Archivo por meses: mayo 2015

La difusión no consentida de imágenes íntimas en el nuevo Código Penal – El Sexting

El sexting es un término que hace referencia al envío de imágenes o vídeos íntimos de contenido sexual, lo que, por las nuevas tecnologías y programas, resulta una práctica común entre parejas de jóvenes y también de adultos.

El problema llega cuando el receptor de las imágenes, normalmente la pareja, decide por el motivo que sea, habitualmente ruptura, difundirlas sin el consentimiento de la otra persona en tanto en cuanto a nadie se le escapa que la intimidad de la persona involucrada es gravemente dañada. Como ejemplo de ello, recordemos el famoso caso de la (ex)concejal de Los Yébenes (Toledo).

De esta realidad se hace eco expresamente el legislador con la reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo día 1 de julio de 2015.

El nuevo artículo 197.7 CP dispone que “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.

Podemos observar que la finalidad del artículo es claramente favorecedora de la protección de la intimidad de la(s) persona(s) que en su momento accedieron voluntariamente al sexting en un entorno íntimo. Las imágenes o vídeos han de haberse tomado en un domicilio o en un lugar “fuera del alcance de la mirada de terceros”.

Asimismo, llamar la atención sobre el agravamiento de la pena en caso de que el sexting hubiera sido en pareja, entre otros supuestos.

Por tanto, ¿está el sexting penado por el nuevo Código Penal?. NO. La conducta penada es la difusión inconsentida de imágenes íntimas siempre que concurran todos los elementos del tipo.

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¿Qué es “la doctrina del tiro único”?

Desde Navarro & La Rosa Abogados en Alicante les damos unas breves reseñas de esta doctrina sentada por los Tribunales de Justicia en relación con los actos de la Administración Tributaria (la Agencia Tributaria por ejemplo), la cual es de suma importancia tener en cuenta.

Se conoce como “doctrina del tiro único” aquella que defiende que la anulación de un acto de la Administración tributaria impide a ésta dictar un nuevo acto en relación con el asunto resuelto. Frente a ella el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, rechazando esta doctrina, sosteniendo que en caso de que una liquidación tributaria sea anulada por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos, la Administración puede liquidar de nuevo, siempre que su potestad no haya prescrito. Pues bien, la Sala Tercera del alto tribunal establece en su Sentencia de fecha Sentencia de 24 de septiembre de 2014, que en caso de que una liquidación tributaria sea anulada por incurrir en defectos de fondo, la Administración puede liquidar de nuevo, siempre que su potestad no haya prescrito. Por tanto, entiende que, al no prohibir la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa la posibilidad de subsanar los vicios que han invalidado el acto administrativo, debe estarse a la regulación establecida en las leyes administrativas y tributarias, normativa que permite la subsanación de los actos anulados. Esta facultad de la Administración sólo estaría sujeta, según el Tribunal Supremo, al límite de la prescripción.

Por todo ello, finalmente viene a fijar la doctrina legal afirmando que “la estimación del recurso contencioso administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia Sentencia”.

No obstante, esta reciente doctrina sentada por el Tribunal Supremo no es absolutamente pacífica, puesto que existen en la referida Sentencia dos votos particulares en un sentido totalmente contrario al de la sentencia. Así, el voto particular del Magistrado D. Emilio Frías Ponce considera que reconocer la posibilidad de que la Administración pueda volver a pronunciarse sobre el mismo objeto del acto anulado, supone dejar indefinidamente abiertos los procedimientos tributarios, teniendo en cuenta, además, que, tanto los procedimientos en la vía administrativa como en la judicial, suelen extenderse varios años, superando normalmente el plazo de los cuatro años de la prescripción. De acuerdo con el voto particular, ello supone un desconocimiento absoluto del principio de seguridad jurídica, al que responde el establecimiento de plazos de prescripción de los derechos de la Administración a practicar liquidaciones tributarias. En el mismo sentido, el voto particular del Magistrado D. Juan Gonzalo Martínez Micó, que considera que un órgano judicial no puede ordenar la retroacción de actuaciones en la resolución de un recurso contencioso- administrativo si no se solicita en la demanda, puesto que ello no está previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En efecto, la mencionada ley permite la estimación del recurso y, en su caso, la anulación de la liquidación tributaria si es contraria a Derecho; pero sin poder adoptar la decisión de que se retrotraigan las actuaciones hasta el momento en que la Administración cometió el vicio o error que ha dado lugar a esa nulidad si así no ha sido solicitado por la parte recurrente. Además, este Magistrado concluye en el sentido de que los actos tributarios no pueden ser subsanados cuando han sido anulados por sentencia judicial, cualquiera que haya sido el tipo de vicio o defecto que ha motivado la anulación.

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¿Sabías que… Un cónyuge no tiene obligación de pagar una pensión compensatoria al otro cónyuge si éste último no se ha dedicado exclusivamente al trabajo doméstico o para la casa?

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 26 de Marzo de 2015, en la que estima un recurso y reitera como doctrina jurisprudencial lo siguiente: “El derecho a obtener la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes requiere que habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa”.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de FamiliaEn esta Sentencia se excluye también que sea necesario para obtener la compensación que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge, por tanto, se excluye la exigencia del enriquecimiento del deudor que debe pagar la compensación por trabajo doméstico y de otro, se exige que la dedicación del cónyuge al trabajo y al hogar sea exclusiva (aunque no excluyente, pues el otro cónyuge puede ayudar en el trabajo doméstico).

En Navarro&La Rosa Abogados, como especialistas en derecho de familia, llegamos a la conclusión de que el cónyuge que reclama la pensión compensatoria y el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes, hubiere compatibilizado el cuidado de la casa y la familia con la realización de un trabajo fuera del hogar, independientemente de ser a tiempo parcial o en jornada completa, no tendría derecho a obtener compensación económica alguna. De ahí, que el trabajo para la casa no solo es una forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una compensación en el momento del divorcio, sí el cónyuge solicitante solo se ha dedicado al trabajo doméstico y cuidado de la familia.

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¿Con qué derechos cuenta en el marco de un procedimiento de expropiación forzosa?

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante le explicamos los derechos con los que usted cuenta en el caso de verse afectado por un procedimiento de expropiación forzosa.

En el art. 33 de la Constitución Española se autoriza a la Administración a expropiar por razón de utilidad pública o de interés social, pero siempre mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Por tanto, como dice dicho precepto constitucional, únicamente se puede expropiar por razón de interés general, desechándose además la vieja fórmula de la confiscación al exigirse una compensación económica por los bienes o derechos objetos de expropiación.

En lo que atañe a los derechos de los afectados por una expropiación, y partiendo de la base de la norma constitucional y de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, serían los siguientes:

1) Que el bien expropiado esté justamente valorado;

2) Que ésta valoración se fije dentro del plazo de seis meses desde que se declare la necesidad de ocupación;

3) Que una vez fijado el justiprecio, éste se abone en el plazo máximo de seis meses;

4) Que de no cumplirse estos plazos, le sea abonado el interés legal de oficio por la administración;

5) Que si transcurren más de dos años desde la valoración hasta el abono del justiprecio, usted tiene derecho a una nueva valoración del bien (retasación);

6) Que de no dedicarse el bien expropiado al uso previsto, o si parte de lo expropiado no ha sido utilizado, usted puede solicitar una reversión. Esta reversión consistiría en la restitución de los bienes o derechos expropiados a su primitivo dueño o sus causahabientes, abonando estos su precio.

Desde este despacho de abogados nos ponemos a vuestra disposición para atender cualquier cuestión que nos planteéis acerca de estos procedimientos de expropiación forzosa. Recordad que también pueden rellenar el formulario de contacto que ofrecemos en nuestra página web desde el siguiente enlace: http://nlrabogadosalicante.com/contacto-localizacion.php

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La declaración de la víctima como prueba de cargo. Consideración especial a la existencia de corroboraciones de carácter específico.

Tiempo atrás publicamos una noticia que daba respuesta a la pregunta suficiente la declaración de la víctima de malos tratos como prueba de cargo apta y bastante para una sentencia condenatoria. (Puedes verla aquí).

La jurisprudencia ha establecido una serie de exigencias o requisitos que deben ser valorados de forma expresa y que deben concurrir para que sea posible enervar la presunción de inocencia que ampara al acusado a partir de la única prueba directa de cargo integrada por la declaración de la víctima. Estos requisitos son a) la ausencia de incredibilidad sujetiva; b) la verosimilitud, es decir la existencia de corroboraciones de carácter objetivo que deben provenir de otras fuentes distintas a la del testigo único; y c) la persistencia de la incriminación.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especialistas en Derecho Penal

Navarro & La Rosa Abogados Alicante – Especialistas en Derecho Penal

Vamos a prestar especial atención al segundo de los requisitos, es decir, la existencia de corroboraciones de carácter objetivo que deben provenir de otras fuentes distintas a la del testigo único. El Tribunal Supremo ha declarado que es necesario que la declaración de la víctima se encuentre rodeada de datos corroboradores, externos y objetivos, que la doten de una especial potencia convictiva.

Tal corroboración objetiva ha de entenderse como la existencia de cualquier hecho, dato o circunstancia externos aptos para avalar ese contenido en que consisten las declaraciones concretas de la víctima.

Con el calificativo de externos ha de entenderse que tal hecho, dato o circunstancia se halle localizado fuera de esas declaraciones de la víctima.

La falta de esas corroboraciones externas y objetivas supondrá declarar que no existen elementos probatorios de entidad suficiente como para enervar la presunción de inocencia que ampara al acusado y procedería absolverlo por el hecho por el que se hubiera seguido la causa.

Más allá de la propia teoría, lo importante en los casos de malos tratos es que las víctimas se decidan a DENUNCIAR con el fin de que se ponga en marcha los mecanismos legales previstos para auxiliar a las mujeres víctimas de la violencia de género.

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Reciente sentencia que establece que para multar no basta la foto de la cámara de tráfico

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante os queremos trasladar esta reciente y novedosa sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz, por la cual establece la anulación de una multa de tráfico impuesta a un vecino de esa provincia cuando supuestamente circulaba por una zona restringida de la ciudad de Granada. Pues bien, el Ayuntamiento de la referida ciudad aportó como prueba una imagen de la presunta infracción tomada por las cámaras de tráfico, afirmando la resolución de la magistrada que esa evidencia, por sí sola, no basta para imponer una sanción, anulando en consecuencia la multa.

Dicha sentencia recuerda que el afectado negó desde el primer momento con gran rotundidad que hubiera incurrido en cualquier irregularidad, mientras que el Ayuntamiento de Granada únicamente se limitó a aportar una fotografía de tal infracción, sin ni siquiera acudir al acto de vista el abogado del Ayuntamiento. Por tanto, entiende el Juzgado, que no es suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia del denunciado ante una circunstancia de negación rotunda de los hechos desde un primer momento, suscitándose un problema de valoración de la prueba, el cual debe resolverse a favor del demandante, a quien le asiste el derecho fundamental a ser presumido inocente, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

Desde este despacho de abogados nos ponemos a vuestra disposición para atender cualquier cuestión que nos planteéis acerca de una posible sanción, ocupándonos de vuestra defensa en caso de que hayáis sido injustamente sancionados. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de urgencias (628-92-46-98) para informaros de una manera inmediata acerca de una posible apertura de un expediente sancionador.

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