentran los económicos, si bien dicha eficacia presenta una excepción derivada de la indisponibilidad de determinadas materias, una de las cuales es la pensión a favor de los hijos del matrimonio.
De ahí que se llegue a la siguiente conclusión: el derecho de los hijos a recibir alimentos es irrenunciable y está sustraído de la voluntad de los progenitores.