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El impago de la tasa de basuras como causa de desahucio en los alquileres de renta antigua

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El Tribunal Supremo ha sentenciado recientemente que el impago de la tasa de basuras se considera causa de resolución del contrato de alquiler para arrendatarios que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (en adelante LAU), pudiendo motivar el desahucio.
Ha desestimado de este modo el recurso interpuesto por la parte demandada contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se condenaba a la misma al desalojo de la vivienda y al pago de la cantidad adeudada a la arrendataria, derivada de los impagos de la tasa de basuras.
La inquilina ahora desahuciada disponía de un contrato de alquiler anterior a la LAU, cumpliendo desde entonces con el pago de todas tasas y siendo en el año 2011 donde se comienzan a producir los impagos. Ante tal hecho, la arrendataria formula demanda con el fin de resolver el contrato de arrendamiento de la vivienda. El argumento de la demandada para justificar el impago, era que el importe que se le reclamaba “no había sido pactado en el contrato” y que “no correspondía con la finca que ella ocupaba”, siendo ambos rechazados en el proceso puesto que se pudo confirmar que la tasa sí correspondía a la finca ocupada y que según la ley aplicable a su contrato, no era necesario que dicho pago viniera recogido en el mismo.
Hasta el momento, dicha cuestión era motivo de discordia en los juzgados y según la ciudad o juez que tratara el caso, la sentencia se dictaba aceptando o rechazando el impago como motivo de resolución de contrato. La sala recuerda que el artículo 144 de la LAU cita que “el contrato de arrendamiento podrá resolverse a instancia del arrendador por falta de pago de la renta o de las cantidades que a ésta se asimilan” y por tanto el inquilino ha de asumir, además del pago de la renta, otros asimilables a la misma (cumpliendo de este modo con la legislación que se establezca en cada momento)
El fin último de esta sentencia, según palabras del alto Tribunal, es la de garantizar la protección del propietario frente a los posibles incumplimientos del arrendatario, puesto que dichas cantidades asimilables, además de ser de beneficio exclusivo del arrendado, son de “inexcusable cumplimiento”. Concluye el mismo su sentencia mencionando que la propia Ley Reguladora de las Haciendas establece que el sujeto pasivo de las tasas de basura es la persona física o jurídica que resulte beneficiada por el referido servicio.

La bofetada a un hijo, ¿es delito o puede estar amparada en el derecho de corrección?

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El Artículo 153.1º y 2º del vigente código penal dice: “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, …” Y en su apartado 2º dice: “Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo…”.

 Y conforme al artículo 173.2, éstas personas son los descendientes, ascendientes, o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente. O sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, etc.

 También se va a reseñar la reciente Sentencia del T.S. de fecha 08-11-15 realizada por la Sala Segunda, que en circunstancias similares condena a la pareja de la madre de la menor, el cual, mantenía una relación afectiva similar a la paterno filial y participaba activamente en la educación de la menor, y aunque la bofetada fue la respuesta a una grave desobediencia de la menor, continúa diciendo que la bofetada es un acto de violencia física sobre una menor que convive en su domicilio como hija de su esposa y que se encuentra bajo su protección, integra un comportamiento de maltrato doméstico que consolida un patrón de dominación violenta y de afectación a la integridad y dignidad de la menor, que excede de la conducta que en la época actual podemos considerar socialmente adecuada.

 En Navarro&La Rosa Abogados Alicante entendemos que el derecho de corrección de los padres hacia los hijos nunca puede ampararse en la violencia, siendo éste un tema complejo que deberá de estudiarse minuciosamente caso por caso por lo que será necesario asesoramiento legal al respecto.

¿Tiene obligación de indemnizar la Compañía Aseguradora a terceros perjudicados aún si el tomador no ha pagado la prima del seguro?

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La Sala de lo Civil del TS mediante la sentencia nº 267/2015, de fecha 10 de septiembre de 2015, desestima el recurso de casación interpuesto por una compañía aseguradora y fija la doctrina que intenta resolver la problemática existente entre las distintas Audiencias Provinciales del territorio español en relación a los requisitos que deben darse para que una compañía aseguradora quede liberada de indemnizar al tomador del seguro obligatorio para vehículos a motor tras producirse un impago de la prima.

Abogados Alicante - Especialistas en Accidentes de Tráico

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El supuesto de hecho se produce tras la imposibilidad de una aseguradora pontevedresa a la hora de cobrar la prima del seguro obligatorio de vehículos de duración anual contraída con el Tomador. Tras dicho incidente, la misma comunica el hecho al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) para que ésta dé de baja la póliza, antes de que ocurra el accidente objeto del proceso a fecha 1 de agosto de 2007.
Pese a ello, tanto la sentencia de primera instancia como la de la Audiencia Provincial de Pontevedra, estiman la demanda interpuesta por el Consorcio de Compensación de Seguros, condenando a la aseguradora al pago de la indemnización correspondiente. No conforme con la misma, la aseguradora interpone recurso de casación por infracción del art. 15 de la Ley de Contrato de Seguro, quedando dicho recurso desestimado por el TS y confirmando de este modo la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra y fijando la doctrina para la resolución de una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor en caso de impago.

En relación al mencionado artículo, el Tribunal Supremo señala que: “Para que la compañía aseguradora quede liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado en el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor por impago de la primera prima o prima única por culpa del tomador, es necesario que acredite haber dirigido al tomador del seguro un correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de su recepción, por el que se notifique la resolución del contrato”.

Se establece, por tanto, que para que una aseguradora pueda liberarse de pagar una indemnización alegando el impago de la prima debe existir un escrito dirigido al tomador mediante “correo certificado”, que pretenda dar oportunidad al mismo de resolver el contrato. Solo de esta forma la aseguradora quedará liberada de indemnizar a terceros perjudicados. Cuestión distinta es que, tras el pago, pueda reclamar a su asegurado.

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Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

¿Qué es el procedimiento monitorio?

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Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante vamos a tratar el tema del conocido procedimiento monitorio, el cual, por su eficacia y poca complejidad, viene siendo muy eficaz y muy empleado por cualquier operador jurídico, así como por los mismos particulares.

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Este procedimiento fue introducido en España por primera vez con la aprobación de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2.000, tratándose de un procedimiento judicial que se caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario. Tan rápido y ágil resulta que el mismo se ha ido generalizando de tal forma que en los últimos tiempos es el procedimiento más empleado en el ámbito civil.

Por lo que respecta al objeto del referido procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que se podrán reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles de cualquier cuantía. Es decir, su objeto se limita a reclamaciones de carácter económico, de dinero, y no puede extenderse a otro tipo de obligaciones como son las de dar de hacer o de no hacer. Tampoco sirve para aquellos supuestos en que desde el inicio sea necesaria una declaración del Juez (por ejemplo, en relación con la interpretación de una determinada cláusula de un contrato, un incumplimiento contractual, daños en una vivienda, etc), en cuyo caso habrá que acudir al proceso declarativo que corresponda (ordinario o verbal), ni tampoco serviría para asuntos de familia.

En cuanto a su tramitación, destacar que únicamente será necesaria la celebración de una vista o comparecencia ante el Juez si el deudor se opone a la reclamación presentada. Si no es así, y el deudor no paga voluntariamente ni se opone dentro del plazo concedido al efecto, el procedimiento finaliza automáticamente mediante una resolución que permitirá al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa, en la cual podrán embargarse bienes suficientes del demandado hasta que se abone totalmente la deuda reclamada.

Si desea hacernos una consulta acerca de cualquier reclamación de cantidad que desee ejercitar, quedamos a su entera disposición para tal menester, pudiéndose poner en contacto a través de nuestro e-mail info@NLRabogadosalicante.com, o por teléfono al 966.08.46.29, al objeto de concerta una cita en la que le asesoraremos de forma precisa, reclamándole en su nombre cualquier cantidad que se le adeude