Archivo por meses: agosto 2016

La custodia compartida no exime del pago de pensión de alimentos en caso de desproporción entre los ingresos de los cónyuges

El Tribunal Supremo ha declarado en la sentencia nº 55/2016 que en caso de desproporción entre los ingresos de los cónyuges, la custodia compartida establecida tras el divorcio no exime del pago de la pensión de alimentos

El caso revisado por la Sala se corresponde con una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que obliga al padre a pasar una pensión de alimentos a sus dos hijas menores tras el divorcio, por encontrarse su exmujer sin empleo. No acepta el recurso interpuesto por el padre, que solicitaba quedar exento del pago de pensión de alimentos al establecerse la custodia compartida, alegando que cada progenitor se debía hacer cargo de los gastos durante el tiempo de custodia correspondiente.

Declara además que la pensión de alimentos, pese a tratarse de una custodia compartida, no puede limitarse temporalmente “pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no pueda encontrar trabajo”, en cambio estima una limitación temporal en la pensión compensatoria, puesto que no influye en los alimentos de los hijos y se estimula la búsqueda de empleo

Concluye exponiendo que con la custodia compartida se fomenta la integración de los menores con sus progenitores, se estimula la cooperación de los mismos a favor de los padres y se disminuye la sensación de pérdida, por lo que es una de las decisiones más idóneas tanto para los menores como para los padres.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de Familia

Renuncia a la paternidad no biológica adquirida en el matrimonio

Desde Navarro & La Rosa abogados Alicante nos hacemos eco de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a impugnar la paternidad no biológica adquirida en un matrimonio, en caso de que el mismo se disuelva por el divorcio de las partes.

La Sala de lo Civil destaca que “quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad puede ejercitar una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido” y fija con ello la doctrina.

En la sentencia estudiada por el Supremo, el recurrente había reconocido a la hija de la ahora su ex mujer, ya que la menor no tenia paternidad reconocida. Tras el divorcio, decide ejecutar una acción de impugnación que tras ser rechazada, le hace recurrir  hasta la Gran Sala, quien finalmente señala que “la finalidad de este reconocimiento es constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza” e insiste en otorgar al marido “la posibilidad de reconstruir su vida afectiva y familiar, aunque se haya quebrado la convivencia con la madre del reconocido a pesar de lo que, en la normalidad de los casos, preveían y deseaban que ocurriera”.

Por tanto se establece que se podrá pedir la nulidad cuando el reconocimiento se produzca con anterioridad al matrimonio o cuando el reconocedor y la madre contraigan matrimonio con posterioridad al nacimiento del reconocido,  siendo en ese caso la impugnación de la paternidad regulada por el artículo 136 del Código Civil.

Finalmente, recuerda el magistrado de la Sala que los plazos para renunciar a la paternidad son de un año por filiación matrimonial y cuatro años en caso de ausencia de matrimonio, justificando lo citado con el artículo 119 del Código Civil, cuya finalidad  “es robustecer la protección jurídica de la familia que se ha convertido en matrimonial, y precisamente por la razón de que ha venido a serlo”  siendo por tanto “un robustecimiento que consiste, especialmente, en hacer más difícil la impugnación de la filiación”.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de Familia

¿Qué hago si recibo una notificación en agosto y me encontraba de vacaciones?

El Tribunal Supremo deja abierta la puerta a la posibilidad de dejar sin efecto las notificaciones recibidas en periodo estival.

Los hechos se remontan a 2009, cuando un contribuyente catalán no recibió la carta de notificación de sanción por encontrarse de vacaciones durante el mes de agosto, lo que provocó que continuara el acto administrativo de sanción tras la publicación en el Boletín Oficial Provincial.

Para cuando el sancionado tuvo conocimiento y quiso presentar una reclamación, la misma fue inadmitida por encontrarse fuera de plazo, viéndose entonces obligado a recurrir al Tribunal Económico-Administrativo Regional y acabando en el  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En este punto, la defensa argumentó que “si la voluntad real en el intento de notificación es que el acto administrativo llegue a conocimiento del interesado, y el primer intento se produce en el mes de agosto y el destinatario está ausente, lo correcto y ajustado al espíritu de la norma que obliga a dos intentos de notificación es que este segundo intento se produzca no al día siguiente al ser el mes de agosto el mes de vacaciones por antonomasia, sino esperar a septiembre para practicar el segundo intento”.

Dicho argumento, validado por el TSJC, ha sido parcialmente ratificado por el Supremo quien entiende que  “Si lo que se pretende es que las notificaciones lleguen a sus destinatarios, es lógico no dar validez a las realizadas cuando se sabe que no van a ser atendidas, por estar el contribuyente fuera de su domicilio por vacaciones”.

Se debe aclarar que la conclusión a la que llega esta sentencia no significa que Hacienda no pueda enviar notificaciones en periodo estival, pues se trata de un mes hábil como el resto del año, sino más bien que abre la puerta a la posibilidad de que se puedan anular por   “circunstancias concurrentes”.

Debemos recordar en cambio que las compañías que tributan por el impuesto sobre sociedades pueden seleccionar 30 días al año en los que Hacienda no les remite notificaciones electrónicas, ya que en caso de recibirlas y no abrirlas en un plazo de 10 días, se consideran entregadas y rechazadas. Esta posibilidad no existe en las notificaciones en papel, siendo por tanto de gran utilidad para los contribuyentes la vía que acabamos de explicar.

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

 

Considerada por primera vez la electrosensibilidad como incapacidad permanente total.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido de forma pionera, mediante la sentencia nº 588/2016, la incapacidad permanente total a un ingeniero de telecomunicaciones que sufría el síndrome denominado “síndrome de electrosensibilidad”, que le impedía desarrollar de forma efectiva su trabajo al encontrarse expuesto a entornos electromagnéticos.

Este síndrome provoca a quien lo sufre síntomas incapacitantes como dolor muscular, dolor de cabeza, alteraciones del sueño, irritabilidad e incluso agresividad.Es por ello que el ingeniero, trabajador de una conocida multinacional tecnológica, recurrió en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, siendo la misma desestimada y absuelto el Instituto Nacional de la Seguridad Social que le había negado una prestación económica por su incapacidad.

Antecedentes de hecho  

El recurrente inició una situación de baja por incapacidad temporal, que posteriormente pasó a permanente, debido a que la sintomatología de su enfermedad se agudizó. Tras ello, se emite un primer informe médico donde se  considera que “no es posible establecer limitaciones funcionales definitivas para el síndrome de electrosensibilidad” y por tanto, se le niega la calificación de incapacitado permanente por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Debido a dicho informe, el INSS dicta una resolución denegando al recurrente la prestación por incapacidad ya que las afecciones no alcanzaban grado suficiente como para constituir una incapacidad permanente, recurriendo el actor dicha decisión ante el Juzgado de lo Social de Madrid, quien desestima el recurso por no considerar la “incapacidad permanente absoluta”.

Fue entonces cuando el actor recurrió en suplica, amparándose en lo dispuesto en el artículo el articulo 193 b) y c) de la LRJS. En este caso, contaba con un informe favorable del Sistema de Salud Público donde se le reconocía que, cuando se encuentra expuesto a campos electromagnéticos muestra síntomas como insomnio, dolores de cabeza, acúfenos, cambios de ánimo, nerviosismo, irritabilidad o agresividad y que dichos síntomas “mejoraban al alejarse de su exposición”.

Tras revisar este informe, el Tribunal Superior de Justicia le da ahora la razón, puesto que la enfermedad que padece le hace imposible desempeñar su trabajo como ingeniero de telecomunicaciones al permitele sólo trabajar en entornos libres de contaminación electromagnética.

Considera el mismo que “queda razonablemente acreditada la incapacidad permanente total del demandante para su profesión habitual de Ingeniero de Telecomunicaciones a causa del síndrome de sensibilidad química que padece o hipersensibilidad electromagnética que el Ministerio de Sanidad español lo ha calificado en su versión de la clasificación internacional de enfermedades CIE-9-MC dentro del grupo de alergias no específicas.”

Valora además la sentencia que “la contaminación radioeléctrica, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía móvil, WIFI, que obliga a quien lo padece a reducir al máximo su exposición en los entornos doméstico y laboral y evitar lugares con contaminación electromagnética”.

Por todo ello, considera que se encuentra incapacitado para realizar su trabajo y llega el tribunal “a la razonable decisión de declarar al demandante en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de Ingeniero de Telecomunicaciones derivada de enfermedad común con derecho a percibir la prestación económica correspondiente en aplicación de los dispuesto en el artículo 137.4 de la LGSS (LA LEY 2305/1994)”.

El Tribunal no considera en cambio la incapacidad absoluta por entender que el demandante puede ejercer su trabajo en ambientes libres de contaminación electromagnética y que “no resulta posible establecer secuelas definitivas”, siendo esta falta de limitaciones permanentes otro motivo para no estimar dicha incapacidad, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 136.1 de la LGSS (LA LEY 2305/1994).

El reconocimiento por parte de los tribunales de este síndrome como causa de invalidez es pionero, aportando con ello un atisbo de esperanza a otros síndromes poco conocidos que provocan a quien lo sufre padecimientos de alto impacto que le impiden desarrollar su trabajo, al igual que lo hicieron otras sentencias como la de la fatiga crónica o la sensibilidad ambiental (sentencia 213/2016 del TSJ de Castilla y León de fecha 6 de abril de 2016 o la sentencia 4675/2014 del TSJ Cataluña de fecha 27 de junio de 2014)

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales a las personas jurídicas

El pasado 29 de julio de 2016, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso interpuesto por el PSOE contra las tasas judiciales implantadas en 2002 por Alberto Ruiz Gallardón, un recurso muy esperado después de que en 2015, quedaran suprimidas las tasas para las personas físicas, por considerar que las mismas vulneraban el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 en la Constitución Española.

Tasas No - Navarro & La Rosa Abogados AlicanteEl alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso, fallando por unanimidad que las tasas que persistían contra las personas jurídicas impedían por su elevada cuantía (que podía ascender hasta los 1.200 euros) el acceso a la Justicia, no por vulnerar en sí el derecho a la tutela judicial efectiva, sino por el efecto disuasorio que podía producir debido a su “desproporcionalidad”.

Se declaran por tanto inconstitucionales las tasas para el acceso a la jurisdicción y las de interposición de recursos. Más concretamente anula:

Incisos del artículo 7.1:

  • La cuota fija de 200 euros para los recursos contencioso-administrativo abreviado
  • La cuota fija de 350 euros para el recurso contencioso-administrativo ordinario
  • La tasa para el recurso de suplicación de 500 euros
  • La de 800 euros para promover el recurso de apelación
  • La cuota de 1200 euros para recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil
  • La de 750 euros por el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades.

Queda anulado también el artículo que fijaba las tasas de cuantía variable en función de la cuantía del litigio, que podían ascender a los 10.000 euros.

Reconoce el Tribunal que tanto las tasas fijas como las variables pueden llegar a disuadir a los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales debido a tal “desproporcionalidad” y añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son legítimos constitucionalmente, puesto que su objetivo es el de evitar situaciones de abuso o dilaciones en los procedimientos judiciales.

Concluye la sentencia mencionando que la finalidad perseguida por las tasas de acabar con los recursos abusivos no es idónea, puesto que queda diluida para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes. En cuanto a la financiación mixta de la justicia, la segunda finalidad perseguida con la implantación de las tasas, sostiene el Tribunal que “el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental” y que además,”no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva” por  tanto vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución.

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

El Tribunal Supremo fija los criterios para aceptar la fuerza probatoria de los pantallazos de mensajes intercambiados en las redes sociales

La reciente Sentencia de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo número 300/2015, fija los criterios para aceptar la fuerza probatoria de  las capturas de pantalla o “pantallazos” de mensajes intercambiados en las redes sociales.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

La Gran Sala afirma que la prueba de una comunicación  entre dos sujetos mediante los sistemas de mensajería que existen en la actualidad deben tratarse con cautela, puesto que “la posibilidad de una manipulación forma parte de la realidad de las cosas” y “el anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo“. Es por ello, que debe realizarse una prueba pericial  para indicar la veracidad de los documentos que se aporten y determinar su autoría. Concluye además la sentencia, afirmando que la carga de la prueba queda desplazada a quien quiera aprovechar su idoneidad probatoria en caso de que la conversación aportada sea puesta en duda.

Antecedentes de hecho

El caso analizado por el Tribunal Supremo se corresponde con la Sentencia número 346/2014, donde se condenó a un hombre por abusos sexuales a una menor a una pena de prisión de 5 años y un día. En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid, se presentaron como elementos probatorios “pantallazos” de la cuenta Tuenti de la menor, donde hablaba con un amigo sobre lo sucedido. La acusación particular permitió a los agentes de la Guardia Civil realizar fotografías a la conversación e incluso facilitó las claves de acceso para que, en caso de duda, se pudiera certificar su procedencia y contenido. Teniendo en cuenta que los titulares de la conversación reconocieron en juicio el contenido de la misma, quedó dicha documental dentro del acervo probatorio para su posterior valoración con el resto de pruebas practicadas.

Queda desestimado por tanto el recurso interpuesto por la defensa contra dicha sentencia, apoyando el Tribunal Supremo su decisión en base a los siguientes argumentos:

La primera de las impugnaciones de la defensa se basa en el  art 849.2 de la LECrim, denunciando error de hecho en la valoración de la prueba, derivado de documentos que obran en la causa. Cabe decir que se señalan en este caso como documentos algo que no tiene tal carácter a efecto casacional, puesto que los “pantallazos” obtenidos del móvil de la menor, son pruebas personales documentadas a posteriori para su incorporación a la causa.

Así se ha declarado en numerosas ocasiones por esta Sala, en relación con las transcripciones de conversaciones telefónicas  en soporte sonoro o escrito (SSTS 956/2013 de 17 diciembre; 1024/2007, 1157/2000, 18 de julio y 942/2000, 2 de junio)

Otro de los motivos de impugnación se centra en los arts.5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, denunciando en este caso infracción de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, correspondientes a los artículos 24.1 y 2 Constitución Española.

Entiende la Sala que el motivo es inviable, puntualizando sobre la queja de autenticidad del diálogo mantenido en Tuenti, que la propia víctima puso a disposición del Juez de instrucción su contraseña, con el fin de poder asegurar su autenticidad mediante informe pericial si su contenido era cuestionado y siendo el interlocutor llamado como testigo para acudir al plenario, donde fue interrogado por las partes.

 

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante