Archivo por meses: marzo 2015

¿Qué ocurrirá con los accidentes de circulación con la nueva reforma del Código Penal?

En el despacho de abogados Navarro&La Rosa, especialistas en accidentes de tráfico, nos preguntamos qué ocurrirá con los que resulten lesionados como consecuencia de un accidente de circulación, debido a que el día 01 de Julio de 2015 entrará en vigor la nueva reforma del Código Penal donde se eliminarán todas las faltas penales.

Con la nueva reforma del Código Penal se sustituye la imprudencia grave/leve por la imprudencia grave/menos grave, y en estos supuestos de imprudencia menos grave se limitarían a los casos de causación de lesiones de cierta gravedad, por lo que el Juzgador ante la denuncia penal por un accidente de circulación deberá tener en cuenta éstos elementos a la hora de iniciar o archivar un procedimiento.

A nuestro entender, cuando se produzca un accidente de circulación en el cual haya lesionados y se denuncien los hechos ante el Juzgado, el Juzgador debería tramitarlos como Diligencias Previas hasta que sea reconocido por el Médico Forense, el cual, es el perito idóneo al objeto de concretar si las lesiones que padece la víctima son graves o leves y una vez emitido el Informe de Sanidad, el Juzgado determinará en base a si el accidente ha sido provocado por una imprudencia grave o menos grave y si es por esta última opción y las lesiones determinadas por el Médico Forense son leves, se produciría el archivo del Procedimiento y en los demás supuestos se continuaría como Procedimiento Abreviado.

El temor que tienen los colectivos de víctimas de accidentes de circulación es que ésta nueva regulación signifique una descriminalización general de los causantes de accidentes y este temor será despejado con la actuación de los Juzgados, sobre si se producirá la apertura de Diligencias Previas como consecuencia de una denuncia por las lesiones sufridas realizándose unas mínimas diligencias para determinar si existe imprudencia grave o menos grave o si las lesiones tras ser reconocida la víctima por el Médico Forense son graves o leves o por el contrario se producirá el archivo sin más trámite, si ocurriera esto último el temor de éstos colectivos se haría realidad.

En Navarro&La Rosa Abogados, como especialistas en accidentes de tráfico deseamos que los Juzgados realicen por lo menos unas mínimas diligencias para determinar si las lesiones son graves o leves y si la imprudencia es grave o menos grave y sólo así los derechos de las víctimas de accidentes de circulación se verían garantizados.

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La reforma del Código Penal

Entre las principales medidas que incorpora la reforma del vigente Código Penal, cabe destacar:

La mayor transformación se produce en los delitos previstos para combatir la corrupción, donde se castigarán los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero, así se castigarán los contratos para prestación de servicios no útiles, ficticios, sin que exista contraprestación y los realizados a un precio superior.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especialistas en Derecho Penal

Navarro & La Rosa Abogados Alicante – Especialistas en Derecho Penal

La reforma incluye el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia, regulando un procedimiento autónomo al que podrá acudir el fiscal si eso facilita un enjuiciamiento más rápido de las responsabilidades penales y para mejorar la gestión de lo decomisado se crea la Oficina de Gestión de Activos a la que corresponderá realizar las actuaciones necesarias para gestionar de la forma más eficaz económicamente la conservación o utilización de los bienes intervenidos.

Se incluyen  nuevos delitos para aumentar la protección de la mujer, entre ellos, el matrimonio forzado, los actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas continuas, seguimientos o cualquier otra fórmula que pueda lesionar la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, se pena la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa

Se incorpora al Código Penal como delito la inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas, algo especialmente relevante a la hora de luchar contra la violencia de género. Igualmente, como ya ocurría con los delitos de violencia de género, en los sexuales no se podrá aplicar el delito continuado y se impondrá una pena por cada uno de los cometidos y se limita la aplicación de la figura del delito continuado a conductas delictivas cercanas en el tiempo.

En cuanto a la Protección de menores, decir que la realización de cualquier acto de carácter sexual con menores de dieciséis años será considerado un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones sexuales consentidas entre personas de similar grado de madurez y desarrollo. Será delito hacer presenciar a un menor de 16 años relaciones de terceros o abusos cometidos sobre terceros. También lo será contactar con él a través de medios tecnológicos para embaucarle y que facilite imágenes pornográficas.

Se introduce la figura de la Prisión Permanente revisable, para dar respuesta penal a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social, aplicándose a los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, a los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, también en algunos tipos de asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los múltiples y en los cometidos por miembros de una organización criminal.

La nueva pena trae consigo un cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo que se ha establecido en un abanico de entre 25 y 35 años, en función de si se trata de condenas por uno o varios delitos o de delitos terroristas. Sólo después de ese periodo se aplicará el sistema de revisión que permitirá la puesta en libertad del condenado si cumple una serie de requisitos.

En Navarro & La Rosa Abogados Alicante, creemos que estás son las novedades más relevantes de la reforma del vigente Código Penal, no obstante, una vez entren en vigor dichas reformas, se analizarán de forma individual cada una de ellas.

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¿Pagan tasas judiciales las Comunidades de Propietarios?

Como ya expusimos en este blog en la noticia de 11.03.2015, desde marzo, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, las personas físicas están exentas de pagar la tasa para acudir a los tribunales y hacer valer sus derechos.

Tasas No - Navarro & La Rosa Abogados Alicante

Tasas No – Navarro & La Rosa Abogados Alicante

¿Ahora bien, qué pasa con las Comunidades de Propietarios? ¿Están exentas del pago de la tasa?

La Dirección General de Tribunos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha emitido su opinión en respuesta a una consulta vinculante estableciendo que a la vista de la modificación legislativa y en tanto en cuanto las Comunidades de Propietarios carecen de personalidad jurídica propia, procede la exención en la tasa de los propietarios, persona físicas, en tanto en cuanto actúen a través de la junta directiva de la comunidad y, en particular, de su presidente.

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¿Qué hacer si un padre no puede pagar la pensión de alimentos a favor del hijo mayor de edad?

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 19.01.2015, declara extinguida la obligación del padre de abonar la pensión de alimentos a su hijo mayor de edad por carecer el primero de medios suficientes para poder hacer efectiva la pensión.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de FamiliaEn el presente caso ya había fijadas unas medidas por la que se atribuía la guarda y custodia de los hijos a la madre con el deber del padre de abonar la cantidad de 150 euros por hijo. Si bien, constaba acreditado que el hijo mayor, habiendo alcanzado la mayoría de edad, cursaba estudios de peluquería pero no tenía empleo y carecía, por tanto, de independencia económica. El padre, por carecer de medios suficientes, solicita la extinción de la pensión de alimentos a favor de su hijo mayor de edad.

Los artículos 142 y ss. del Código Civil regulan los alimentos entre parientes. El artículo 146 CC dispone la cuantía de esos alimentos se fijará en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Por su parte, el artículo 152 CC dispone que la obligación de dar alimentos cesará “cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin
desatender sus propias necesidades […]”.

El padre acreditó, precisamente, su situación de desempleo, a pesar de haber entregado un elevado número de curriculums sin éxito. Acreditó igualmente el hecho de que no le fuera reconocida la ayuda de 426 euros mensuales, teniendo que vivir gracias a sus padres, hermanos y algunos otros familiares. Se constataba una situación económica francamente precaria, hasta el punto de poder llegar a perder su vivienda por no poder sufragar la hipoteca, estando, incluso, inscrito en un registro de morosos.

Ante estas circunstancias, el Tribunal Supremo estima el recurso presentado por el padre y declara extinguida la obligación del padre de abonar la pensión de alimentos a su hijo mayor de edad. El Tribunal Supremo declara extinguida la obligación de pagar la pensión de alimentos a su hijo mayor de edad por carecer el primero de recursos económicos.

Por tanto, en conclusión, si las circunstancias económicas varían sustancialmente respecto al momento en que se acordó la pensión de alimentos hasta el punto en que el obligado al pago de la pensión carece verdaderamente de recursos, podría cursarse la oportuna demanda de modificación de medidas solicitando la extinción de la misma, aplicando la referida Sentencia, si ésta es a favor del hijo mayor de edad aún cuando éste carezca de independencia económica.

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Novedades que se plantean introducir en la LECrim en el momento en que se apruebe su reforma

Desde el despacho de abogados Navarro & La Rosa Abogados en Alicante os damos unas breves notas acerca de las nuevas reformas que se realizarán sobre la Ley de Enjuiamiento Criminal.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 13 de marzo dos Proyectos de Ley, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria, los cuales modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En lo que atañe al Proyecto de Ley Orgánica, aquí se introducen cuestiones que afectan a derechos fundamentales, como el estatuto del investigado y las diligencias de investigación tecnológica; mientras que el Proyecto de Ley ordinaria afecta a las cuestiones de índole procesal, como las medidas de agilización de la justicia penal y otras garantías como el proceso monitorio penal, la generalización de la segunda instancia y la ampliación del recurso de revisión.

El objetivo de esta reforma es agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del “investigado” (antes el imputado), establecer un nuevo marco procesal del decomiso, así como regular las medidas de investigación tecnológica, carentes de marco legal al tratarse de una ley aprobada en 1882. Además, y en clara consonancia con las medidas adoptadas contra la corrupción, se quiere facilitar a jueces y fiscales herramientas eficaces en la lucha contra este tipo de delitos.

En cuanto a los cambios más significativos, resaltar la exigencia de un plazo en la instrucción de los procedimientos penales, sustituyéndose así el prácticamente inaplicable plazo de un mes previsto en la actual LECrim para la instrucción de la generalidad de los procesos, por plazos más adaptados a la realidad, debiéndose decidir, una vez transcurridos los mismos, si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Por tanto, los asuntos sencillos tendrán un plazo de 6 meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables por otro plazo similar. En ambos casos, por razones excepcionales, el juez podrá acordar una nueva prórroga por el tiempo que precise para poner fin a la investigación. Dicho sistema de plazos, del que velará por su cumplimiento el Ministerio Fiscal, favorecerá la mayor agilidad en las investigaciones al evitar instrucciones interminables que dificultan el enjuiciamiento de los responsables.

Por otro lado, también se quiere evitar el carácter negativo atribuido al término “imputado” a pesar de que, en realidad, el proceso aún no se ha dirigido formalmente contra él. Para ello se propone la sustitución del término “imputado” por “investigado” durante la fase de instrucción y, por “encausado”, tras el auto formal de acusación, aclarando tales términos el momento procesal exacto en el que nos encontramos, permitiendo darle a cada uno de ellos el sentido real que tienen.

Además también es reseñable la reforma operada en cuanto al derecho de asistencia letrada, trasponiendo en este caso a nuestro ordenamiento la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales para realizar una regulación sistemática del derecho a la asistencia letrada, con expreso derecho a la entrevista reservada antes del interrogatorio policial.

Por último, según el Ministerio de Justicia, se espera que el Proyecto sea calificado próximamente en el Congreso para iniciar su tramitación. De cumplirse los plazos previstos y habilitarse julio como período de sesiones, el Proyecto podría quedar definitivamente aprobado a finales de ese mes de julio. En otro caso, se prevé que quede aprobado en septiembre.

Eliminación de las Tasas Judiciales para las personas físicas

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Tasas No - Navarro & La Rosa Abogados Alicante

Tasas No – Navarro & La Rosa Abogados Alicante

El artículo 11 del mencionado Real Decreto modifica el artículo 4 de la citada Ley de forma tal que supone, entre otros aspectos, la exención del pago de la tasa por parte de las personas físicas.

De esta forma, el Gobierno de hace eco de una situación insostenible para aquellos ciudadanos que, sin ser beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, veían impedimentos económicos materializados en las tasas para acudir a los tribunales y hacer valer sus derechos, situación a que desde Navarro & La Rosa venimos oponiéndonos desde que entró en vigor la “Ley de Tasas”.

La norma entró en vigor en marzo por lo que desde entonces las personas físicas están exentas de pagar las desgraciadamente famosas tasas judiciales.

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