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¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

La constitución española, en su artículo 119,  establece que  “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En base a dicho precepto constitucional, el legislador llevó a cabo la elaboración de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, con el fin de regular un sistema de justicia gratuita que permitiera a los ciudadanos con insuficiencia económica proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y no verse obstaculizados a dicho acceso por razones económicas, garantizando así un acceso a la justicia en condiciones de igualdad  para todos los ciudadanos.

El artículo 2 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita establece quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, los cuales son:

1) Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

2) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a la Seguridad Socialen todo caso.

3) Las Asociaciones de utilidad pública  así como las Fundaciones inscritas en el Registro Público cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

4) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

5) En el orden contencioso, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España,  a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

6) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situación de abuso o maltrato.

7) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

8) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

Abogados en Alicante – Servicio de Urgencias

Por lo tanto, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se deberá  acreditar que sus ingresos económicos no superan los siguientes umbrales los cuales se basan en el IPREM como índice de referencia y cuya cuantía en 2017 se fija en 532,51 €:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Será la Comisión de Justicia Gratuita la que estimará o desestimará la solicitud, la cual tendrá en cuenta además de las rentas  otros bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, pudiendo negar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos revelan que dispone de medios económicos que superan el límite fijado.

Por último es importante recordar que el abogado podrá reclamar su minuta cuando la Comisión de Justicia Gratuita desestimara la pretensión del solicitante y hubiese habido designación provisional de abogado, pudiendo el letrado reclamar los honorarios ocasionados por la intervención realizada hasta la desestimación definitiva de la resolución.

 

 

¿Quién responde de los daños por caídas en espacios públicos?

Los daños sufridos por particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, derivados como consecuencia de caídas producidas en espacios públicos (aceras, jardines, plazas, accesos a la playa, etc.) tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, tal y como recoge el art.139 de la LRJAP-PAC, salvo  que se tratara de eventos dañosos imputables a actos de particulares o a contratistas de las Administraciones Públicas, como los servicios de transporte público de viajeros.

En el caso de caídas sufridas por usuarios de transporte público, la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados deberá recaer sobre el sujeto concesionario o contratista, tal y como recoge los artículos 198 y 256 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. No obstante, el artículo 197 de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público establece que, cuando tales daños hayan sido producidos como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.

Para que la Administración responda patrimonialmente se exigen una serie de requisitos que deben concurrir en relación al daño alegado. El artículo 139.2 de la LRJAP-PAC establece que el daño deberá ser:

a) Efectivo: debe tratarse de un daño real, el cual haya causado un detrimento personal o patrimonial al particular, que será el que deberá probar el daño.

b) Evaluable económicamente: el daño debe ser valorable en dinero, pudiendo solicitar daños personales o morales.

c) Individualizable en relación con una persona o grupo de personas: debe de ser una lesión efectiva en una esfera personal individualizable. El daño dejará de ser individualizable cuando afecte a todos.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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Conviene señalar, tal y como recoge el artículo 141 de LRJAP-PAC, que “sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar, no siendo indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.”

 

El Supremo se pronuncia sobre la negativa a la notificación

Entendiendo como “resistencia” la conducta adoptada por el destinatario a la hora de recibir la notificación,  las consecuencias jurídicas a tal rechazo se encuentran previstas en el artículo 111.2 de la Ley General Tributaria.

Tal y como dicta el artículo 110.2 de la misma “En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin”. 

Según interpretaciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, la notificación será dada como válida si Hacienda se dirige a los domicilios referidos a dicho artículo, por tanto, podrá referirse en el inicio del procedimiento al domicilio del obligado y en posteriores notificaciones al del representante.

En cambio el Tribunal Supremo, tras conocer los hechos correspondientes a una sociedad en la que el domicilio social figuraba como desconocido y no se localizó al administrador en los dos intentos de notificación, ha querido matizar el artículo 110.2 de la Ley General Tributaria, no dando opción a Hacienda si la notificación resulta infructuosa, debiendo acudirse directamente a la notificación edictal.

En este caso, el Supremo afirma que no es necesario dirigirse a los otros domicilios de notificación previstos en la Ley, puesto que se demuestra que no se quiere recibir la notificación y debe por tanto irse directamente a la vía edictal. Justifica esta decisión argumentando que la administración no debe exagerar el deber de diligencia al notificar si se aprecia resistencia a la recepción.

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Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que España infringe la normativa sobre la contratación temporal.

Nos hacemos eco de la sentencia del pasado miércoles donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la utilización de contratos temporales de forma sucesiva para cubrir puestos permanentes es contraria al Derecho de la Unión Europea, concluyendo que el uso de estos nombramientos debe realizarse sólo cuando las necesidades a cubrir son temporales. Por tanto, según palabras del propio Tribunal “ la norma española, al permitir la renovación de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes y estables, a pesar de que existe un déficit estructural de puestos de personal fijo, infringe el acuerdo marco”.

El caso observado por el Tribunal ha sido el de una enfermera del Hospital Universitario de Madrid, quien entre 2009 y 2013 fue renovada hasta en siete ocasiones para ejercer el mismo puesto, siendo tras esto cesada. Recurrió su despido ante el juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 4 de Madrid, por entender que dichas renovaciones  “no parecen responder a meras necesidades temporales del empleador”, remitiendo éstos el caso al Tribunal Europeo para que fueran ellos quienes se pronunciaran sobre si la normativa española cumple con la norma europea al permitir renovar contratos de este tipo de forma indeterminada

Ha sido ayer cuando finalmente el TJUE le ha dado la razón y ha recordado que la regulación de la normativa queda a elección de los Estados miembros, quienes deben actuar en pro a prevenir los abusos por la utilización sucesiva de contratos temporales para cubrir puestos de necesidad permanente y siendo ellos quienes deben establecer las normas para la justificación de tales renovaciones, el número de las mismas y cualquier otra cuestión que se pueda derivar al respecto. Añade además que estas situaciones no hacen más que generar “una situación de precariedad” que afecta no sólo a la recurrente, sino a todo el sistema sanitario.

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¿Qué hago si recibo una notificación en agosto y me encontraba de vacaciones?

El Tribunal Supremo deja abierta la puerta a la posibilidad de dejar sin efecto las notificaciones recibidas en periodo estival.

Los hechos se remontan a 2009, cuando un contribuyente catalán no recibió la carta de notificación de sanción por encontrarse de vacaciones durante el mes de agosto, lo que provocó que continuara el acto administrativo de sanción tras la publicación en el Boletín Oficial Provincial.

Para cuando el sancionado tuvo conocimiento y quiso presentar una reclamación, la misma fue inadmitida por encontrarse fuera de plazo, viéndose entonces obligado a recurrir al Tribunal Económico-Administrativo Regional y acabando en el  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En este punto, la defensa argumentó que “si la voluntad real en el intento de notificación es que el acto administrativo llegue a conocimiento del interesado, y el primer intento se produce en el mes de agosto y el destinatario está ausente, lo correcto y ajustado al espíritu de la norma que obliga a dos intentos de notificación es que este segundo intento se produzca no al día siguiente al ser el mes de agosto el mes de vacaciones por antonomasia, sino esperar a septiembre para practicar el segundo intento”.

Dicho argumento, validado por el TSJC, ha sido parcialmente ratificado por el Supremo quien entiende que  “Si lo que se pretende es que las notificaciones lleguen a sus destinatarios, es lógico no dar validez a las realizadas cuando se sabe que no van a ser atendidas, por estar el contribuyente fuera de su domicilio por vacaciones”.

Se debe aclarar que la conclusión a la que llega esta sentencia no significa que Hacienda no pueda enviar notificaciones en periodo estival, pues se trata de un mes hábil como el resto del año, sino más bien que abre la puerta a la posibilidad de que se puedan anular por   “circunstancias concurrentes”.

Debemos recordar en cambio que las compañías que tributan por el impuesto sobre sociedades pueden seleccionar 30 días al año en los que Hacienda no les remite notificaciones electrónicas, ya que en caso de recibirlas y no abrirlas en un plazo de 10 días, se consideran entregadas y rechazadas. Esta posibilidad no existe en las notificaciones en papel, siendo por tanto de gran utilidad para los contribuyentes la vía que acabamos de explicar.

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El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales a las personas jurídicas

El pasado 29 de julio de 2016, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso interpuesto por el PSOE contra las tasas judiciales implantadas en 2002 por Alberto Ruiz Gallardón, un recurso muy esperado después de que en 2015, quedaran suprimidas las tasas para las personas físicas, por considerar que las mismas vulneraban el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 en la Constitución Española.

Tasas No - Navarro & La Rosa Abogados AlicanteEl alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso, fallando por unanimidad que las tasas que persistían contra las personas jurídicas impedían por su elevada cuantía (que podía ascender hasta los 1.200 euros) el acceso a la Justicia, no por vulnerar en sí el derecho a la tutela judicial efectiva, sino por el efecto disuasorio que podía producir debido a su “desproporcionalidad”.

Se declaran por tanto inconstitucionales las tasas para el acceso a la jurisdicción y las de interposición de recursos. Más concretamente anula:

Incisos del artículo 7.1:

  • La cuota fija de 200 euros para los recursos contencioso-administrativo abreviado
  • La cuota fija de 350 euros para el recurso contencioso-administrativo ordinario
  • La tasa para el recurso de suplicación de 500 euros
  • La de 800 euros para promover el recurso de apelación
  • La cuota de 1200 euros para recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil
  • La de 750 euros por el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades.

Queda anulado también el artículo que fijaba las tasas de cuantía variable en función de la cuantía del litigio, que podían ascender a los 10.000 euros.

Reconoce el Tribunal que tanto las tasas fijas como las variables pueden llegar a disuadir a los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales debido a tal “desproporcionalidad” y añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son legítimos constitucionalmente, puesto que su objetivo es el de evitar situaciones de abuso o dilaciones en los procedimientos judiciales.

Concluye la sentencia mencionando que la finalidad perseguida por las tasas de acabar con los recursos abusivos no es idónea, puesto que queda diluida para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes. En cuanto a la financiación mixta de la justicia, la segunda finalidad perseguida con la implantación de las tasas, sostiene el Tribunal que “el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental” y que además,”no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva” por  tanto vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución.

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Hacienda puede solicitar a los padres todas las facturas de la escolarización de sus hijos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideraba que el requerimiento de facturas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude al colegio privado donde estudiaban unos menores, no vulneraba los derechos de intimidad o de protección de datos de carácter personal, puesto que “las facturas de referencia contienen datos personales de los menores ,pero no todo dato personal es íntimo ni la protección que a la información personal fundamenta el artículo 18 de la Constitución puede erigirse en obstáculo para el cumplimiento del deber que la propia Constitución impone a todos de contribuir al sostenimiento de los gastos púbicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno”

Continúa la sentencia diciendo que “es irrelevante la manera en que la Administración se hace con datos tributariamente significativos, siempre naturalmente que no actúe ilegalmente” y que “Se trata de un colegio privado en el que los padres han de sufragar la enseñanza que reciben sus hijos y todos aquellos servicios que el centro les preste. En consecuencia, puede ser relevante tributariamente conocer cuánto les cuesta y la Memoria, como cualquier otro documento que informe de quienes estudian, es un medio válido para conocer ese extremo.”

En conclusión, la sentencia afirma que Hacienda puede solicitar al colegio todas las facturas emitidas a los padres sobre los gastos de enseñanza de sus hijos, así como por las actividades extraescolares o la manutención, sin que ello suponga ninguna vulneración de derechos, puesto que la información que en este caso demanda es de carácter personal pero no pertenece al ámbito de la intimidad, sino que predomina el carácter económico.

Sentencia número 1749/2016, ponente señor Murillo de la Cueva

Cambio en las normas para recurrir ante el Supremo

Las novedades introducidas en los recursos de casación presentados al Supremo, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), serán de aplicación a partir del próximo viernes día 22 de Julio. Entre algunos de los cambios, encontramos limitación de  la extensión de los recursos de la Sala de lo Contencioso- Administrativo a 25 folios , la ampliación del catálogo de sentencias que se pueden recurrir ante la gran sala (siendo recurribles en casación todas las sentencias de las Salas de lo Contencioso de los TSJ, las de los Juzgados de lo Contencioso y las de los Centrales de lo Contencioso) o el nuevo criterio de admisión denominado “interés casacional objetivo” que deberá ser apreciado por la sala para admitir el recurso.

Hasta ahora, un litigio de cuantía superior a los 600.000 euros garatizaba el acceso en casación al Supremo. Esto provocaba que, raramente, otros casos modestos en los que era necesario crear jurisprudencia llegabaran a la Gran Sala, llegando únicamente mediante vías extraordinarias como la unificación de doctrina o el interés legal. Ahora nos vamos al caso contrario, puesto que el hecho de que la cuantía supere esa cantidad, no asegura que el Supremo entrará a conocer el caso si a juicio del mismo no existe “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.

La redacción del nuevo artículo 87 de la LOPJ faculta al Tribunal Supremo para determinar “la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación”, así como para decidir sobre el tipo de letra en que debe presentarse (Times New Roman, tamaño 12 puntos), la inclusión de esquemas, notas a pie de página,  el espacio de interlineado, la forma de numerar los folios o el tamaño de  los márgenes.

Por último, se incluyen pautas de recomendación para otros escritos, como la extensión máxima de 15 folios del escrito de preparación que los abogados deben presentar ante el tribunal que impuso la sentencia que se quiere impugnar.

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Fallos de la DGT en el cálculo de los márgenes de error de las multas de velocidad, ¿Cuándo recurrir?

Muchas son ya las sentencias que dan la razón a los conductores en contra de la DGT por no aplicar de forma correcta el margen de error en las sanciones de velocidad, imponiéndose de ese modo multas mucho más elevadas de las que corresponderían por ley. A ésta se unen varios ayuntamientos, entre los que destacan el de Alicante, Valencia, Murcia o Zaragoza, entre otros.

El principal problema viene del método utilizado por estos organismos para calcular los límites de velocidad. Por ejemplo, cuando existe una limitación de velocidad de 120 km/h, el radar se encuentra programado para que salte a 131 km/h, aplicándose en este caso el margen de error de forma adecuada. El problema viene cuando el exceso de velocidad supera en más de 20 o 30 km/h el límite permitido, pues en muchas ocasiones, se castiga al automovilista sin realizar la deducción del margen de error, es decir, aplicando directamente la medición obtenida por el radar.

Entonces, ¿qué margen de error debe ser aplicado? Dependiendo de la velocidad y el tipo de radar, debe  establecerse el error máximo. En el caso de los radares fijos debe mediar un margen de error de 5 km/h en velocidades inferiores a 100km/h y un 5% en mediciones de velocidad superiores, viéndose incrementado en los radares móviles hasta los 7 km/h y el 7% y hasta el 10% en el radar del helicóptero Pegasus.

Por tanto, dado que en ningún caso el margen de error es de 0, según la normativa europea debe figurar siempre en la denuncia la velocidad permitida para la vía, la medida por el radar y finalmente, la corregida en función del margen de error correspondiente.

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¿Qué entiende Hacienda por vivienda habitual?

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Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante vamos a transmitirles lo que actualmente la Agencia Tributaria viene entendiendo en relación con este concepto de vivienda habitual, ya que sin duda es uno de los conceptos que más controversia generan, por ejemplo, para cualquier persona con una hipoteca que desee pagar menos en la declaración de la renta o que incluso busque una jugosa devolución.

Por tanto, para que una vivienda sea habitual en términos fiscales, es decir, a efectos de la declaración de la renta, debe cumplir con una serie de condiciones, estando previstas en la Ley del IRPF las siguientes:

1. Que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, tres años. Existen algunas excepciones como el fallecimiento del contribuyente o circunstancias que exijan el cambio de domicilio como el matrimonio, separación, motivos laborales, una discapacidad que no tenía anteriormente o del nuevo cónyuge…

2. Que el contribuyente la habite, de manera efectiva y con carácter permanente, en un plazo no superior a doce meses a contar desde la fecha de adquisición o de terminación de las obras. Por fortuna, existen algunas excepciones como el fallecimiento del contribuyente o causas similares a las del punto número uno.

3. Se asimilan a efectos de la deducción por vivienda habitual las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con la vivienda, con un máximo de dos siempre que se encuentren en el mismo edificio o complejo y se entreguen en el mismo momento que la vivienda, que su adquisición se realice en el mismo acto que la misma y que sea utilizadas por el adquiriente sin que su uso esté cedido.

Por ello, quedarían al margen de este concepto de vivienda los anexos o cualquier otro elemento que no constituya efectivamente la vivienda propiamente dicha, tales como trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas, siempre que se adquieran conjuntamente con la vivienda. Además, la propia definición deja fuera lógicamente cualquier segunda residencia, que no podrá tener nunca esta condición al no ser el lugar en el que más tiempo al año residamos.

Si no se cumpliesen estos requisitos, el inmueble no será considerado como vivienda habitual para la Agencia Tributaria y no podremos desgravar e incluso tendremos que devolver las deducciones que hayamos practicado de manera indebida.

En caso de que Hacienda no considere nuestra vivienda como habitual, ¿cómo podríamos demostrar que sí que es habitual? Lo más fácil es mediante el padrón. Si bien domicilio fiscal y padrón no tienen por qué concidir, este es el primer medio que la Agencia Tributaria utiliza para comprobar si una persona residía o no en la vivienda antes de los mencionados doce meses o durante los tres años estipulados por ley. Sin embargo, es habitual mudarse y tardar un tiempo en empadronarse por diferentes cuestiones como por ejemplo los médicos. Otras herramientas que pueden utilizarse para demostrar la residencia efectiva en la vivienda son los recibos del hogar como agua, luz, gas… así como otra correspondencia que hayamos recibido. El problema es que Hacienda no siempre acepta esta documentación alternativa, por lo que empadronarse sigue siendo la mejor solución.

Por último, si la Agencia Tributaria le ha reclamado por este motivo, puede ponerse en contacto con nosotros para que le asesoremos de una forma más concreta y precisa, garantizándose de esa forma la más correcta defensa en este tipo de asunto.