Archivo por meses: septiembre 2016

Aplicación de la cláusula “No show” por perder el primer vuelo de los trayectos contratados

¿Qué es una Cláusula no show?

La cláusula no show o Back to Back ticketing o Cross Ticketing, suele ser aplicada por muchas aerolíneas cuando por un motivo u otro un pasajero no utiliza el primer vuelo de los contratados.

En caso de que un pasajero pierda un vuelo o decida utilizar otro medio de trasporte para llegar a su destino, la aerolínea se guarda el derecho de anular el billete de vuelta, con el consiguiente perjuicio para el usuario y el enriquecimiento de la aerolínea, que puede volver a vender el pasaje por segunda vez. En este caso es la compañía quien se reserva el derecho a rescindir el contrato unilateralmente, convirtiendo su uso en “obligación” para el usuario. Esta postura no es compartida por la justicia, que entiende que la única obligación que tiene el pasajero es la de abonar el billete y la de estar en el aeropuerto con suficiente antelación para poder embarcar, quedando a su elección el uso o no del billete que ha adquirido puesto que  “la inclusión de una cláusula de cancelación automática del vuelo si no se usa la ida carece de justificación razonable. Puede tenerla que la bonificación o descuento se pierda. Pero no que, como es el caso, se niegue absolutamente la prestación contractual pactada, pues ello supone que la parte contractualmente más débil sufre perjuicios intolerables”.

Es por ello que esta cláusula ha sido declarada como abusiva en multitud de ocasiones, manteniéndose constante la visión de desequilibrio entre aerolínea y consumidor. Entre los muchos ejemplos de sentencias que han declarado nulas estas cláusulas podemos nombrar la Sentencia firme del Juzgado de lo Mercantil nº12 de Madrid, del 11/Setiembre/2012, la del 13 de diciembre de 2012 de la Audiencia Provincial de Alicante, sentencia 23 de Noviembre de 2012 Juzgado Mercantil 2 de Bilbao, la del 26/ Noviembre/2013 del juzgado de lo Mercantil nº2 de Bilbao o  la del Juzgado  de lo Mercantil número de 8 de Madrid, produciéndose en todas el fallo a favor del usuario.

Tras numerosas denuncias por quejas de los usuarios y las consiguientes sentencias a favor del consumidor, ha sido el Tribunal Supremo el que se ha pronunciado para declarar ilegal tal cláusula y prohibir su uso en España.

Por lo tanto, se recomienda a los usuarios avisar a la aerolínea en caso de encontrarse en uno de estos casos y reclamar si ya nos la han aplicado.

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Si ha comprado una vivienda que escondía irregularidades urbanísticas puede recuperar su dinero. Contáctenos.

El Tribunal Supremo ha fijado la doctrina mediante la que se podrá anular la compra de un inmueble cuando el vendedor de la misma oculte irregularidades urbanísticas, pudiendo de este modo podrá recuperar el dinero adelantado para la compra.

Según versa la sentencia, “las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposición adicional de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanístico”. Además añade que la existencia de irregularidades “se encuentra estrechamente relacionada con la obligación del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda cumpliendo las condiciones físicas y jurídicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustración de expectativas en lo que constituye el objeto del contrato”.

La gran Sala confirma así la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que anulaba la compraventa de una vivienda al estar el contrato afectado de vicio de consentimiento, pues el comprador no era conocedor de una información vital para la toma de decisión final de compra. Se obliga por tanto a la promotora a la devolución de 200.670 euros por la compra de la vivienda y a 52.143 euros por daños y perjuicios. Además añade condena a la compañía aseguradora por entender que tiene responsabilidad, algo no contemplado por los tribunales de instancias inferiores, sentenciando que “si hubiese cumplido con sus obligaciones, entre las que se encuentra la entrega de una vivienda hábil para su destino por estar cubierta respecto a la normativa urbanística, habría podido detectar, al ser profesionales del ramo, la dificultades urbanísticas existentes”.

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¿Eres uno de los afectados por los bonos convertibles? Contacta con nosotros.

La sentencia del Supremo 411/2016 supone un varapalo para el Popular. Al igual que ocurrió con las preferentes, el Alto Tribunal considera que no se informó debidamente a los clientes de los riesgos del producto que estaban contratando y que tanto las empresas como particulares que compraron dichos bonos tenían que ser “expertos” en el mercado de valores para poder apreciar dicho riesgo. Es por ello que se ha ratificado en la sentencia de apelación que da la razón al grupo Alcor , que denunció a la entidad en julio de 2014, y ordena la restitución de 1.875.178 euros con sus respectivos intereses, quedando por tanto anulados los bonos.

Dicta la sentencia que “No consta que hubiera información previa, y ni siquiera la información que aparecía en la orden de compra del producto, prerredactada por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era su naturaleza, ni los riesgos que se asumían en función de la fecha de conversión”, por tanto, los bonos adquiridos por el grupo empresarial en 2010 quedarían anulados.

Además de esta sentencia,  la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sancionado el pasado mes de agosto a esta entidad por “infracción muy grave” por la comercialización de productos financieros entre 2009 y 2011. Dicha multa, impuesta en abril de 2015, fue recurrida por vía administrativa, pero el recurso no progresó.

Se abre la puerta de este modo a numerosas reclamaciones por daños y perjuicios a la entidad cuya suma, afirman los expertos, podría situarse en los 700 millones de euros (cifra correspondiente a la emisión de bonos convertibles en 2009), aunque el banco tilda esta información de desmesurada y sitúa la cifra máxima en 25 millones. Sea cual sea la cifra, el banco Popular tiene provisonados entre 16 y 20 millones para atender al posible “tsunami” de reclamaciones que pueden sufrir.

Desde Navarro & La Rosa abogados invitamos a todos los afectados a que contacten con nosotros para un estudio más individualizado de su caso.

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El Tribunal Supremo establece los límites del despido colectivo

La Sala del Tribunal Supremo acaba de acordar que para que un despido pueda calificarse como colectivo debe superar el umbral establecido en el Estatuto de los Trabajadores (art.51.1), pero no sólo teniendo en cuenta la totalidad de la empresa, sino también un único centro donde desempeñen su trabajo más de 20 empleados.

Fija de este modo, basándose en la Directiva 98/59 aplicada por el Tribunal de Justicia Europeo, los casos en que un expediente de regulación de empleo puede calificarse como un despido colectivo de trabajadores.

Por tanto, la Sala de lo Social ha procedido a desestimar el recurso de casación interpuesto por una empresa de ascensores contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaró nulidad en el despido de 12 empleados de una empresa que desempeñaban sus labores en un centro de Vizcaya junto con otros 77 empleados y cuyo total de empleados superaba los 3.000.

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El Tribunal Supremo afirma que los celos no pueden ser considerados como atenuante

Según la doctrina del Tribunal Supremo, en caso de violencia de género no puede aplicarse como atenuante el arrebato u obcecación motivado por celos. Así se ha visto reflejado en uno de los últimos casos analizados por la Gran Sala, correspondiente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona donde se condena a un hombre a 14 años de prisión por amenazas graves a su exmujer  a través de mensajes por el sistema “WeChat” y por una agresión con un cuchillo.

Stop Violencia de GéneroLa agresión más grave  fue castigada con 9 años de prisión  como homicidio en tentativa  y su resultado consistió en diversas heridas cortantes en cara, cuello y tronco que han causado un perjuicio estético importante a la víctima, que le afectan en el correcto desempeño de su profesión de camarera. En cuanto a los “pantallazos” realizados a los mensajes de la aplicación citada, aclara el Supremo que para que puedan ser tenidos como válidos debe realizarse una pericial para verificar su autenticidad, para evitar de ese modo las posibles suplantaciones o la creación de cuentas con perfiles fingidos donde un usuario se comunique consigo mismo. En el caso valorado no fue necesaria la realización de dichas periciales, puesto que la defensa admitió su realización.

El Supremo concluye que fuera de los casos establecidos donde los celos se deben a una enfermedad, no cabe la aplicación de atenuante en casos “en los que, por definición, renace el derecho de ambos cónyuges a rehacer un proyecto propio de vida afectiva”, pues en caso de considerar dicha atenuante estaríamos restando importancia a “injustificadas reacciones coléricas que, si bien se mira, son expresivas de un espíritu de dominación que nuestro sistema jurídico no puede beneficiar con un tratamiento atenuado de la responsabilidad criminal”.

Rechaza pues el recurso interpuesto por el acusado,  puesto que “quien se sitúa en el plano injustificable de la prepotencia y la superioridad no puede pretender que su conducta se vea beneficiada por un reconocimiento de la disminución de su imputabilidad o culpabilidad“.

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¿Es usted uno de los afectados por las “viviendas fantasma”? Es el momento de recurrir, infórmese.

La doctrina del Tribunal Supremo, donde se fija la responsabilidad solidaria de las entidades bancarias con las promotoras quebradas y los fallos posteriores que se están produciendo a favor de los particulares (más de medio centenar en lo que va de año en la Comunidad Valenciana), abren las puertas para que los afectados por el adelanto de dinero a cuenta para la compra de las ahora llamadas  “viviendas fantasma” sean reembolsados no por la promotora, sino por el banco donde en su momento ingresaron el dinero.

La justicia comienza a admitir que las entidades que aceptaron ingresos de los compradores a cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial con garantía, son responsables y por tanto deben hacer frente por el total de las cantidades anticipadas, tal y como en 2015 dictaminó el Supremo al afirmar que “las promotoras que reciban un anticipo siempre deberán abrir una cuenta especial para depositar este dinero y tendrán que solicitar la correspondiente garantía para responder frente a los compradores por el total de la cantidad ingresada” y por lo tanto, “las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor, sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía, responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas ingresadas en la cuenta.”

El despacho Navarro & La Rosa abogados, anima a los compradores afectados por los pisos fantasma a que se informen sobre su caso y recurran para recuperar el dinero perdido. Todos los ciudadanos que compraron su casa sobre el plano (tanto si recibieron la llave fuera de plazo como si no se les entregó el piso por quiebra de la promotora), no recibieron aval por el depósito realizado y puedan demostrar el pago al banco, pueden recurrir ante los tribunales para que la entidad donde realizaron dicho depósito les devuelva la cantidad invertida, uniéndose de este modo al recurso para la resolución del contrato de compraventa realizado contra la promotora.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

Firmeza en las sentencias contra los bancos por los “pisos fantasma”

Las últimas sentencias de la Comunidad Valenciana en lo relativo a la obligación de los bancos de pagar los pisos a compradores que adelantaron su dinero por casas que finalmente no fueron construidas por quiebra de las promotoras, no hacen más que confirmar que se está siguiendo a rajatabla la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo, pues tanto en primera instancia como en posteriores recursos las financieras se están encontrando con respuestas que no les son favorables.

Los magistrados reconocen estar ante una “cuestión polémica”, aunque consideran que las entidades no tienen argumentos suficientes para recurrir puesto que son responsables por no haber garantizado las entregas a cuenta, por tanto deben devolver el dinero a los compradores y  asumir las condenas  millonarias impuestas (que superan el millón de euros).

Una de las sentencias más relevantes se corresponde con la Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia donde se condena a Bankia a la devolución de 105.448,50 euros a un comprador por dos viviendas de Almazora que debían haber sido entregadas en 2007 y que finalmente no se construyeron por quiebra de la constructora. Las justificaciones por parte de los jueces de estas sentencias son claras, siendo ejemplo de algunas de ellas: «En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad», «No cabe duda alguna (…) de la existencia de responsabilidad por parte de la entidad demandada », «Se ha incumplido un deber legal, consistente en no haber exigido a la promotora que tuviera garantizada la devolución de todas las cantidades entregadas a cuenta mediante contrato de seguro o aval».

Entre algunas de las entidades afectadas por los casi medio centenar de fallos contabilizados a lo largo de este año se encuentran Bankia, CAM, BBVA, Caixabank y Abanca.

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Nuevo varapalo a la Ley Sinde-Wert, la Unión Europea considera legales los enlaces de obras si no existe ánimo de lucro

En los últimos días se ha podido conocer cómo la Unión Europea da la razón a los jueces españoles al considerar que el enlace a obras castigado con la Ley Sinde-Wert de propiedad intelectual, no es ilegal ni constituye infracción si no existe ánimo de lucro por parte de quien coloca el enlace, pese a que exista comunicación pública de la obra.

Así lo ha sentenciado el pasado 8 de septiembre  la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien no aprecia ánimo de lucro pese a existir comunicación pública de las obras en la petición prejudicial solicitada por el Tribunal Supremo de los Países Bajos correspondiente al caso GS Media BV, Playboy Enterprise International Inc y Britt Geertruida Dekker y por lo tanto no declaran la acción como ilegal.

Basan su decisión en el artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29, donde se dicta que cuando una persona, sin ánimo de lucro, coloca un hipervínculo que remite a una obra de libre acceso en un sitio web de internet, debe tenerse en cuenta que el mismo no sepa o no pueda conocer que dicha obra ha sido publicada sin autorización de los titulares de la misma.

Esta visión refrenda y respalda la apreciación similar que tienen los jueces españoles con respecto a este tema y vuelve a poner en entredicho la Ley Sinde-Wert y uno de sus preceptos más polémicos.

El titular de una red Wi-Fi gratuita no es responsable de las conductas ilícitas cometidas por los usuarios

El TJUE ha dictaminado en su sentencia 484/14 de 15 de septiembre que el titular de una red Wi-Fi de uso público no es responsable de la actividad ilícita que pueda realizar un tercero en uso de tal red. En cambio, ha concretado los siguientes supuestos: 1º que no origine el mismo la transmisión, 2º que no seleccione él mismo el destinatario de la transmisión y 3º que no seleccione ni modifique los datos transmitidos

Esta sentencia resuelve el caso Mc Fadden contra Sony Music Entertainment presentada por un tribunal alemán, donde se cuestionaba la posible responsabilidad del administrador de un comercio de la descarga ilícita de música a través de su red Wi-Fi abierta al público. Pese a que el tribunal no considera al empresario como responsable directo de la vulneración de derechos de autor si que plantea la posibilidad de responsabilidad indirecta por no proteger debidamente la red.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que una red Wi-Fi abierta al público constituye una llamada de atención de clientes potenciales del empresario y constituye un «servicio de la sociedad de la información» contemplado por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000

Esta Directiva excluye la responsabilidad de los meros transmisores de información siempre que: el prestador 1) no haya originado él mismo la transmisión, 2) no haya seleccionado al destinatario de la transmisión y 3) no haya seleccionado ni modificado los datos transmitidos. Por lo tanto si se cumplen estos tres parámetros, el titular de derechos afectados no puede solicitar una indemnización al prestador de la red a través de la cual se han infringido sus derechos. Si recoge la Directiva la posibilidad de que se solicite mediante autoridad competente que el prestador ponga fin a dicha infracción de derechos de autor cometida por sus clientes o que impida las infracciones.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que la utilización de una contraseña junto con la obligación de los usuarios de la red libre de identificarse para obtener el acceso a dicha red, podría ayudar a disuadir a los usuarios de dicha red a infringir las leyes.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que España infringe la normativa sobre la contratación temporal.

Nos hacemos eco de la sentencia del pasado miércoles donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la utilización de contratos temporales de forma sucesiva para cubrir puestos permanentes es contraria al Derecho de la Unión Europea, concluyendo que el uso de estos nombramientos debe realizarse sólo cuando las necesidades a cubrir son temporales. Por tanto, según palabras del propio Tribunal “ la norma española, al permitir la renovación de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes y estables, a pesar de que existe un déficit estructural de puestos de personal fijo, infringe el acuerdo marco”.

El caso observado por el Tribunal ha sido el de una enfermera del Hospital Universitario de Madrid, quien entre 2009 y 2013 fue renovada hasta en siete ocasiones para ejercer el mismo puesto, siendo tras esto cesada. Recurrió su despido ante el juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 4 de Madrid, por entender que dichas renovaciones  “no parecen responder a meras necesidades temporales del empleador”, remitiendo éstos el caso al Tribunal Europeo para que fueran ellos quienes se pronunciaran sobre si la normativa española cumple con la norma europea al permitir renovar contratos de este tipo de forma indeterminada

Ha sido ayer cuando finalmente el TJUE le ha dado la razón y ha recordado que la regulación de la normativa queda a elección de los Estados miembros, quienes deben actuar en pro a prevenir los abusos por la utilización sucesiva de contratos temporales para cubrir puestos de necesidad permanente y siendo ellos quienes deben establecer las normas para la justificación de tales renovaciones, el número de las mismas y cualquier otra cuestión que se pueda derivar al respecto. Añade además que estas situaciones no hacen más que generar “una situación de precariedad” que afecta no sólo a la recurrente, sino a todo el sistema sanitario.

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