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¿Qué entiende Hacienda por vivienda habitual?

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Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante vamos a transmitirles lo que actualmente la Agencia Tributaria viene entendiendo en relación con este concepto de vivienda habitual, ya que sin duda es uno de los conceptos que más controversia generan, por ejemplo, para cualquier persona con una hipoteca que desee pagar menos en la declaración de la renta o que incluso busque una jugosa devolución.

Por tanto, para que una vivienda sea habitual en términos fiscales, es decir, a efectos de la declaración de la renta, debe cumplir con una serie de condiciones, estando previstas en la Ley del IRPF las siguientes:

1. Que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, tres años. Existen algunas excepciones como el fallecimiento del contribuyente o circunstancias que exijan el cambio de domicilio como el matrimonio, separación, motivos laborales, una discapacidad que no tenía anteriormente o del nuevo cónyuge…

2. Que el contribuyente la habite, de manera efectiva y con carácter permanente, en un plazo no superior a doce meses a contar desde la fecha de adquisición o de terminación de las obras. Por fortuna, existen algunas excepciones como el fallecimiento del contribuyente o causas similares a las del punto número uno.

3. Se asimilan a efectos de la deducción por vivienda habitual las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con la vivienda, con un máximo de dos siempre que se encuentren en el mismo edificio o complejo y se entreguen en el mismo momento que la vivienda, que su adquisición se realice en el mismo acto que la misma y que sea utilizadas por el adquiriente sin que su uso esté cedido.

Por ello, quedarían al margen de este concepto de vivienda los anexos o cualquier otro elemento que no constituya efectivamente la vivienda propiamente dicha, tales como trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas, siempre que se adquieran conjuntamente con la vivienda. Además, la propia definición deja fuera lógicamente cualquier segunda residencia, que no podrá tener nunca esta condición al no ser el lugar en el que más tiempo al año residamos.

Si no se cumpliesen estos requisitos, el inmueble no será considerado como vivienda habitual para la Agencia Tributaria y no podremos desgravar e incluso tendremos que devolver las deducciones que hayamos practicado de manera indebida.

En caso de que Hacienda no considere nuestra vivienda como habitual, ¿cómo podríamos demostrar que sí que es habitual? Lo más fácil es mediante el padrón. Si bien domicilio fiscal y padrón no tienen por qué concidir, este es el primer medio que la Agencia Tributaria utiliza para comprobar si una persona residía o no en la vivienda antes de los mencionados doce meses o durante los tres años estipulados por ley. Sin embargo, es habitual mudarse y tardar un tiempo en empadronarse por diferentes cuestiones como por ejemplo los médicos. Otras herramientas que pueden utilizarse para demostrar la residencia efectiva en la vivienda son los recibos del hogar como agua, luz, gas… así como otra correspondencia que hayamos recibido. El problema es que Hacienda no siempre acepta esta documentación alternativa, por lo que empadronarse sigue siendo la mejor solución.

Por último, si la Agencia Tributaria le ha reclamado por este motivo, puede ponerse en contacto con nosotros para que le asesoremos de una forma más concreta y precisa, garantizándose de esa forma la más correcta defensa en este tipo de asunto.

¿Sabes en qué consiste el delito de blanqueo de capitales?

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante vamos a tratar este delito de tanta actualidad estos últimos años, del cual hay quienes dicen que es una de las manifestaciones más graves de los delitos económicos.

Antes de abordar este delito, es interesante distinguir entre el blanqueo de capitales en sentido estricto, con el que se pretende dar una apariencia de legalidad al dinero negro, es decir, al obtenido ilegalmente; y el fraude fiscal, conducta con la que se pretende defraudar ingresos a la Hacienda Pública.

Volviendo al delito de blanqueo de capitales, existen actividades ilícitas que generan cuantiosos beneficios que, lógicamente, no van a poder utilizarse abiertamente, sin antes emplear un cierto proceso de legitimación. Dicho proceso de legitimación, de forma habitual, consiste en ingresar pequeñas cantidades de dinero en entidades bancarias de forma aleatoria, para así evitar sospechas por parte de los bancos. Una vez que se cuenta con cierta suma ingresada de este modo, quienes cometen estos delitos suelen expandirlo por todo el sistema financiero, empleando todas las transacciones posibles, para así intentar que se pierda su rastro y que sea muy difícil averiguar realmente la procedencia de ese dinero. Y en la última fase, realmente las opciones que existen son bastante amplias, siendo las más comunes la compra de viviendas, creación de negocios, inversión en empresas ya constituidas, etc.

Concretamente, la conducta de este delito viene tipificada en el art. 301 del vigente Código Penal, siendo la que sigue:

(…) El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos (…)

La acción típica como se aprecia es muy amplia, pero en definitiva consistiría en ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos. En un plano subjetivo, se exige que el sujeto realice la acción típica sabiendo cual es el origen de los bienes, siendo suficiente con un conocimiento eventual.

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¿Qué es “la doctrina del tiro único”?

Desde Navarro & La Rosa Abogados en Alicante les damos unas breves reseñas de esta doctrina sentada por los Tribunales de Justicia en relación con los actos de la Administración Tributaria (la Agencia Tributaria por ejemplo), la cual es de suma importancia tener en cuenta.

Se conoce como “doctrina del tiro único” aquella que defiende que la anulación de un acto de la Administración tributaria impide a ésta dictar un nuevo acto en relación con el asunto resuelto. Frente a ella el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, rechazando esta doctrina, sosteniendo que en caso de que una liquidación tributaria sea anulada por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos, la Administración puede liquidar de nuevo, siempre que su potestad no haya prescrito. Pues bien, la Sala Tercera del alto tribunal establece en su Sentencia de fecha Sentencia de 24 de septiembre de 2014, que en caso de que una liquidación tributaria sea anulada por incurrir en defectos de fondo, la Administración puede liquidar de nuevo, siempre que su potestad no haya prescrito. Por tanto, entiende que, al no prohibir la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa la posibilidad de subsanar los vicios que han invalidado el acto administrativo, debe estarse a la regulación establecida en las leyes administrativas y tributarias, normativa que permite la subsanación de los actos anulados. Esta facultad de la Administración sólo estaría sujeta, según el Tribunal Supremo, al límite de la prescripción.

Por todo ello, finalmente viene a fijar la doctrina legal afirmando que “la estimación del recurso contencioso administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia Sentencia”.

No obstante, esta reciente doctrina sentada por el Tribunal Supremo no es absolutamente pacífica, puesto que existen en la referida Sentencia dos votos particulares en un sentido totalmente contrario al de la sentencia. Así, el voto particular del Magistrado D. Emilio Frías Ponce considera que reconocer la posibilidad de que la Administración pueda volver a pronunciarse sobre el mismo objeto del acto anulado, supone dejar indefinidamente abiertos los procedimientos tributarios, teniendo en cuenta, además, que, tanto los procedimientos en la vía administrativa como en la judicial, suelen extenderse varios años, superando normalmente el plazo de los cuatro años de la prescripción. De acuerdo con el voto particular, ello supone un desconocimiento absoluto del principio de seguridad jurídica, al que responde el establecimiento de plazos de prescripción de los derechos de la Administración a practicar liquidaciones tributarias. En el mismo sentido, el voto particular del Magistrado D. Juan Gonzalo Martínez Micó, que considera que un órgano judicial no puede ordenar la retroacción de actuaciones en la resolución de un recurso contencioso- administrativo si no se solicita en la demanda, puesto que ello no está previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En efecto, la mencionada ley permite la estimación del recurso y, en su caso, la anulación de la liquidación tributaria si es contraria a Derecho; pero sin poder adoptar la decisión de que se retrotraigan las actuaciones hasta el momento en que la Administración cometió el vicio o error que ha dado lugar a esa nulidad si así no ha sido solicitado por la parte recurrente. Además, este Magistrado concluye en el sentido de que los actos tributarios no pueden ser subsanados cuando han sido anulados por sentencia judicial, cualquiera que haya sido el tipo de vicio o defecto que ha motivado la anulación.

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Novedades relativas a la tributación de las indemnizaciones por despido

Con motivo de la reforma fiscal que ha planteado el Gobierno, desde el pasado día 20 de junio todas las indemnizaciones percibidas por despidos podrían pasar a tributar por IRPF. Hasta dicha fecha, tales indemnizaciones estaban exentas en la cuantía establecida con carácter mínimo obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores (45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y 33 días tras la reforma de 2012). Pues bien, si esta reforma fuese aprobada en sede parlamentaria ya sólo quedarían exentos los primeros 2.000.-€ por año, por lo que los contribuyentes con salarios de hasta 20.000.-€ anuales no deberán tributar a Hacienda por este concepto.

Según explicó el Secretario de Estado de Hacienda, D. Miguel Ferre, los técnicos que han diseñado todo el entramado de esta reforma fiscal proponen acabar con esta exención total para los trabajadores despedidos, sugiriendo además limitarla por razones de equidad, puesto que su anterior tratamiento fiscal no era uniforme y podía dar lugar a situaciones de abuso. Por ello consideran que al menos una parte de las indemnizaciones sí que debería tributar. No obstante, el Gobierno no ha dicho la última palabra en esta materia, ya que el Secretario de Estado añadió además que el Ejecutivo está abierto a recibir las consideraciones de la patronal y los sindicatos para así intentar ajustar la cifra a la que se refiere el mínimo exento.

Frente a esta modificación hay quienes sostienen que se trata de una medida justa y en consonancia con la actual tendencia económica, mientras que otros opinan que solamente tendría sentido su aplicación a partir de indemnizaciones muy altas.

En cualquier caso, una vuelta de tuerca más a los derechos de los trabajadores, cada vez más mermados en lo que a indemnizaciones por despido se refieren. La reforma de 2012 que disminuía la indemnización (de 45 a 33 días por año trabajado), el no devengo de salarios de tramitación y el retraso en el señalamiento para juicio por despido hace que los trabajadores ostenten una posición negociadora con la empresa cada vez más débil y se haya producido en la práctica un abaratamiento del despido mucho más allá de lo que establece la legislación.