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¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

La constitución española, en su artículo 119,  establece que  “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En base a dicho precepto constitucional, el legislador llevó a cabo la elaboración de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, con el fin de regular un sistema de justicia gratuita que permitiera a los ciudadanos con insuficiencia económica proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y no verse obstaculizados a dicho acceso por razones económicas, garantizando así un acceso a la justicia en condiciones de igualdad  para todos los ciudadanos.

El artículo 2 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita establece quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, los cuales son:

1) Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

2) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a la Seguridad Socialen todo caso.

3) Las Asociaciones de utilidad pública  así como las Fundaciones inscritas en el Registro Público cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

4) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

5) En el orden contencioso, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España,  a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

6) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situación de abuso o maltrato.

7) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

8) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

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Por lo tanto, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se deberá  acreditar que sus ingresos económicos no superan los siguientes umbrales los cuales se basan en el IPREM como índice de referencia y cuya cuantía en 2017 se fija en 532,51 €:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Será la Comisión de Justicia Gratuita la que estimará o desestimará la solicitud, la cual tendrá en cuenta además de las rentas  otros bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, pudiendo negar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos revelan que dispone de medios económicos que superan el límite fijado.

Por último es importante recordar que el abogado podrá reclamar su minuta cuando la Comisión de Justicia Gratuita desestimara la pretensión del solicitante y hubiese habido designación provisional de abogado, pudiendo el letrado reclamar los honorarios ocasionados por la intervención realizada hasta la desestimación definitiva de la resolución.

 

 

La prescripción de las penas.

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Anteriormente, estuvimos  analizando las causas que extinguían la responsabilidad criminal entre las que se encontraba  la prescripción del delito (art. 130.1.6º), donde, en función de la pena que el Código Penal atribuye al delito, tenían un plazo de prescripción diferente. En este artículo nos vamos  a centrar en la prescripción de la pena, cuya diferencia esencial con la es que en la prescripción de la pena ya se ha producido la celebración del juicio  en la que existe una resolución judicial firme la cual establece una pena,  a diferencia de la prescripción del delito  la cual deviene porque no se han enjuiciado los hechos constitutivos de delito dentro de plazo, provocando que no se pueda  realizar una investigación judicial por dichos hechos.

La prescripción de las penas se encuentra regulada también en el Título VII del Código Penal, dedicado a las causas que extinguen la responsabilidad criminal. El artículo 133 del Código Penal establece que las penas impuestas por sentencia firme prescribirán:

  • A los 30 años, las penas de prisión por más de 20 años.
  • A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
  • A los 20 años, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
  • A los 15 años, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
  • A los 10 años, las restantes penas graves.
  • A los cinco, las penas menos graves.
  • Al año, las penas leves.

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Es importante recordar, que no todos las penas prescriben, así, tal y como señala el artículo 133.2, las penas impuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio, terrorismo y los cometidos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.

Es importante tener en cuenta que el plazo de prescripción de la pena empezará a contar desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si se hubiese comenzado a cumplir y que el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el período de suspensión de la ejecución de la pena o durante el cumplimiento de otras penas.

Consecuencias de la incomparecencia del testigo en un juicio penal.

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Cuando una persona es citada para comparecer ante el juzgado como testigo  presencial de unos hechos en los que estuvo presente o se trata de un testigo referencial (el cual tiene conocimiento de ciertos hechos delictivos por otras vías) suele surgir la duda de si existe la obligación  de comparecer  y si la inasistencia puede conllevar algún consecuencia negativa para el testigo debidamente notificado.

Como regla general, tal y como establece el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley.

Por lo tanto, la ley establece una obligación de comparecer y declarar acerca de los hechos investigados. No obstante, es importante mencionar que existen  excepciones a la regla general, como los parientes del investigado,  los cuales están dispensados de la obligación de declarar  (no de la obligación de comparecer en juicio).

La consecuencia de que el testigo no acuda al llamamiento judicial  o  de no declarar lo que supiese acerca de los hechos por los que fuera preguntado puede conllevar la imposición por parte del juzgado o tribunal de una multa que oscilará de 200€  a 5.000 €. Por lo general,  el Juez o Tribunal antes de interponer dicha sanción, advertirá al testigo para que cambie de conducta y lo citará nuevamente para acudir a declarar de nuevo. Sin embargo si se persistiera en la negativa de comparecer, será conducido a declarar por los agentes de la autoridad pudiendo ser investigado por un delito de obstrucción a la justicia que pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses.

Como hemos mencionado antes, la ley establece que la obligación también conlleva el deber de declarar por los hechos por los que se nos pregunta por lo que la negativa a declarar conllevaría la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad  con penas de 6 meses a un año de prisión.

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El Delito Leve de injurias.

La reforma del Código Penal trajo consigo la derogación de las “faltas” y por ende, la despenalización de las injurias leves recogidas en el  artículo 620.2º del Código Penal de 1995, estableciendo como única vía posible para aquellas personas ofendidas, la de acudir a la vía civil por vulneración del derecho al honor.

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A pesar de que las injurias leves ya no constituyan una infracción penal, debemos tener en cuenta que el nuevo Código Penal establece que dichas injurias podrán ser consideradas como un Delito Leve  cuando dichas injurias o vejaciones se profieran contra cualquiera de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173. Dichas personas son:

  1. Quien sea o haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia.
  2. Los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.
  3. Los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con él o que se hallan sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.
  4. La persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar.
  5. La persona que por su especial vulnerabilidad se encuentre sometida a custodia o guarda en centros públicos o privados.

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Según establece el artículo 173.4 del Código Penal, quien cause injuria o vejación de carácter leve contra cualquiera de las personas que hemos mencionado, será castigado con alguna de las siguientes penas pudiendo ser:

  1. A) Pena de localización permanente de cinco a treinta días, en domicilio diferente y alejado del de la víctima.
  2. B) Trabajos en beneficio de la Comunidad de cinco a treinta días.
  3. C) Multa de uno a cuatro meses. Esta pena únicamente se podrá imponer, tal y como establece el artículo 84.2 del Código Penal, cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una relación común.

 

 

 

 

 

 

 

La Condena en Costas.

Antes  de iniciar un procedimiento judicial   es necesario tener en cuenta  que, dependiendo de si nuestras pretensiones son estimadas o desestimadas por el Tribunal, ello puede conllevar a que debamos hacer frente a  los gastos  de las actuaciones  procesales no sólo de nuestra representación, sino también de la parte contraria en el caso de que nuestra pretensión sea desestimada. Por ello, hoy abordaremos este tema a fin de que podáis tener  conocimiento sobre cuáles son las situaciones en las que procede imponer la condena en costas.

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  1. Las costas Procesales.

Las costas podríamos definirlas como aquellos gastos procesales derivados de la propia actividad procesal y cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en el proceso. Según establece el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán considerados gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:

  • Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean obligatorias.
  • Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
  • Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
  • Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
  • Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el Tribunal a registros y protocolo públicos, que serán gratuitos.
  • Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
  • La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea obligatoria. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.
  1. La condena en costas.

Los criterios que regulan la condena en constas se recogen en los artículos 394 a 398 de la  Ley  de Enjuiciamiento Civil, donde se recoge las situaciones en las que dará lugar a la condena en costas dependiendo de los diferentes resultados que pueda arrojar el proceso:

a) Procesos que concluyan con la desestimación de todas las pretensiones de una de las partes.

Según dispone el artículo 394.1 de la LEC, las costas de la primera instancia  se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas su pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de  derecho que justifiquen su no imposición. Para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

b) Procesos que concluyan con la estimación o desestimación parcial de las pretensiones.

Si fuera parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, si el Juez apreciara que uno de los litigantes ha litigado con temeridad podrá imponerle la totalidad de las  costas. Se  entenderá que se ha actuado con temeridad cuando se interponga la acción  judicial de  forma maliciosa  a sabiendas que la pretensión es injusta.

 c) Procesos en los que se produce el allanamiento del demandado.

En el supuesto de que el demandado se allanara a la demanda antes de contestarla, el artículo 395 de la LEC establece una regla general y una excepcional que dependerá  de si la actuación del demandado es contraria a las exigencias de la buena fe.

Según la regla general, no procederá la imposición de costas cuando el demandado se allanara a la demanda antes de contestarla. Sin embargo, si el tribunal apreciara mala fe en su conducta, la cual será razonada por el Tribunal, podrá imponer las costas derivadas del proceso pese a su allanamiento antes del trámite de contestación a la demanda.

Se entenderá que existe mala fe si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.

Si el allanamiento se produjera después de contestar a la demanda, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC, por lo que si contestada a la demanda, el demandante ve sus pretensiones estimadas, el demandado será condenado a abonar las costas del procedimiento.

d) Procesos que concluyan por desistimiento del demandante.

En este supuesto, el Tribunal impondrá las costas procesales al actor que desista en su pretensión en función de si el demandado ha consentido o no su desistimiento. Si el desistimiento no fuera consentido por el demandado,  deberá el demandante hacer frente de todas las costas. En cambio, si el desistimiento fuera consentido por el demandado no se condenará en costas a ninguno de los litigantes.

  1. Importe de las costas.

Según dispone el artículo 394.2 LEC, cuando se impusieran las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesiones que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieran obtenido tal pronunciamiento. A los efectos de determinar el importe de las costas en procedimientos cuyas pretensiones son inestimables, se valorarán en 18.000€ salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

Por último señalar que esta limitación del importe a pagar por el litigante vencido de una tercera parte de la cuantía del proceso no se aplicará cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas, en cuyo caso deberá abonar la totalidad de las costas propias, así como las de las parte contraria.

 

 

LA INDEMNIZACIÓN POR LESIONES TEMPORALES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO.

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Tal y como establece el artículo 134  del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, las lesiones temporales son aquellas que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela.

La indemnización reclamable a la compañía aseguradora se debe cuantificar conforme a la siguiente tabla en la que se refleja las cuantías referentes al perjuicio personal básico, al perjuicio personal particular y el perjuicio patrimonial sufrido en el accidente.

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¿Qué va a determinar que se gradúe de una forma u otra?

De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el perjuicio por pérdida temporal de calidad de vida podrá ser considerado como moderado, grave o muy grave, la cual dependerá de cómo afecten las lesiones a la vida ordinario del lesionado.

Será considerado como perjuicio moderado, aquel en el que el lesionado pierda temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal.

Si el perjuicio ocasionado al lesionado provocara la pérdida temporal de su autonomía personal para realizar una parte relevante de las actividades esenciales de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal o se requiera la estancia hospitalaria, deberá ser considerado como perjuicio grave.

En cambio, si el perjuicio ocasionado es de tal entidad que el lesionado pierde temporalmente su autonomía personal para realizar casi la totalidad de actividades esenciales de la vida ordinaria o se produzca el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos, estaremos ante un perjuicio muy grave, la cual tiene asignada una indemnización de 100 euros por día.

En el caso que las lesiones sufridas no se encuadren dentro de los perjuicios moderados, graves o muy graves, pero se requiera de rehabilitación para la sanación de las lesiones sufridas, deberemos acudir a la indemnización por perjuicio personal básico, cuya cuantía será de 30 euros por cada día de periodo curativo.

El plazo para calcular el cómputo total de la cantidad reclamada comenzará a contar desde el día en que se produjo el accidente de tráfico hasta el día en que se ha recibido el alta o en el momento en que nuestras lesiones se hayan estabilizado.

Abogados Alicante - Especialistas en Accidentes de Tráico

Abogados Alicante – Especialistas en Accidentes de Tráico

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY PARA ENDURECER LOS CASTIGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

El  pasado día 22 de Junio de 2017 se presentó ante el Congreso la nueva Proposición de Ley, por la que se modifica el Código Penal, con el objetivo de ofrecer una mayor protección en materia de seguridad vial  a ciclistas y peatones, cuya proposición recoge además la regulación del delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales.

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Dicha proposición de ley propone calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atente contra la integridad de las personas en tres supuestos:

1) Cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

2) Cuando se hace bajo la influencia de drogas.

3) Cuando se hace bajo la influencia de alcohol.

Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.

En los accidentes cometidos como consecuencias de dichas imprudencias y que lleven como resultado varias víctimas, el juez podrá elevar la pena por encima del máximo actual pudiendo imponer penas de hasta 9 años de prisión, frente a la condena máxima de 4 años de prisión que recoge la legislación actual.

Además, la proposición de Ley permitirá sancionar de forma independiente todas las infracciones del conductor previas al accidente, frente a la regulación actual que sólo era castigado por la infracción más grave, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo.

 Por último, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo. Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido.

 

Reclamación frente al empresario de deudas salariales: El proceso monitorio Laboral.

El artículo 101 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, desarrolla este mecanismo el cual permite al trabajador reclamar el abono de salarios devengados cuya cuantía no exceda de 6.000 €, ya que si fueran una cantidad superior el trabajador debería acudir a un procedimiento ordinario el cual es más lento y arduo. La acción para reclamar ante la jurisdicción social el abono de los salarios devengados prescribirá al año desde que los salarios debieron percibirse o se percibieron en inferior cuantía.

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El proceso monitorio Laboral, semejante al monitorio civil, se sustancia ante el Letrado de la Administración de Justicia el cual examinará que se cumplen una serie de requisitos necesarios para poder acceder a dicho procedimiento y que son:

1) Que la reclamación se presente frente a empresarios que no se encuentren en situación de concurso.

2) Que se trate de reclamaciones de carácter individual, por lo que se excluyen las reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran realizar a través del representante de los trabajadores o reclamaciones contra las entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social.

3) Que se trate de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no exceda de 6.000 €.

4) Debe existir la posibilidad de notificar al empresario a través de citaciones, notificaciones y emplazamientos mediante correo ordinario, telégrafo, fax, correo electrónico o cualquier otro medio telemático.

Examinados los requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor empresario para que, en el plazo de 10 días, pague o formule escrito de oposición con la razones por las que a su entender no debe la cantidad reclamada. Además, en dicho requerimiento se le apercibirá al empresario de que no  pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando razones de su negativa al pago, se despachará ejecución contra él.

Transcurridos el plazo de 10 días podrá suceder que:

1) El empresario pague al trabajador el importe total, en ese caso el procedimiento se archiva, previa entrega de la cantidad reclamada al trabajador.

2) El empresario no paga ni formula oposición, en este caso el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto y dará traslado al trabajador para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con su mera petición.

3) El empresario formule oposición total al pago de la deuda reclamada, en ese caso el trabajador deberá en  los cuatro días siguientes presentar ante el Juzgado de lo Social demanda, procediéndose seguidamente al señalamiento de la conciliación y juicio mediante el procedimiento ordinario. Es importante presentar la demanda en el plazo señalado ya que de no presentarse se producirá el sobreseimiento de las actuaciones.

4) El empresario formule oposición parcial reconociendo sólo una parte de la deuda, en ese caso el trabajador puede solicitar al Juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamación de la cantidad reconocida cuyo auto tendrá el valor de título ejecutivo y le permitirá despachar ejecución por dicha cantidad sin tener que esperar a que recaiga una resolución sobre las cantidades controvertidas la cuales se resolverán en un proceso ordinario.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN TRABAJADORES POR CUENTA AJENA.

Según  establece el art.156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), se entiende por accidente de trabajo aquella lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, en el que los daños derivados del trabajo incluirán también las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.Derecho Laboral - Abogados Alicante

Para que el accidente pueda ser considerado como  accidente laboral debe cumplirse una serie de requisitos como son:

  1. La existencia de una lesión corporal, considerándose lesiones no solo los daños corporales sino también las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas.
  2. La condición de trabajador por cuenta ajena del sujeto accidentado.
  3. La existencia de una relación de causalidad  entre el trabajo y la lesión.
  4. La existencia de una doble relación de causalidad: Una entre el trabajo y la lesión y otra entre lesión y la situación invalidante o protegida.

La LGSS recoge una serie de supuestos que pueden ser considerados como accidente de trabajo, entre los que podemos mencionar:

  1. El sufrido en el lugar de trabajo y durante el tiempo de trabajo.
  2. El sufrido al ir o al volver del lugar de trabajo.
  3. Los accidentes en misión.
  4. Los producidos con ocasión de las tareas realizadas por órdenes del empresario o por interés de la empresa.
  5. Las enfermedades comunes contraídas como consecuencia del trabajo.
  6. Las enfermedades anteriores al accidente que se agraven por el accidente de trabajo.
  7. Las enfermedades que tienen como consecuencia procesos patológicos debidos a accidentes de trabajo.

No obstante, hay que señalar que tal y como señala la LGSS en su artículo 156.4, no tienen la consideración de accidente de trabajo los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo , entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutada al ocurrir el accidente, así como los accidentes laborales que sean debidos a la imprudencia temeraria del trabajador.

empresa debe enviar el parte de accidente de trabajo a la entidad aseguradora en el plazo máximo de 5 días hábiles, debiendo también entregar una copia del parte al trabajador accidentado.  Sin embargo, si el accidente fuera considerado como grave, muy grave o provocara el fallecimiento de algún trabajador, la empresa deberá comunicarlo a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas, la cual realizará las oportunas diligencias de investigación sobre la forma en que sobrevino el accidente, las causas del mismo o las circunstancias concurrentes.

El incumplimiento de la obligación de comunicar el accidente de trabajo y enfermedades profesionales se encuentran sancionadas con multas que van desde 40 € a 2.045 € (para accidentes calificados como leves) y de 2.046€ a  40.985 (para accidentes graves, muy graves o mortales).

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¿En Qué se diferencia el lucro cesante del daño emergente?

El lucro cesante, a diferencia del daño emergente el cual podemos definirlo como el daño real y efectivo que conlleva a la disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso, se apoya en la presunción de cómo se habrían sucedido los sucesos en el caso de no haber tenido lugar el hecho dañoso. Tal y como estableció la Sala Primera del Tribunal Supremo en base al art.1106 Código Civil, el 14 de julio de 2004, rec. 3427/1997, el lucro cesante ha de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso dañoso no se hubiera producido.

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Por lo tanto, el lucro cesante deberá incluir no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también  el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, lo cual no se debe confundir con las ganancias inciertas que hubiera podido obtener si no se hubiera producido el suceso dañoso.

Para probar que dicho perjuicio debe ser restituido y el derecho a ser indemnizado por la ganancia dejada de obtener como consecuencia del evento dañoso deberá probarse:

1) La existencia y realidad de un daño o de un beneficio dejado de obtener.

2) La cuantía de ese daño o de ese lucro cesante.

3) El nexo causal entre el daño o beneficio dejado de percibir y e acto ilícito o el incumplimiento contractual.

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