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¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

La constitución española, en su artículo 119,  establece que  “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En base a dicho precepto constitucional, el legislador llevó a cabo la elaboración de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, con el fin de regular un sistema de justicia gratuita que permitiera a los ciudadanos con insuficiencia económica proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y no verse obstaculizados a dicho acceso por razones económicas, garantizando así un acceso a la justicia en condiciones de igualdad  para todos los ciudadanos.

El artículo 2 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita establece quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, los cuales son:

1) Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

2) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a la Seguridad Socialen todo caso.

3) Las Asociaciones de utilidad pública  así como las Fundaciones inscritas en el Registro Público cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

4) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

5) En el orden contencioso, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España,  a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

6) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situación de abuso o maltrato.

7) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

8) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

Abogados en Alicante – Servicio de Urgencias

Por lo tanto, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se deberá  acreditar que sus ingresos económicos no superan los siguientes umbrales los cuales se basan en el IPREM como índice de referencia y cuya cuantía en 2017 se fija en 532,51 €:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Será la Comisión de Justicia Gratuita la que estimará o desestimará la solicitud, la cual tendrá en cuenta además de las rentas  otros bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, pudiendo negar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos revelan que dispone de medios económicos que superan el límite fijado.

Por último es importante recordar que el abogado podrá reclamar su minuta cuando la Comisión de Justicia Gratuita desestimara la pretensión del solicitante y hubiese habido designación provisional de abogado, pudiendo el letrado reclamar los honorarios ocasionados por la intervención realizada hasta la desestimación definitiva de la resolución.

 

 

La pensión compensatoria ¿puede convertirse en temporal si fue acordada previamente como vitalicia?

La pensión compensatoria viene regulada en el Art. 97 de Código Civil como un derecho a una prestación económica, la cual podrá tener carácter temporal , indefinido o en un pago único, en favor de uno de los cónyuges debido al perjuicio económico derivado de la ruptura matrimonial por la separación o divorcio. Dicha pensión, al ser un derecho disponible, rige el principio de la autonomía de la voluntad, pudiendo ser acordada de mutuo acuerdo en el Convenio regulador. Sin embargo, ante la falta de acuerdo de los cónyuges, será el Juez del Juzgado de Familia el que establezca judicialmente su cantidad, siempre que se solicite expresamente su derecho a dicha prestación por la parte perjudicada por la ruptura. Para ello, el Juez, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

  1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.

  2. La edad y el estado de salud.

  3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

  4. La dedicación pasada y futura a la familia.

  5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

  6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

  7. La pérdida eventual de un derecho de pensión.

  8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

  9. Cualquier otra circunstancia relevante.

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Esta enumeración no está tasada y no puede ser considerada como “numerus clausus” , ya que el Art. 97 del Código Civil añade expresamente que se puede tener en cuenta «cualquier otra circunstancia relevante». Tampoco existe un orden de prelación, por lo que el Juez valorará de forma expresa en la sentencia todos los criterios.

Si bien el Juez puede establecer que la pensión compensatoria tenga un carácter vitalicio, la cual tan sólo se podría extinguir por las causas recogidas en el Art. 101 del Código Civil (contraer el beneficiario un nuevo matrimonio, vivir maritalmente con otra persona o el cese de la causa que motivó dicha prestación como puede ser su reincorporación a la vida laboral), no significa que la misma no pueda modificarse y convertir la pensión compensatoria por tiempo ilimitado en una pensión temporal. La doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo es clara en éste sentido al interpretar el Art. 100 del Código Civil el cual, ante situaciones de alteraciones sustanciales de la fortuna de uno u otro cónyuge, permite modificar la pensión ya acordada.

Ejemplo de ello podemos encontrarlo en la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo el 25-11-2011 (SP/SENT/654186) en la que se produce una conversión de la pensión por tiempo ilimitado en pensión temporal en aplicación del supuesto de hecho recogido en el Art.100 del Código Civil y confirmando lo que ya establecieron en su día en la Sentencia de 17 de marzo de 1997 donde se afirmaba que “no se revisa una decisión judicial desde una perspectiva histórica, sino que se pretende su modificación por circunstancias sobrevenidas, inexistentes cuando se dictó, si se produjera una alteración sustancial de la fortuna de uno o de otro cónyuge”.

¿Debo de seguir pagando la pensión de alimentos si mi hijo es mayor de edad y no tiene trabajo? De la pensión alimenticia y sus consecuencias.

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados Alicante entendemos interesante responder a esta pregunta generalizada, cuya respuesta siempre se basará en las circunstancias de los progenitores y los hijos mayores de edad iniciándose, en su caso, el correspondiente procedimiento de modificación de medidas por aquel de los progenitores obligado al pago que considere legítimas sus pretensiones.

Es conveniente recordar que la pensión de alimentos constituye una obligación, la cual habrá sido acordada en el convenio regulador o establecida por el Juez en la Sentencia de separación o divorcio, cuyo incumplimiento conllevará al inicio de un procedimiento verbal, art. 250.1.8º LEC, llegando incluso a generar responsabilidades penales al ser considerado un delito de abandono de familia tipificado, Art.227 del Código Penal, castigados con penas de prisión de 3 mes a 1 año o al pago de una multa de 6 a 24 meses.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concordancia con el art. 93 del Código Civil, ha venido estableciendo que los progenitores tienen la obligación de contribuir a los alimentos de los hijos mayores que convivan en el domicilio familiar, bien porque sigan estudiando, o se encuentren emancipados pero carezcan de ingresos propios, continuando su obligación de cumplir con la pensión de alimentos. No obstante lo anterior, los Tribunales también han considerado que dicha pensión no puede tener un carácter incondicional e ilimitado temporalmente, estableciendo que dicha pensión se pueda extinguir en un plazo.

Un claro ejemplo de ello podemos encontrarlo en la resolución de la Audiencia Provincial de Soria (142/2012, de 5 de diciembre) que establece un límite temporal en el que deba extinguirse la obligación de alimentos, bien porque el hijo alcance la independencia económica o bien cuando cumpla 25 años.
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Otra situación bastante habitual y, por tanto, a considerar, es aquella en la que los hijos mayores de edad que siguen recibiendo la pensión alimenticia, no han finalizado sus estudios y no han accedido al trabajo por mera desidia o por cualquier causa imputable a ellos. Esta situación ha sido denominada muy elocuentemente por el Tribunal Supremo como “situaciones de parasitismo social” cuya situación vulnera los intereses legítimos del progenitor obligado a un desembolso ilimitado e incondicional y que no deben tener refrendo en nuestro sistema. En esta situación es importante que para conseguir la modificación (extinción) de la pensión de alimentos se pruebe la desidia o dejadez en finalizar sus estudios o en la búsqueda de empleo. Como casos significativos podemos señalar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga (528/2012, de 19 de julio) donde se cesa la obligación de alimentos a un hijo de 26 años que por desidia propia no ha finalizado sus estudios, propiciando el deterioro de las relaciones familiares. En este mismo sentido, citamos la sentencia dictada en la Audiencia Provincial de Valencia (600/2013, de 18 de septiembre) en la que se extingue la pensión alimenticia a una hija de 23 años, la cual finalizó sus estudios a la edad de 16 años y llevaba a cabo trabajos esporádicos desde 2005 pero se desconocía su situación laboral y sus ingresos.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfono 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

El Tribunal Constitucional anula la Ley 5/2011 valenciana de Custodia compartida

En el Despacho de abogados Navarro & La Rosa, situado en Alicante, os informamos de la última actualidad en el ámbito autonómico de la Comunidad Valenciana sobre la anulación de la Ley 5/2011 valenciana de Custodia compartida, la cual se encontraba suspendida desde el 4 de julio de 2011 debido a la interposición del recurso de inconstitucionalidad 3859/2011.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de FamiliaDefinitivamente, el pasado 16 de noviembre el Tribunal Constitucional dictó sentencia estimando el recurso de inconstitucional 3859/2011, interpuesto por el Abogado del Estado, contra la Ley 2011, garantizando el principio de seguridad jurídica por lo que los regímenes de custodia aprobados bajo la supervisión del Ministerio Fiscal continuarán llevándose a cabo como se estableció judicialmente.5/20011, de La Comunidad Valenciana, de Relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, al considerar que la Ley 5/2011 invade las competencias estatales, tal y como refleja el Art. 149.1.8 de nuestra carta magna donde se señala que el “Estado tendrá competencia exclusiva en legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.”

El Tribunal Constitucional ha aceptado el argumento del Abogado del Estado y considera que las Comunidades Autónomas sin la existencia de un derecho foral o especial en la materia que acrediten la existencia de normas consuetudinaria y que estuvieran en vigor cuando se aprobó la Constitución, no tienen competencia para regular una norma que no es competencia de la Comunidad sino estatal, al no poder acreditarse la vigencia de dichas normas consuetudinarias .

El fallo aprobado con el voto particular del magistrado Xiol Ríos, que disiente con el sentir de la mayoría de la Sala del TC, no afectará a las decisiones tomadas por los Juzgados durante la vigencia de la Ley 5/2011, garantizando el principio de seguridad jurídica por lo que los regímenes de custodia aprobados bajo la supervisión del Ministerio Fiscal continuarán llevándose a cabo como se estableció judicialmente.

Derecho a visitar a los nietos pese a la oposición de los padres.

En los últimos años se ha venido produciendo un incremento de demandas en los tribunales de familia, cifrándose en más 2.500 casos en lo que va de año, donde tanto abuelos como otros familiares directos reclaman un régimen de visitas para poder ver a un menor.

Las circunstancias que rodean esta decisión suelen estar motivadas por problemas familiares derivados de la separación de los progenitores, aclarando los magistrados que “Aquí no hay una solución estándar; depende de cada caso y siempre teniendo en cuenta el interés del menor, que la decisión no les perjudique” y resolviendo normalmente  visitas de un día al mes (con una noche como mucho), puesto que se encuentra registrado en el artículo 160 del Código Civil que “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados”

El caso último caso conocido por la Gran Sala del Supremo ha sido el de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se pactaba un régimen de visitas para una abuela pese a la negación de los padres. Ésta es solo una de las muchas circunstancias que pueden darse, llegándose incluso a tratar casos en los que es el propio menor quien no quiere ser visitado por sus abuelos o familiares.

Antes de llegar a juicio, los despachos de abogados recomiendan resolver la situación mediante el diálogo, pero existen circunstancias donde las desavenencias son tan grandes que no queda más remedio que acudir a juicio para que sea un juez quien decida en base al interés del menor

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El Tribunal Supremo afirma que los celos no pueden ser considerados como atenuante

Según la doctrina del Tribunal Supremo, en caso de violencia de género no puede aplicarse como atenuante el arrebato u obcecación motivado por celos. Así se ha visto reflejado en uno de los últimos casos analizados por la Gran Sala, correspondiente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona donde se condena a un hombre a 14 años de prisión por amenazas graves a su exmujer  a través de mensajes por el sistema “WeChat” y por una agresión con un cuchillo.

Stop Violencia de GéneroLa agresión más grave  fue castigada con 9 años de prisión  como homicidio en tentativa  y su resultado consistió en diversas heridas cortantes en cara, cuello y tronco que han causado un perjuicio estético importante a la víctima, que le afectan en el correcto desempeño de su profesión de camarera. En cuanto a los “pantallazos” realizados a los mensajes de la aplicación citada, aclara el Supremo que para que puedan ser tenidos como válidos debe realizarse una pericial para verificar su autenticidad, para evitar de ese modo las posibles suplantaciones o la creación de cuentas con perfiles fingidos donde un usuario se comunique consigo mismo. En el caso valorado no fue necesaria la realización de dichas periciales, puesto que la defensa admitió su realización.

El Supremo concluye que fuera de los casos establecidos donde los celos se deben a una enfermedad, no cabe la aplicación de atenuante en casos “en los que, por definición, renace el derecho de ambos cónyuges a rehacer un proyecto propio de vida afectiva”, pues en caso de considerar dicha atenuante estaríamos restando importancia a “injustificadas reacciones coléricas que, si bien se mira, son expresivas de un espíritu de dominación que nuestro sistema jurídico no puede beneficiar con un tratamiento atenuado de la responsabilidad criminal”.

Rechaza pues el recurso interpuesto por el acusado,  puesto que “quien se sitúa en el plano injustificable de la prepotencia y la superioridad no puede pretender que su conducta se vea beneficiada por un reconocimiento de la disminución de su imputabilidad o culpabilidad“.

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Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

 

DIVORCIO: PODRÁ TENERSE EN CUENTA LA CONVIVENCIA PREVIA AL MATRIMONIO PARA DETERMINAR LA PENSIÓN COMPENSATORIA

En Navarro&La Rosa Abogados damos a conocer, por su interés, la Sentencia de fecha 16 de Diciembre de 2015 por la Sala de lo civil del Tribunal Supremo donde se establece el criterio a seguir cuando tras un tiempo de convivencia mutua, deciden contraer matrimonio y posteriormente se divorcian, podrá tenerse en cuenta esa convivencia mutua anterior al matrimonio para establecer la pensión compensatoria del Art. 97 del Código Civil.

El interés en esta Sentencia radica en que establece el criterio a seguir cuando en el seno de una unión de hecho sus integrantes deciden en un primer momento que su relación sentimental se base en una convivencia mutua y pasado ciertos años deciden finalmente contraer matrimonio, por lo tanto, el asunto se contrae a decidir si a la hora de indagar sobre la existencia de desequilibrio y, en su caso, cuantificación y temporalidad de la pensión, será circunstancia digna de valoración y de ser tenida en cuenta la etapa prenupcial de convivencia more uxorio, que sin solución de continuidad enlaza con el posterior matrimonio.

El Artículo 97 CC exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria y como ha puesto de relieve la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 864/2010, de Pleno, de fecha 19 de Enero de 2010, la pensión compensatoria pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá de tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación.

Y por todo ello, la Sala de lo civil del Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 16 de Diciembre de 2015 concluye que no resulta indiferente cuando ambos cónyuges llegan al matrimonio con un desequilibrio económico entre ellos, que éste tenga su origen en sus diferentes condiciones personales y familiares, fruto de la trayectoria independiente de sus vidas, con ingresos profesionales o patrimonios notoriamente desiguales, o que, por el contrario, el desequilibrio, total o parcial de un cónyuge respecto de otro, venga propiciado por éste, como sería el supuesto de una convivencia de hecho, merced a la relación sentimental que mantenía con llegó a ser su esposo, viendo quebradas sus expectativas y oportunidades laborales, tal dedicación al hogar y a la colaboración profesional (sin solución de continuidad) durante la unión de hecho y durante el matrimonio, hasta que se produjo el divorcio, por lo que debe computarse aquel tiempo de convivencia.

La comunicación con un menor a través de las redes sociales puede ser castigado como abuso sexual.

El Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia que no es necesario que exista contacto físico con  un menor para que pueda considerarse el delito de abuso sexual, recogido en el artículo 183.1 del Código Penal. En este caso el acusado tomaba contacto con la  víctima  mediante las redes sociales (Facebook) que a día de hoy cuentan, según palabras de la Sala con “un realismo hasta ahora inimaginable”.

Confirma de este modo la sentencia de la Audiencia de Huesca, donde se condenaba a un hombre  a 4 años y 3 meses de prisión por un delito continuado de abusos a una niña de 10 años a través de Facebook. El acusado, que se mostraba desnudo a través de la webcam, le pedía a la menor que se quitara la ropa y se acariciara sus órganos genitales y llegó a proponerle hasta en cinco ocasiones el intercambio de fotografías e imágenes de contenido sexual.

Al no existir contacto físico la sentencia fue recurrida ante el Supremo, pues entendía la defensa que al producirse sólo contacto por internet  no se cumplía el artículo 183.1 del Código Penal, que establece el castigo cuando existe contacto físico entre acusado y menor. En cambio, el Tribunal Supremo entiende que el ataque a la identidad de la menor se produce de igual modo, ya que fue coaccionada para realizar dichas prácticas y aclara que  “más allá de aquellos supuestos en los que la falta de contacto físico se produce en un contacto de proximidad entre agresor y víctima, las nuevas formas de comunicación introducen inéditos modelos de interrelación en los que la distancia geográfica deja paso a una cercanía virtual”.

Por último, concluye la sala haciendo referencia a la poca jurisprudencia que existe en torno al abuso sexual mediante las redes sociales y cita que “el ataque a la identidad sexual del menor de edad puede producirse sin esa contigüidad física que, hasta hace pocos años, era presupuesto indispensable para la tipicidad de conductas de agresiones o abusos sexuales a menores”.

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Un padre deberá seguir pagando pensión de alimentos a sus hijos de 26 y 21 años.

La sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Lugo ha revocado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en la que se eximía a un padre de seguir pagando la pensión de alimentos a sus dos hijos mayores de edad, obligándole de este modo a continuar pagando al no apreciar “mala conducta” en los jóvenes, sino una consecuencia de la crisis económica actual.

Los jóvenes, de 26 y 21 años, viven con su madre y ambos se encuentran inscritos en el INEM y en este momento no trabajan ni se forman. El joven de 26 años y padre de familia, no ha acudido a ningún curso y tan solo ha trabajado 40 días en los últimos cinco años. Su hermano, quien fue llamado para realizar un curso, no acudió debido a una intervención por cataratas traumáticas, según consta en el informe médico presentado en el juicio.

Siendo consciente de la actitud, el padre, que llevaba pagando la pensión de alimentos desde su divorcio en 2007, solicitó dejar de pagar dicha pensión alegando “la actitud indolente a la hora de buscar trabajo y de aprovechar sus estudios” y amparándose en el Código Civil que dice que “la obligación del padre de seguir aportando la manutención a sus hijos cesará cuando la necesidad de aquellos provenga de mala conducta o de falta de aplicación en el trabajo”.

Según dicta el fallo del juzgado de Primera Instancia, donde se eximía al padre del pago de la pensión de alimentos, ambos se encuentran apuntados al INEM pero no se encuentran trabajando “por causas no imputables a ellos, sino por las circunstancias económicas que existen actualmente”. Pese a comentar que sí tenían interés en realizar los cursos formativos, no hicieron ninguno y por tanto la juez concluye el fallo señalando que “Su trabajo en este caso”, “es formarse para encontrar trabajo, y no se ha aportado prueba alguna de dicho empeño“.

No obstante, la misma ha quedado anulada tras ser recurrida ante la Audiencia Provincial quien entiende que  “teniendo presente el marco de crisis económica actual, al constar que ambos figuran como demandantes de empleo, sin que se les hayan concedido actividades formativas con la excepción de la concedida a uno de ellos en una sola ocasión y a la que no pudo acudir por motivo de una intervención quirúrgica. Por tanto, debemos concluir que el padre no ha acreditado la existencia de desidia o falta de voluntad en la búsqueda de empleo por parte de sus hijos”.

Por lo tanto, se determina que el padre deberá seguir pagando la pensión de 300 euros mensuales a sus hijos hasta que las circunstancias cambien y el hombre pueda volver a reclamar judicialmente.

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Condenado a pagar 74.000 euros a su mujer tras dedicarse ésta durante el matrimonio al trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos

Siguiendo con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo el  pasado año, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a un hombre a pagar a su exmujer  la cantidad de 74.000 euros tras dedicarse ésta durante los diez años del matrimonio al trabajo en el hogar.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de FamiliaEntiende la sala que al encontrarse en régimen de separación de bienes, durante ese tiempo el hombre podía trabajar para “engordar” su patrimonio, mientras que la mujer lo hacía “por el bien común”, por lo que ahora deberá compensar  el tiempo dedicado por la misma al cuidado de los hijos. Es por ello que “fijan la cuantía de la indemnización multiplicando el salario mínimo interprofesional por los cien meses que duró la unión”, tal y como dicta el Código Civil y de esa forma evitan  “que el perjuicio que pueda producir el cese de la convivencia recaiga sobre uno de los cónyuges”.

Esta sentencia sigue, como hemos mencionado antes, la línea fijada por el Tribunal Supremo el pasado año, donde se obligó a un hombre a pagar una pensión compensatoria de 400 euros al mes a su ex mujer tras pasar 21 años al cuidado en exclusiva de sus hijos.

Pese a que en primera instancia se le dio la razón a la mujer, el recurso interpuesto por el marido ante la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto la sentencia, denegando a la mujer la pensión compensatoria por no apreciar desequilibrio entre económico entre las partes y añadiendo que dicha pensión no es “mecanismo dador de cualidades profesionales que no se tienen”.

Dicho argumento fue rechazado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, quien estimó de forma integra el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 2012 dictada por la Audiencia, afirmando que el tiempo prolongado que pasó la mujer al cuidado de los niños determina que la pensión de cotización sea menor, pero que sí existe oportunidad de compensación. Destaca además la necesidad de valorar que el tiempo dedicado por la misma a su familia influyó de forma negativa en su desarrollo profesional.

En el momento de la sentencia, el hombre cobraba una pensión de jubilación parcial de 1640 euros y la mujer una pensión de jubilación de la Seguridad Social de 519 euros al mes, teniendo además reconocida una discapacidad del 15% que unida a su edad, le dificultan en gran medida la posibilidad de mejorar su situación económica y profesional.

Concluye el Supremo mencionando que con esta sentencia pretende evitar que el perjuicio que puede producir una extensa convivencia recaiga sólo sobre uno de los cónyuges y para ello debe tenerse en cuenta lo ocurrido durante el matrimonio.

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