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LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS Y LAS CONSECUENCIAS DE SU NULIDAD.

Las cláusulas abusivas  son definidas en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. De dicha redacción podemos destacar que deben concurrir varios elementos para que una cláusula contractual pueda ser considerada abusiva:

  1. El adherente ha de tener la condición de consumidor o usuario a tenor de lo establecido en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entendiendo como tales a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad empresarial.
  2. Que se traten de condiciones generales impuestas a través de contratos de adhesión en los que el consumidor o usuario no tiene facultad para negociar o modificar las cláusulas, limitándose a aceptar o rechazar el contrato en su totalidad.
  3. Que la cláusula sea contraria a las exigencias de la buena fe.
  4. Qué la existencia de dicha cláusula cause un desequilibrio importante en la relación contractual de los derechos y obligaciones de las partes.

La consecuencia de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos suscritos por consumidores y usuarios debe ser la nulidad de dicha cláusula y de sus efectos, sin que afecte a la vigencia del contrato, el cual podrá subsistir sin la misma. Así lo estable el artículo 83 del Texto Refundido en donde se establece que “las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstane, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. Por tanto, el Juez tiene la obligación de pronunciarse sobre el carácter abusivo de la cláusula sin poder modificar ni integrar el contenido del contrato, limitándose por tanto a declarar su nulidad.especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicante

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

El Tribunal Supremo avala una cláusula suelo por cumplir los requisitos de transparencia.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunidos en Pleno el pasado 9 de marzo de 2017, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por dos consumidores frente a la entidad Caja Rural de Teruel al considerar, como ya resolvió la Audiencia Provincial de Teruel en el recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de Teruel, que la cláusula suelo cumple los requisitos de transparencia exigidos para su validez conforme a la doctrina establecida por el Supremo en la Sentencia de 9 de mayo de 2013. Nos encontramos ante un hecho completamente aislado, ya que la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios recogían cláusulas suelo predispuestas por el banco, en las que había una falta de reciprocidad, de información y de equilibrio entre las contraprestaciones, limitando la variabilidad a la baja del interés en beneficio del banco y estableciendo un techo inalcanzable. Puedes descargar la sentencia pulsando AQUÍ.especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicante

El Tribunal Supremo avala el fallo de la Audiencia Provincial de Teruel y considera que se tuvo en cuenta la doctrina jurisprudencial, llevándose a cabo el control de transparencia a la vista de las pruebas practicadas, las cuales reflejan, como se refleja en la sentencia, que no se enmascara la cláusula suelo en el contrato, diluyendo la atención del contratante entre otras, sino que se muestra como una cláusula principal del contrato que expresa con claridad el contenido de la misma que no es otro que los límites al tipo de interés, señalando como límite inferior el 3% nominal anual, que aparecía resaltado en negrita.

Para la Audiencia Provincial, existen elementos probatorios que revelan que el establecimiento de dicha cláusula fue negociada individualmente  entre los actores y la entidad demandada, a los que se les entregaron unos cuadros simulados de amortización donde se reflejaba necesariamente la activación de ese mínimo del 3%, señalando también que la entidad Caja Rural aplicó un “suelo” inferior al tipo usual aplicado por dicha entidad. En base a  dichos elementos probatorios, la Audiencia considera por tanto que “los actores conocían con precisión el alcance y las consecuencias de la aplicación de la cláusula suelo, que negociaron individualmente y terminaron por aceptar en uso de su autonomía negocial.” Además, tal y como declaró en el acto del juicio la Notaria autorizante del contrato, reconoció la advertencia legal que realizó a los contratantes sobre la cláusula de variación del tipo de interés en el momento del otorgamiento de la escritura.

La sentencia del Tribunal Supremo, desestimando el recurso de casación interpuesto por los contratantes con motivo de infracción por parte de la Audiencia Provincial de la jurisprudencia contenía en la Sentencia de 9 de mayo de 2013, advierte que , “en el caso de las acciones individuales de nulidad de condiciones generales de la contratación, y a diferencia de lo que ocurre en las acciones colectivas, el juicio sobre la transparencia de la cláusula no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o a los documentos relacionados, como la previa oferta vinculante, sino que pueden tenerse en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor y este estuviera en condiciones de percatarse de la carga económica y jurídica que implicaba. Por lo tanto, la labor del notario que autoriza la operación puede ser un elemento a valorar para medir la transparencia de una cláusula suelo en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas y acabar de cumplir con las exigencias de información que subyacen al deber de transparencia.”

 

La falta de legitimación de las Entidades Bancarias en  los procesos de ejecución sobre préstamos titulizados.

Los fondos de titulización, regulados en la Ley 19/1992 de 7 de julio sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria y  en Ley 5/15 de 27 de abril de fomento de financiación empresarial, consiste en un procedimiento en el que la entidad financiera, la cual es titular inicial del préstamo hipotecario, fracciona los créditos en participaciones homogéneas, agrupándolas en un Fondo de Titulización de Activos, el cual, tal y como establece el artículo 15 de la Ley 5/15, se configura como un ente sin personalidad jurídica. Estos Fondos de Titulización de activos son gestionados y administrados por sociedades mercantiles especializadas en la gestión de  negocios ajenos. A través de estas sociedades gestoras de fondos de titulización, se transforman los activos ilíquidos en activos financieros negociables, lo que supone la posibilidad de poder sanear los balances de las entidades financieras liberando los pasivos que servían de base a los activos cedidos.

Cuando se produce la titulización de un préstamo hipotecario, la entidad financiera deja de ser la acreedora del préstamo por lo que no tiene la legitimación activa para interponer una demanda ejecutiva solicitando el abono del crédito, conforme al art.10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentid el Banco de España ya se pronunció el 26 de marzo de 2015 a raíz de una consulta previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se establecía que “De conformidad con la Ley 19/1992 sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria, la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo, deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral  y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración”

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Si el banco ha titulizado el préstamo no podrá actuar posteriormente como acreedor y solicitar que se despache ejecución, y así es como lo están disponiendo la mayoría de Juzgados de Primera instancia en sus autos, los cuales desestiman las demandas interpuestas por las Entidades financieras al considerar la falta de legitimación activa, produciéndose el archivo de las actuaciones. Así lo establece el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Benidorm (Auto nº343/2016) de 5 de julio de 2016, a partir de la demanda ejecutiva interpuesta por la entidad BANCO SABADELL S.A en base a un préstamo que había sido titulizado.

En dicho Auto se recoge que “el despacho de la ejecución a favor de quien no ostenta la condición de parte legítima debe declararse nulo por no haberse seguido las normas esenciales del procedimiento al faltar uno de los requisitos fundamentales de la acción ejercitada, y es que la entidad demandante no era titular del crédito que pretendía ejecutar, a tenor del artículo 225.3º de la LEC, y en base a ello, debe archivarse el actual proceso.”

¿El banco te reclama la vivienda judicialmente? La oposición a la ejecución hipotecaria.

 

Sin duda, una de las situaciones más complicadas a las que se tiene que afrontar el deudor hipotecario  comienza con la interposición por la entidad financiera  de una demanda ejecutiva reclamándole no solamente la cuotas impagadas, sino además, la totalidad del préstamo hipotecario, intereses de demora y costas procesales. En este momento y debido al escaso margen de actuación que establece el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo un plazo de diez días para formular oposición, recordamos la importancia de ser asesorados por abogados especialistas  en aras de evitar esa falta de oposición que conllevaría a perjuicios más graves para el deudor, al poder encontrarse  en un momento posterior en una subasta judicial y  la  consecuente adjudicación, por la entidad financiera, de la vivienda por el 50% del valor con el que hubiera salido en subasta, si no concurriera ningún postor a la subasta (70% en el caso de que fuera vivienda habitual). Por ello, desde el Despacho Navarro & La Rosa, abogados especialistas en   materia hipotecaria, analizamos  cuales son las causas de oposiciones que determina la ley de enjuiciamiento civil.

Tal y como recoge el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece una serie de causas tasadas las cuales podremos alegar como causa de oposición  a la ejecución hipotecaria. Estos motivos son:

A) Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registros expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prensa sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.

B) Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

C) En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral.

D) El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.

El auto que estime la  oposición basada en  las causas A) y B) producirá el sobreseimiento del proceso de ejecución. En cambio, no ocurrirá lo mismo cuando la causa de oposición se funde en un error en la determinación de la cantidad exigible, motivo D), cuyo auto de estimación  fijará la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución.http://nlrabogadosalicante.com/noticias/?p=925&preview=true

El motivo más relevante y sobre el cual queremos incidir, por ser una de las causas que mayor protección otorga al deudor hipotecario, es el motivo de oposición a la ejecución por la existencia de cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario, como  puede ser la cláusula de vencimiento anticipado o la cláusula de limitación a la baja de la variación del tipo de interés, cuando refleje falta de información o transparencia. No obstante, no todas las cláusulas abusivas son susceptibles de suspender la ejecución sino sólo aquellas que sean fundamento esencial de la ejecución hipotecaria, siendo las demás tenidas por no puestas, por lo que continuará la ejecución sin aplicar dicha cláusula.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante queda a vuestra disposición para atender cualquier cuestión acerca de este procedimiento pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o a través del email info@NLRabogadosalicante.com

 

La solución extrajudicial del Gobierno a las cláusulas Suelo

Ante la inminencia de la entrada en vigor del Real Decreto que está preparando el Gobierno con el objetivo de establecer un sistema extrajudicial para devolver lo cobrado de más en las cuotas de préstamos hipotecarias a través de las “Cláusulas Suelo”, desde el despacho de abogados Navarro & La Rosa, especialistas en derecho bancario, os informamos de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento y prevenir a los perjudicados que, en el caso de no estar de acuerdo con el desglose realizado por el banco sobre la cantidad a devolver, reclamen judicialmente lo que les corresponde.

Las entidades deberán a empezar a establecer departamentos o servicios especializados donde se encargaran de atender las reclamaciones presentadas. El procedimiento, que será obligatorio para los bancos y gratuito y voluntario para los clientes, otorgará un plazo de 3 meses para poder resolver aquellas reclamaciones interpuestas. El banco ante la reclamación podrá:

1. Considerar que no procede dicha reclamación, comunicando al consumidor los motivos de su decisión. En esta situación, se dará por concluido el procedimiento extrajudicial y no quedará otra alternativa que acudir a procedimiento judicial. También será considerado como desestimación, el silencio positivo de la entidad si no contesta a nuestra reclamación en el plazo de 3 meses

2. Aceptar la reclamación. Recibida la reclamación del consumidor, el banco realizará un estudio y calculará la cantidad a devolver, donde deberá aparecer desglosada también la cantidad que corresponda en concepto de intereses. El consumidor deberá prestar mucha atención a la propuesta del banco y si corresponde con las cantidades a las que tiene derecho. Es más que aconsejable la valoración de la propuesta por un profesional ya que, si el consumidor acepta la propuesta del banco y resulta que esta era inferior a lo efectivamente debido, será muy difícil que los juzgados reconozcan una nueva pretensión si ya se ha alcanzado un acuerdo con el banco.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

En cuanto a la forma de devolución de las cantidades cobradas por las cláusulas suelo, deberían ser en efectivo aunque la norma abrirá la posibilidad a que los bancos también puedan acordar con los consumidores otra formas de compensación como por ejemplo, minorar el capital del préstamo. Ante esto deberemos estar bien asesorados por profesionales y valorar los pros y los contras.

Por ejemplo, si el banco nos debe devolver 5000 euros y la hipoteca se firmó a 30 años de los que quedan 15 años todavía, es posible que la cuota mensual se vea disminuida tan solo en 30 euros. Cada consumidor deberá valorar si merece la pena minorar la cuota en esa cuantía. Todo dependerá del diferencial que nos ofrezca el banco y qué tratamiento fiscal favorable se otorgará, el cual esperamos nos saque de duda cuando entre en vigor el Real Decreto.

Las cláusulas abusivas de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario

Si la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo ha supuesto una nueva interpretación mas favorable para los consumidores, estableciendo la retroactividad desde el inicio de la relación crediticia y no solamente desde mayo de 2013 (como estableció erróneamente el Tribunal Supremo), se abre un nuevo frente que también va a suponer un perjuicio para los bancos que hayan incluido cláusulas abusivas de vencimiento anticipado.

Las cláusulas de vencimiento anticipado son un tipo de cláusulas que permiten al banco acudir a un procedimiento de ejecución hipotecaria para resolver el contrato antes de la fecha de vencimiento, en caso de impago de parte del capital o de los intereses del préstamo. Con esta cláusula los bancos pueden acudir a un procedimiento de ejecución hipotecaria donde tendrán la facultad de reclamar no solo la totalidad del préstamo hipotecario, sino también todas aquellas cuotas que no han vencido todavía y sus correspondientes intereses, sin mencionar las costas reclamadas al demandado.

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El problema que cuestionaba este tipo de cláusulas de vencimiento anticipado surgía cuando en su inclusión en los contratos hipotecarios no establecían un número de cuotas que permitirán al banco iniciar un proceso de ejecución hipotecaria, por lo que los banco ante el impago de una sola cuota hipotecaría, se amparaban en dicha cláusula y en base al art.693LEC que permitía este procedimiento ejecutorio. Si bien en 2013 se llevó a cabo una leve reforma de dicho artículo, estableciendo un mínimo de 3 mensualidades para que el acreedor pudiera solicitar la ejecución, los bancos ante el conocimiento de la abusividad de dicha cláusula, retrasaban sus procedimientos el tiempo establecido por ley y así poder reclamar amparándose supuestamente en dicha norma. En este sentido, se presentaron cuestiones prejudiciales por parte de los juzgados españoles ante el Tribunal de Justicia Europeo en base a si debían ser consideradas por no puestas las cláusulas abusivas de vencimiento anticipado que no respetara el límite del Art. 693.2 de la LEC, aunque los bancos esperasen o rebasaran el límite establecido en la norma.

Frente a esta cuestión prejudicial planteada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió mediante Auto de 15 de junio de 2015 en el que se establecía que si los jueces consideraban la nulidad de dicha cláusula como abusiva, aunque no haya llegado a aplicarse, el Juez deberá eliminar dicha cláusula suelo y declarar nulo o inexistente dicha ejecución hipotecaria. Puedes descargar el Auto de  del Tribunal de Justicia  de la Unión Europea pulsando AQUÍ

A raíz de dicho Auto, son numerosas las sentencias de tribunales españoles donde se prohíben a los bancos ejercitar dicha cláusula y solicitar la ejecución hipotecaría por el mero hecho de incumplimiento de tres cuotas, teniendo el Juez que valorar si dicha cláusula es desproporcionada con la entidad del incumplimiento o por el contrario concurre justa causa, mala fe en el hipotecado frente a sus impagos y una manifiesta dejación en sus obligaciones.

Frente a este tipo de cláusulas, el TJUE ya se pronunció mediante sentencia de 14 de marzo de 2013 en el denominado caso Aziz en el que estableció unos parámetros para enjuiciar dicha cláusula y donde se menciona que corresponde al Juez remitente comprobar “si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo”

Lo que está señalando el Tribunal de Justicia Europeo en su Auto es que dicho retraso no provoca automáticamente la cancelación anticipada del préstamo ya que debe ser el que valore si el incumplimiento es de notoria entidad. Para ello valorará el capital del préstamo, los años que ha cumplido el principal y las consecuencias de dicho incumplimiento.

Si firmaste con tu banco o caja de ahorro una hipoteca entre 2006-2009 y has notado que estos últimos años no ha disminuido sensiblemente tu cuota hipotecaria, pese a que el Euribor lleva varios años bajando, es muy probable que sea uno de los perjudicados por las llamadas cláusulas suelo. Estudios llevados a cabo por Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros estiman que el 80% del total de las hipotecas firmadas a un tipo variable contendrían cláusulas suelo, llegando a establecer una cifra de afectados en torno a unos dos millones de perjudicados. Esto supone que los banco pueden verse obligados a devolver mas de 5.200 millones de euros.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que son cláusulas suelo y cómo son consideradas en el panorama legal. La cláusula suelo es una cláusula contractual la cual establece un límite al interés que hay que aplicar en la cuota aunque el tipo de interés (euribor) baje, por lo que nunca podrían reducirse por debajo de ese límite.especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicante

Dichas cláusulas suelo no son consideras como cláusulas ilegales y son utilizadas por los bancos. El problema surge cuando esa cláusula no ha sido perfectamente informada al cliente, provocando con ello que el cliente no pudiera ser beneficiado de esas bajadas de interés, llegando a ser consideradas por los Tribunales como clausulas abusivas y ,por tanto, nulas. Una cláusula nula nunca podrá ser considerada que ha existido y no podrá tener efectos frente al consumidor.

La Sentencia de 21 de diciembre del TJUE ha supuesto un mazazo para los bancos ya que no sólo ha reconocido la nulidad de dichas cláusulas que no hayan sido informadas debidamente, sino también su retroactividad, pudiendo reclamar las cantidades cobradas de más desde el inicio del préstamo hipotecario y no sólo desde mayo de 2013 como estableció el Tribunal Supremo. A raíz de de dicha sentencia, los bancos están ofreciendo a los clientes que contrataron hipotecas con cláusulas suelo acuerdos en los que si bien suelen asegurar la devolución del dinero cobrado de más, no suelen hacer mención a la devolución también de los intereses generados, con el fin de que no acudan a un procedimiento judicial donde obtendrían una sentencia muy desfavorable a los intereses del banco y en el cual estarían obligados a pagar las costas. Por ello, para evitar que los bancos se puedan volver a aprovechar de sus clientes, es recomendable no firmar ningún acuerdo con el banco sin previamente ser revisado por un abogado experto en derecho bancario y financiero, el cual estudiará y analizará vuestra situación hipotecaria abogando por obtener el resultado más satisfactorio para el afectado por dichas cláusulas abusivas

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Los Bancos obligados por el TJUE a devolver todo el dinero cobrado por aplicación de las cláusulas suelo nulas.

Como no puede ser de otra forma, desde Navarro & La Rosa Abogados debemos hacernos eco de la que es la noticia del día. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado hoy la sentencia por la que declara la obligación de las entidades bancarias de devolver las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de las denominadas cláusulas suelo que sean nulas.

especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicanteFrancamente esto supone un varapalo para las entidades bancarias que, según se prevé, tendrán un auténtico aluvión de reclamaciones. Sin embargo, debemos reconocer que la decisión del TJUE no deja de ser tan valiente como justa y por eso la aplaudimos. Muchos eran los temores de que los argumentos económicos de índole catastrofista pudieran influir sobremanera en el fallo del Tribunal. Pero no ha sido así y es que cuando una cláusula es nula, es nula, y ha de tenerse por no puesta con todos los efectos jurídicos que de tal declaración se deriven. Entendemos que en Derecho no tienen cabida las “medias tintas” como la opción que planteaba el Tribunal Supremo de la “retroactividad limitada” a la fecha de su famosa sentencia de mayo de 2013.

Ya se pronunciaron miembros del Tribunal Supremo en este sentido, a través de votos particulares, reprochando a sus compañeros que “el verdadero motivo de la limitación del efecto retroactivo de la nulidad de la cláusula, en su momento, no fue otro que el posible riesgo de trastornos sistémicos en las entidades financieras; riesgo que ha desaparecido merced al saneamiento financiero efectuado”.

El carácter abusivo e ilegal de dicha cláusula suelo ha quedado en evidencia cuando se observa el brutal y demoledor impacto que ha tenido en las economías modestas de los consumidores que han visto durante años como no podían beneficiarse de un Euribor a la baja.

El Tribunal de Justicia de la UE es especialmente elocuente en sus párrafos 61 y 62 de su Sentencia que dicen así:

61. De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

62. De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes.”

Puedes descargar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 pulsando AQUI.

Esta sentencia, previsiblemente, impulsará a los afectados que ya recibieron la devolución de parte de las cantidades (atendiendo al límite temporal de mayo de 2013) a reclamar la devolución dé la totalidad de las cantidades, es decir, las pagadas en virtud de la cláusula suelo con anterioridad al repetido mes.

Asimismo, estamos seguros de que producirá un efecto llamada en aquellos afectados que todavía no se decidieron a reclamar, a iniciar de inmediato los trámites extrajudiciales y judiciales a tal fin.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante queda a vuestra disposición para atender cualquier cuestión acerca de este procedimiento y cómo iniciar el proceso de reclamación de las cantidades cobradas indebidamente pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o a través del email info@NLRabogadosalicante.com

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