Archivo por meses: junio 2017

NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY PARA ENDURECER LOS CASTIGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

El  pasado día 22 de Junio de 2017 se presentó ante el Congreso la nueva Proposición de Ley, por la que se modifica el Código Penal, con el objetivo de ofrecer una mayor protección en materia de seguridad vial  a ciclistas y peatones, cuya proposición recoge además la regulación del delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

Dicha proposición de ley propone calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atente contra la integridad de las personas en tres supuestos:

1) Cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

2) Cuando se hace bajo la influencia de drogas.

3) Cuando se hace bajo la influencia de alcohol.

Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.

En los accidentes cometidos como consecuencias de dichas imprudencias y que lleven como resultado varias víctimas, el juez podrá elevar la pena por encima del máximo actual pudiendo imponer penas de hasta 9 años de prisión, frente a la condena máxima de 4 años de prisión que recoge la legislación actual.

Además, la proposición de Ley permitirá sancionar de forma independiente todas las infracciones del conductor previas al accidente, frente a la regulación actual que sólo era castigado por la infracción más grave, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo.

 Por último, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo. Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido.

 

Reclamación frente al empresario de deudas salariales: El proceso monitorio Laboral.

El artículo 101 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, desarrolla este mecanismo el cual permite al trabajador reclamar el abono de salarios devengados cuya cuantía no exceda de 6.000 €, ya que si fueran una cantidad superior el trabajador debería acudir a un procedimiento ordinario el cual es más lento y arduo. La acción para reclamar ante la jurisdicción social el abono de los salarios devengados prescribirá al año desde que los salarios debieron percibirse o se percibieron en inferior cuantía.

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El proceso monitorio Laboral, semejante al monitorio civil, se sustancia ante el Letrado de la Administración de Justicia el cual examinará que se cumplen una serie de requisitos necesarios para poder acceder a dicho procedimiento y que son:

1) Que la reclamación se presente frente a empresarios que no se encuentren en situación de concurso.

2) Que se trate de reclamaciones de carácter individual, por lo que se excluyen las reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran realizar a través del representante de los trabajadores o reclamaciones contra las entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social.

3) Que se trate de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no exceda de 6.000 €.

4) Debe existir la posibilidad de notificar al empresario a través de citaciones, notificaciones y emplazamientos mediante correo ordinario, telégrafo, fax, correo electrónico o cualquier otro medio telemático.

Examinados los requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor empresario para que, en el plazo de 10 días, pague o formule escrito de oposición con la razones por las que a su entender no debe la cantidad reclamada. Además, en dicho requerimiento se le apercibirá al empresario de que no  pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando razones de su negativa al pago, se despachará ejecución contra él.

Transcurridos el plazo de 10 días podrá suceder que:

1) El empresario pague al trabajador el importe total, en ese caso el procedimiento se archiva, previa entrega de la cantidad reclamada al trabajador.

2) El empresario no paga ni formula oposición, en este caso el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto y dará traslado al trabajador para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con su mera petición.

3) El empresario formule oposición total al pago de la deuda reclamada, en ese caso el trabajador deberá en  los cuatro días siguientes presentar ante el Juzgado de lo Social demanda, procediéndose seguidamente al señalamiento de la conciliación y juicio mediante el procedimiento ordinario. Es importante presentar la demanda en el plazo señalado ya que de no presentarse se producirá el sobreseimiento de las actuaciones.

4) El empresario formule oposición parcial reconociendo sólo una parte de la deuda, en ese caso el trabajador puede solicitar al Juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamación de la cantidad reconocida cuyo auto tendrá el valor de título ejecutivo y le permitirá despachar ejecución por dicha cantidad sin tener que esperar a que recaiga una resolución sobre las cantidades controvertidas la cuales se resolverán en un proceso ordinario.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN TRABAJADORES POR CUENTA AJENA.

Según  establece el art.156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), se entiende por accidente de trabajo aquella lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, en el que los daños derivados del trabajo incluirán también las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.Derecho Laboral - Abogados Alicante

Para que el accidente pueda ser considerado como  accidente laboral debe cumplirse una serie de requisitos como son:

  1. La existencia de una lesión corporal, considerándose lesiones no solo los daños corporales sino también las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas.
  2. La condición de trabajador por cuenta ajena del sujeto accidentado.
  3. La existencia de una relación de causalidad  entre el trabajo y la lesión.
  4. La existencia de una doble relación de causalidad: Una entre el trabajo y la lesión y otra entre lesión y la situación invalidante o protegida.

La LGSS recoge una serie de supuestos que pueden ser considerados como accidente de trabajo, entre los que podemos mencionar:

  1. El sufrido en el lugar de trabajo y durante el tiempo de trabajo.
  2. El sufrido al ir o al volver del lugar de trabajo.
  3. Los accidentes en misión.
  4. Los producidos con ocasión de las tareas realizadas por órdenes del empresario o por interés de la empresa.
  5. Las enfermedades comunes contraídas como consecuencia del trabajo.
  6. Las enfermedades anteriores al accidente que se agraven por el accidente de trabajo.
  7. Las enfermedades que tienen como consecuencia procesos patológicos debidos a accidentes de trabajo.

No obstante, hay que señalar que tal y como señala la LGSS en su artículo 156.4, no tienen la consideración de accidente de trabajo los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo , entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutada al ocurrir el accidente, así como los accidentes laborales que sean debidos a la imprudencia temeraria del trabajador.

empresa debe enviar el parte de accidente de trabajo a la entidad aseguradora en el plazo máximo de 5 días hábiles, debiendo también entregar una copia del parte al trabajador accidentado.  Sin embargo, si el accidente fuera considerado como grave, muy grave o provocara el fallecimiento de algún trabajador, la empresa deberá comunicarlo a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas, la cual realizará las oportunas diligencias de investigación sobre la forma en que sobrevino el accidente, las causas del mismo o las circunstancias concurrentes.

El incumplimiento de la obligación de comunicar el accidente de trabajo y enfermedades profesionales se encuentran sancionadas con multas que van desde 40 € a 2.045 € (para accidentes calificados como leves) y de 2.046€ a  40.985 (para accidentes graves, muy graves o mortales).

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

¿En Qué se diferencia el lucro cesante del daño emergente?

El lucro cesante, a diferencia del daño emergente el cual podemos definirlo como el daño real y efectivo que conlleva a la disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso, se apoya en la presunción de cómo se habrían sucedido los sucesos en el caso de no haber tenido lugar el hecho dañoso. Tal y como estableció la Sala Primera del Tribunal Supremo en base al art.1106 Código Civil, el 14 de julio de 2004, rec. 3427/1997, el lucro cesante ha de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso dañoso no se hubiera producido.

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Por lo tanto, el lucro cesante deberá incluir no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también  el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, lo cual no se debe confundir con las ganancias inciertas que hubiera podido obtener si no se hubiera producido el suceso dañoso.

Para probar que dicho perjuicio debe ser restituido y el derecho a ser indemnizado por la ganancia dejada de obtener como consecuencia del evento dañoso deberá probarse:

1) La existencia y realidad de un daño o de un beneficio dejado de obtener.

2) La cuantía de ese daño o de ese lucro cesante.

3) El nexo causal entre el daño o beneficio dejado de percibir y e acto ilícito o el incumplimiento contractual.

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El Tribunal Supremo eleva de 8 a 20 días la indemnización de ceses de trabajadores indefinidos- no fijos.

La Sala IV de Tribunal Supremo, en la sentencia nº 257/2017, de 28 de marzo de 2017, ha cambiado su línea jurisprudencial al considerar que los trabajadores indefinidos no fijos del sector público cuando son cesados por la cobertura de la plaza que ocupaban, tienen derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.  Esta nueva línea modifica la jurisprudencia anterior del Alto Tribunal que consideraba que no correspondía más de 8 días por año.

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En la sentencia, la Sala IV del Tribunal Supremo establece que ha cambiado el criterio para cuantificar dichas indemnización con base a las siguientes razones:

En primer lugar, porque la figura del indefinido no fijo, la cual ya se viene recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, refleja que la norma diferencia al personal laboral en función de su duración del contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el término de indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, por lo que  el personal indefinido no es equiparable al temporal.

En segundo lugar, la figura del personal indefinido tiene su origen en un uso abusivo de la contratación temporal por parte del algún órgano administrativo. Si bien el art.15 ET establece que cuando ese uso abusivo de la contratación es llevada a cabo por empresas privadas, dicho contrato se convierte en fijo. Sin embargo, cuando lo realiza la Administración, como el acceso a la función pública debe hacerse con respetos de los principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, ya que se estaría facilitando un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse las normas que regulan el acceso a esos puestos públicos, a través de concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En tercer lugar, porque la figura el indefinido-no fijo al no tratarse  de un contrato temporal, resulta necesario reforzar la cuantía de la indemnización ya que el vacío legal al respecto no justifica la equiparación del trabajador indefinido-no fijo al temporal como se venía haciendo hasta ahora.

En último lugar, por la ausencia de un régimen jurídico del contrato indefinido-no fijo, obliga a la Sala a acudir a supuestos comparables por lo que se acogible la indemnización  de veinte días por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. Dicha comparación se establece porque  la extinción contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato.

 

El Tribunal Supremo permite reclamar deudas existentes de empresas extinguidas.

El Tribunal Supremo, en fecha de 24 de mayo de 2017, ha unificado la doctrina en relación con la capacidad de sociedades para ser parte en procesos una vez están disueltas, liquidadas y canceladas en el Registro Mercantil. La Sala de lo Civil del Tribunal supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto al considerar que  si bien la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de los asientos registrales de la sociedad extinguida conlleva la pérdida de su personalidad jurídica, continuará conservando esta personalidad respecto de las reclamaciones pendientes de pasivos sobrevenidos los cuales deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación de la sociedad, por lo que la sociedad sigue teniendo personalidad y capacidad para ser parte demandada.

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Esta tesis, la cual ya venía manteniendo la Dirección General de los Registros y el Notariado, considera que aunque la inscripción de la extinción y su consiguiente cancelación de los asientos registrales conlleva la pérdida de la personalidad jurídica en cuanto a su capacidad para operar en el mercado como tal, pero mantiene esta personalidad respecto de las reclamaciones pendientes.

Podéis descargaros la Sentencia pulsando AQUÍ