Archivo por meses: abril 2017

¿En qué consiste la acción revocatoria o pauliana?

La acción revocatoria o pauliana, prevista en el artículo 1111 del Código Civil y en los artículos 1291 a 1299 de dicho código, es aquella acción que permite a los acreedores solicitar la revocación de aquellos actos que el deudor haya realizado en fraude del derecho de  aquellos. Esta acción faculta a los acreedores para dirigirse directamente contra los terceros que participaron en el fraude. Además, tal y como establece el artículo 1294 el Código Civil,  esta acción  es subsidiaria, en el sentido de que el acreedor sólo puede ejercitarla cuando carezca de cualquier otro medio para obtener la efectividad de su crédito.

La acción revocatoria tiene un plazo de caducidad de cuatro años desde la realización del acto fraudulento y para solicitarla debe de cumplirse una serie de requisitos:

  1. Que exista un derecho de crédito a favor del acreedor.
  2. Que el deudor haya realizado un acto de disposición con ventaja o beneficio.
  3. Que se produzca un perjuicio al acreedor como consecuencia del acto de disposición
  4. Que el acto de disposición sea fraudulento, con intención de perjudicar a los acreedores.
  5. Que el adquirente haya sido cómplice en el fraude.

Deberá ser el acreedor el que demuestre  que el acto de disposición ha determinado o aumentado la insolvencia del deudor, que no existen otros bienes del deudor y que el acreedor no tiene otro medio legal de satisfacer su crédito. Una vez probado dichas circunstancias, el ejercicio de dicha acción tendrá como efecto la revocación del acto fraudulento, siempre que no se lesionen los intereses de terceros de buena fe, pues en ese caso sólo dará lugar a una indemnización de daños y perjuicios.

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Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfono 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

¿CÚANDO ES DELITO EL MATRIMONIO DE CONVENIENCIA?

Según se establece en la legislación española, los matrimonios de conveniencia  sólo puede conllevar sanciones administrativas, o derivar en un ilícito civil pero no será delito si no media ánimo de lucro y no  existe usurpación de estado civil o falsedad documental previa.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido es clara al respecto y en la Sentencia del Tribunal Supremo 1004/1997 ya  establecía que los matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a delito de falsedad, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión, pudiendo tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, mas nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal.”

Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a una pareja condenada a dos años de prisión por la Audiencia de Barcelona al considerar que se casaron en conveniencia, imputándoles  un delito de falsedad y otro delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

El Tribunal Supremo, destaca en primer lugar que la jurisdicción penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez del matrimonio, por lo que la referencia de la Audiencia de Barcelona a que el citado enlace fue inexistente o nulo debe suprimirse. Para ello, la Ley requiere una previa declaración de nulidad dictada por un juez civil en sentencia firme, que no concurre en este caso, ni la inscripción registral recoge datos falsos o inauténticos, porque el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto (la ceremonia del matrimonio) objetivamente celebrado.

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Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

En España, el legislador considera ilícito administrativo, contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito, sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros, en adecuada proporcionalidad que solo deviene penalmente típico, cuando en la ayuda a permanecer en España, media ánimo de lucro.

 

El Phishing como modalidad del delito de estafa informática.

El Phishing es una modalidad del delito informático que consiste en el envío de correos electrónicos con software maliciosos (virus, troyanos…etc.) o de enlaces a portales fraudulentos, con el objetivo de obtener claves, cuentas bancarias así como datos comprometidos de usuarios,  cuyos datos quedan a disposición  del defraudador el cual podrá hacer uso de dichas claves de forma fraudulenta, sin que el perjudicado pueda percatarse del engaño.

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Uno de los métodos más usados por los defraudadores consiste en enviar correos, haciéndonos creer que se trata de un correo enviado  por nuestra entidad bancaria, en el que suelen adjuntar una URL en la que el cliente ha de clicar para acceder a la página de su banco pero que en realidad se les redirige una página web simulada, cuyos datos  serán usados maliciosamente por los defraudadores.

El Código Penal  regula el delito de estafa informático en el artículo 248.2 disponiendo que serán considerados reos de estafa los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejantes, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.  Los delitos de estafa están castigados con una pena de prisión de seis meses a tres años, pudiendo aumentar hasta los seis años dependiendo de las agravantes recogidas en el artículo 250 de dicho cuerpo legal ( por ejemplo, que la cantidad de lo defraudado fuera superior a los 50.000€)

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LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS.

El artículo 130 del Código Penal establece las causas en las cuales se extingue la responsabilidad criminal. Entre ellas se encuentra la prescripción del delito (art. 130.6º CP) la cual, en su artículo 131 del Código Penal, establece los plazos de prescripción en relación a la gravedad del delito cometido. El plazo de prescripción empezará a contar, tal y como señala el artículo 132 del Código Penal, desde el día de la comisión del delito, salvo los delitos continuados donde el plazo de prescripción empezará a contar desde el día en que se realizó la última infracción o desde que cesó en su conducta delictiva. Es importante señalar que el plazo de prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo  desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena.

DELITO

PLAZO (ART.131 CP)

  •   Genocidio
  •   Delitos de lesa humanidad
  •  Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el art.614 CP
  •  Delitos de terrorismo si causan muertes

No prescriben

·        Pena máxima señalada: prisión mayor o igual  a 15 años

20 años

Pena máxima señalada:

  •   Inhabilitación mayor a 10 años
  •    Prisión más de 10 años y menos de 15 años
 

 

15 años

Pena máxima señalada:

  •     Inhabilitación mayor a 5 años y que no exceda de 10 años
  •      Prisión de más de 5 años y que no exceda de 10 años
 

 

10 años

Demás delitos

5 años

Delitos leves y delitos de calumnias e injurias

1 años

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En virtud del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 16.12.08, para la determinación del plazo de prescripción del delito habrá de atenderse a la pena en abstracto señalada al delito correspondiente por el legislador.

Para el cómputo de la prescripción de un delito que contiene en su descripción normativa un tipo básico y otro subtipo agravado, el Tribunal Supremo, en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26.10.2011 estableció que para la aplicación de la prescripción, “se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. No se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal”. Por último señalar que en los delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave declarado cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado.

LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS Y LAS CONSECUENCIAS DE SU NULIDAD.

Las cláusulas abusivas  son definidas en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. De dicha redacción podemos destacar que deben concurrir varios elementos para que una cláusula contractual pueda ser considerada abusiva:

  1. El adherente ha de tener la condición de consumidor o usuario a tenor de lo establecido en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entendiendo como tales a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad empresarial.
  2. Que se traten de condiciones generales impuestas a través de contratos de adhesión en los que el consumidor o usuario no tiene facultad para negociar o modificar las cláusulas, limitándose a aceptar o rechazar el contrato en su totalidad.
  3. Que la cláusula sea contraria a las exigencias de la buena fe.
  4. Qué la existencia de dicha cláusula cause un desequilibrio importante en la relación contractual de los derechos y obligaciones de las partes.

La consecuencia de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos suscritos por consumidores y usuarios debe ser la nulidad de dicha cláusula y de sus efectos, sin que afecte a la vigencia del contrato, el cual podrá subsistir sin la misma. Así lo estable el artículo 83 del Texto Refundido en donde se establece que “las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstane, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. Por tanto, el Juez tiene la obligación de pronunciarse sobre el carácter abusivo de la cláusula sin poder modificar ni integrar el contenido del contrato, limitándose por tanto a declarar su nulidad.especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicante

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