Archivo por meses: noviembre 2014

¿Cuál es la eficacia real de un convenio regulador firmado por los cónyuges que no se ratifica judicialmente?

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados Alicante se nos plantea la duda de determinar que eficacia se le puede atribuir a un convenio regulador firmado por ambos cónyuges, el cual, por distintos motivos, no se ha ratificado en sede judicial. Pues bien, el convenio regulador es aquel documento por el cual ambos cónyuges, de común acuerdo, pactan todas aquellas medidas para regular las relaciones económicas entre ellos, así como aquellas reglas relativas a los hijos menores, las cuales les serán de aplicación para el caso de separación o divorcio. Es el art. 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el que obliga a presentar el convenio regulador junto con la demanda de separación o divorcio de mutuo acuerdo, siendo precisa su ratificación judicial por cada uno de los cónyuges de forma individual, otorgándole en ese caso plena eficacia procesal y carácter impositivo. Pero, ¿y en el caso de que no se ratificase en sede judicial? ¿Qué eficacia presenta este convenio firmado de forma privada entre ambos cónyuges?

En estos casos, la jurisprudencia otorga un papel esencial al consentimiento de acuerdo con el art. 1.255 del Código Civil, entendiendo que si las condiciones que van a regir a partir de la extinción del matrimonio han sido aceptadas por ambos cónyuges, siempre y cuando no lesionen sus propios intereses y sobre todo, los de los hijos menores si los hubiera), el legislador no tiene por qué restarle eficacia a este convenio. Es importante destacar que la eficacia de este tipo de convenios vendría muy condicionada al respeto del interés del menor, no siendo aplicable aquellos pactos que vayan en detrimento del mismo.

Por ello, se entiende que, a tenor de los artículos 1.254 y ss. del Código Civil y del principio básico que rige el Derecho Civil “Pacta Sunt Servanda” (lo pactado obliga), un convenio suscrito por las partes y no ratificado judicialmente posee eficacia plena.

Sobre esto, es reseñable una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2011, que sostiene la eficacia del acuerdo entre partes del abono de una pensión de alimentos mientras estaban separados de hechos, y deciden ratificar judicialmente la misma, obligándoles el Tribunal a mantener la cuantía.

SENTENCIA IMPORTANTE SOBRE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Con fecha 17 de Julio de 2014, se ha dictado Sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la posibilidad de interponer recurso de apelación por parte del ejecutado que se opone a la ejecución hipotecaria por la existencia de una cláusula abusiva.

Conforme a la legislación española, no existía la posibilidad de la interposición de un Recurso de Apelación por parte del ejecutado si se le desestimaba la oposición, mientras que el ejecutante si tenía la posibilidad de realizar un Recurso de Apelación, y por tanto, esta Sentencia da respuesta sobre si la legislación española se opone a la Directiva Europea de 93/13 y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Planteada una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, éste en la Sentencia declara: “El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretase en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.”.

Por tal motivo, en Navarro&La Rosa Abogados Alicante entendemos que pronto se realizará una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir la posibilidad de Recurso de Apelación al ejecutado si se le desestima su oposición, siendo una gran noticia para todos los ciudadanos que estén inmersos en una ejecución hipotecaria.

LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Según barómetros del CIS, los españoles citan a la corrupción entre los principales problemas del país y señalando a la clase política como un problema en sí misma.

Hoy en día existen una gran cantidad de políticos españoles que están imputados por su presunta implicación en casos de corrupción, o involucrados en investigaciones que se están llevando a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Muchas Administraciones se han visto afectadas por diferentes casos de corrupción, la discrecionalidad de que disfruta el político para la contratación de cargos de confianza y para la colocación de personal es rasgo común en casi todos los niveles de la Administración, pero acrecentado en la Administración Autonómica y local, pues éstos mencionados cargos de confianza no son nombrados por criterios de mérito y capacidad, sino más bien por lealtades políticas, lo que a la postre está favoreciendo la aparición de redes clientelares que en vez de combatir la corrupción, están dificultando que dichos comportamientos salgan a luz

Los casos de corrupción son una gran lacra que se debe de combatir con todo el rigor de la Ley, pues, son éstos asuntos los que crean una mayor alarma social, habida cuenta que son los políticos las personas elegidas por la sociedad para proteger y defender los intereses generales y el Estado de Derecho.

En Navarro&La Rosa Abogados Alicante, entendemos que entre otras muchas medidas en diversos ámbitos, se debe endurecer considerablemente la legislación penal en asuntos relacionados con la corrupción para servir, primero como persuasión para lograr cambiar el comportamiento de las personas y segundo como ejemplarizante para aquellas personas que hayan sido condenadas por casos relacionados con la corrupción al objeto de conseguir erradicar la visión de impunidad existente en la sociedad.

Determinación de la aportación del empresario a la Seguridad Social. Cambios en el modelo de nómina

Desde Navarro & La Rosa abogados Alicante os informamos que el pasado 12 de noviembre entró en vigor la Orden Ministerial ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, la cual ha sido dictada para cumplir con el mandato de la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en lo que se refiere a hacer especial mención en la nómina de la parte de cotización que corresponde a la aportación del empresario

Hasta ahora, en las nóminas de los trabajadores únicamente constaba la base de cotización y el tipo de retención correspondiente a la aportación que efectuaba el trabajador, pero no se exigía que se hiciera mención a la aportación del empresario. Por tanto, con esta modificación, los empresarios dispondrán de un periodo de seis meses (hasta el 12 de mayo de 2015) para adaptarse al nuevo modelo de recibo de salarios.

Según ha expresado el Gobierno, la referida Orden Ministerial da cumplimiento al mandado del art. 104.2 de la Ley General de la Seguridad Social, añadido por la Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actuación, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Dicho artículo establece que, en los justificantes de pago de sus retribuciones, el empresario deberá informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando la parte de la cotización que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador.

Os dejamos el link del Boletín Oficial del Estado donde se recoge esta Orden Ministerial a los efectos de poder consultar el modelo si es de vuestro interés.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11637.pdf

¿Qué es el Derecho Militar?

El Derecho Militar es el conjunto de leyes, normas y disposiciones que regulan la organización, funciones y mantenimiento de la Fuerzas Armadas, aunque especialmente se suele referir a la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, Ley Orgánica Procesal Militar, al Código Penal Militar y a las leyes disciplinarias, o sea, a las normas que castigan penal o disciplinariamente a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Para poder juzgar y ejecutar lo juzgado en procedimientos basados en el Derecho Militar, existe una jurisdicción especial que se denomina jurisdicción militar, que viene amparada por el Art. 117 de la Constitución Española y regulada en diversa legislación de ámbito militar reseñada anteriormente, e incluso existe una Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo.

A la Guardia Civil, por disposición legal, también le es aplicable la Ley Procesal Militar y el Código Penal Militar, todo ello, por ser un cuerpo de naturaleza militar y dependencia híbrida entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

La Guardia Civil tiene su propia legislación específica, entre las que se encuentran, la legislación disciplinaria, por lo que, en materia de sanciones disciplinarias se le aplica ésta específica legislación, aunque en materia de recursos contenciosos-disciplinarios nuevamente es aplicable la Ley Procesal Militar.

En Navarro & La Rosa Abogados Alicante son especialistas en Derecho Militar y han intervenido tanto en Delitos Militares como en Sanciones Disciplinarias defendiendo a militares como a miembros de la Guardia Civil.

Nueva guía práctica publicada por la Agencia Española de Protección de Datos

El pasado 29 de octubre, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nueva guía práctica en la que indica situaciones en las que sería necesario analizar y detectar posibles riesgos, proponiendo en su caso las medidas a adoptar para prevenirlos. La publicación de la Guía se ha realizado una vez que la AEPD sometiera a información pública durante seis semanas una versión preliminar del texto. Los comentarios y sugerencias recibidas se han tenido en cuenta para la redacción de esta versión final, que proporciona un sistema estructurado en el que apoyarse para realizar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos, incluyendo documentos, plantillas y anexos muy útiles para este menester.

Su objetivo es, por una parte, conseguir una protección más activa del derecho fundamental a la protección de datos y, por otra, potenciar las políticas preventivas entre las organizaciones para evitar volver a rediseñar los sistemas una vez han sido desarrollados como posibles daños a la reputación y la imagen por un tratamiento inadecuado de los datos personales. Además, el gran cambio que se está produciendo en el tratamiento de la información de carácter personal, que adquiere cada vez un mayor valor económico, sumada a la continua aparición de nuevas tecnologías, requiere volver a replantearse el modelo tradicional en cuanto a protección de datos con nuevas herramientas.

Desde Navarro & La Rosa Abogados Alicante les dejamos el enlace de esta guía práctica de la AEPD por si les fuera de utilidad.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf