Archivo por meses: mayo 2016

Ausencia del Acusado en el Juicio

Conforme a la legislación existente al respecto, unido a las Sentencias del Tribunal Constitucional, se tiene declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva exige la presencia del acusado en el juicio oral por la relevancia de las consecuencias que pueden derivarse del procedimiento penal y la circunstancia de que el juicio oral es el momento decisivo en el que con publicidad y plena contradicción se hace efectivo el derecho de defensa debatiendo acerca de la fundamentación de las pretensiones de condena y fuerza de convicción de las pruebas aportadas por la acusación y  la defensa.

Pero también la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su Artículo 786.1 segundo párrafo se dice que: “La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775, no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años”.

Y el Tribunal Constitucional también matiza la imposibilidad de celebrar el juicio oral en ausencia del acusado, cuando se haya garantizado suficientemente su presencia, dándole la oportunidad de comparecer mediante una citación que produzca un conocimiento efectivo y, por tanto, verificando que la ausencia es el resultado de una decisión voluntaria (STC 135/1997).

Se quiere decir que, la presencia del acusado en el juicio es un derecho básico de éste, pero que no se infringe el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando el acusado, debidamente emplazado, decida libremente renunciar a su presencia en el juicio y que incumbe a los órganos judiciales un deber positivo de velar por evitar la indefensión del justiciable en el proceso penal.

En Navarro&Larosa Abogados entendemos que la presencia del acusado debe ser imprescindible a la hora de celebrar un juicio y ser así muy respetuosos con el derecho de defensa y tutela judicial efectiva, pues, existen métodos suficientes para asegurar la presencia del acusado.

¿En caso de que se cometa un delito doloso, responde la Compañía aseguradora del autor de los daños ocasionados a terceros?

El artículo 19 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS) consagra lo que la doctrina ha denominado principio de no asegurabilidad del dolo. Este artículo dispone que “El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado.

Si se adoptara una interpretación rigorista de este principio supondría la negativa total a que las compañías aseguradoras respondan de los daños derivados de una acción dolosa lo que iría en claro en claro detrimento de los intereses de las víctimas.

Así, el Tribunal Supremo se ha alejado de una interpretación rigorista del mencionado principio más beneficiosa para los intereses de las víctimas o perjudicados determinando que el artículo 19 LCS no excluye que la aseguradora responda frente a las víctimas por los daños y perjuicios causados, si bien, con posterioridad, la propia Compañía de Seguros podrá reclamar (reclamar) las cantidades que haya abonado invocando el derecho de repetición del artículo 76 LCS.

Esta tesis es más comedida y acertada pues tutela en mejor medida los intereses de los perjudicados. Al hilo de esta cuestión no puede olvidarse lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal: “Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.”

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

Navarro & La Rosa Abogados Alicante

La App Cerberus y el delito de descubrimiento y revelación de secretos

El Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería ha considerado recientemente la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, del artículo 197 del Código Penal, en el ámbito de la violencia de género sobre la mujer tras demostrarse que un hombre, después de haber roto con su pareja, instaló deliberadamente una aplicación denominada “Cerberus” para controlar su terminal.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

Entre algunas de las funciones de la aplicación se encuentra la localización del teléfono, el control de la cámara, la posibilidad de realizar vídeos, así como el reconocimiento de las llamadas recibidas o efectuadas por el mismo. Toda la información recogida era derivada al correo electrónico del condenado, quien se había dado de alta en la página web de la aplicación antes de proceder a la instalación en el móvil de su antigua pareja.
Estos hechos, desconocidos por la mujer, permitieron al condenado tenerla durante un tiempo controlada. La vulneración de la intimidad, por tanto, encuentra una respuesta tajante en el Derecho Penal, política criminal que desde Navarro & La Rosa Abogados Alicante compartimos.

Pese al reconocimiento de todos los hechos y la conformidad con la acusación, la Sala de lo Penal ha considerado que de conformidad con el artículo 197.1 y .2 del Código Penal, procede imponerle una pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación para el derecho a sufragio pasivo durante la condena, una orden de alejamiento y protección que prohíbe al condenado acercarse a menos de 200 metros de su ex pareja durante un período de tres años unido a la prohibición de cualquier tipo de comunicación con la misma y una pena de multa de doce meses con una cuota de cuatro euros diarios.

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Derecho de familia: El alimentante insolvente

Recientemente, la sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la fijación del mínimo vital situado entre los 150-200 euros, analizando una sentencia de 2 de marzo de 2015.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de FamiliaEn esta sentencia, la Sec, 5ª de la AP de Cádiz, se acordó suspender de forma temporal la pensión alimenticia hasta “que el padre obtenga ingresos por un trabajo remunerado o sea beneficiario de algún tipo de pensión, subsidio o cualesquiera otras prestaciones, momento en el que volverá a reanudarse la pensión alimenticia establecida”, momento en el cual la madre de los menores interpone un recurso de casación que el Supremo desestima basándose en la siguiente justificación:
En este caso, de carácter excepcional, pese a que el interés superior del menor se sustenta en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y de conformidad con el artículo 146 del CC, en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, la falta de medios “probada y acreditada” del padre determina otro tipo de mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente puesto que conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia
En este caso la pobreza absoluta del padre, puesto que en el momento de la sentencia no tenía ingresos ni recibía ningún tipo de ayuda, exige desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE, que permita de ese modo a los menores cubrir sus necesidades alimenticias presentes y futuras hasta que conseguir solucionar la situación de quienes en principio están obligados a ofrecerla, los padres.

Esta Sentencia, dentro del Derecho de Familia, se sitúa en la misma línea que la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2015 de la que Navarro & La Rosa Abogados Alicante ya se hizo eco. Puedes ver la noticia pinchando AQUÍ Bien es cierto que en aquella sentencia  de enero se trataba de hijos mayores de edad dependientes económicamente de los padres.