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¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

La constitución española, en su artículo 119,  establece que  “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En base a dicho precepto constitucional, el legislador llevó a cabo la elaboración de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, con el fin de regular un sistema de justicia gratuita que permitiera a los ciudadanos con insuficiencia económica proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y no verse obstaculizados a dicho acceso por razones económicas, garantizando así un acceso a la justicia en condiciones de igualdad  para todos los ciudadanos.

El artículo 2 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita establece quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, los cuales son:

1) Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

2) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a la Seguridad Socialen todo caso.

3) Las Asociaciones de utilidad pública  así como las Fundaciones inscritas en el Registro Público cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

4) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

5) En el orden contencioso, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España,  a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

6) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situación de abuso o maltrato.

7) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

8) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

Abogados en Alicante – Servicio de Urgencias

Por lo tanto, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se deberá  acreditar que sus ingresos económicos no superan los siguientes umbrales los cuales se basan en el IPREM como índice de referencia y cuya cuantía en 2017 se fija en 532,51 €:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Será la Comisión de Justicia Gratuita la que estimará o desestimará la solicitud, la cual tendrá en cuenta además de las rentas  otros bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, pudiendo negar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos revelan que dispone de medios económicos que superan el límite fijado.

Por último es importante recordar que el abogado podrá reclamar su minuta cuando la Comisión de Justicia Gratuita desestimara la pretensión del solicitante y hubiese habido designación provisional de abogado, pudiendo el letrado reclamar los honorarios ocasionados por la intervención realizada hasta la desestimación definitiva de la resolución.

 

 

Reclamación frente al empresario de deudas salariales: El proceso monitorio Laboral.

El artículo 101 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, desarrolla este mecanismo el cual permite al trabajador reclamar el abono de salarios devengados cuya cuantía no exceda de 6.000 €, ya que si fueran una cantidad superior el trabajador debería acudir a un procedimiento ordinario el cual es más lento y arduo. La acción para reclamar ante la jurisdicción social el abono de los salarios devengados prescribirá al año desde que los salarios debieron percibirse o se percibieron en inferior cuantía.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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El proceso monitorio Laboral, semejante al monitorio civil, se sustancia ante el Letrado de la Administración de Justicia el cual examinará que se cumplen una serie de requisitos necesarios para poder acceder a dicho procedimiento y que son:

1) Que la reclamación se presente frente a empresarios que no se encuentren en situación de concurso.

2) Que se trate de reclamaciones de carácter individual, por lo que se excluyen las reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran realizar a través del representante de los trabajadores o reclamaciones contra las entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social.

3) Que se trate de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no exceda de 6.000 €.

4) Debe existir la posibilidad de notificar al empresario a través de citaciones, notificaciones y emplazamientos mediante correo ordinario, telégrafo, fax, correo electrónico o cualquier otro medio telemático.

Examinados los requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor empresario para que, en el plazo de 10 días, pague o formule escrito de oposición con la razones por las que a su entender no debe la cantidad reclamada. Además, en dicho requerimiento se le apercibirá al empresario de que no  pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando razones de su negativa al pago, se despachará ejecución contra él.

Transcurridos el plazo de 10 días podrá suceder que:

1) El empresario pague al trabajador el importe total, en ese caso el procedimiento se archiva, previa entrega de la cantidad reclamada al trabajador.

2) El empresario no paga ni formula oposición, en este caso el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto y dará traslado al trabajador para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con su mera petición.

3) El empresario formule oposición total al pago de la deuda reclamada, en ese caso el trabajador deberá en  los cuatro días siguientes presentar ante el Juzgado de lo Social demanda, procediéndose seguidamente al señalamiento de la conciliación y juicio mediante el procedimiento ordinario. Es importante presentar la demanda en el plazo señalado ya que de no presentarse se producirá el sobreseimiento de las actuaciones.

4) El empresario formule oposición parcial reconociendo sólo una parte de la deuda, en ese caso el trabajador puede solicitar al Juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamación de la cantidad reconocida cuyo auto tendrá el valor de título ejecutivo y le permitirá despachar ejecución por dicha cantidad sin tener que esperar a que recaiga una resolución sobre las cantidades controvertidas la cuales se resolverán en un proceso ordinario.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN TRABAJADORES POR CUENTA AJENA.

Según  establece el art.156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), se entiende por accidente de trabajo aquella lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, en el que los daños derivados del trabajo incluirán también las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.Derecho Laboral - Abogados Alicante

Para que el accidente pueda ser considerado como  accidente laboral debe cumplirse una serie de requisitos como son:

  1. La existencia de una lesión corporal, considerándose lesiones no solo los daños corporales sino también las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas.
  2. La condición de trabajador por cuenta ajena del sujeto accidentado.
  3. La existencia de una relación de causalidad  entre el trabajo y la lesión.
  4. La existencia de una doble relación de causalidad: Una entre el trabajo y la lesión y otra entre lesión y la situación invalidante o protegida.

La LGSS recoge una serie de supuestos que pueden ser considerados como accidente de trabajo, entre los que podemos mencionar:

  1. El sufrido en el lugar de trabajo y durante el tiempo de trabajo.
  2. El sufrido al ir o al volver del lugar de trabajo.
  3. Los accidentes en misión.
  4. Los producidos con ocasión de las tareas realizadas por órdenes del empresario o por interés de la empresa.
  5. Las enfermedades comunes contraídas como consecuencia del trabajo.
  6. Las enfermedades anteriores al accidente que se agraven por el accidente de trabajo.
  7. Las enfermedades que tienen como consecuencia procesos patológicos debidos a accidentes de trabajo.

No obstante, hay que señalar que tal y como señala la LGSS en su artículo 156.4, no tienen la consideración de accidente de trabajo los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo , entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutada al ocurrir el accidente, así como los accidentes laborales que sean debidos a la imprudencia temeraria del trabajador.

empresa debe enviar el parte de accidente de trabajo a la entidad aseguradora en el plazo máximo de 5 días hábiles, debiendo también entregar una copia del parte al trabajador accidentado.  Sin embargo, si el accidente fuera considerado como grave, muy grave o provocara el fallecimiento de algún trabajador, la empresa deberá comunicarlo a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas, la cual realizará las oportunas diligencias de investigación sobre la forma en que sobrevino el accidente, las causas del mismo o las circunstancias concurrentes.

El incumplimiento de la obligación de comunicar el accidente de trabajo y enfermedades profesionales se encuentran sancionadas con multas que van desde 40 € a 2.045 € (para accidentes calificados como leves) y de 2.046€ a  40.985 (para accidentes graves, muy graves o mortales).

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

El Tribunal Supremo eleva de 8 a 20 días la indemnización de ceses de trabajadores indefinidos- no fijos.

La Sala IV de Tribunal Supremo, en la sentencia nº 257/2017, de 28 de marzo de 2017, ha cambiado su línea jurisprudencial al considerar que los trabajadores indefinidos no fijos del sector público cuando son cesados por la cobertura de la plaza que ocupaban, tienen derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.  Esta nueva línea modifica la jurisprudencia anterior del Alto Tribunal que consideraba que no correspondía más de 8 días por año.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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En la sentencia, la Sala IV del Tribunal Supremo establece que ha cambiado el criterio para cuantificar dichas indemnización con base a las siguientes razones:

En primer lugar, porque la figura del indefinido no fijo, la cual ya se viene recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, refleja que la norma diferencia al personal laboral en función de su duración del contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el término de indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, por lo que  el personal indefinido no es equiparable al temporal.

En segundo lugar, la figura del personal indefinido tiene su origen en un uso abusivo de la contratación temporal por parte del algún órgano administrativo. Si bien el art.15 ET establece que cuando ese uso abusivo de la contratación es llevada a cabo por empresas privadas, dicho contrato se convierte en fijo. Sin embargo, cuando lo realiza la Administración, como el acceso a la función pública debe hacerse con respetos de los principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, ya que se estaría facilitando un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse las normas que regulan el acceso a esos puestos públicos, a través de concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En tercer lugar, porque la figura el indefinido-no fijo al no tratarse  de un contrato temporal, resulta necesario reforzar la cuantía de la indemnización ya que el vacío legal al respecto no justifica la equiparación del trabajador indefinido-no fijo al temporal como se venía haciendo hasta ahora.

En último lugar, por la ausencia de un régimen jurídico del contrato indefinido-no fijo, obliga a la Sala a acudir a supuestos comparables por lo que se acogible la indemnización  de veinte días por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. Dicha comparación se establece porque  la extinción contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato.

 

La indemnización correspondiente por las lesiones permanentes no invalidantes en accidentes laborales.

Se entiende por Lesión permanente no invalidante, todas aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter permanente que, causadas a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y sin incidir negativamente en la capacidad laboral del accidentado, implican una disminución o alteración de la integridad física del trabajador. Estas lesiones se encuentras recogidas en  un Baremo establecido en la Orden ESS/66/2013 por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. El plazo de reconocimiento y notificación de las lesiones permanentes no invalidantes es de 135 días.  Es importante señalar que el plazo de prescripción de la acción por la reclamación de la prestación por lesiones comienza a computarse  desde que las dolencias son valoradas y determinado su origen en enfermedad profesional y no desde que se constata la existencia de las lesiones.

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Esta  indemnización correspondiente al Baremo se deberá satisfacer por la entidad gestora o mutua  que esté obligada a realizar el pago de la incapacidad derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Además no podemos obviar que el Art. 154 de La Ley General de la Seguridad Social  establece que todas aquellas prestaciones que traigan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad profesional pueden incrementarse en caso de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Ese recargo, el cual correrá a cargo del empresario, se podrá cifrar entre un 30% y un 50% del importe de la prestación conforme a Baremo, porcentajes que dependerán  de la gravedad de la falta cometido por el empresario en la omisión de medidas de seguridad y no de la gravedad del daño ocasionado.

Para tener derecho a dicha indemnización se deberá destacar:

  • Que la lesión producida debe haber sido precedida por el incumplimiento de alguna obligación de seguridad e higiene en el trabajo, teniendo que existir culpa o negligencia por parte del empresario.
  • Debe de existir una relación de causalidad entre la infracción cometida y la lesión sufrida. En este sentido, los tribunales consideran que no se prevé la imposición del recargo por el mero hecho de inobservarse las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, sino que exige que la lesión se produzca por tales incumplimientos.

El plazo de prescripción para reclamar el recargo de prestaciones es de 5 años a contar desde la última prestación reconocida.

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El despido nulo en situación de incapacidad temporal

 

Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados Alicante os exponemos una de las últimas decisiones judiciales en el ámbito de la Jurisdicción Social y que aborda una cuestión tan importante como son los despidos de trabajadores que se encuentran en un situación de discapacidad con una duración “incierta” o “duradera” derivada de un accidente laboral. ¿Debe considerarse un despido improcedente como viene estableciendo la doctrina del Tribunal Supremo o es un despido nulo en base a la aplicación de la Directiva 2000/78?Derecho Laboral - Abogados Alicante

El Juzgado de lo Social nº33 de Barcelona de fecha 23 de diciembre de 2016 ha declaro nulo el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal debido a un accidente laboral,lo cual ha constituido para el magistrado una situación de discriminación por razón de discapacidad al considerar que el verdadero motivo del despido era la incapacidad temporal derivada del accidente la cual le impedía reincorporarse en un plazo corto a su puesto de trabajo. Lo verdaderamente interesante es que el Juzgado apoya su decisión en la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelta en la Sentencia TJUE de 1 de Diciembre de 2016, y en la aplicación de la Directiva 2000/78 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estimado que el concepto de “discapacidad” conforme a la Directiva 2000/78 debe entenderse como el referido a una “limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas, a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras , puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores”. El tribunal también tiene conveniente en considerar ese carácter duradero de la discapacidad el cual debe analizarse por el tribunal de lo social de Barcelona en base a todos los elementos objetivos de que disponga, en particular, en documentos y certificados relativos al estado de esa persona, redactados de acuerdo con los conocimientos y datos médicos y científicos actuales.

Por ello, el Magistrado del juzgado de lo Social de Barcelona establece que, en la fecha del despido, estando el demandante en situación de “incapacidad temporal” por causa de accidente laboral, la limitación que padecía el demandante no “presentaba una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo”, por lo de debe ser considerada una “limitación duradera” y, por consiguiente, una situación de “discapacidad” a efectos de la Directiva 2000/78.

Si esta situación de despido nulo por incapacidad temporal derivada de un accidente laboral vulnera algún derecho fundamental de los recogidos en la Carta de Derecho Fundamentales, es algo sobre lo que no ha podido pronunciarse el TJUE el cual sólo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias que le son atribuidas y por lo que respecta a la Carta de Derecho fundamentales, artículo 51 apartado 2, establece que “las disposiciones de la Carta no amplían el ámbito del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, por lo que el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ellas al no estar acreditado que la situación controvertida entre en el ámbito de aplicación de una norma del Derecho de la Unión distinta de las que figuran en la Carta”.

Estaremos atentos a qué corriente adopta el Tribunal Supremo quien, hasta ahora, viene considerando estas situaciones, en las que el empleador aduce una “falta de rentabilidad en el mantenimiento del puesto de trabajo”, una situación de despido improcedente, pero en ningún caso, nulo” (STS Sala de lo Social de 12 Julio de 2004) generando una situación en la que el empresario, desde la certeza de que esta es la doctrina, asumía el coste económico de la declaración de despido improcedente, sin necesidad de alegar causa objetiva o real al trabajador enfermo o accidentado.

Considerada por primera vez la electrosensibilidad como incapacidad permanente total.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido de forma pionera, mediante la sentencia nº 588/2016, la incapacidad permanente total a un ingeniero de telecomunicaciones que sufría el síndrome denominado “síndrome de electrosensibilidad”, que le impedía desarrollar de forma efectiva su trabajo al encontrarse expuesto a entornos electromagnéticos.

Este síndrome provoca a quien lo sufre síntomas incapacitantes como dolor muscular, dolor de cabeza, alteraciones del sueño, irritabilidad e incluso agresividad.Es por ello que el ingeniero, trabajador de una conocida multinacional tecnológica, recurrió en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, siendo la misma desestimada y absuelto el Instituto Nacional de la Seguridad Social que le había negado una prestación económica por su incapacidad.

Antecedentes de hecho  

El recurrente inició una situación de baja por incapacidad temporal, que posteriormente pasó a permanente, debido a que la sintomatología de su enfermedad se agudizó. Tras ello, se emite un primer informe médico donde se  considera que “no es posible establecer limitaciones funcionales definitivas para el síndrome de electrosensibilidad” y por tanto, se le niega la calificación de incapacitado permanente por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Debido a dicho informe, el INSS dicta una resolución denegando al recurrente la prestación por incapacidad ya que las afecciones no alcanzaban grado suficiente como para constituir una incapacidad permanente, recurriendo el actor dicha decisión ante el Juzgado de lo Social de Madrid, quien desestima el recurso por no considerar la “incapacidad permanente absoluta”.

Fue entonces cuando el actor recurrió en suplica, amparándose en lo dispuesto en el artículo el articulo 193 b) y c) de la LRJS. En este caso, contaba con un informe favorable del Sistema de Salud Público donde se le reconocía que, cuando se encuentra expuesto a campos electromagnéticos muestra síntomas como insomnio, dolores de cabeza, acúfenos, cambios de ánimo, nerviosismo, irritabilidad o agresividad y que dichos síntomas “mejoraban al alejarse de su exposición”.

Tras revisar este informe, el Tribunal Superior de Justicia le da ahora la razón, puesto que la enfermedad que padece le hace imposible desempeñar su trabajo como ingeniero de telecomunicaciones al permitele sólo trabajar en entornos libres de contaminación electromagnética.

Considera el mismo que “queda razonablemente acreditada la incapacidad permanente total del demandante para su profesión habitual de Ingeniero de Telecomunicaciones a causa del síndrome de sensibilidad química que padece o hipersensibilidad electromagnética que el Ministerio de Sanidad español lo ha calificado en su versión de la clasificación internacional de enfermedades CIE-9-MC dentro del grupo de alergias no específicas.”

Valora además la sentencia que “la contaminación radioeléctrica, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía móvil, WIFI, que obliga a quien lo padece a reducir al máximo su exposición en los entornos doméstico y laboral y evitar lugares con contaminación electromagnética”.

Por todo ello, considera que se encuentra incapacitado para realizar su trabajo y llega el tribunal “a la razonable decisión de declarar al demandante en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de Ingeniero de Telecomunicaciones derivada de enfermedad común con derecho a percibir la prestación económica correspondiente en aplicación de los dispuesto en el artículo 137.4 de la LGSS (LA LEY 2305/1994)”.

El Tribunal no considera en cambio la incapacidad absoluta por entender que el demandante puede ejercer su trabajo en ambientes libres de contaminación electromagnética y que “no resulta posible establecer secuelas definitivas”, siendo esta falta de limitaciones permanentes otro motivo para no estimar dicha incapacidad, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 136.1 de la LGSS (LA LEY 2305/1994).

El reconocimiento por parte de los tribunales de este síndrome como causa de invalidez es pionero, aportando con ello un atisbo de esperanza a otros síndromes poco conocidos que provocan a quien lo sufre padecimientos de alto impacto que le impiden desarrollar su trabajo, al igual que lo hicieron otras sentencias como la de la fatiga crónica o la sensibilidad ambiental (sentencia 213/2016 del TSJ de Castilla y León de fecha 6 de abril de 2016 o la sentencia 4675/2014 del TSJ Cataluña de fecha 27 de junio de 2014)

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El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales a las personas jurídicas

El pasado 29 de julio de 2016, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso interpuesto por el PSOE contra las tasas judiciales implantadas en 2002 por Alberto Ruiz Gallardón, un recurso muy esperado después de que en 2015, quedaran suprimidas las tasas para las personas físicas, por considerar que las mismas vulneraban el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 en la Constitución Española.

Tasas No - Navarro & La Rosa Abogados AlicanteEl alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso, fallando por unanimidad que las tasas que persistían contra las personas jurídicas impedían por su elevada cuantía (que podía ascender hasta los 1.200 euros) el acceso a la Justicia, no por vulnerar en sí el derecho a la tutela judicial efectiva, sino por el efecto disuasorio que podía producir debido a su “desproporcionalidad”.

Se declaran por tanto inconstitucionales las tasas para el acceso a la jurisdicción y las de interposición de recursos. Más concretamente anula:

Incisos del artículo 7.1:

  • La cuota fija de 200 euros para los recursos contencioso-administrativo abreviado
  • La cuota fija de 350 euros para el recurso contencioso-administrativo ordinario
  • La tasa para el recurso de suplicación de 500 euros
  • La de 800 euros para promover el recurso de apelación
  • La cuota de 1200 euros para recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil
  • La de 750 euros por el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades.

Queda anulado también el artículo que fijaba las tasas de cuantía variable en función de la cuantía del litigio, que podían ascender a los 10.000 euros.

Reconoce el Tribunal que tanto las tasas fijas como las variables pueden llegar a disuadir a los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales debido a tal “desproporcionalidad” y añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son legítimos constitucionalmente, puesto que su objetivo es el de evitar situaciones de abuso o dilaciones en los procedimientos judiciales.

Concluye la sentencia mencionando que la finalidad perseguida por las tasas de acabar con los recursos abusivos no es idónea, puesto que queda diluida para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes. En cuanto a la financiación mixta de la justicia, la segunda finalidad perseguida con la implantación de las tasas, sostiene el Tribunal que “el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental” y que además,”no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva” por  tanto vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución.

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El trabajador tiene derecho a cobrar las vacaciones no disfrutadas cuando cesa la relación laboral

El trabajador que decida dejar su empleo de forma voluntaria tiene derecho a cobrar las vacaciones anuales retribuidas que no haya podido disfrutar. Así lo ha decretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante una sentencia publicada el día 20 de Julio. Recuerda en su sentencia que los trabajadores deben disponer de al menos cuatro semanas de vacaciones retribuidas al año, período que puede ser ampliado por valoración de los Estados miembros.

Afirma el Tribunal que “Cuando la relación laboral ha finalizado y ya no resulta posible, por tanto, disfrutar de modo efectivo de las vacaciones anuales retribuidas, la Directiva prevé que el trabajador tendrá derecho a una compensación económica, a fin de evitar que, como consecuencia de esta imposibilidad, quede privado de todo disfrute“, siendo además “irrelevante” la causa de extinción laboral pues “no tiene incidencia alguna en su derecho a percibir (…) una compensación económica” por las vacaciones no disfrutadas por el mismo.

Finaliza la sentencia recordando la doble finalidad de las vacaciones retribuidas, siendo la de “permitir que el trabajador descanse” y “que disponga de un período de ocio y esparcimiento“.

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El pagaré como medio de pago válido de la indemnización si se acompaña de la comunicación de despido

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia 536/2016, ponente Sr. Souto Prieto, que la entrega de un pagaré cuya fecha de vencimiento se corresponda con el mismo día de la comunicación de despido, cumple con lo establecido en el artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al empresario a poner a disposición del empleado la indemnización por el despido el mismo día que se comunica éste.

De este modo, ha estimado el recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto por una empresa contra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien sentenció que se había producido un despido improcedente por entregar un pagaré a una trabajadora junto con la carta de despido. La empleada no aceptó el pagaré, cuya fecha de vencimiento era de ese mismo día y mediante la que se le iba a pagar la indemnización.

En este caso, el problema se produjo porque la entrega de un pagaré no constituye una orden de pago sino una promesa de pago. Para el Supremo, la entrega del pagaré se realiza simultáneamente con la comunicación del despido y por tanto “Siendo esto así, es claro que el pagaré permitía, al igual que un cheque, un pago a la vista, y que la actora, si en lugar de rechazarlo -pues no había dilación en la entrega, ni constan discordancias en la cantidad ni falta de provisión de fondos- lo hubiera recogido, podría haberlo hecho efectivo el mismo día, obteniendo así una puesta a disposición simultánea a la comunicación del despido, sin perjuicio de que, si por alguna circunstancia ajena a la trabajadora despedida -por ejemplo no abono por el banco por falta de fondos disponibles, como ocurriría también con un cheque- no se efectuase la realización del pagaré, siempre tendría expedita la vía para reclamar la improcedencia del despido por no haber existido, de forma simultánea a la entrega de la comunicación del despido, una verdadera puesta a disposición de la indemnización”.

Con esta sentencia se flexibiliza la jurisprudencia, que ha pasado de realizar una interpretación rígida, donde sólo se entendía por cumplido el Estatuto de Trabajadores cuando en el mismo acto de despido, el trabajador disponía efectivamente del dinero de la indemnización a otra interpretación más amplia donde se admiten instrumentos como la transferencia o cheque bancario.

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