Archivo por meses: marzo 2017

Las cláusulas limitativas en las pólizas de seguros.

Las cláusulas limitativas de derechos son aquellas estipulaciones que se recogen en las pólizas de seguros con el fin de restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. Estas cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiera producido. La Ley 50/1980 de Contrato de seguros estable en su artículo 3 que las “cláusulas limitativas de los derechos del asegurado deberán ser específicamente aceptadas por escrito”. Así lo corroboran las Sentencias del Tribunal Supremo 268/2011 de 20 de abril y la Sentencia del Tribunal Supremo 516/2009 de 15 de julio, estableciendo que las cláusulas limitativas deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riego cubierto.

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Estas cláusulas limitativas no podemos confundirlas con las cláusulas de delimitación de cobertura, las cuales están destinadas a concretar el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. Conviene señalar que la Directiva 93/13/CEE  establece que estas cláusulas que definen o delimitan el riesgo del asegurado y el compromiso del asegurador no son objeto de dicha apreciación de abusividad, ya que dichas limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor.

Recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la resolución 147/2017 ha considerado estimar el recurso de casación interpuesto por una asegurada, la cual se le negaba una pensión de invalidez, contra la compañía aseguradora “AMCI Seguros y Reaseguros S.A” por vulneración de los deberes del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros y del principio de transparencia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aprecia un “insólito plus” en la cláusula controvertida que determina su carácter sorpresivo respecto de la prestación asegurada (pensión de invalidez), asimilándola más bien a un seguro de “gran dependencia” o de “gran invalidez”, y la convierte en una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, introduciendo una confusión y contradicción entre las cláusulas particulares y generales del contrato  que vulnera los deberes de claridad y precisión que exige el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros. Se condena a la entidad aseguradora al pago de la prestación periódica prevista en la póliza así como al pago de los intereses de demora contemplado en el artículo 20 de dicha Ley.

 

LA INASISTENCIA DE LAS PARTES A LA VISTA EN JUICIOS VERBALES.

La inasistencia de las partes debidamente notificadas mediante  citación judicial, artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  a la vista del juicio verbal tendrá diferentes efectos que dependerán de cuál sea nuestra condición de parte en proceso.

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El artículo 442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que si el demandante no asiste a la vista señalada por el Letrado de la Administración de Justicia y el demandado no alegara interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se dictará auto, en el acto de la vista, teniendo por desistido al actor de la demanda. Además se le impondrán las costas causadas a la otra parte y se le condenará a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el demandado comparecido si este lo solicita y lo acredita. En cambio, si el demandado alega interés legítimo en continuar el proceso, este continuará hasta finalizar por sentencia, pudiendo el actor volver a plantear su petición al no producir el desistimiento efectos de cosa juzgada.

Cuestión más perjudicial para la defensa jurídica del demandado sería su inasistencia pues la Ley de enjuiciamiento Civil establece que su inasistencia no impedirá la continuación del procedimiento en curso, declarándole en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio su curso.  Esto conllevará que el demandado que comparezca posteriormente no podrá solicitar retroceder las actuaciones y en casos especiales como en los juicios verbales para la protección de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad o en los juicios verbales sobre venta a plazos de bienes muebles y arrendamientos financieros, su inasistencia podrá ser considerara como allanamiento o  admisión de los hechos de la demanda.

 

La responsabilidad del vendedor por los defectos ocultos en la compraventa.

Cuando se formaliza un contrato de compraventa de bienes mueble suele incluirse una cláusula contractual en la cual se establece a quien le corresponde hacer frente a los gastos derivados del saneamiento de dichos defectos ocultos. El problema surge cuando no se establece dicha responsabilidad y el vendedor no se quiere hacer responsable de los gastos de saneamiento ni tampoco quiere devolver el precio pagado por el bien.

Ante esta situación, el Código Civil en sus artículos 1484 y siguientes, establece el mecanismo de la acción redhibitoria, permitiendo al comprador  solicitar el desistimiento del contrato, el abono de los gastos sufragados por el comprador o solicitar una rebaja en el precio del bien a consecuencia de los defectos ocultos no informados en el momento de la perfección del contrato.

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El art.1484 del Código Civil establece que el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviera la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella. Sin embargo, el vendedor no será responsable de los defectos que estuvieran a  la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente reconocerlos. Tampoco responderá de dichos defectos cuando así se haya estipulado en el contrato de compraventa.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2005 recoge  los requisitos que deben de concurrir en el vendedor para que deba responder en el ejercicio de la acción redhibitoria que son:

  • El vicio ha de ser oculto, es decir, no puede ser conocido ni fácilmente reconocible por el comprador.
  • El vicio ha de ser preexistente a la venta, sin que se responda de los defectos sobrevenidos, pues la cosa ha de entregarse en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato. Por ello, el comprador deberá probar no sólo la existencia del vicio, sino también que existía al tiempo de la perfección del contrato.
  • El vicio ha de ser grave y que entrañe cierta importancia, por lo que únicamente se tendrá en cuenta respecto a la cosa vendida si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.
  • La acción ha de ejercitarse dentro del plazo legal que es de seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida, no desde la fecha de la perfección contractual, pues es a partir de la fecha de la entrega de la cosa cuando comienza a ser posible la constatación por el comprador de la existencia de defectos anteriormente no susceptibles de apreciación.

 

¿Quién responde de los daños por caídas en espacios públicos?

Los daños sufridos por particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, derivados como consecuencia de caídas producidas en espacios públicos (aceras, jardines, plazas, accesos a la playa, etc.) tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, tal y como recoge el art.139 de la LRJAP-PAC, salvo  que se tratara de eventos dañosos imputables a actos de particulares o a contratistas de las Administraciones Públicas, como los servicios de transporte público de viajeros.

En el caso de caídas sufridas por usuarios de transporte público, la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados deberá recaer sobre el sujeto concesionario o contratista, tal y como recoge los artículos 198 y 256 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. No obstante, el artículo 197 de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público establece que, cuando tales daños hayan sido producidos como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.

Para que la Administración responda patrimonialmente se exigen una serie de requisitos que deben concurrir en relación al daño alegado. El artículo 139.2 de la LRJAP-PAC establece que el daño deberá ser:

a) Efectivo: debe tratarse de un daño real, el cual haya causado un detrimento personal o patrimonial al particular, que será el que deberá probar el daño.

b) Evaluable económicamente: el daño debe ser valorable en dinero, pudiendo solicitar daños personales o morales.

c) Individualizable en relación con una persona o grupo de personas: debe de ser una lesión efectiva en una esfera personal individualizable. El daño dejará de ser individualizable cuando afecte a todos.

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Conviene señalar, tal y como recoge el artículo 141 de LRJAP-PAC, que “sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar, no siendo indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.”

 

El delito de estafa: Los elementos que configuran el delito de estafa y sus penas.

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El delito de estafa se encuentra tipificado en el Código Penal (artículos 248 a 251 Bis) en la sección 1 “De las estafas”, incluido dentro del capítulo VI “De las defraudaciones”. Según el artículo 248.1 del Código Penal, “comenten estafa los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño  bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

Continuando con la redacción de este artículo, el apartado segundo establece que también serán considerados reos de estafa las personas que:

  1. Con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  2. Fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas informáticos destinados a la comisión de delitos de estafa.
  3. Utilicen tarjetas de crédito o débito, cheques de viajes o datos que aparecen recogidos en ellos para realizar operaciones que causen un perjuicio a su titular o a un tercero.

LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DELITO DE ESTAFA.

Tal y como establece el Tribunal Supremo en la STS de 3 de abril de 2001, reproducida en las SSTS de 8 de febrero y 18 de abril de 2002 y 9 de abril de 2003, son:

  • Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.
  • Dicho engaño ha de ser “bastante”, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto.
  • Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivado viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.
  • Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo, acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.
  • Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.
  • Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el “dolo subsequens”,es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa.

LAS PENAS EN EL DELITO DE ESTAFA.

Dependiendo de la gravedad del delito, del valor de lo defraudado y del perjuicio económico causado, el código penal establece diferentes penas por lo que se deberán tener en cuenta las circunstancias concurrentes para determinar correctamente la pena impuesta:

  • Si el valor de lo defraudado no excediera de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
  • Si el valor de lo defraudado excediera de 400 euros, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años, para la cual, se deberá tener en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias que sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Es importante también mencionar en este punto, que el artículo 250.1 del Código Penal, permite elevar la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando:
  1. La estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
  2. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial.
  3. Recaiga sobre bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
  4. Revista especial gravedad atendiendo al perjuicio y a la situación económica en que deja a la víctima o familia.
  5. El valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas.
  6. Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador o se aproveche de la credibilidad profesional para cometer delito de estafa.
  7. Se cometa estafa procesal, alterando pruebas que provoquen error en el juez o tribunal que lleven a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
  8. Cuando el culpable de estafa hubiera sido condenado al menos por tres delitos comprendidos en este capítulo.

Además, el artículo 250.2 permite imponer la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses cuando el agravante 1. Coincida con cualquiera de los agravantes 4. a 7. o cuando el importe defraudado supere los 250.00 euros.

Siguiendo con el delito de estafa, el artículo 251 también contempla la pena de prisión de uno a cuatro años cuando se atribuya falsamente una cosa mueble o inmueble y la enajenara, gravara o arrendara, ocultara la existencia de cualquier carga sobre la cosa mueble o inmueble y la enajenara como libre de cargas o cuando  se otorgara en perjuicio de otro un contrato simulado.

Por último, el artículo 251 bis establece que cuando la responsabilidad de los delitos de estafa recaiga sobre una persona jurídica se le impondrá las siguientes penas:

  • Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  • Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de casos.

 

El Tribunal Supremo avala una cláusula suelo por cumplir los requisitos de transparencia.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunidos en Pleno el pasado 9 de marzo de 2017, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por dos consumidores frente a la entidad Caja Rural de Teruel al considerar, como ya resolvió la Audiencia Provincial de Teruel en el recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de Teruel, que la cláusula suelo cumple los requisitos de transparencia exigidos para su validez conforme a la doctrina establecida por el Supremo en la Sentencia de 9 de mayo de 2013. Nos encontramos ante un hecho completamente aislado, ya que la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios recogían cláusulas suelo predispuestas por el banco, en las que había una falta de reciprocidad, de información y de equilibrio entre las contraprestaciones, limitando la variabilidad a la baja del interés en beneficio del banco y estableciendo un techo inalcanzable. Puedes descargar la sentencia pulsando AQUÍ.especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicante

El Tribunal Supremo avala el fallo de la Audiencia Provincial de Teruel y considera que se tuvo en cuenta la doctrina jurisprudencial, llevándose a cabo el control de transparencia a la vista de las pruebas practicadas, las cuales reflejan, como se refleja en la sentencia, que no se enmascara la cláusula suelo en el contrato, diluyendo la atención del contratante entre otras, sino que se muestra como una cláusula principal del contrato que expresa con claridad el contenido de la misma que no es otro que los límites al tipo de interés, señalando como límite inferior el 3% nominal anual, que aparecía resaltado en negrita.

Para la Audiencia Provincial, existen elementos probatorios que revelan que el establecimiento de dicha cláusula fue negociada individualmente  entre los actores y la entidad demandada, a los que se les entregaron unos cuadros simulados de amortización donde se reflejaba necesariamente la activación de ese mínimo del 3%, señalando también que la entidad Caja Rural aplicó un “suelo” inferior al tipo usual aplicado por dicha entidad. En base a  dichos elementos probatorios, la Audiencia considera por tanto que “los actores conocían con precisión el alcance y las consecuencias de la aplicación de la cláusula suelo, que negociaron individualmente y terminaron por aceptar en uso de su autonomía negocial.” Además, tal y como declaró en el acto del juicio la Notaria autorizante del contrato, reconoció la advertencia legal que realizó a los contratantes sobre la cláusula de variación del tipo de interés en el momento del otorgamiento de la escritura.

La sentencia del Tribunal Supremo, desestimando el recurso de casación interpuesto por los contratantes con motivo de infracción por parte de la Audiencia Provincial de la jurisprudencia contenía en la Sentencia de 9 de mayo de 2013, advierte que , “en el caso de las acciones individuales de nulidad de condiciones generales de la contratación, y a diferencia de lo que ocurre en las acciones colectivas, el juicio sobre la transparencia de la cláusula no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o a los documentos relacionados, como la previa oferta vinculante, sino que pueden tenerse en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor y este estuviera en condiciones de percatarse de la carga económica y jurídica que implicaba. Por lo tanto, la labor del notario que autoriza la operación puede ser un elemento a valorar para medir la transparencia de una cláusula suelo en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas y acabar de cumplir con las exigencias de información que subyacen al deber de transparencia.”

 

La falta de legitimación de las Entidades Bancarias en  los procesos de ejecución sobre préstamos titulizados.

Los fondos de titulización, regulados en la Ley 19/1992 de 7 de julio sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria y  en Ley 5/15 de 27 de abril de fomento de financiación empresarial, consiste en un procedimiento en el que la entidad financiera, la cual es titular inicial del préstamo hipotecario, fracciona los créditos en participaciones homogéneas, agrupándolas en un Fondo de Titulización de Activos, el cual, tal y como establece el artículo 15 de la Ley 5/15, se configura como un ente sin personalidad jurídica. Estos Fondos de Titulización de activos son gestionados y administrados por sociedades mercantiles especializadas en la gestión de  negocios ajenos. A través de estas sociedades gestoras de fondos de titulización, se transforman los activos ilíquidos en activos financieros negociables, lo que supone la posibilidad de poder sanear los balances de las entidades financieras liberando los pasivos que servían de base a los activos cedidos.

Cuando se produce la titulización de un préstamo hipotecario, la entidad financiera deja de ser la acreedora del préstamo por lo que no tiene la legitimación activa para interponer una demanda ejecutiva solicitando el abono del crédito, conforme al art.10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentid el Banco de España ya se pronunció el 26 de marzo de 2015 a raíz de una consulta previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se establecía que “De conformidad con la Ley 19/1992 sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria, la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo, deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral  y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración”

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Si el banco ha titulizado el préstamo no podrá actuar posteriormente como acreedor y solicitar que se despache ejecución, y así es como lo están disponiendo la mayoría de Juzgados de Primera instancia en sus autos, los cuales desestiman las demandas interpuestas por las Entidades financieras al considerar la falta de legitimación activa, produciéndose el archivo de las actuaciones. Así lo establece el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Benidorm (Auto nº343/2016) de 5 de julio de 2016, a partir de la demanda ejecutiva interpuesta por la entidad BANCO SABADELL S.A en base a un préstamo que había sido titulizado.

En dicho Auto se recoge que “el despacho de la ejecución a favor de quien no ostenta la condición de parte legítima debe declararse nulo por no haberse seguido las normas esenciales del procedimiento al faltar uno de los requisitos fundamentales de la acción ejercitada, y es que la entidad demandante no era titular del crédito que pretendía ejecutar, a tenor del artículo 225.3º de la LEC, y en base a ello, debe archivarse el actual proceso.”

¿Qué es el negocio jurídico criminalizado?

Se trata de una de una modalidad de la estafa,  regulado en el artículo 248 del Código Penal, cuyo engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte ocultando a ésta su intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose de la confianza y la buena fe del perjudicado con ánimo de incumplir lo pactado.

Según y como señala el Tribunal Supremo  en la sentencia de 27.05.3 EDJ2003/30197, “Cuando en un contrato una de las partes disimula su verdadera intención, su genuino propósito de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se obligó y como consecuencia de ello la parte contraria desconocedora de tal propósito, cumple lo pactado y realiza un acto de disposición del que se lucra y beneficia al otro, nos hallamos en presencia de la estafa conocida como negocio o contrato criminalizado y todo aparece como normal, pero uno de los contratantes sabe que no va a cumplir y no cumple y se descubre después, quedando consumado el delito al realizarse el acto dispositivo por parte del engaño.”

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Para el Tribunal Supremo, la criminalización de los negocios civiles y mercantiles se produce cuando el propósito defraudatorio se produce antes o al momento de la celebración del contrato, siendo capaz de mover la voluntad de la otra parte el cual realiza un desplazamiento patrimonial fruto de ese engaño, por lo que se exige un nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, lo que implicará que el dolo tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria.

 Un claro ejemplo de esta modalidad de estafa podemos observarla en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 2ª, de 21 de octubre de 2014, en la que condena por un delito de estafa en su modalidad de negocio jurídico criminalizado al promotor que celebró unos contratos comprometiéndose a realizar unas viviendas, el cual se  amparaba en la confianza que generaba la venta de los inmuebles mediante el uso de una inmobiliaria. La Audiencia Provincial considera notorio el engaño, ya que desde el momento en que se celebra los contratos con los perjudicados, no disponía de licencia de obra, por lo que el promotor sabía desde un primer momento que no podría llevar a cabo la obra, además de que las cantidades entregadas por los futuros propietarios no fueron destinadas a la construcción, sin ni tan siquiera cumplir con la obligación legal de ingresar las cantidades anticipadas en una cuenta especial y  privando a los compradores de una garantía esencial para la recuperación de las cantidades anticipadas. El  acusado fue condenado a la pena de tres años de prisión, a una multa de ocho meses, con una cuota diaria de cinco euros, y a la devolución de las cantidades anticipadas por los perjudicados.

El banco debe responder de las cantidades entregadas por la compraventa de viviendas en construcción cuando el promotor no emita los avales individuales.

La Sala primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia,de fecha 21 de diciembre de 2016, en la que se resuelve la cuestión de si la entidad de crédito tenían la obligación de responder ante la devolución de las cantidades anticipadas al promotor cuando  al tiempo de formalización del contrato de adquisición de vivienda no existía todavía la póliza colectiva y el promotor no  entrega aval individualizado de dichas cantidades a los compradores.

Para resolverlo, razona su resolución en la sentencia de Pleno 322/2015 de 23 de septiembre, cuya doctrina sienta jurisprudencia, que establecía que “la previsión de garantía contenida en los arts. 1,2y3 de la Ley 57/68, bajo la apariencia de la garantía concertada en la póliza colectiva, cuya copia se entregaba al comprador, este (comprador) no tienen por qué conocer que todavía debe recibir el aval individualizado y queda a merced de la mayor o menor diligencia del promotor solicitar los concretos certificados o avales individuales.”

Hechos.

En febrero de 2007, Ángel y Celestina concertaron un contrato de compraventa de una vivienda que la entidad Prodaemi, S.L. iba a construir en la localidad de Puebla de Farnals (Valencia) en la que se establecía que la vivienda debía ser entregada en diciembre de 2008.

El precio pactado de la compra era de 261.500 euros. A cuenta de este precio, los compradores pagaron 56.400 euros. Sin embargo como la promotora aún no había  concertado una póliza que garantizara la devolución de dichas cantidades, los compradores no recibieron ningún aval individualizado de las cantidades anticipadas entregadas. Además en dicho contrato de compraventa, la promotora había incluido una cláusula abusiva en la que se establecía que “El retraso en la entrega de la vivienda no supondrá incumplimiento contractual ni originará derecho a indemnización por  parte del vendedor”.

El 15 de marzo de 2007, la promotora concertó con Caja Madrid (actual Bankia) una línea de avales, para garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de conformidad con la Ley 57/68 (derogada por la actual Ley 20/2015, de 14 de julio, de supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras).

El 12 de junio de 2007, los dos compradores solicitaron a la promotora la entrega del aval individual de las cantidades pagadas a cuenta del precio, que no llegó a ser emitido.

En el año 2013, la vivienda todavía no había sido entregada, la obra estaba inacabada y paralizada.

Ante esta situación, los compradores presentaron demanda contra la promotora y contra Caja Madrid, en la que dejaron constancia del incumplimiento contractual de la promotora y pedía la nulidad de la cláusula que manifestaba que el retraso en la entrega de la vivienda no supondría incumplimiento contractual; la resolución del contrato de  compraventa por incumplimiento por incumplimiento de la promotora y la condena solidaria a las dos demandadas a pagar a los demandados 56.400 euros, en concepto de devolución  de las cantidades entregadas a cuenta del precio de la compraventa. La promotora se allanó a las pretensiones de los demandantes, mientras que Caja Madrid se opuso argumentando que la obligación del promotor no estaba afianzada porque no se había emitido el preceptivo certificado individual.

El juzgado de primera instancia estimó íntegramente la demanda declarando resuelto el contrato de compraventa por incumplimiento de la promotora vendedora y condenó a esta y a Caja Madrid a devolver las cantidades entregadas a cuenta del precio de la compraventa más los intereses legales. En la sentencia el juzgado razona que existía una línea de avales y que la falta de emisión del certificado o aval individualizado a favor de los compradores demandantes no puede perjudicarles.

La sentencia fue recurrida en apelación  ante la Audiencia Provincial por la entidad bancaria “Caja Madrid” la cual estimó su recurso y la absolvió de las pretensiones formuladas en su contra. La Audiencia Provincial consideró que no existía obligación de la entidad Bancaría  de responder de esa garantía al no disponer de los avales individuales cuya obligación de entrega le corresponde al promotor. Contra esta sentencia la actora interpuso recurso de casación el cual fue estimado por el Tribunal Supremo.

Estimación del Recurso de Casación.

El Alto Tribunal, teniendo en consideración la interpretación jurisprudencial establecida en la sentencia 322/2005, mencionada anteriormente,  considera directamente cubierto el riesgo, a pesar de que antes de la formalización del contrato de compraventa no se hubieran emitido los certificados individuales, ya que no puede pesar sobre el comprador que ha entregado cantidades a cuenta la actuación negligente del promotor que deja de requerir los certificados o avales individuales.

Si bien es cierto que cuando se contrató la adquisición de la vivienda no existía todavía la póliza colectiva, esta circunstancia no debe impedir que la entidad bancaria no responda solidariamente pues debía conocer, o estaba en condiciones de haberlo, de los contratos de compraventa que ya se habían concertado, en garantía de cuyos pagos anticipados realizados por sus compradores se concertó la línea de avales.

El Tribunal Supremo señala que no se admite que, en perjuicio del comprador al que no se le llegó a entregar el aval individualizado, la entidad bancaria pueda escudarse en la ausencia del aval individualizado para eximirse de responsabilidad y entiende que la obligación del promotor de devolver las cantidades entregadas a cuenta por los dos compradores demandantes estaba cubierta por la póliza colectiva, aunque no hubieran sido extendidos los avales individuales.

 

¿El nacimiento de hijos en una relación posterior puede modificar la pensión de alimentos de hijos nacidos en una relación anterior?

El Tribunal Supremo ha decidido unificar criterios jurídicos en este aspecto debido a la cantidad  de resoluciones judiciales por parte de las Audiencias Provinciales las cuales negaban que existiera un cambio de las circunstancias económicas de los progenitores como consecuencia del nacimiento de otros hijos fruto de una nueva relación y por ende, rechazando las peticiones de modificación de la pensión alimenticia. Sin embargo, el Alto Tribunal no acepta ese criterio al considerar que el nacimiento de nuevos hijos  determina una redistribución económica de los recursos de quienes están obligados a alimentarlos, y es que hay que tener en cuenta que el hecho de que el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o involuntaria del deudor de una prestación de alimentos, no implica que la obligación no pueda modificarse en beneficio de todos.

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No hay que olvidar que en virtud del artículo 39 de la Constitución Española, todos los hijos son iguales ante la ley y todos tienen el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores sin que exista un derecho preferente a favor de los nacidos en una relación anterior de los habidos de otra relación posterior.

Ahora bien, si bien deja claro Tribunal Supremo que el nacimiento de un nuevo hijo sí que puede suponer una modificación sustancial de la pensión alimenticia , no es  condición suficiente  por sí sola para modificar la pensión alimenticia, por lo que será preciso valorar en cada situación, la variación patrimonial del deudor y determinar si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad y valorar si es o no procedente redistribuir la capacidad económica del obligado, sin comprometer la situación de ninguno de los menores.