Archivo por meses: diciembre 2016

Feliz Navidad y Próspero Año 2017!!

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

Abogados en Alicante – Servicio de Urgencias

Todo el equipo de Navarro & La Rosa Abogados Alicante les desea Feliz Navidad y Próspero 2017.

Nuestro servicio de atención de urgencias seguirá activo accesible en el teléfono 628.924.698 para aquellos asuntos que requieran una actuación urgente o la atención inmediata de un abogado.

 

¿Cuándo puede conformarse el acusado? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?

La conformidad podemos definirla como aquél procedimiento en el cuál, antes de dictarse el auto de transformación de la diligencias previas en un procedimiento abreviado, se lleva a cabo un reconocimiento de los hechos imputados, pudiendo conllevar la transformación de dichas diligencias en un juicio rápido y obtener una posible rebaja de la pena que se le imponga.

Dicha vía, aparece recogida en el Art.779.1.5ª de la LECrim y establece que “Si, en cualquier momento anterior, (al auto de transformación en abreviado de las diligencias previas practicadas en la causa), el imputado asistido de su abogado hubiere reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fueran constitutivos de delito castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el art.801 de la Lecrim, mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personas a fín de que manifiesten si formula escrito de acusación con la conformidad del acusado. En caso afirmativo, incoará diligencias urgentes y ordenará la continuación de las actuaciones por los trámites previstos en los artículos 800 y 801”

Por lo tanto, para que el acusado pueda prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y que éste pueda dictar sentencia de conformidad, se deberás cumplir con los requisitos del art. 801. de la Lecrim que son:

  1. Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y se hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

  2. Que los hechos constitutivos de delito hayan sido calificados con pena de tres años de prisión, con pena de multa de cualquier cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años.

  3. Que tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.

En caso de que hubiera acusación particular debemos tener en cuanta que el artículo 787 de la LeCrim, relativo a los procedimientos abreviados en la jurisdicción penal, establece que la conformidad solo podrá solicitarse con el escrito de acusación que contenga la pena de mayor gravedad, o con la que se presentara en ese acto.

Cumplidos estos requisitos, el Juez de guardia dictará sentencia de conformidad, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio (Art.801.2 Lecrim), pudiendo declarar oralmente la firmeza de la sentencia de conformidad si las partes personadas expresan su decisión de no recurrir.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

Por ejemplo, es muy habitual que la conformidad se dé en caso de delitos contra la seguridad en el tráfico (alcoholemias o CIBAs (conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas), conducir sin carné o sin puntos, conducción temeraria).

La conformidad no sólo opera en los procedimientos para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (art.795 LeCrim) sino que también se puede prestar esa conformidad en los Procedimientos Abreviados, Art. 787 LeCrim, siempre que la pena no excediere de seis años, pudiendo incluso mostrar su conformidad en la vista del juicio, antes de iniciarse la práctica de la prueba. En este sentido, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad oralmente y declarará la firmeza de la sentencia si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir. No obstante, hay que recordar que la decisión del Juez o Tribunal respectos a dicha conformidad, deberá está sujeta a unos requisitos:

  • Que la pena solicitada en el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad no excediera de seis años.

  • Que el Juez o Tribunal considere correcta la calificación del delito.

  • Que la manifestación de la conformidad ha sido prestada libremente por el acusado.

  • Que la defensa no considere necesaria la celebración del juicio.

Es importante mencionar que en los Procedimientos Abreviados no está previsto que la pena solicitada se reduzca en un tercio como en el caso de los juicios rápidos, por lo que será la defensa, en negociación con el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la que intente obtener una reducción pactada de la pena.

La principal ventaja de la conformidad es que otorga una oportunidad al acusado de poder reducir la pena solicitada, lo cual permitiría poder solicitar una sustitución de la pena o la suspensión de la misma, siempre y cuando concurran los requisitos necesarios para ello. Además, se acortan los plazos notablemente y acaba con la incertidumbre que, en muchos casos, puede prolongarse durante varios años.

Sin embargo, no todo son ventajas porque, como decimos, uno de los requisitos es el reconociento de los hechos imputados; también, sea como fuere, se veta la posibilidad de pelear por una sentencia absolutoria; y, por último, la sentencia condenatoria de conformidad dará lugar a los antecedentes penales correspondientes, circunstancia que habrá que tener muy en cuenta.

Los Bancos obligados por el TJUE a devolver todo el dinero cobrado por aplicación de las cláusulas suelo nulas.

Como no puede ser de otra forma, desde Navarro & La Rosa Abogados debemos hacernos eco de la que es la noticia del día. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado hoy la sentencia por la que declara la obligación de las entidades bancarias de devolver las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de las denominadas cláusulas suelo que sean nulas.

especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicanteFrancamente esto supone un varapalo para las entidades bancarias que, según se prevé, tendrán un auténtico aluvión de reclamaciones. Sin embargo, debemos reconocer que la decisión del TJUE no deja de ser tan valiente como justa y por eso la aplaudimos. Muchos eran los temores de que los argumentos económicos de índole catastrofista pudieran influir sobremanera en el fallo del Tribunal. Pero no ha sido así y es que cuando una cláusula es nula, es nula, y ha de tenerse por no puesta con todos los efectos jurídicos que de tal declaración se deriven. Entendemos que en Derecho no tienen cabida las “medias tintas” como la opción que planteaba el Tribunal Supremo de la “retroactividad limitada” a la fecha de su famosa sentencia de mayo de 2013.

Ya se pronunciaron miembros del Tribunal Supremo en este sentido, a través de votos particulares, reprochando a sus compañeros que “el verdadero motivo de la limitación del efecto retroactivo de la nulidad de la cláusula, en su momento, no fue otro que el posible riesgo de trastornos sistémicos en las entidades financieras; riesgo que ha desaparecido merced al saneamiento financiero efectuado”.

El carácter abusivo e ilegal de dicha cláusula suelo ha quedado en evidencia cuando se observa el brutal y demoledor impacto que ha tenido en las economías modestas de los consumidores que han visto durante años como no podían beneficiarse de un Euribor a la baja.

El Tribunal de Justicia de la UE es especialmente elocuente en sus párrafos 61 y 62 de su Sentencia que dicen así:

61. De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

62. De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes.”

Puedes descargar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 pulsando AQUI.

Esta sentencia, previsiblemente, impulsará a los afectados que ya recibieron la devolución de parte de las cantidades (atendiendo al límite temporal de mayo de 2013) a reclamar la devolución dé la totalidad de las cantidades, es decir, las pagadas en virtud de la cláusula suelo con anterioridad al repetido mes.

Asimismo, estamos seguros de que producirá un efecto llamada en aquellos afectados que todavía no se decidieron a reclamar, a iniciar de inmediato los trámites extrajudiciales y judiciales a tal fin.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante queda a vuestra disposición para atender cualquier cuestión acerca de este procedimiento y cómo iniciar el proceso de reclamación de las cantidades cobradas indebidamente pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o a través del email info@NLRabogadosalicante.com

Abogados en Alicante - Derecho de Familia

Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

¿Debo de seguir pagando la pensión de alimentos si mi hijo es mayor de edad y no tiene trabajo? De la pensión alimenticia y sus consecuencias.

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados Alicante entendemos interesante responder a esta pregunta generalizada, cuya respuesta siempre se basará en las circunstancias de los progenitores y los hijos mayores de edad iniciándose, en su caso, el correspondiente procedimiento de modificación de medidas por aquel de los progenitores obligado al pago que considere legítimas sus pretensiones.

Es conveniente recordar que la pensión de alimentos constituye una obligación, la cual habrá sido acordada en el convenio regulador o establecida por el Juez en la Sentencia de separación o divorcio, cuyo incumplimiento conllevará al inicio de un procedimiento verbal, art. 250.1.8º LEC, llegando incluso a generar responsabilidades penales al ser considerado un delito de abandono de familia tipificado, Art.227 del Código Penal, castigados con penas de prisión de 3 mes a 1 año o al pago de una multa de 6 a 24 meses.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concordancia con el art. 93 del Código Civil, ha venido estableciendo que los progenitores tienen la obligación de contribuir a los alimentos de los hijos mayores que convivan en el domicilio familiar, bien porque sigan estudiando, o se encuentren emancipados pero carezcan de ingresos propios, continuando su obligación de cumplir con la pensión de alimentos. No obstante lo anterior, los Tribunales también han considerado que dicha pensión no puede tener un carácter incondicional e ilimitado temporalmente, estableciendo que dicha pensión se pueda extinguir en un plazo.

Un claro ejemplo de ello podemos encontrarlo en la resolución de la Audiencia Provincial de Soria (142/2012, de 5 de diciembre) que establece un límite temporal en el que deba extinguirse la obligación de alimentos, bien porque el hijo alcance la independencia económica o bien cuando cumpla 25 años.
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Otra situación bastante habitual y, por tanto, a considerar, es aquella en la que los hijos mayores de edad que siguen recibiendo la pensión alimenticia, no han finalizado sus estudios y no han accedido al trabajo por mera desidia o por cualquier causa imputable a ellos. Esta situación ha sido denominada muy elocuentemente por el Tribunal Supremo como “situaciones de parasitismo social” cuya situación vulnera los intereses legítimos del progenitor obligado a un desembolso ilimitado e incondicional y que no deben tener refrendo en nuestro sistema. En esta situación es importante que para conseguir la modificación (extinción) de la pensión de alimentos se pruebe la desidia o dejadez en finalizar sus estudios o en la búsqueda de empleo. Como casos significativos podemos señalar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga (528/2012, de 19 de julio) donde se cesa la obligación de alimentos a un hijo de 26 años que por desidia propia no ha finalizado sus estudios, propiciando el deterioro de las relaciones familiares. En este mismo sentido, citamos la sentencia dictada en la Audiencia Provincial de Valencia (600/2013, de 18 de septiembre) en la que se extingue la pensión alimenticia a una hija de 23 años, la cual finalizó sus estudios a la edad de 16 años y llevaba a cabo trabajos esporádicos desde 2005 pero se desconocía su situación laboral y sus ingresos.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfono 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

¿Puedo ingresar en prisión si la pena impuesta es inferior a dos años? La Suspensión de las Penas.

Uno de los comentarios más comunes en el panorama de la jurisdicción penal, propiciado por el desconocimiento de las normas, es el referido a que cuando la pena impuesta es inferior a dos años no se cumplen. Pero esa afirmación es errónea. Lo cierto y verdad es que la ejecución de las penas privativas de libertad puede suspenderse siempre y cuando concurran una serie requisitos y condiciones, siendo en última instancia el Juez o Tribunal el que decida sobre dicho otorgamiento.

Si bien es cierto que el Código Penal establece que las penas privativas de libertad inferiores a 2 años podrán dejarse en suspenso cuando dicha pena no sea necesaria para evitar una reincidencia del penado deben de cumplirse unas condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de una pena antes de que el Juez o Tribunal entre a valorar si concede o no dicha suspensión. Dichas condiciones son:

1. Que el condenado haya delinquido por primera vez.

No se tendrán en cuenta las condenas por delito imprudente o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados. En cuanto a la cancelación de antecedentes penales , si bien es cierto que el Art.137 del CP establece que aunque no se solicite la cancelación el juez o Tribunal no tendrá en cuenta dichos antecedentes, es conveniente cancelar los antecedentes penales antes de solicitar la suspensión para tener mayores posibilidades de éxito.

2. Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a 2 años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado o se haya asumido por el penado un compromiso de abono de dichas cantidades de acuerdo a sus capacidades económicas.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

No podemos olvidarnos tampoco del artículo 80.3 CP que establece que “ Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1. y 2., y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.” Este apartado, introducido por la reforma del CP del año 2015 otorga una mayor facultad decisoria al Juez ejecutor quien puede apartarse, según su criterio, si no concurren los requisito generales.

Por ello, cumplir estas condiciones no garantizan que el juez o tribunal sentenciador otorgue dicha suspensión ya que tal y como recoge el Código Penal , para adoptarla el juez o tribunal valorará las circunstancias personales del penado y sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, sus circunstancias familiares y sociales. Por ello aunque la pena impuesta fuera inferior a 2 años, desde el Despacho de Abogados Navarro & La Rosa consideramos que lo más importante en pro de nuestros clientes es elegir una buena estrategia de defensa a fin de obtener una sentencia absolutoria favorable o, si fuera imposible dicho pronunciamiento, solicitar una suspensión de la misma, aportando los argumentos y hechos más sustanciales para que el juez o tribunal decidan al respecto.

El Tribunal Supremo en contra de la aplicación automática de atenuante para delitos de terrorismo a miembros de grupos satélites.

El pasado jueves 24 de Noviembre de 2016, el Tribunal Supremo reunido en pleno, aprobó un acuerdo en el que se disponía que la atenuación para delitos de terrorismo, recogida en el apartado 4º del Art. 479 Bis del Código Penal, para casos de “menor gravedad” no será aplicable automáticamente “por el mero hecho de que el sector de la organización en que se integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice atentados terroristas” por lo que será necesaria un estudio y análisis del caso en cuestión por parte de los jueces y tribunales.

El pleno del Tribunal Supremo ha fijado unos criterios para poder aplicar la nueva redacción del apartado 4º del Art.579 Bis, introducido por la L0 2/2015 donde se establece que “ Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido”.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

En su acuerdo el Supremo ha señalado que en ningún caso pueda estimarse la aplicación de la atenuación por el mero hecho de que el sector de la organización en que se integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice atentados terroristas, por lo que será necesario realizar un estudio del caso en cuestión.

A partir de este acuerdo, los jueces y tribunales deberán analizar el caso teniendo en cuenta los siguientes criterios: “Para la aplicación de esta atenuación podrá tomarse en consideración el dato de si la rama de la organización terrorista en la que se integra el acusado o condenado es precisamente aquella que realiza de modo efectivo la acción armada o atentado violentos, o una de las organizaciones dependientes que se integran en el entramado de la organización armada para cooperar con sus fines. En este último caso habrá de valorarse tanto la actividad que realiza el acusado o condenado dentro de la organización, grupo o sector en el que se integra, como la relevancia o entidad de las funciones o misiones que desarrolla este sector de la organización dentro del conjunto del entramado terrorista”

 

El Tribunal Constitucional anula la Ley 5/2011 valenciana de Custodia compartida

En el Despacho de abogados Navarro & La Rosa, situado en Alicante, os informamos de la última actualidad en el ámbito autonómico de la Comunidad Valenciana sobre la anulación de la Ley 5/2011 valenciana de Custodia compartida, la cual se encontraba suspendida desde el 4 de julio de 2011 debido a la interposición del recurso de inconstitucionalidad 3859/2011.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de FamiliaDefinitivamente, el pasado 16 de noviembre el Tribunal Constitucional dictó sentencia estimando el recurso de inconstitucional 3859/2011, interpuesto por el Abogado del Estado, contra la Ley 2011, garantizando el principio de seguridad jurídica por lo que los regímenes de custodia aprobados bajo la supervisión del Ministerio Fiscal continuarán llevándose a cabo como se estableció judicialmente.5/20011, de La Comunidad Valenciana, de Relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, al considerar que la Ley 5/2011 invade las competencias estatales, tal y como refleja el Art. 149.1.8 de nuestra carta magna donde se señala que el “Estado tendrá competencia exclusiva en legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.”

El Tribunal Constitucional ha aceptado el argumento del Abogado del Estado y considera que las Comunidades Autónomas sin la existencia de un derecho foral o especial en la materia que acrediten la existencia de normas consuetudinaria y que estuvieran en vigor cuando se aprobó la Constitución, no tienen competencia para regular una norma que no es competencia de la Comunidad sino estatal, al no poder acreditarse la vigencia de dichas normas consuetudinarias .

El fallo aprobado con el voto particular del magistrado Xiol Ríos, que disiente con el sentir de la mayoría de la Sala del TC, no afectará a las decisiones tomadas por los Juzgados durante la vigencia de la Ley 5/2011, garantizando el principio de seguridad jurídica por lo que los regímenes de custodia aprobados bajo la supervisión del Ministerio Fiscal continuarán llevándose a cabo como se estableció judicialmente.