Archivo por meses: enero 2017

El despido nulo en situación de incapacidad temporal

 

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados Alicante os exponemos una de las últimas decisiones judiciales en el ámbito de la Jurisdicción Social y que aborda una cuestión tan importante como son los despidos de trabajadores que se encuentran en un situación de discapacidad con una duración “incierta” o “duradera” derivada de un accidente laboral. ¿Debe considerarse un despido improcedente como viene estableciendo la doctrina del Tribunal Supremo o es un despido nulo en base a la aplicación de la Directiva 2000/78?Derecho Laboral - Abogados Alicante

El Juzgado de lo Social nº33 de Barcelona de fecha 23 de diciembre de 2016 ha declaro nulo el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal debido a un accidente laboral,lo cual ha constituido para el magistrado una situación de discriminación por razón de discapacidad al considerar que el verdadero motivo del despido era la incapacidad temporal derivada del accidente la cual le impedía reincorporarse en un plazo corto a su puesto de trabajo. Lo verdaderamente interesante es que el Juzgado apoya su decisión en la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelta en la Sentencia TJUE de 1 de Diciembre de 2016, y en la aplicación de la Directiva 2000/78 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estimado que el concepto de “discapacidad” conforme a la Directiva 2000/78 debe entenderse como el referido a una “limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas, a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras , puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores”. El tribunal también tiene conveniente en considerar ese carácter duradero de la discapacidad el cual debe analizarse por el tribunal de lo social de Barcelona en base a todos los elementos objetivos de que disponga, en particular, en documentos y certificados relativos al estado de esa persona, redactados de acuerdo con los conocimientos y datos médicos y científicos actuales.

Por ello, el Magistrado del juzgado de lo Social de Barcelona establece que, en la fecha del despido, estando el demandante en situación de “incapacidad temporal” por causa de accidente laboral, la limitación que padecía el demandante no “presentaba una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo”, por lo de debe ser considerada una “limitación duradera” y, por consiguiente, una situación de “discapacidad” a efectos de la Directiva 2000/78.

Si esta situación de despido nulo por incapacidad temporal derivada de un accidente laboral vulnera algún derecho fundamental de los recogidos en la Carta de Derecho Fundamentales, es algo sobre lo que no ha podido pronunciarse el TJUE el cual sólo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias que le son atribuidas y por lo que respecta a la Carta de Derecho fundamentales, artículo 51 apartado 2, establece que “las disposiciones de la Carta no amplían el ámbito del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, por lo que el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ellas al no estar acreditado que la situación controvertida entre en el ámbito de aplicación de una norma del Derecho de la Unión distinta de las que figuran en la Carta”.

Estaremos atentos a qué corriente adopta el Tribunal Supremo quien, hasta ahora, viene considerando estas situaciones, en las que el empleador aduce una “falta de rentabilidad en el mantenimiento del puesto de trabajo”, una situación de despido improcedente, pero en ningún caso, nulo” (STS Sala de lo Social de 12 Julio de 2004) generando una situación en la que el empresario, desde la certeza de que esta es la doctrina, asumía el coste económico de la declaración de despido improcedente, sin necesidad de alegar causa objetiva o real al trabajador enfermo o accidentado.

La solución extrajudicial del Gobierno a las cláusulas Suelo

Ante la inminencia de la entrada en vigor del Real Decreto que está preparando el Gobierno con el objetivo de establecer un sistema extrajudicial para devolver lo cobrado de más en las cuotas de préstamos hipotecarias a través de las “Cláusulas Suelo”, desde el despacho de abogados Navarro & La Rosa, especialistas en derecho bancario, os informamos de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento y prevenir a los perjudicados que, en el caso de no estar de acuerdo con el desglose realizado por el banco sobre la cantidad a devolver, reclamen judicialmente lo que les corresponde.

Las entidades deberán a empezar a establecer departamentos o servicios especializados donde se encargaran de atender las reclamaciones presentadas. El procedimiento, que será obligatorio para los bancos y gratuito y voluntario para los clientes, otorgará un plazo de 3 meses para poder resolver aquellas reclamaciones interpuestas. El banco ante la reclamación podrá:

1. Considerar que no procede dicha reclamación, comunicando al consumidor los motivos de su decisión. En esta situación, se dará por concluido el procedimiento extrajudicial y no quedará otra alternativa que acudir a procedimiento judicial. También será considerado como desestimación, el silencio positivo de la entidad si no contesta a nuestra reclamación en el plazo de 3 meses

2. Aceptar la reclamación. Recibida la reclamación del consumidor, el banco realizará un estudio y calculará la cantidad a devolver, donde deberá aparecer desglosada también la cantidad que corresponda en concepto de intereses. El consumidor deberá prestar mucha atención a la propuesta del banco y si corresponde con las cantidades a las que tiene derecho. Es más que aconsejable la valoración de la propuesta por un profesional ya que, si el consumidor acepta la propuesta del banco y resulta que esta era inferior a lo efectivamente debido, será muy difícil que los juzgados reconozcan una nueva pretensión si ya se ha alcanzado un acuerdo con el banco.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

En cuanto a la forma de devolución de las cantidades cobradas por las cláusulas suelo, deberían ser en efectivo aunque la norma abrirá la posibilidad a que los bancos también puedan acordar con los consumidores otra formas de compensación como por ejemplo, minorar el capital del préstamo. Ante esto deberemos estar bien asesorados por profesionales y valorar los pros y los contras.

Por ejemplo, si el banco nos debe devolver 5000 euros y la hipoteca se firmó a 30 años de los que quedan 15 años todavía, es posible que la cuota mensual se vea disminuida tan solo en 30 euros. Cada consumidor deberá valorar si merece la pena minorar la cuota en esa cuantía. Todo dependerá del diferencial que nos ofrezca el banco y qué tratamiento fiscal favorable se otorgará, el cual esperamos nos saque de duda cuando entre en vigor el Real Decreto.

Los Juicios Rápidos y su ámbito de aplicación.

Con el objetivo de agilizar los despachos de asuntos en los juzgados españoles, la Ley 38/2002, la cual lleva a cabo una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desarrolla un proceso especial para el enjuiciamiento de determinados delitos menos graves y leves caracterizado por su celeridad a la hora de poder resolverse en los juzgados de guardia en donde la fase de instrucción así como la preparación del juicio oral se llevarán a cabo en unos plazos muy breves. Desde el despacho Navarro &La Rosa estuvimos abordando otra cuestión relacionada, como era el caso de la conformidad en los juicios rápidos ante el juzgado de guardia. Esta vez, nos centraremos en cuando tendrá lugar dicho procedimiento y lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este sentido.

Si bien el procedimiento para el enjuiciamiento rápido viene recogido en el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 795 al 803) no debemos olvidar que regirá supletoriamente las normas establecidas en el procedimiento abreviado para todo aquello que no esté previsto en dichos artículos.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

 

 

El Art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que dicho procedimiento se aplicará a la instrucción y enjuiciamiento de delitos que estén castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años, o con cualesquiera otras penas cuya duración no exceda de 10 años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y en donde la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de Guardia o que, sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de Guardia y concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

  1. Que se trate de delito flagrante, en donde tendrá tal consideración tanto el delincuente que sea sorprendido en el acto sino también al perseguido inmediatamente después de cometerlo así como al que a través de lo efectos o vestigios recogidos en el lugar del delito permitan presumir su participación en él.

  2. Que se trate de alguno de los siguientes delitos:

    a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas del art. 173.2 del Código Penal. (Cónyuge o persona análoga, descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad así como cualquier persona que se encuentre integrada en el núcleo familiar).

    b) Delitos de hurto.

    c) Delitos de robo.

    d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.

    e) Delitos contra la seguridad del tráfico.

    f) Delitos de daños referidos en el artículo 273 del Código Penal. (daño que excedan de 400 euros en propiedad ajena).

    g) Delitos contra la salud pública previstos en el art. 368.2 del Código Penal (Cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como su posesión para estos fines.

    h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial recogidos en los artículos 27, 273, 274 y 275 del Código Penal.

  3. Que se trate de un hecho punible cuya instrucción se a presumible que será sencilla.

Las cláusulas abusivas de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario

Si la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo ha supuesto una nueva interpretación mas favorable para los consumidores, estableciendo la retroactividad desde el inicio de la relación crediticia y no solamente desde mayo de 2013 (como estableció erróneamente el Tribunal Supremo), se abre un nuevo frente que también va a suponer un perjuicio para los bancos que hayan incluido cláusulas abusivas de vencimiento anticipado.

Las cláusulas de vencimiento anticipado son un tipo de cláusulas que permiten al banco acudir a un procedimiento de ejecución hipotecaria para resolver el contrato antes de la fecha de vencimiento, en caso de impago de parte del capital o de los intereses del préstamo. Con esta cláusula los bancos pueden acudir a un procedimiento de ejecución hipotecaria donde tendrán la facultad de reclamar no solo la totalidad del préstamo hipotecario, sino también todas aquellas cuotas que no han vencido todavía y sus correspondientes intereses, sin mencionar las costas reclamadas al demandado.

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El problema que cuestionaba este tipo de cláusulas de vencimiento anticipado surgía cuando en su inclusión en los contratos hipotecarios no establecían un número de cuotas que permitirán al banco iniciar un proceso de ejecución hipotecaria, por lo que los banco ante el impago de una sola cuota hipotecaría, se amparaban en dicha cláusula y en base al art.693LEC que permitía este procedimiento ejecutorio. Si bien en 2013 se llevó a cabo una leve reforma de dicho artículo, estableciendo un mínimo de 3 mensualidades para que el acreedor pudiera solicitar la ejecución, los bancos ante el conocimiento de la abusividad de dicha cláusula, retrasaban sus procedimientos el tiempo establecido por ley y así poder reclamar amparándose supuestamente en dicha norma. En este sentido, se presentaron cuestiones prejudiciales por parte de los juzgados españoles ante el Tribunal de Justicia Europeo en base a si debían ser consideradas por no puestas las cláusulas abusivas de vencimiento anticipado que no respetara el límite del Art. 693.2 de la LEC, aunque los bancos esperasen o rebasaran el límite establecido en la norma.

Frente a esta cuestión prejudicial planteada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió mediante Auto de 15 de junio de 2015 en el que se establecía que si los jueces consideraban la nulidad de dicha cláusula como abusiva, aunque no haya llegado a aplicarse, el Juez deberá eliminar dicha cláusula suelo y declarar nulo o inexistente dicha ejecución hipotecaria. Puedes descargar el Auto de  del Tribunal de Justicia  de la Unión Europea pulsando AQUÍ

A raíz de dicho Auto, son numerosas las sentencias de tribunales españoles donde se prohíben a los bancos ejercitar dicha cláusula y solicitar la ejecución hipotecaría por el mero hecho de incumplimiento de tres cuotas, teniendo el Juez que valorar si dicha cláusula es desproporcionada con la entidad del incumplimiento o por el contrario concurre justa causa, mala fe en el hipotecado frente a sus impagos y una manifiesta dejación en sus obligaciones.

Frente a este tipo de cláusulas, el TJUE ya se pronunció mediante sentencia de 14 de marzo de 2013 en el denominado caso Aziz en el que estableció unos parámetros para enjuiciar dicha cláusula y donde se menciona que corresponde al Juez remitente comprobar “si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo”

Lo que está señalando el Tribunal de Justicia Europeo en su Auto es que dicho retraso no provoca automáticamente la cancelación anticipada del préstamo ya que debe ser el que valore si el incumplimiento es de notoria entidad. Para ello valorará el capital del préstamo, los años que ha cumplido el principal y las consecuencias de dicho incumplimiento.

Si firmaste con tu banco o caja de ahorro una hipoteca entre 2006-2009 y has notado que estos últimos años no ha disminuido sensiblemente tu cuota hipotecaria, pese a que el Euribor lleva varios años bajando, es muy probable que sea uno de los perjudicados por las llamadas cláusulas suelo. Estudios llevados a cabo por Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros estiman que el 80% del total de las hipotecas firmadas a un tipo variable contendrían cláusulas suelo, llegando a establecer una cifra de afectados en torno a unos dos millones de perjudicados. Esto supone que los banco pueden verse obligados a devolver mas de 5.200 millones de euros.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que son cláusulas suelo y cómo son consideradas en el panorama legal. La cláusula suelo es una cláusula contractual la cual establece un límite al interés que hay que aplicar en la cuota aunque el tipo de interés (euribor) baje, por lo que nunca podrían reducirse por debajo de ese límite.especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicante

Dichas cláusulas suelo no son consideras como cláusulas ilegales y son utilizadas por los bancos. El problema surge cuando esa cláusula no ha sido perfectamente informada al cliente, provocando con ello que el cliente no pudiera ser beneficiado de esas bajadas de interés, llegando a ser consideradas por los Tribunales como clausulas abusivas y ,por tanto, nulas. Una cláusula nula nunca podrá ser considerada que ha existido y no podrá tener efectos frente al consumidor.

La Sentencia de 21 de diciembre del TJUE ha supuesto un mazazo para los bancos ya que no sólo ha reconocido la nulidad de dichas cláusulas que no hayan sido informadas debidamente, sino también su retroactividad, pudiendo reclamar las cantidades cobradas de más desde el inicio del préstamo hipotecario y no sólo desde mayo de 2013 como estableció el Tribunal Supremo. A raíz de de dicha sentencia, los bancos están ofreciendo a los clientes que contrataron hipotecas con cláusulas suelo acuerdos en los que si bien suelen asegurar la devolución del dinero cobrado de más, no suelen hacer mención a la devolución también de los intereses generados, con el fin de que no acudan a un procedimiento judicial donde obtendrían una sentencia muy desfavorable a los intereses del banco y en el cual estarían obligados a pagar las costas. Por ello, para evitar que los bancos se puedan volver a aprovechar de sus clientes, es recomendable no firmar ningún acuerdo con el banco sin previamente ser revisado por un abogado experto en derecho bancario y financiero, el cual estudiará y analizará vuestra situación hipotecaria abogando por obtener el resultado más satisfactorio para el afectado por dichas cláusulas abusivas

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfono 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com