Archivo por meses: octubre 2016

Anulada ” a todos los efectos” una cláusula suelo de Bankia

Dos días después de ser declaras nulas las cláusulas suelo por el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de La Rioja dictaba una sentencia que en principio choca contra lo expuesto por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien se pronunció en contra de la retroactividad de las mismas. Pese a que estos criterios no son vinculantes para el Tribunal Supremo éste suele aceptarlo, en cambio,  la Audiencia Provincial de La Rioja ha considerado que la entidad debe devolver la cantidad cobrada indebidamente desde la fecha del contrato y no desde el 9 de mayo de 2013, fecha en que fueron declaradas nulas por el Tribunal Supremo (en este caso, mayo de 2008)

La Audiencia Provincial señaló en su sentencia, que ya es firme porque Bankia no reclamó, que la misma impuso la cláusula suelo de forma unilateral por lo que existe «situación de abuso de posición contractual dominante y de vulneración de la buena fe contractual», revocando de ese modo la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que sí consideró legal la cláusula suelo del préstamo hipotecario.

Desde Navarro& La Rosa abogados nos ponemos a vuestra disposición para atender cualquier cuestión que nos planteéis acerca de este procedimiento y cómo iniciar proceso de reclamación de las cantidades cobradas indebidamente.

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Cómo la memoria puede ser un mal testigo

Sin duda, una de las sentencias más espeluznantes del Tribunal Supremo nos sitúa en el año 2010, cuando se absuelve a un hombre condenado a 36 años de cárcel por la Audiencia de Las Palmas en 2009. Los magistrados entendieron que el hombre había violado a tres chicas en 1997 y contaban con el testimonio de las víctimas, que identificaban  como autor al condenado por el famoso “caso del violador de Tarifa”.  De un total de nueve chicas que habían sido violadas sólo tres lo reconocieron, pese a que una de ellas lo hizo con muchas dudas.

A pesar de estas circunstancias, los magistrados creyeron el testimonio de las mujeres a pies juntillas, pese a que las identificaciones se estaban realizando diez años después de la comisión de los delitos y que las mujeres habían declarado en un primer momento que era de noche y que el agresor llevaba parte de la cara tapada durante las agresiones. Además, la constitución del finalmente condenado no se correspondía con la del violador, puesto que pesaba 30 kilos más que el sospechoso de la comisión de los delitos. Pese a ello, las mujeres realizan una identificación alegando “ningún género de dudas” y los magistrados aceptan los testimonios sin cuestión.

El informe de la policía científica, donde se exculpaba al condenado por no coincidir el perfil genético, fue descartado debido a que no existía cantidad suficiente como para arrojar unos resultados cien por cien fiables. Por tanto, pese a existir factores que impedían desvirtuar la presunción de inocencia del condenado, fallaron argumentando que los testimonios contaban con “persistencia, solidez y contundencia”. En este caso los magistrados se equivocaron, no siempre se puede creer el testimonio de un testigo.

Pero este es un caso aislado, a lo largo de los años se han ido repitiendo casos donde años después de la condena se ha demostrado que los condenados eran inocentes y que las víctimas habían realizado una identificación fallida.

Un problema añadido

Una vez que existe sentencia condenatoria es difícil enmendar el error.  Un ejemplo claro de ello lo encontramos en el caso de Ahmed Tommouhi, quien fue condenado por una serie de violaciones en Barcelona y Tarragona. Cuatro años más tarde se encontró al verdadero culpable de los hechos pero tan sólo pudo probarse la inocencia de Ahmed en una de las dos violaciones por las que fue condenado al existir sólo en ella restos de ADN. El Supremo no pudo revocar la otra sentencia, puesto que es el acusado el que debe probar su inocencia y no se contaba con ese material genético imprescindible para probarlo, por lo que Ahmed siguió cumpliendo condena. alargándose en este caso hasta los 15 años.

Los magistrados comienzan a pronunciarse sobre estas situaciones argumentando que “no hay otra alternativa viable que un ejercicio de la jurisdicción respetuoso con la presunción de inocencia y las garantías procesales en el que se pierda el miedo a absolver (explicando el porqué) aun a sabiendas de que tendrá costes de impopularidad”, por lo que parece que se inicia un proceso de transformación de la cultura judicial.

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El Supremo se pronuncia sobre la negativa a la notificación

Entendiendo como “resistencia” la conducta adoptada por el destinatario a la hora de recibir la notificación,  las consecuencias jurídicas a tal rechazo se encuentran previstas en el artículo 111.2 de la Ley General Tributaria.

Tal y como dicta el artículo 110.2 de la misma “En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin”. 

Según interpretaciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, la notificación será dada como válida si Hacienda se dirige a los domicilios referidos a dicho artículo, por tanto, podrá referirse en el inicio del procedimiento al domicilio del obligado y en posteriores notificaciones al del representante.

En cambio el Tribunal Supremo, tras conocer los hechos correspondientes a una sociedad en la que el domicilio social figuraba como desconocido y no se localizó al administrador en los dos intentos de notificación, ha querido matizar el artículo 110.2 de la Ley General Tributaria, no dando opción a Hacienda si la notificación resulta infructuosa, debiendo acudirse directamente a la notificación edictal.

En este caso, el Supremo afirma que no es necesario dirigirse a los otros domicilios de notificación previstos en la Ley, puesto que se demuestra que no se quiere recibir la notificación y debe por tanto irse directamente a la vía edictal. Justifica esta decisión argumentando que la administración no debe exagerar el deber de diligencia al notificar si se aprecia resistencia a la recepción.

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Condenan al un psiquiatra por la emisión de un falso diagnóstico

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a un médico psiquiatra por emitir un informe en el que incluía que el demandante padecía una enfermedad mental tan sólo basándose en las manifestaciones hechas por su mujer en la consulta.

Según detalla la nota informativa del Supremo, el psiquiatra refería que los trastornos de ansiedad sufridos por la mujer se debían, además de al estrés laboral, a que el marido padecía “una celotipia delirante paranoide, constituyendo por tanto el principal factor de desequilibrio emocional de la mujer”. La gran sala ha considerado que dicha apreciación vulnera el honor del hombre puesto que no era paciente suyo, circunstancia vital para emitir un informe de ese tipo.

En unas diligencias previas contra el marido por un presunto delito de amenazas y vejaciones en el ámbito familiar que posteriormente fueron archivadas, la mujer aportó este informe. Un año más tarde de ello, el mismo psiquiatra reconoce que tras atender al marido en consulta hasta en tres ocasiones, no se aprecia en el “patología psicológica evidente”, por lo que el diagnóstico anterior “sólo estaba basado en la información aportada por la paciente, que fue la que solicitó el dictamen”.

En un principio tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial de Granada rechazaron la demanda del marido, dando la razón a su exmujer y concluyendo que  el diagnóstico aportado “no era injurioso e insultante” puesto que sí existía un trastorno que provocaba el “principal factor del desequilibrio emocional de la mujer”. Tras ello el hombre recurrió, alegando que se había producido una “injerencia en su honor” con ese dictamen y que además en él se utilizaban “expresiones gravemente atentatorias a su dignidad”, pudiendo todas ellas además sembrar la duda sobre su “personalidad en el marco de la violencia de género”.

Finalmente ha sido el Supremo quien le ha dado la razón, entendiendo que se trata de un  “informe de complacencia” y no está dotado de la protección de un peritaje, siendo además “desmentido después cuando el psiquiatra ha tomado conocimiento real de la situación de quien ahora sí aparece como paciente”. Se trata pues de “diagnóstico innecesario para poder determinar la realidad familiar de su paciente frente a su esposo e injustificado respecto de una persona que no era paciente del demandado al que ni siquiera examinó específicamente” y supone un menoscabo en la dignidad del hombre, al exponerle como “un problema de salud mental sin justificación alguna y se hace con la publicidad que resulta de su difusión en un proceso penal al que se vio sometido sobre maltrato a la persona de su esposa”

Añade además que en una situación de crisis matrimonial, poner dicho diagnóstico en manos de la esposa puede provocar que pueda “ser utilizado en contra de éste”, puesto que es un  trastorno “que constituye uno de los rasgos del maltratador en los litigios relativos a la violencia de género” y tal como se pudo apreciar, al hombre se le abrieron diligencia que más tarde quedaron archivadas.

Por todo ello, estima parcialmente la demanda y fija una indemnización por daños morales de 6.000 euros, no en los 60.000 euros solicitados por el demandante.

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Según el Supremo, las grabaciones de videovigilancia de una empresa pueden utilizarse como prueba de cargo

La sala de lo social del Tribunal Supremo ha validado el uso de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de una empresa como medio para justificar un despido.

Los hechos ocurrieron en Badajoz, donde una trabajadora fue despedida por comer dos paquetes de lonchas de lomo en el almacén de la empresa. La misma contaba con cámaras de seguridad en varias zonas, excluyendo las de uso íntimo como aseos y vestuarios, debido al aumento de pérdidas de origen desconocido sufrido por el establecimiento.

Tras el suceso la mujer fue despedida, avalando el empleador la decisión con las grabaciones y  justificando así un incumplimiento de sus obligaciones y transgresión de la buena fe.

Pese a que en un primer momento el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró nulo el despido por considerar la grabación como una prueba obtenida de forma ilícita, el Tribunal ha pasado ahora a estimar el recurso de casación al considerar que todos los trabajadores conocían de la existencia de dichas cámaras, por lo que no se vulneran en ningún caso los derechos fundamentales y puede por tanto aceptarse dicha grabación como prueba.

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Derecho a visitar a los nietos pese a la oposición de los padres.

En los últimos años se ha venido produciendo un incremento de demandas en los tribunales de familia, cifrándose en más 2.500 casos en lo que va de año, donde tanto abuelos como otros familiares directos reclaman un régimen de visitas para poder ver a un menor.

Las circunstancias que rodean esta decisión suelen estar motivadas por problemas familiares derivados de la separación de los progenitores, aclarando los magistrados que “Aquí no hay una solución estándar; depende de cada caso y siempre teniendo en cuenta el interés del menor, que la decisión no les perjudique” y resolviendo normalmente  visitas de un día al mes (con una noche como mucho), puesto que se encuentra registrado en el artículo 160 del Código Civil que “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados”

El caso último caso conocido por la Gran Sala del Supremo ha sido el de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se pactaba un régimen de visitas para una abuela pese a la negación de los padres. Ésta es solo una de las muchas circunstancias que pueden darse, llegándose incluso a tratar casos en los que es el propio menor quien no quiere ser visitado por sus abuelos o familiares.

Antes de llegar a juicio, los despachos de abogados recomiendan resolver la situación mediante el diálogo, pero existen circunstancias donde las desavenencias son tan grandes que no queda más remedio que acudir a juicio para que sea un juez quien decida en base al interés del menor

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