Archivo por meses: julio 2016

Los testimonios de referencia narrados por los agentes de policía no enervan la presunción de inocencia.

Desde Navarro & La Rosa Abogados Alicante nos hacemos eco de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, en la que se ha pronunciado sobre un recurso presentado por dos condenados por un delito contra la salud pública, penado en el Código Penal en el artículo 368.

Los recurrentes alegaban infracción de la garantía de presunción de inocencia, puesto que no existía prueba que fundara la condena ni declaraciones suficientes de testigos.

Tras estudiar el caso, la Gran Sala toma como testimonio de referencia las declaraciones que realizan los agentes de la autoridad  sobre las personas a quien se les suministraba la sustancia y, por lo tanto, al no ser las mismas ratificadas en juicio por el testigo directo, prescinde de tal testimonio. En caso contrario, estaría aceptando “como prueba un interrogatorio policial, lo que, como es sabido carece de virtualidad para enervar la presunción de inocencia”.

 Es por ello que desestima el recurso interpuesto por el primer recurrente, al considerar que el tribunal de instancia dispuso del testimonio directo de los adquirientes y “pese a que algunos resulten esquivos o de frontal negativa”, lo han admitido en juicio y queda  por tanto probado el extremo. En cambio, pasa a considerar el segundo de los recursos y deja sin efecto la condena, puesto que no se ratifica lo narrado por los testimonios de referencia de los agentes y “la relación con el coacusado ofrece legitimidad con una inferencia diversa que hace dudar racionalmente de la extraída por la sentencia”

Sentencia nº 69940137

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Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

 

El trabajador tiene derecho a cobrar las vacaciones no disfrutadas cuando cesa la relación laboral

El trabajador que decida dejar su empleo de forma voluntaria tiene derecho a cobrar las vacaciones anuales retribuidas que no haya podido disfrutar. Así lo ha decretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante una sentencia publicada el día 20 de Julio. Recuerda en su sentencia que los trabajadores deben disponer de al menos cuatro semanas de vacaciones retribuidas al año, período que puede ser ampliado por valoración de los Estados miembros.

Afirma el Tribunal que “Cuando la relación laboral ha finalizado y ya no resulta posible, por tanto, disfrutar de modo efectivo de las vacaciones anuales retribuidas, la Directiva prevé que el trabajador tendrá derecho a una compensación económica, a fin de evitar que, como consecuencia de esta imposibilidad, quede privado de todo disfrute“, siendo además “irrelevante” la causa de extinción laboral pues “no tiene incidencia alguna en su derecho a percibir (…) una compensación económica” por las vacaciones no disfrutadas por el mismo.

Finaliza la sentencia recordando la doble finalidad de las vacaciones retribuidas, siendo la de “permitir que el trabajador descanse” y “que disponga de un período de ocio y esparcimiento“.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

El pagaré como medio de pago válido de la indemnización si se acompaña de la comunicación de despido

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia 536/2016, ponente Sr. Souto Prieto, que la entrega de un pagaré cuya fecha de vencimiento se corresponda con el mismo día de la comunicación de despido, cumple con lo establecido en el artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al empresario a poner a disposición del empleado la indemnización por el despido el mismo día que se comunica éste.

De este modo, ha estimado el recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto por una empresa contra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien sentenció que se había producido un despido improcedente por entregar un pagaré a una trabajadora junto con la carta de despido. La empleada no aceptó el pagaré, cuya fecha de vencimiento era de ese mismo día y mediante la que se le iba a pagar la indemnización.

En este caso, el problema se produjo porque la entrega de un pagaré no constituye una orden de pago sino una promesa de pago. Para el Supremo, la entrega del pagaré se realiza simultáneamente con la comunicación del despido y por tanto “Siendo esto así, es claro que el pagaré permitía, al igual que un cheque, un pago a la vista, y que la actora, si en lugar de rechazarlo -pues no había dilación en la entrega, ni constan discordancias en la cantidad ni falta de provisión de fondos- lo hubiera recogido, podría haberlo hecho efectivo el mismo día, obteniendo así una puesta a disposición simultánea a la comunicación del despido, sin perjuicio de que, si por alguna circunstancia ajena a la trabajadora despedida -por ejemplo no abono por el banco por falta de fondos disponibles, como ocurriría también con un cheque- no se efectuase la realización del pagaré, siempre tendría expedita la vía para reclamar la improcedencia del despido por no haber existido, de forma simultánea a la entrega de la comunicación del despido, una verdadera puesta a disposición de la indemnización”.

Con esta sentencia se flexibiliza la jurisprudencia, que ha pasado de realizar una interpretación rígida, donde sólo se entendía por cumplido el Estatuto de Trabajadores cuando en el mismo acto de despido, el trabajador disponía efectivamente del dinero de la indemnización a otra interpretación más amplia donde se admiten instrumentos como la transferencia o cheque bancario.

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Hacienda puede solicitar a los padres todas las facturas de la escolarización de sus hijos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideraba que el requerimiento de facturas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude al colegio privado donde estudiaban unos menores, no vulneraba los derechos de intimidad o de protección de datos de carácter personal, puesto que “las facturas de referencia contienen datos personales de los menores ,pero no todo dato personal es íntimo ni la protección que a la información personal fundamenta el artículo 18 de la Constitución puede erigirse en obstáculo para el cumplimiento del deber que la propia Constitución impone a todos de contribuir al sostenimiento de los gastos púbicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno”

Continúa la sentencia diciendo que “es irrelevante la manera en que la Administración se hace con datos tributariamente significativos, siempre naturalmente que no actúe ilegalmente” y que “Se trata de un colegio privado en el que los padres han de sufragar la enseñanza que reciben sus hijos y todos aquellos servicios que el centro les preste. En consecuencia, puede ser relevante tributariamente conocer cuánto les cuesta y la Memoria, como cualquier otro documento que informe de quienes estudian, es un medio válido para conocer ese extremo.”

En conclusión, la sentencia afirma que Hacienda puede solicitar al colegio todas las facturas emitidas a los padres sobre los gastos de enseñanza de sus hijos, así como por las actividades extraescolares o la manutención, sin que ello suponga ninguna vulneración de derechos, puesto que la información que en este caso demanda es de carácter personal pero no pertenece al ámbito de la intimidad, sino que predomina el carácter económico.

Sentencia número 1749/2016, ponente señor Murillo de la Cueva

Los ficheros de solvencia patrimonial no podrán incluir como deudores a personas sobre quienes se discuta la cuantía o existencia de deuda

Los ficheros de solvencia patrimonial sólo podrán incluir a deudores que, de modo justificado, no puedan o no quieran realizar el pago de sus deudas, pero en ningún caso podrán apareceraquellos que están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de ésta”, así lo ha dictado una sentencia de La sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Además, los datos personales deben ser “determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados” y, por ende, la “falta de pago no es indicativa de insolvencia” si la deuda es objeto de controversia.

Por este motivo, el Supremo ha confirmado que la empresa Telefónica Móviles España, junto con otras dos empresas de registro de morosos, deberán  indemnizar con 7.500 euros a un cliente por la intromisión ilegítima en el derecho al honor, tras incluirle en un listado de morosos. En este caso, el afectado no se encontraba conforme con las facturas emitidas por la empresa de telefonía. Pese a iniciar un dialogo con la compañía, mediante el envío de una carta certificada indicando su disconformidad e intención de no pagar las facturas, Telefónica Móviles España comunicó los datos personales del cliente al fichero de solvencia patrimonial gestionado por Experian Bureau de Crédito y Equifax Ibérica, conocidos como Asnef y Badexcug, atribuyéndole una deuda de 762 euros y siendo sus datos personales comunicados a diversas entidades crediticias “que solicitaron información sobre su solvencia“.

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No puede otorgarse la custodia compartida si ninguno de los progenitores lo ha solicitado

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de FamiliaDesde Navarro & La Rosa abogados Alicante, nos hacemos eco de una reciente sentencia de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido en la sentencia 400/2016 del 15 de Junio de 2016, la nulidad de la custodia compartida otorgada a unos padres en Bizkaia, pues ninguno de los dos progenitores la había solicitado. Obliga de ese modo a la Audiencia Provincial a que se pronuncie de nuevo sobre el caso, pues según el art 92 del Código Civil, se establece como requisito para que se otorgue la custodia compartida que al menos uno de los progenitores lo solicite.

En primera instancia se otorgó al padre la custodia de la hija menor de edad, pues en ese momento se encontraba en paro y disponía de más tiempo para cuidar de ella, encontrándose la madre más limitada al regentar un negocio de hostelería.

Tras el recurso de la madre, la Audiencia Provincial revocó parcialmente la sentencia otorgando a ambos la custodia compartida, siendo ésta ahora anulada por el Supremo, quien ordena a la citada Audiencia a que se pronuncie en los “estrictos términos” del caso. Es por ello que la gran Sala ha devuelto los autos al tribunal de la Audiencia para que pueda resolverse, sin alterar los términos del debate, el recurso de apelación interpuesto por la madre.

Además, el Tribunal Supremo recuerda en su sentencia que si bien la custodia compartida es “normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”, requiere “la existencia de petición de parte, pues de no existir ésta por ninguno de los progenitores, difícilmente puede valorarse un plan contradictorio, adecuadamente informado, sobre el que decidir con fundamento en el interés de los menores, al no haber existido debate y prueba contradictoria sobre tal régimen de custodia.”  (SSTS 29 de abril de 2013 rec. 2525/2011 y 9 de marzo de 2016 rec. 1849/2014)

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EL TRIBUNAL SUPREMO NIEGA EL CARÁCTER ABUSIVO DE LAS CLÁUSULAS SUELO A LOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de fecha 03 de Junio de 2016 considera que el control de transparencia no se extiende a la contratación bajo condiciones generales en el que el adherente no tiene la condición legal de consumidor.

La parte demandante, que había suscrito un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con la finalidad de financiar la adquisición de un local para la instalación de una farmacia formuló en su día demanda contra la entidad bancaria en la que solicitó la nulidad de la cláusula suelo incluida en el contrato.

La sentencia del Tribunal Supremo destaca que este control de transparencia, diferente del mero control de inclusión, está reservado en la legislación comunitaria y nacional y en la jurisprudencia respectiva, a las condiciones generales incluidas en contratos celebrados con consumidores y conecta esta transparencia con el juicio de abusividad, porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor y concluye que, precisamente, esta aproximación entre transparencia y abusividad es la que impide que pueda realizarse el control de transparencia en contratos en que el adherente no tiene la cualidad legal de consumidor.

También la Sentencia  analizada sigue diciendo que existen circunstancias excepcionales cuando se actúa como empresario o profesional cuando se superpone o confunde la cualidad de consumidor y profesional del prestatario, bien porque aunque el préstamo se solicitó para el negocio, lo que se hipotecó fue la vivienda del prestatario, bien porque el inmueble hipotecado era al mismo tiempo el domicilio y la sede de su negocio, bien porque se considera que un empresario puede actuar como consumidor en determinada operación bancaria ajena a su ámbito profesional.

En Navarro&La Rosa Abogados Alicante entendemos que antes de la interposición de una demanda de nulidad de la cláusula suelo de un profesional o empresario será necesario estudiar con detenimiento la escritura de la póliza de préstamo hipotecario contratado al objeto de las posibilidades de éxito de la demanda en cuestión conforme a la Sentencia reciente del Tribunal Supremo reseñada.

 

Cambio en las normas para recurrir ante el Supremo

Las novedades introducidas en los recursos de casación presentados al Supremo, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), serán de aplicación a partir del próximo viernes día 22 de Julio. Entre algunos de los cambios, encontramos limitación de  la extensión de los recursos de la Sala de lo Contencioso- Administrativo a 25 folios , la ampliación del catálogo de sentencias que se pueden recurrir ante la gran sala (siendo recurribles en casación todas las sentencias de las Salas de lo Contencioso de los TSJ, las de los Juzgados de lo Contencioso y las de los Centrales de lo Contencioso) o el nuevo criterio de admisión denominado “interés casacional objetivo” que deberá ser apreciado por la sala para admitir el recurso.

Hasta ahora, un litigio de cuantía superior a los 600.000 euros garatizaba el acceso en casación al Supremo. Esto provocaba que, raramente, otros casos modestos en los que era necesario crear jurisprudencia llegabaran a la Gran Sala, llegando únicamente mediante vías extraordinarias como la unificación de doctrina o el interés legal. Ahora nos vamos al caso contrario, puesto que el hecho de que la cuantía supere esa cantidad, no asegura que el Supremo entrará a conocer el caso si a juicio del mismo no existe “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.

La redacción del nuevo artículo 87 de la LOPJ faculta al Tribunal Supremo para determinar “la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación”, así como para decidir sobre el tipo de letra en que debe presentarse (Times New Roman, tamaño 12 puntos), la inclusión de esquemas, notas a pie de página,  el espacio de interlineado, la forma de numerar los folios o el tamaño de  los márgenes.

Por último, se incluyen pautas de recomendación para otros escritos, como la extensión máxima de 15 folios del escrito de preparación que los abogados deben presentar ante el tribunal que impuso la sentencia que se quiere impugnar.

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Fallos de la DGT en el cálculo de los márgenes de error de las multas de velocidad, ¿Cuándo recurrir?

Muchas son ya las sentencias que dan la razón a los conductores en contra de la DGT por no aplicar de forma correcta el margen de error en las sanciones de velocidad, imponiéndose de ese modo multas mucho más elevadas de las que corresponderían por ley. A ésta se unen varios ayuntamientos, entre los que destacan el de Alicante, Valencia, Murcia o Zaragoza, entre otros.

El principal problema viene del método utilizado por estos organismos para calcular los límites de velocidad. Por ejemplo, cuando existe una limitación de velocidad de 120 km/h, el radar se encuentra programado para que salte a 131 km/h, aplicándose en este caso el margen de error de forma adecuada. El problema viene cuando el exceso de velocidad supera en más de 20 o 30 km/h el límite permitido, pues en muchas ocasiones, se castiga al automovilista sin realizar la deducción del margen de error, es decir, aplicando directamente la medición obtenida por el radar.

Entonces, ¿qué margen de error debe ser aplicado? Dependiendo de la velocidad y el tipo de radar, debe  establecerse el error máximo. En el caso de los radares fijos debe mediar un margen de error de 5 km/h en velocidades inferiores a 100km/h y un 5% en mediciones de velocidad superiores, viéndose incrementado en los radares móviles hasta los 7 km/h y el 7% y hasta el 10% en el radar del helicóptero Pegasus.

Por tanto, dado que en ningún caso el margen de error es de 0, según la normativa europea debe figurar siempre en la denuncia la velocidad permitida para la vía, la medida por el radar y finalmente, la corregida en función del margen de error correspondiente.

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El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la libertad de expresión en las redes sociales

Con esta reciente sentencia, publicada el 13 de julio, se crea un precedente que fija criterios claros sobre el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas, puesto que recuerda que “el discurso de odio” no está amparado por la libertad de expresión.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

Hasta el momento, pese al aumento exponencial de las denuncias sobre este tipo de mensajes en las redes, no existía un criterio claro de resolución, por lo que las decisiones judiciales eran dispares. Dicha disparidad llega ahora a su fin, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso “Madame Guillotine”, que pasa a crear una jurisprudencia que tanto abogados como jueces deberán tener en cuenta a partir de ahora.

La  sentencia explica que “ciertas expresiones no se pueden enmarcar dentro de la libertad ideológica o de expresión y se enmarcan dentro del discurso del odio“, pero no trata de “criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales“.

Recordamos que el caso sobre el que se ha pronunciado el Supremo es el de la cuenta de Twitter “Madame Guillotine”, perteneciente a una joven estudiante que lanzó mensajes humillantes hacia Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco e Irene Villa, víctimas de atentados terroristas.

Esta sentencia, podría afectar a casos pendientes como el de Guillermo Zapata sobre un tuit de Irene Villa o el del líder del grupo de rap metal Def con Dos.