Archivo por meses: septiembre 2015

Cambios en la figura del cacheo policial

#abogados #alicante #derechopenal #derechoadministrativo #cacheo #leymordaza

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante vamos a ponerles de relieve los aspectos básicos del cacheo policial con las novedades introducidas por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que entró el vigor el pasado día 1 de julio, siendo más conocida como Ley Mordaza.

Con la normativa anterior, esto es, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, los límites a dicha figura no se encontraban dibujados en la propia ley, perfilándose caso a caso por la jurisprudencia, existiendo en ocasiones un grave vacío legal que daba lugar a conductas totalmente inadecuadas para un Estado de Derecho. Por tanto, habida cuenta la problemática existente con la anterior regulación, el Legislador ha ido más allá y ha perfilado los límites legales de esta figura del cacheo, atendiendo por primera a los registros corporales externos, los cuales, según el art. 20 de L.O. 4/2015, sólo podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las Leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estos registros, de carácter superficial, deberán ocasionar el menor perjuicio a la dignidad de la persona, efectuarse por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique y, cuando lo exija el respeto a la intimidad, en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.

Un aspecto a considerar es la previsión del apartado 4 del referido art. 20, según el cual se faculta a los agentes a llevar a cabo registros incluso en contra de la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Pues bien, este apartado parece innecesario habida cuenta que en la práctica puede traer muchos problemas por cuanto comportamientos agresivos y desproporcionados de los agentes podrían ser encuadrados en este tipo de medidas para efectuar el cacheo, debiéndose tener en cuenta además que existe un delito específico de desobediencia y/o resistencia a la autoridad.

Por último, el art. 19 prevé así mismo unas disposiciones comunes a las diligencias de identificación, registro y comprobación, estableciendo que no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención. Esta previsión nos deja muchas dudas acerca de su interpretación por cuanto entraría en conflicto el deber de cooperar con las Fuerzas de Seguridad y el derecho a no confesarse culpable.

¿Que es el matrimonio por poderes?

#derecho familia  #matrimonio por poderes #derecho civil #navarro&larosa abogados #abogados alicante

El Art. 55 del Código Civil dice que: “Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente que no resida en el distrito o demarcación del Juez, Alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a quien haya concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente.

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad.

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al Juez, Alcalde o funcionario autorizante.”

En este tipo de matrimonios es frecuente entre español y extranjero, que por algún diverso motivo se le ha denegado el visado para poder estar en España en el acto de la celebración.

Para la realización de este tipo de matrimonios deberán de aportarse los siguientes documentos: Certificado literal de nacimiento, Certificado de capacidad matrimonial o certificación de soltería, Certificado sobre si es necesaria la publicación de edictos o no conforme a la legislación de su país, Certificado de empadronamiento o de residencia, Pasaporte o permiso de residencia o documento que acredite su identidad e Impreso de solicitud para contraer matrimonio.

Además del Poder Notarial antes mencionado, que podrá ser otorgado ante Notario o ante Cónsul o Representante Consular del país de origen y deberá de incorporarse al expediente matrimonial el original.

Se quiere reseñar que todos los documentos extranjeros deberán estar debidamente legalizados y se deberá facilitar a los funcionarios del Registro Civil, la dirección del Consulado o Embajada más cercana al domicilio de la persona que está en el extranjero.

En Navarro&La Rosa Abogados, debemos advertir que este tipo de matrimonios son vigilados por las Autoridades al objeto de evitar los matrimonios por conveniencia o en fraude de ley celebrados por motivos diversos y que existiendo evidencias de ello, se deniega en el expediente matrimonial la celebración del matrimonio.

¿Me pueden imponer las costas si me desestiman una solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo?

#derechoadministrativo #costasprocesales #medidascautelares #suspensiónactoadministrativo #abogadosenAlicante

A los efectos de costas judiciales, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa prevé un único artículo, el art. 139, en el cual se fija como regla general el criterio del “vencimiento objetivo”. Dicho criterio consiste en que el juzgador, al dictar auto pronunciándose sobre la admisión o no de la suspensión de la ejecución del acto, si se pronuncia favorablemente estimando por tanto la solicitud, debería imponer las costas procesales a la parte vencida, normalmente a la Administración; y en caso contrario, si el juzgador inadmitiese la solicitud, esta regla del “vencimiento objetivo” supondría que las costas causadas por el administrado a la Administración tuviera que abonarlas aquel, independientemente de lo que luego se diga en sentencia, siendo de aplicación igualmente este mismo artículo. No obstante, dice el referido precepto que el juzgador podrá no imponerlas en casos de admisión o inadmisión de la medida si aprecia y lo razona que el supuesto le ocasionó serias dudas de hecho o de derecho.

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Por otro lado, y en aquellos casos en los que la solicitud se admita de forma parcial, -cuestión que parece bastante difícil en la práctica-, dice el citado precepto que cada parte abonará las costas causadas a su instancia, siendo las comunes por mitad, salvo que el Juzgado o Tribunal las imponga a una de ellas por haber sostenido la solicitud de suspensión con temeridad o mala fe, cuestión que entiendo que también debería razonar aunque del tenor literal del precepto no se extraiga.

En cuanto a la cuantía de las costas, este art. 139 establece que podrán ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, decidiendo el juzgador sobre estos extremos realmente. No obstante, lo habitual suele ser la aplicación de los criterios orientadores de honorarios profesionales que publican los Colegios de Abogados, si bien el juzgador puede fijar un límite máximo.

En lo que respecta a la tasación de costas y al procedimiento a seguir para su imposición coactiva a la parte vencida, debemos acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 241 y ss.) por remisión expresa de este art. 139 en su apartado 6 así como por la Disposición Final 1ª, ambos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En la práctica forense, en mi opinión, lo que más se da es la admisión o inadmisión en su integridad, sin que quepan fórmulas intermedias o admisiones parciales, siendo condenado en costas en la mayoría de ocasiones el administrado en caso de inadmisión de la solicitud, y no siéndolo la Administración en caso de estimación de la suspensión por el recurrente, cuestión que si nos ceñimos al tenor literal del art. 139 que prevé la referida fórmula del vencimiento objetivo, debería condenarse en costas a la Administración que haya visto rechazada sus pretensiones al oponerse a la solicitud de una suspensión que finalmente es admitida por el juzgador.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Novedades.

#abogados #alicante #derechopenal #penalistas #leydeenjuciamientocriminal #reforma

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha quedado aprobada por el pleno del Senado el pasado día 3 de septiembre, con algunas modificaciones respecto al texto anterior que fue aprobado en el congreso el pasado mes de junio. La cámara alta ha avalado, con los votos del PP, los dos proyectos de ley en los que se ha dividido la norma, uno de Ley orgánica y otro de Ley Ordinaria.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

Desde Navarro & La Rosa Abogados Alicante queremos informar y dar alguna notas de los principales cambios que supone dicha reforma.

PROTECCIÓN DEL DETENIDO

Imputado/Investigado
Se sustituye el término “imputado” por “investigado” durante la fase de instrucción y por el de “encausado” tras el auto formal de acusación. De este modo se pretende suavizar la carga negativa que en la actualidad en nuestra sociedad el término “imputado”

Asistencia letrada
Se tiene en cuenta en esta reforma la transposición a nuestro ordenamiento de una Directiva comunitaria de 2013 sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales. La asistencia letrada pasa a tener “expreso derecho” a la entrevista reservada antes del interrogatorio policial.

Incomunicación 

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

Abogados en Alicante – Servicio de Urgencias

Se fija en un máximo de diez días el plazo de detención incomunicada en casos de delitos de terrorismo o realizados por una organización criminal. En el caso de los menores, éstos no podrán ser incomunicados durante su arresto.

INSTRUCCIÓN

Ampliación del plazo de instrucción
Se permitirá tanto al Ministerio Fiscal como al resto de las partes del proceso la posibilidad de solicitar la ampliación del plazo de instrucción

Segunda instancia
El proyecto de Ley fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal. La Audiencia contará además con potestad de devolver las actuaciones al Juzgado que dictó la sentencia en caso de valoración de la prueba, instándole a nueva valoración o en su caso, a la celebración de un nuevo juicio

Recurso de revisión
Se incorpora el recurso de revisión como vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se declare que en un procedimiento penal ha sido vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Plazos de instrucción
Los asuntos sencillos pasan del inoperante plazo de un mes previsto para la instrucción a un plazo de seis meses. Transcurrido ese plazo se deberá decidir si el procedimiento continúa en fase intermedia o se dicta sobreseimiento provisional o libre. El plazo de instrucción de los casos complejos llegará hasta los dieciocho meses prorrogables por otro plazo similar.
El ambos casos el juez podrá decretar, por razones excepcionales, una prorroga por el tiempo que estime para poner fin a la fase de investigación.

Delitos complejos
Dentro del grupo de delitos complejos quedan enmarcados todos los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, los que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales o terroristas, en los que se vean involucradas numerosas víctimas, los que exijan el examen de mucha documentación o la realización de pericias complicadas, en los que se precise revisar la gestión de personas jurídicas o aquellas que impliquen realizar acciones en el extranjero.
Con el fin de agilizar la investigación y evitar instrucciones interminables, el Ministerio Fiscal será el garante del sistema de plazos.

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

AGILIZACION PROCESAL

Reglas de conexidad:
Muchas de las medidas previstas en la nueva ley tienen por objeto agilizar la justicia penal, para de este modo evitar la congestión y colapso actual de los juzgados. Entre ellas se encuentra la modificación las reglas de conexidad. Cada delito dará lugar a la formación de un procedimiento y la acumulación por conexión sólo se realizará en casos tasados (evitando de este modo los “macroprocesos”). Sólo en casos excepcionales y a petición del fiscal se podrá producir la instrucción conjunta de varios delitos.

Aceptación por decreto
La nueva Ley contempla que podrá convertirse en sentencia firme la propuesta sancionadora que realice el fiscal cuando el acusado, asistido por su abogado, acepte la pena solicitada, estableciéndose de ese modo un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal). De este modo se logra dar una respuesta rápida a delitos como el conducción bajo los efectos del alcohol, reduciendo también de este modo la carga a los Juzgados de los Penal.

Atestados policiales sin autor conocido
Los atestados policiales sin autor conocido serán conservados por la Policía Judicial y no se remitirán a los Juzgados salvo que corra riesgo la vida, la integridad física o la libertad sexual. De este modo se evita que los mismos sean archivados inmediatamente por el Juzgado a su llegada, quedando a disposición de jueces y fiscales y contribuyendo de ese modo a descongestionar al mismo de expedientes meramente “burocráticos”.

Nuevo marco procesal del decomiso
Hasta ahora el decomiso contaba con una regulación de escasa aplicación eficaz en el proceso judicial. El decomiso contaba hasta ahora con una regulación de escasa aplicación ante la inexistencia de herramientas reales para hacerlo eficaz en el proceso judicial. A partir de ahora, y coordinado con la reforma del Código Penal, el artículo 803 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulará un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado, es decir, que podrán ser decomisados bienes de origen ilícito puestos a nombres de terceras personas. De este modo se pretende recuperar de un modo más eficaz los activos derivados de una actividad delictiva. Estos dos frentes, unidos a la futura creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, permitirán agilizar mediante criterios mercantiles la gestión de este tipo de bienes. De este modo el Estado obtendrá un beneficio económico que redunde la lucha contra el crimen organizado, el pago de indemnizaciones a las víctimas de delitos o incluso el desarrollo de proyectos sociales.

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
En lo que se refiere a las nuevas tecnologías, la Ley de Enjuiciamiento Criminal había quedado especialmente desfasada. Hasta el momento esto se había suplido de alguna manera mediante jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, pero la regulación resultaba algo ya inaplazable.
Por ello, el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se complementará con una nueva redacción del Título VIII del Libro II, en el que se incluyen las nuevas tecnologías. Éste quedará dividido en los siguientes cuatro apartados: interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes; y masivo de información.
Autorización judicial
Se requerirá, como regla general, la autorización judicial para acordar cualquier tipo de medida de intervención o registro de las comunicaciones que se realice, bien sea a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática o virtual. El juez valorará siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
Este tipo de autorización podrá ser concedida en caso que investigación de: delitos castigados con una pena de al menos tres años de prisión, los cometidos por terroristas o grupos u organizaciones criminales y los cometidos a través de instrumentos informáticos o cualquier otra tecnología de la información o telecomunicación. Grabación de entrevistas
En cuanto a la grabación y captación de las entrevistas privadas el Proyecto de Ley establece que, en ningún caso, podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, salvo en el caso de que también se encuentre encausados por los hechos investigados.