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La indemnización correspondiente por las lesiones permanentes no invalidantes en accidentes laborales.

Se entiende por Lesión permanente no invalidante, todas aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter permanente que, causadas a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y sin incidir negativamente en la capacidad laboral del accidentado, implican una disminución o alteración de la integridad física del trabajador. Estas lesiones se encuentras recogidas en  un Baremo establecido en la Orden ESS/66/2013 por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. El plazo de reconocimiento y notificación de las lesiones permanentes no invalidantes es de 135 días.  Es importante señalar que el plazo de prescripción de la acción por la reclamación de la prestación por lesiones comienza a computarse  desde que las dolencias son valoradas y determinado su origen en enfermedad profesional y no desde que se constata la existencia de las lesiones.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

Esta  indemnización correspondiente al Baremo se deberá satisfacer por la entidad gestora o mutua  que esté obligada a realizar el pago de la incapacidad derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Además no podemos obviar que el Art. 154 de La Ley General de la Seguridad Social  establece que todas aquellas prestaciones que traigan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad profesional pueden incrementarse en caso de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Ese recargo, el cual correrá a cargo del empresario, se podrá cifrar entre un 30% y un 50% del importe de la prestación conforme a Baremo, porcentajes que dependerán  de la gravedad de la falta cometido por el empresario en la omisión de medidas de seguridad y no de la gravedad del daño ocasionado.

Para tener derecho a dicha indemnización se deberá destacar:

  • Que la lesión producida debe haber sido precedida por el incumplimiento de alguna obligación de seguridad e higiene en el trabajo, teniendo que existir culpa o negligencia por parte del empresario.
  • Debe de existir una relación de causalidad entre la infracción cometida y la lesión sufrida. En este sentido, los tribunales consideran que no se prevé la imposición del recargo por el mero hecho de inobservarse las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, sino que exige que la lesión se produzca por tales incumplimientos.

El plazo de prescripción para reclamar el recargo de prestaciones es de 5 años a contar desde la última prestación reconocida.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

La sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión de ciudadanos extranjeros. Artículo 89 del Código Penal.

 

A partir de la reforma del Código Penal a través de la LO 1/2015 ,  cuyas reformas tratan de acomodar la regulación española a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, una de las novedades más relevantes  por su endurecimiento contra los ciudadanos extranjeros es la referida a la generalización de la expulsión de ciudadanos extranjeros como sustitución de la ejecución de la pena de prisión, incluidos aquellos que tienen residencia legal e incluso a ciudadanos de la Unión Europea, si bien con carácter excepcional. Por lo tanto, puede, en principio, aplicarse la expulsión sustitutiva a todos los ciudadanos extranjeros, con independencia que estén irregularmente o no, quedando solamente excluidos los nacionales. No obstante, la sustitución no será aplicable a las penas impuestas por la comisión de los delitos recogidos en los arts. 177 bis (trata de seres humanos), 312 (tráfico ilegal de personas), 313 (inmigración clandestina de trabajadores) y 318 bis (tráfico ilegal de personas)

La nueva redacción del Artículo 89 del Código Penal prevé la sustitución por expulsión del territorio nacional de las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero, si bien,  la LO 1/2015 ha suprimido el carácter automático de la sustitución de la expulsión que introdujo la anterior reforma del Código Penal, mediante la LO 11/2003, por  lo que la expulsión “sólo podrá ser acordada si resulta proporcionada  a la vista de las circunstancia  del hecho y de las personales del autor, en particular su arraigo en  España” (Art.89.4 Código Penal). Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de la pena impuesta, y la sustitución del resto por la expulsión del penal del territorio nacional. También se podrá sustituir el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cundo se acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

Sin embargo, con la reforma a través de la LO 1/2015, la redacción del nuevo artículo 89 Código Penal, no se permite la sustitución total de  las penas de prisión de más de cinco años, acordando el Juez o Tribunal la ejecución de todo o parte de la pena. Aun así, se podrá sustituir la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado cuando se cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, accediera al tercer grado o se le concediera la libertad provisional.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

Es importante señalar que la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.

Acordada la expulsión, la cual llevará consigo el archivo de cualquier procedimientos administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, cuya plazo dependerá  de la duración de las penas sustituidas y las circunstancias personales del penado. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período establecido, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que fuera sorprendido en la frontera donde será expulsado directamente por la autoridad gubernativa y empezará otra vez  a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

 

Las Denuncias Falsas en el ámbito penal.

Lamentablemente para el derecho español, cada año se producen situaciones más numerosas de denuncias falsas en los juzgados españoles, cuya acción hemos de recordar que se encuentra recogida dentro de los delitos contra la Administración de Justicia. Según dispone el Art. 456 del Código Penal, el que imputara falsamente a alguna persona hechos que son constitutivos de infracción penal, con conocimiento de su falsedad o con un temerario  desprecio a  la verdad, será sancionado con penas de prisión de hasta dos años, dependiendo de la gravedad del delito imputado con falsedad. Tal y como dispone dicho artículo, el que realice una denuncia falsa será sancionado:

  1. Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.
  2. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.
  3. Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.

El Código Penal establece que para proceder contra el denunciante por la comisión de este ilícito penal, deberá recaer sentencia firme o auto, de sobreseimiento o archivo  de las actuaciones. Una vez se dicte la resolución judicial, el Juez o Tribunal podrá proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que  resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda ser denunciado también por el ofendido mediante la interposición de la correspondiente denuncia ante la autoridad.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

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