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¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

La constitución española, en su artículo 119,  establece que  “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En base a dicho precepto constitucional, el legislador llevó a cabo la elaboración de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, con el fin de regular un sistema de justicia gratuita que permitiera a los ciudadanos con insuficiencia económica proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y no verse obstaculizados a dicho acceso por razones económicas, garantizando así un acceso a la justicia en condiciones de igualdad  para todos los ciudadanos.

El artículo 2 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita establece quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, los cuales son:

1) Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

2) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a la Seguridad Socialen todo caso.

3) Las Asociaciones de utilidad pública  así como las Fundaciones inscritas en el Registro Público cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

4) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

5) En el orden contencioso, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España,  a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

6) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situación de abuso o maltrato.

7) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

8) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

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Por lo tanto, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se deberá  acreditar que sus ingresos económicos no superan los siguientes umbrales los cuales se basan en el IPREM como índice de referencia y cuya cuantía en 2017 se fija en 532,51 €:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Será la Comisión de Justicia Gratuita la que estimará o desestimará la solicitud, la cual tendrá en cuenta además de las rentas  otros bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, pudiendo negar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos revelan que dispone de medios económicos que superan el límite fijado.

Por último es importante recordar que el abogado podrá reclamar su minuta cuando la Comisión de Justicia Gratuita desestimara la pretensión del solicitante y hubiese habido designación provisional de abogado, pudiendo el letrado reclamar los honorarios ocasionados por la intervención realizada hasta la desestimación definitiva de la resolución.

 

 

La Condena en Costas.

Antes  de iniciar un procedimiento judicial   es necesario tener en cuenta  que, dependiendo de si nuestras pretensiones son estimadas o desestimadas por el Tribunal, ello puede conllevar a que debamos hacer frente a  los gastos  de las actuaciones  procesales no sólo de nuestra representación, sino también de la parte contraria en el caso de que nuestra pretensión sea desestimada. Por ello, hoy abordaremos este tema a fin de que podáis tener  conocimiento sobre cuáles son las situaciones en las que procede imponer la condena en costas.

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  1. Las costas Procesales.

Las costas podríamos definirlas como aquellos gastos procesales derivados de la propia actividad procesal y cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en el proceso. Según establece el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán considerados gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:

  • Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean obligatorias.
  • Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
  • Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
  • Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
  • Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el Tribunal a registros y protocolo públicos, que serán gratuitos.
  • Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
  • La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea obligatoria. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.
  1. La condena en costas.

Los criterios que regulan la condena en constas se recogen en los artículos 394 a 398 de la  Ley  de Enjuiciamiento Civil, donde se recoge las situaciones en las que dará lugar a la condena en costas dependiendo de los diferentes resultados que pueda arrojar el proceso:

a) Procesos que concluyan con la desestimación de todas las pretensiones de una de las partes.

Según dispone el artículo 394.1 de la LEC, las costas de la primera instancia  se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas su pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de  derecho que justifiquen su no imposición. Para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

b) Procesos que concluyan con la estimación o desestimación parcial de las pretensiones.

Si fuera parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, si el Juez apreciara que uno de los litigantes ha litigado con temeridad podrá imponerle la totalidad de las  costas. Se  entenderá que se ha actuado con temeridad cuando se interponga la acción  judicial de  forma maliciosa  a sabiendas que la pretensión es injusta.

 c) Procesos en los que se produce el allanamiento del demandado.

En el supuesto de que el demandado se allanara a la demanda antes de contestarla, el artículo 395 de la LEC establece una regla general y una excepcional que dependerá  de si la actuación del demandado es contraria a las exigencias de la buena fe.

Según la regla general, no procederá la imposición de costas cuando el demandado se allanara a la demanda antes de contestarla. Sin embargo, si el tribunal apreciara mala fe en su conducta, la cual será razonada por el Tribunal, podrá imponer las costas derivadas del proceso pese a su allanamiento antes del trámite de contestación a la demanda.

Se entenderá que existe mala fe si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.

Si el allanamiento se produjera después de contestar a la demanda, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC, por lo que si contestada a la demanda, el demandante ve sus pretensiones estimadas, el demandado será condenado a abonar las costas del procedimiento.

d) Procesos que concluyan por desistimiento del demandante.

En este supuesto, el Tribunal impondrá las costas procesales al actor que desista en su pretensión en función de si el demandado ha consentido o no su desistimiento. Si el desistimiento no fuera consentido por el demandado,  deberá el demandante hacer frente de todas las costas. En cambio, si el desistimiento fuera consentido por el demandado no se condenará en costas a ninguno de los litigantes.

  1. Importe de las costas.

Según dispone el artículo 394.2 LEC, cuando se impusieran las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesiones que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieran obtenido tal pronunciamiento. A los efectos de determinar el importe de las costas en procedimientos cuyas pretensiones son inestimables, se valorarán en 18.000€ salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

Por último señalar que esta limitación del importe a pagar por el litigante vencido de una tercera parte de la cuantía del proceso no se aplicará cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas, en cuyo caso deberá abonar la totalidad de las costas propias, así como las de las parte contraria.

 

 

LA INDEMNIZACIÓN POR LESIONES TEMPORALES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO.

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Tal y como establece el artículo 134  del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, las lesiones temporales son aquellas que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela.

La indemnización reclamable a la compañía aseguradora se debe cuantificar conforme a la siguiente tabla en la que se refleja las cuantías referentes al perjuicio personal básico, al perjuicio personal particular y el perjuicio patrimonial sufrido en el accidente.

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¿Qué va a determinar que se gradúe de una forma u otra?

De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el perjuicio por pérdida temporal de calidad de vida podrá ser considerado como moderado, grave o muy grave, la cual dependerá de cómo afecten las lesiones a la vida ordinario del lesionado.

Será considerado como perjuicio moderado, aquel en el que el lesionado pierda temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal.

Si el perjuicio ocasionado al lesionado provocara la pérdida temporal de su autonomía personal para realizar una parte relevante de las actividades esenciales de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal o se requiera la estancia hospitalaria, deberá ser considerado como perjuicio grave.

En cambio, si el perjuicio ocasionado es de tal entidad que el lesionado pierde temporalmente su autonomía personal para realizar casi la totalidad de actividades esenciales de la vida ordinaria o se produzca el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos, estaremos ante un perjuicio muy grave, la cual tiene asignada una indemnización de 100 euros por día.

En el caso que las lesiones sufridas no se encuadren dentro de los perjuicios moderados, graves o muy graves, pero se requiera de rehabilitación para la sanación de las lesiones sufridas, deberemos acudir a la indemnización por perjuicio personal básico, cuya cuantía será de 30 euros por cada día de periodo curativo.

El plazo para calcular el cómputo total de la cantidad reclamada comenzará a contar desde el día en que se produjo el accidente de tráfico hasta el día en que se ha recibido el alta o en el momento en que nuestras lesiones se hayan estabilizado.

Abogados Alicante - Especialistas en Accidentes de Tráico

Abogados Alicante – Especialistas en Accidentes de Tráico

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY PARA ENDURECER LOS CASTIGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

El  pasado día 22 de Junio de 2017 se presentó ante el Congreso la nueva Proposición de Ley, por la que se modifica el Código Penal, con el objetivo de ofrecer una mayor protección en materia de seguridad vial  a ciclistas y peatones, cuya proposición recoge además la regulación del delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales.

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Dicha proposición de ley propone calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atente contra la integridad de las personas en tres supuestos:

1) Cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

2) Cuando se hace bajo la influencia de drogas.

3) Cuando se hace bajo la influencia de alcohol.

Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.

En los accidentes cometidos como consecuencias de dichas imprudencias y que lleven como resultado varias víctimas, el juez podrá elevar la pena por encima del máximo actual pudiendo imponer penas de hasta 9 años de prisión, frente a la condena máxima de 4 años de prisión que recoge la legislación actual.

Además, la proposición de Ley permitirá sancionar de forma independiente todas las infracciones del conductor previas al accidente, frente a la regulación actual que sólo era castigado por la infracción más grave, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo.

 Por último, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo. Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido.

 

¿En Qué se diferencia el lucro cesante del daño emergente?

El lucro cesante, a diferencia del daño emergente el cual podemos definirlo como el daño real y efectivo que conlleva a la disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso, se apoya en la presunción de cómo se habrían sucedido los sucesos en el caso de no haber tenido lugar el hecho dañoso. Tal y como estableció la Sala Primera del Tribunal Supremo en base al art.1106 Código Civil, el 14 de julio de 2004, rec. 3427/1997, el lucro cesante ha de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso dañoso no se hubiera producido.

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Por lo tanto, el lucro cesante deberá incluir no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también  el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, lo cual no se debe confundir con las ganancias inciertas que hubiera podido obtener si no se hubiera producido el suceso dañoso.

Para probar que dicho perjuicio debe ser restituido y el derecho a ser indemnizado por la ganancia dejada de obtener como consecuencia del evento dañoso deberá probarse:

1) La existencia y realidad de un daño o de un beneficio dejado de obtener.

2) La cuantía de ese daño o de ese lucro cesante.

3) El nexo causal entre el daño o beneficio dejado de percibir y e acto ilícito o el incumplimiento contractual.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

El Tribunal Supremo permite reclamar deudas existentes de empresas extinguidas.

El Tribunal Supremo, en fecha de 24 de mayo de 2017, ha unificado la doctrina en relación con la capacidad de sociedades para ser parte en procesos una vez están disueltas, liquidadas y canceladas en el Registro Mercantil. La Sala de lo Civil del Tribunal supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto al considerar que  si bien la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de los asientos registrales de la sociedad extinguida conlleva la pérdida de su personalidad jurídica, continuará conservando esta personalidad respecto de las reclamaciones pendientes de pasivos sobrevenidos los cuales deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación de la sociedad, por lo que la sociedad sigue teniendo personalidad y capacidad para ser parte demandada.

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Esta tesis, la cual ya venía manteniendo la Dirección General de los Registros y el Notariado, considera que aunque la inscripción de la extinción y su consiguiente cancelación de los asientos registrales conlleva la pérdida de la personalidad jurídica en cuanto a su capacidad para operar en el mercado como tal, pero mantiene esta personalidad respecto de las reclamaciones pendientes.

Podéis descargaros la Sentencia pulsando AQUÍ

 

¿En qué consiste la acción revocatoria o pauliana?

La acción revocatoria o pauliana, prevista en el artículo 1111 del Código Civil y en los artículos 1291 a 1299 de dicho código, es aquella acción que permite a los acreedores solicitar la revocación de aquellos actos que el deudor haya realizado en fraude del derecho de  aquellos. Esta acción faculta a los acreedores para dirigirse directamente contra los terceros que participaron en el fraude. Además, tal y como establece el artículo 1294 el Código Civil,  esta acción  es subsidiaria, en el sentido de que el acreedor sólo puede ejercitarla cuando carezca de cualquier otro medio para obtener la efectividad de su crédito.

La acción revocatoria tiene un plazo de caducidad de cuatro años desde la realización del acto fraudulento y para solicitarla debe de cumplirse una serie de requisitos:

  1. Que exista un derecho de crédito a favor del acreedor.
  2. Que el deudor haya realizado un acto de disposición con ventaja o beneficio.
  3. Que se produzca un perjuicio al acreedor como consecuencia del acto de disposición
  4. Que el acto de disposición sea fraudulento, con intención de perjudicar a los acreedores.
  5. Que el adquirente haya sido cómplice en el fraude.

Deberá ser el acreedor el que demuestre  que el acto de disposición ha determinado o aumentado la insolvencia del deudor, que no existen otros bienes del deudor y que el acreedor no tiene otro medio legal de satisfacer su crédito. Una vez probado dichas circunstancias, el ejercicio de dicha acción tendrá como efecto la revocación del acto fraudulento, siempre que no se lesionen los intereses de terceros de buena fe, pues en ese caso sólo dará lugar a una indemnización de daños y perjuicios.

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LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS Y LAS CONSECUENCIAS DE SU NULIDAD.

Las cláusulas abusivas  son definidas en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. De dicha redacción podemos destacar que deben concurrir varios elementos para que una cláusula contractual pueda ser considerada abusiva:

  1. El adherente ha de tener la condición de consumidor o usuario a tenor de lo establecido en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entendiendo como tales a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad empresarial.
  2. Que se traten de condiciones generales impuestas a través de contratos de adhesión en los que el consumidor o usuario no tiene facultad para negociar o modificar las cláusulas, limitándose a aceptar o rechazar el contrato en su totalidad.
  3. Que la cláusula sea contraria a las exigencias de la buena fe.
  4. Qué la existencia de dicha cláusula cause un desequilibrio importante en la relación contractual de los derechos y obligaciones de las partes.

La consecuencia de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos suscritos por consumidores y usuarios debe ser la nulidad de dicha cláusula y de sus efectos, sin que afecte a la vigencia del contrato, el cual podrá subsistir sin la misma. Así lo estable el artículo 83 del Texto Refundido en donde se establece que “las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstane, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. Por tanto, el Juez tiene la obligación de pronunciarse sobre el carácter abusivo de la cláusula sin poder modificar ni integrar el contenido del contrato, limitándose por tanto a declarar su nulidad.especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicante

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Las cláusulas limitativas en las pólizas de seguros.

Las cláusulas limitativas de derechos son aquellas estipulaciones que se recogen en las pólizas de seguros con el fin de restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. Estas cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiera producido. La Ley 50/1980 de Contrato de seguros estable en su artículo 3 que las “cláusulas limitativas de los derechos del asegurado deberán ser específicamente aceptadas por escrito”. Así lo corroboran las Sentencias del Tribunal Supremo 268/2011 de 20 de abril y la Sentencia del Tribunal Supremo 516/2009 de 15 de julio, estableciendo que las cláusulas limitativas deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riego cubierto.

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Estas cláusulas limitativas no podemos confundirlas con las cláusulas de delimitación de cobertura, las cuales están destinadas a concretar el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. Conviene señalar que la Directiva 93/13/CEE  establece que estas cláusulas que definen o delimitan el riesgo del asegurado y el compromiso del asegurador no son objeto de dicha apreciación de abusividad, ya que dichas limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor.

Recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la resolución 147/2017 ha considerado estimar el recurso de casación interpuesto por una asegurada, la cual se le negaba una pensión de invalidez, contra la compañía aseguradora “AMCI Seguros y Reaseguros S.A” por vulneración de los deberes del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros y del principio de transparencia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aprecia un “insólito plus” en la cláusula controvertida que determina su carácter sorpresivo respecto de la prestación asegurada (pensión de invalidez), asimilándola más bien a un seguro de “gran dependencia” o de “gran invalidez”, y la convierte en una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, introduciendo una confusión y contradicción entre las cláusulas particulares y generales del contrato  que vulnera los deberes de claridad y precisión que exige el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros. Se condena a la entidad aseguradora al pago de la prestación periódica prevista en la póliza así como al pago de los intereses de demora contemplado en el artículo 20 de dicha Ley.

 

LA INASISTENCIA DE LAS PARTES A LA VISTA EN JUICIOS VERBALES.

La inasistencia de las partes debidamente notificadas mediante  citación judicial, artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  a la vista del juicio verbal tendrá diferentes efectos que dependerán de cuál sea nuestra condición de parte en proceso.

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El artículo 442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que si el demandante no asiste a la vista señalada por el Letrado de la Administración de Justicia y el demandado no alegara interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se dictará auto, en el acto de la vista, teniendo por desistido al actor de la demanda. Además se le impondrán las costas causadas a la otra parte y se le condenará a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el demandado comparecido si este lo solicita y lo acredita. En cambio, si el demandado alega interés legítimo en continuar el proceso, este continuará hasta finalizar por sentencia, pudiendo el actor volver a plantear su petición al no producir el desistimiento efectos de cosa juzgada.

Cuestión más perjudicial para la defensa jurídica del demandado sería su inasistencia pues la Ley de enjuiciamiento Civil establece que su inasistencia no impedirá la continuación del procedimiento en curso, declarándole en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio su curso.  Esto conllevará que el demandado que comparezca posteriormente no podrá solicitar retroceder las actuaciones y en casos especiales como en los juicios verbales para la protección de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad o en los juicios verbales sobre venta a plazos de bienes muebles y arrendamientos financieros, su inasistencia podrá ser considerara como allanamiento o  admisión de los hechos de la demanda.