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Categoría de responsabilidad civil, seguro y tráfico. Derecho Civil. Abogados especialistas.

LA INDEMNIZACIÓN POR LESIONES TEMPORALES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

Tal y como establece el artículo 134  del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, las lesiones temporales son aquellas que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela.

La indemnización reclamable a la compañía aseguradora se debe cuantificar conforme a la siguiente tabla en la que se refleja las cuantías referentes al perjuicio personal básico, al perjuicio personal particular y el perjuicio patrimonial sufrido en el accidente.

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¿Qué va a determinar que se gradúe de una forma u otra?

De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el perjuicio por pérdida temporal de calidad de vida podrá ser considerado como moderado, grave o muy grave, la cual dependerá de cómo afecten las lesiones a la vida ordinario del lesionado.

Será considerado como perjuicio moderado, aquel en el que el lesionado pierda temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal.

Si el perjuicio ocasionado al lesionado provocara la pérdida temporal de su autonomía personal para realizar una parte relevante de las actividades esenciales de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal o se requiera la estancia hospitalaria, deberá ser considerado como perjuicio grave.

En cambio, si el perjuicio ocasionado es de tal entidad que el lesionado pierde temporalmente su autonomía personal para realizar casi la totalidad de actividades esenciales de la vida ordinaria o se produzca el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos, estaremos ante un perjuicio muy grave, la cual tiene asignada una indemnización de 100 euros por día.

En el caso que las lesiones sufridas no se encuadren dentro de los perjuicios moderados, graves o muy graves, pero se requiera de rehabilitación para la sanación de las lesiones sufridas, deberemos acudir a la indemnización por perjuicio personal básico, cuya cuantía será de 30 euros por cada día de periodo curativo.

El plazo para calcular el cómputo total de la cantidad reclamada comenzará a contar desde el día en que se produjo el accidente de tráfico hasta el día en que se ha recibido el alta o en el momento en que nuestras lesiones se hayan estabilizado.

Abogados Alicante - Especialistas en Accidentes de Tráico

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Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY PARA ENDURECER LOS CASTIGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

El  pasado día 22 de Junio de 2017 se presentó ante el Congreso la nueva Proposición de Ley, por la que se modifica el Código Penal, con el objetivo de ofrecer una mayor protección en materia de seguridad vial  a ciclistas y peatones, cuya proposición recoge además la regulación del delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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Dicha proposición de ley propone calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atente contra la integridad de las personas en tres supuestos:

1) Cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

2) Cuando se hace bajo la influencia de drogas.

3) Cuando se hace bajo la influencia de alcohol.

Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.

En los accidentes cometidos como consecuencias de dichas imprudencias y que lleven como resultado varias víctimas, el juez podrá elevar la pena por encima del máximo actual pudiendo imponer penas de hasta 9 años de prisión, frente a la condena máxima de 4 años de prisión que recoge la legislación actual.

Además, la proposición de Ley permitirá sancionar de forma independiente todas las infracciones del conductor previas al accidente, frente a la regulación actual que sólo era castigado por la infracción más grave, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo.

 Por último, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo. Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido.

 

¿En Qué se diferencia el lucro cesante del daño emergente?

El lucro cesante, a diferencia del daño emergente el cual podemos definirlo como el daño real y efectivo que conlleva a la disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso, se apoya en la presunción de cómo se habrían sucedido los sucesos en el caso de no haber tenido lugar el hecho dañoso. Tal y como estableció la Sala Primera del Tribunal Supremo en base al art.1106 Código Civil, el 14 de julio de 2004, rec. 3427/1997, el lucro cesante ha de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso dañoso no se hubiera producido.

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Por lo tanto, el lucro cesante deberá incluir no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también  el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, lo cual no se debe confundir con las ganancias inciertas que hubiera podido obtener si no se hubiera producido el suceso dañoso.

Para probar que dicho perjuicio debe ser restituido y el derecho a ser indemnizado por la ganancia dejada de obtener como consecuencia del evento dañoso deberá probarse:

1) La existencia y realidad de un daño o de un beneficio dejado de obtener.

2) La cuantía de ese daño o de ese lucro cesante.

3) El nexo causal entre el daño o beneficio dejado de percibir y e acto ilícito o el incumplimiento contractual.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

Las cláusulas limitativas en las pólizas de seguros.

Las cláusulas limitativas de derechos son aquellas estipulaciones que se recogen en las pólizas de seguros con el fin de restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. Estas cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiera producido. La Ley 50/1980 de Contrato de seguros estable en su artículo 3 que las “cláusulas limitativas de los derechos del asegurado deberán ser específicamente aceptadas por escrito”. Así lo corroboran las Sentencias del Tribunal Supremo 268/2011 de 20 de abril y la Sentencia del Tribunal Supremo 516/2009 de 15 de julio, estableciendo que las cláusulas limitativas deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riego cubierto.

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Estas cláusulas limitativas no podemos confundirlas con las cláusulas de delimitación de cobertura, las cuales están destinadas a concretar el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. Conviene señalar que la Directiva 93/13/CEE  establece que estas cláusulas que definen o delimitan el riesgo del asegurado y el compromiso del asegurador no son objeto de dicha apreciación de abusividad, ya que dichas limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor.

Recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la resolución 147/2017 ha considerado estimar el recurso de casación interpuesto por una asegurada, la cual se le negaba una pensión de invalidez, contra la compañía aseguradora “AMCI Seguros y Reaseguros S.A” por vulneración de los deberes del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros y del principio de transparencia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aprecia un “insólito plus” en la cláusula controvertida que determina su carácter sorpresivo respecto de la prestación asegurada (pensión de invalidez), asimilándola más bien a un seguro de “gran dependencia” o de “gran invalidez”, y la convierte en una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, introduciendo una confusión y contradicción entre las cláusulas particulares y generales del contrato  que vulnera los deberes de claridad y precisión que exige el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros. Se condena a la entidad aseguradora al pago de la prestación periódica prevista en la póliza así como al pago de los intereses de demora contemplado en el artículo 20 de dicha Ley.

 

La responsabilidad del vendedor por los defectos ocultos en la compraventa.

Cuando se formaliza un contrato de compraventa de bienes mueble suele incluirse una cláusula contractual en la cual se establece a quien le corresponde hacer frente a los gastos derivados del saneamiento de dichos defectos ocultos. El problema surge cuando no se establece dicha responsabilidad y el vendedor no se quiere hacer responsable de los gastos de saneamiento ni tampoco quiere devolver el precio pagado por el bien.

Ante esta situación, el Código Civil en sus artículos 1484 y siguientes, establece el mecanismo de la acción redhibitoria, permitiendo al comprador  solicitar el desistimiento del contrato, el abono de los gastos sufragados por el comprador o solicitar una rebaja en el precio del bien a consecuencia de los defectos ocultos no informados en el momento de la perfección del contrato.

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El art.1484 del Código Civil establece que el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviera la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella. Sin embargo, el vendedor no será responsable de los defectos que estuvieran a  la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente reconocerlos. Tampoco responderá de dichos defectos cuando así se haya estipulado en el contrato de compraventa.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2005 recoge  los requisitos que deben de concurrir en el vendedor para que deba responder en el ejercicio de la acción redhibitoria que son:

  • El vicio ha de ser oculto, es decir, no puede ser conocido ni fácilmente reconocible por el comprador.
  • El vicio ha de ser preexistente a la venta, sin que se responda de los defectos sobrevenidos, pues la cosa ha de entregarse en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato. Por ello, el comprador deberá probar no sólo la existencia del vicio, sino también que existía al tiempo de la perfección del contrato.
  • El vicio ha de ser grave y que entrañe cierta importancia, por lo que únicamente se tendrá en cuenta respecto a la cosa vendida si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.
  • La acción ha de ejercitarse dentro del plazo legal que es de seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida, no desde la fecha de la perfección contractual, pues es a partir de la fecha de la entrega de la cosa cuando comienza a ser posible la constatación por el comprador de la existencia de defectos anteriormente no susceptibles de apreciación.

 

¿Quién responde de los daños por caídas en espacios públicos?

Los daños sufridos por particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, derivados como consecuencia de caídas producidas en espacios públicos (aceras, jardines, plazas, accesos a la playa, etc.) tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, tal y como recoge el art.139 de la LRJAP-PAC, salvo  que se tratara de eventos dañosos imputables a actos de particulares o a contratistas de las Administraciones Públicas, como los servicios de transporte público de viajeros.

En el caso de caídas sufridas por usuarios de transporte público, la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados deberá recaer sobre el sujeto concesionario o contratista, tal y como recoge los artículos 198 y 256 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. No obstante, el artículo 197 de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público establece que, cuando tales daños hayan sido producidos como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.

Para que la Administración responda patrimonialmente se exigen una serie de requisitos que deben concurrir en relación al daño alegado. El artículo 139.2 de la LRJAP-PAC establece que el daño deberá ser:

a) Efectivo: debe tratarse de un daño real, el cual haya causado un detrimento personal o patrimonial al particular, que será el que deberá probar el daño.

b) Evaluable económicamente: el daño debe ser valorable en dinero, pudiendo solicitar daños personales o morales.

c) Individualizable en relación con una persona o grupo de personas: debe de ser una lesión efectiva en una esfera personal individualizable. El daño dejará de ser individualizable cuando afecte a todos.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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Conviene señalar, tal y como recoge el artículo 141 de LRJAP-PAC, que “sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar, no siendo indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.”

 

El banco debe responder de las cantidades entregadas por la compraventa de viviendas en construcción cuando el promotor no emita los avales individuales.

La Sala primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia,de fecha 21 de diciembre de 2016, en la que se resuelve la cuestión de si la entidad de crédito tenían la obligación de responder ante la devolución de las cantidades anticipadas al promotor cuando  al tiempo de formalización del contrato de adquisición de vivienda no existía todavía la póliza colectiva y el promotor no  entrega aval individualizado de dichas cantidades a los compradores.

Para resolverlo, razona su resolución en la sentencia de Pleno 322/2015 de 23 de septiembre, cuya doctrina sienta jurisprudencia, que establecía que “la previsión de garantía contenida en los arts. 1,2y3 de la Ley 57/68, bajo la apariencia de la garantía concertada en la póliza colectiva, cuya copia se entregaba al comprador, este (comprador) no tienen por qué conocer que todavía debe recibir el aval individualizado y queda a merced de la mayor o menor diligencia del promotor solicitar los concretos certificados o avales individuales.”

Hechos.

En febrero de 2007, Ángel y Celestina concertaron un contrato de compraventa de una vivienda que la entidad Prodaemi, S.L. iba a construir en la localidad de Puebla de Farnals (Valencia) en la que se establecía que la vivienda debía ser entregada en diciembre de 2008.

El precio pactado de la compra era de 261.500 euros. A cuenta de este precio, los compradores pagaron 56.400 euros. Sin embargo como la promotora aún no había  concertado una póliza que garantizara la devolución de dichas cantidades, los compradores no recibieron ningún aval individualizado de las cantidades anticipadas entregadas. Además en dicho contrato de compraventa, la promotora había incluido una cláusula abusiva en la que se establecía que “El retraso en la entrega de la vivienda no supondrá incumplimiento contractual ni originará derecho a indemnización por  parte del vendedor”.

El 15 de marzo de 2007, la promotora concertó con Caja Madrid (actual Bankia) una línea de avales, para garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de conformidad con la Ley 57/68 (derogada por la actual Ley 20/2015, de 14 de julio, de supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras).

El 12 de junio de 2007, los dos compradores solicitaron a la promotora la entrega del aval individual de las cantidades pagadas a cuenta del precio, que no llegó a ser emitido.

En el año 2013, la vivienda todavía no había sido entregada, la obra estaba inacabada y paralizada.

Ante esta situación, los compradores presentaron demanda contra la promotora y contra Caja Madrid, en la que dejaron constancia del incumplimiento contractual de la promotora y pedía la nulidad de la cláusula que manifestaba que el retraso en la entrega de la vivienda no supondría incumplimiento contractual; la resolución del contrato de  compraventa por incumplimiento por incumplimiento de la promotora y la condena solidaria a las dos demandadas a pagar a los demandados 56.400 euros, en concepto de devolución  de las cantidades entregadas a cuenta del precio de la compraventa. La promotora se allanó a las pretensiones de los demandantes, mientras que Caja Madrid se opuso argumentando que la obligación del promotor no estaba afianzada porque no se había emitido el preceptivo certificado individual.

El juzgado de primera instancia estimó íntegramente la demanda declarando resuelto el contrato de compraventa por incumplimiento de la promotora vendedora y condenó a esta y a Caja Madrid a devolver las cantidades entregadas a cuenta del precio de la compraventa más los intereses legales. En la sentencia el juzgado razona que existía una línea de avales y que la falta de emisión del certificado o aval individualizado a favor de los compradores demandantes no puede perjudicarles.

La sentencia fue recurrida en apelación  ante la Audiencia Provincial por la entidad bancaria “Caja Madrid” la cual estimó su recurso y la absolvió de las pretensiones formuladas en su contra. La Audiencia Provincial consideró que no existía obligación de la entidad Bancaría  de responder de esa garantía al no disponer de los avales individuales cuya obligación de entrega le corresponde al promotor. Contra esta sentencia la actora interpuso recurso de casación el cual fue estimado por el Tribunal Supremo.

Estimación del Recurso de Casación.

El Alto Tribunal, teniendo en consideración la interpretación jurisprudencial establecida en la sentencia 322/2005, mencionada anteriormente,  considera directamente cubierto el riesgo, a pesar de que antes de la formalización del contrato de compraventa no se hubieran emitido los certificados individuales, ya que no puede pesar sobre el comprador que ha entregado cantidades a cuenta la actuación negligente del promotor que deja de requerir los certificados o avales individuales.

Si bien es cierto que cuando se contrató la adquisición de la vivienda no existía todavía la póliza colectiva, esta circunstancia no debe impedir que la entidad bancaria no responda solidariamente pues debía conocer, o estaba en condiciones de haberlo, de los contratos de compraventa que ya se habían concertado, en garantía de cuyos pagos anticipados realizados por sus compradores se concertó la línea de avales.

El Tribunal Supremo señala que no se admite que, en perjuicio del comprador al que no se le llegó a entregar el aval individualizado, la entidad bancaria pueda escudarse en la ausencia del aval individualizado para eximirse de responsabilidad y entiende que la obligación del promotor de devolver las cantidades entregadas a cuenta por los dos compradores demandantes estaba cubierta por la póliza colectiva, aunque no hubieran sido extendidos los avales individuales.

 

Cruzar fuera del paso de cebra ¿Responsabilidad exclusiva del peatón?

                                         

Uno de los accidentes de tráficos más habituales son aquellos ocasionados por peatones que no utilizan el paso de cebra y deciden cruzar por otro punto de la vía poniendo en riesgo su integridad física. Si bien es sabido por todos los conductores que los peatones que atraviesen una vía por un paso de cebra tienen preferencia sobre los turismos,¿qué pasa en cuando se produce un siniestro vehículo-peatón por haber cruzado este último por un lugar no habilitado al efecto? ¿De quién es la responsabilidad?

Los conductores suelen argumentar que la responsabilidad del accidente es siempre del peatón (pese a superar el límite del velocidad de la vía), por ello, desde el Despacho Navarro & La Rosa queremos resolver esta cuestión la cual esperemos sirva para concienciar a todos los conductores.

Abogados Alicante - Especialistas en Accidentes de Tráico

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¿Responsabilidad exclusiva del peatón, del conductor o concurrencia de culpa?

Basándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede hacer recaer toda la responsabilidad del accidente al peatón por el mero hecho de no haber utilizado el paso de cebra ya que se tendrá que valorar la forma en la cual el peatón atraviesa la vía y si el conductor tuvo tiempo material para evitar el siniestro. En aquellos casos en los que, por ejemplo, el peatón estuviera atravesando la vía y fuera atropellado cuando hubiera realizado casi la totalidad del recorrido no existirá concurrencia de culpa de ambos sino una imprudencia del conductor ya que como argumenta D. Vicente Magro Servet, exPresidente de la Audiencia Provincial de Alicante “El conductor ha tenido tiempo material de sobra para poder cerciorarse de la existencia del peatón, y si al final lo atropella es que no se ha adoptado las medidas de diligencia exigibles en la conducción”.

Por ello, no podemos considerar que la infracción del peatón da lugar siempre a una responsabilidad exclusiva del peatón, eximiendo de culpa al conductor, sino que habrá que determinar  si, pese a  esa infracción del peatón, el conductor hubiera sido capaz de evitar, en circunstancias normales de conducción, el atropello.

No obstante,el tribunal podrátambién considerar  que la responsabilidad es compartida, apreciando concurrencia de culpa de conductor y peatón, si considera que el siniestro es el resultado de la contribución de ambos en la causación del siniestro. Esto conllevará a una rebaja en la indemnización que tenga derecho a recibir el peatón en base a esa contribución en la causación del siniestro.

Entonces ¿Cuándo existirá responsabilidad exclusiva del peatón? Según el art.1 del Texto refundido sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, se establece que  elconductor quedará exonerado de dicha responsabilidad cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva el perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo. Por tanto, se deberá demostrar, no solo que actuó con la debida diligencia sino que la negligencia del peatón fue la causa única y determinante de la producción del accidente.

                          

 

¿Responde la Compañía aseguradora si se conduce bajo los efectos del alcohol?

Abogados Alicante - Especialistas en Accidentes de Tráico

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Uno de los problemas que suelen aparecer en las reclamaciones que el asegurado realiza contra la aseguradora en accidentes causados en situación de embriaguez, surgen a partir de las argumentaciones que realizan las aseguradoras al considerar que existe dolo o intencionalidad al conducir bajo los efectos del alcohol y por tanto, no están en la obligación de ofrecer una cobertura al asegurado amparándose en los arts. 19,100 y 102 de la Ley de Contrato de Seguros.

Las aseguradoras suelen ampararse en el art.19 Ley de Contrato de Seguros en el que se establece que “El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del acusado”. En virtud de dicho artículo las aseguradoras suelen alrgumentar que el hecho se cometió con dolo o intencionalidad, ya que consideran que es un delito doloso regulado en el art. 379 del Código Penal y por tanto, existe un riesgo provocado por el asegurado. Las aseguradoras suelen invocar además que el art. 100 de la Ley de Contrato de Seguros establece que “Sin perjuicio de la limitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte”. En virtud de dicho precepto, las aseguradoras alegan que al conducir bajo los efectos del alcohol o drogas existe intencionalidad y por tanto se trata de un supuesto excluido del concepto de accidente y por ende, no susceptible de aseguramiento conforme al art.19 de la Ley de Contrato de Seguros al haber sido originado el siniestro por una causa no ajena a la intencionalidad del asegurado. Además, el art.102 de la Ley de Contrato de Seguro establece que “Si el asegurado provoca intencionalmente el accidente, el asegurador se libera del cumplimiento de su obligación”.

El Tribunal Supremo ha venido estableciendo que sólo son susceptibles de ser consideradas como intencionales las situaciones en las que el asegurado provoca consciente y voluntariamente el siniestro o se lo representa como altamente probable y lo acepta para el caso de que se produzca, cuya carga de la prueba recae sobre la aseguradora, no considerando como tales las conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Ejemplo de ello lo encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 2006,en la que la aseguradora se negaba a satisfacer la póliza a los familiares del asegurado, el cual había fallecido en el accidente y cuya tasa de alcoholemia era de 2,7g de alcohol por litro de sangre, alegando además que la póliza incluía una cláusula en la que se excluía los accidentes sufridos por el asegurado en situación de embriaguez. En dicha sentencia, el alto tribunal no asimila que la ingesta de alcohol hubiera sido intencional para luego tener un accidente o haber buscado de forma dolosa e intencional el mismo. Además se establece que dicha cláusula se trata de una cláusula limitativa la cuales, según como establece el art.3 de la Ley de Contrato de Seguros, la misma debe constar aceptada de manera expresa en el contrato y firmada por el asegurado aceptando claramente que conducir bajo los efectos del alcohol o drogas no asumirá la aseguradora responsabilidad alguna, por lo que no se puede considerar excluida la cobertura del seguro.

Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar dos cuestiones: en primer lugar, existe la posibilidad de la aseguradora decida intentar repetir (reclamar) los gastos y desembolsos contra el conductor ebrio pero eso es una cuestión distinta; en segundo lugar, no debemos olvidar mencionar que la conducción bajo la influencia de “drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas” es un delito penado en el artículo 379 del Código Penal, responsabilidad a la que tendrá que hacer frente el autor. Por tanto, recuerda… “Si bebes, no conduzcas.” Buen fin de semana.