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¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

La constitución española, en su artículo 119,  establece que  “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En base a dicho precepto constitucional, el legislador llevó a cabo la elaboración de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, con el fin de regular un sistema de justicia gratuita que permitiera a los ciudadanos con insuficiencia económica proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y no verse obstaculizados a dicho acceso por razones económicas, garantizando así un acceso a la justicia en condiciones de igualdad  para todos los ciudadanos.

El artículo 2 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita establece quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, los cuales son:

1) Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

2) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a la Seguridad Socialen todo caso.

3) Las Asociaciones de utilidad pública  así como las Fundaciones inscritas en el Registro Público cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

4) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

5) En el orden contencioso, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España,  a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

6) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situación de abuso o maltrato.

7) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

8) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

Abogados en Alicante – Servicio de Urgencias

Por lo tanto, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se deberá  acreditar que sus ingresos económicos no superan los siguientes umbrales los cuales se basan en el IPREM como índice de referencia y cuya cuantía en 2017 se fija en 532,51 €:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Será la Comisión de Justicia Gratuita la que estimará o desestimará la solicitud, la cual tendrá en cuenta además de las rentas  otros bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, pudiendo negar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos revelan que dispone de medios económicos que superan el límite fijado.

Por último es importante recordar que el abogado podrá reclamar su minuta cuando la Comisión de Justicia Gratuita desestimara la pretensión del solicitante y hubiese habido designación provisional de abogado, pudiendo el letrado reclamar los honorarios ocasionados por la intervención realizada hasta la desestimación definitiva de la resolución.

 

 

La prescripción de las penas.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

Anteriormente, estuvimos  analizando las causas que extinguían la responsabilidad criminal entre las que se encontraba  la prescripción del delito (art. 130.1.6º), donde, en función de la pena que el Código Penal atribuye al delito, tenían un plazo de prescripción diferente. En este artículo nos vamos  a centrar en la prescripción de la pena, cuya diferencia esencial con la es que en la prescripción de la pena ya se ha producido la celebración del juicio  en la que existe una resolución judicial firme la cual establece una pena,  a diferencia de la prescripción del delito  la cual deviene porque no se han enjuiciado los hechos constitutivos de delito dentro de plazo, provocando que no se pueda  realizar una investigación judicial por dichos hechos.

La prescripción de las penas se encuentra regulada también en el Título VII del Código Penal, dedicado a las causas que extinguen la responsabilidad criminal. El artículo 133 del Código Penal establece que las penas impuestas por sentencia firme prescribirán:

  • A los 30 años, las penas de prisión por más de 20 años.
  • A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
  • A los 20 años, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
  • A los 15 años, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
  • A los 10 años, las restantes penas graves.
  • A los cinco, las penas menos graves.
  • Al año, las penas leves.

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Es importante recordar, que no todos las penas prescriben, así, tal y como señala el artículo 133.2, las penas impuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio, terrorismo y los cometidos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.

Es importante tener en cuenta que el plazo de prescripción de la pena empezará a contar desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si se hubiese comenzado a cumplir y que el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el período de suspensión de la ejecución de la pena o durante el cumplimiento de otras penas.

Consecuencias de la incomparecencia del testigo en un juicio penal.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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Cuando una persona es citada para comparecer ante el juzgado como testigo  presencial de unos hechos en los que estuvo presente o se trata de un testigo referencial (el cual tiene conocimiento de ciertos hechos delictivos por otras vías) suele surgir la duda de si existe la obligación  de comparecer  y si la inasistencia puede conllevar algún consecuencia negativa para el testigo debidamente notificado.

Como regla general, tal y como establece el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley.

Por lo tanto, la ley establece una obligación de comparecer y declarar acerca de los hechos investigados. No obstante, es importante mencionar que existen  excepciones a la regla general, como los parientes del investigado,  los cuales están dispensados de la obligación de declarar  (no de la obligación de comparecer en juicio).

La consecuencia de que el testigo no acuda al llamamiento judicial  o  de no declarar lo que supiese acerca de los hechos por los que fuera preguntado puede conllevar la imposición por parte del juzgado o tribunal de una multa que oscilará de 200€  a 5.000 €. Por lo general,  el Juez o Tribunal antes de interponer dicha sanción, advertirá al testigo para que cambie de conducta y lo citará nuevamente para acudir a declarar de nuevo. Sin embargo si se persistiera en la negativa de comparecer, será conducido a declarar por los agentes de la autoridad pudiendo ser investigado por un delito de obstrucción a la justicia que pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses.

Como hemos mencionado antes, la ley establece que la obligación también conlleva el deber de declarar por los hechos por los que se nos pregunta por lo que la negativa a declarar conllevaría la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad  con penas de 6 meses a un año de prisión.

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El Delito Leve de injurias.

La reforma del Código Penal trajo consigo la derogación de las “faltas” y por ende, la despenalización de las injurias leves recogidas en el  artículo 620.2º del Código Penal de 1995, estableciendo como única vía posible para aquellas personas ofendidas, la de acudir a la vía civil por vulneración del derecho al honor.

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A pesar de que las injurias leves ya no constituyan una infracción penal, debemos tener en cuenta que el nuevo Código Penal establece que dichas injurias podrán ser consideradas como un Delito Leve  cuando dichas injurias o vejaciones se profieran contra cualquiera de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173. Dichas personas son:

  1. Quien sea o haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia.
  2. Los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.
  3. Los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con él o que se hallan sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.
  4. La persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar.
  5. La persona que por su especial vulnerabilidad se encuentre sometida a custodia o guarda en centros públicos o privados.

    Abogados en Alicante, Derecho Penal

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Según establece el artículo 173.4 del Código Penal, quien cause injuria o vejación de carácter leve contra cualquiera de las personas que hemos mencionado, será castigado con alguna de las siguientes penas pudiendo ser:

  1. A) Pena de localización permanente de cinco a treinta días, en domicilio diferente y alejado del de la víctima.
  2. B) Trabajos en beneficio de la Comunidad de cinco a treinta días.
  3. C) Multa de uno a cuatro meses. Esta pena únicamente se podrá imponer, tal y como establece el artículo 84.2 del Código Penal, cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una relación común.

 

 

 

 

 

 

 

La sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión de ciudadanos extranjeros. Artículo 89 del Código Penal.

 

A partir de la reforma del Código Penal a través de la LO 1/2015 ,  cuyas reformas tratan de acomodar la regulación española a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, una de las novedades más relevantes  por su endurecimiento contra los ciudadanos extranjeros es la referida a la generalización de la expulsión de ciudadanos extranjeros como sustitución de la ejecución de la pena de prisión, incluidos aquellos que tienen residencia legal e incluso a ciudadanos de la Unión Europea, si bien con carácter excepcional. Por lo tanto, puede, en principio, aplicarse la expulsión sustitutiva a todos los ciudadanos extranjeros, con independencia que estén irregularmente o no, quedando solamente excluidos los nacionales. No obstante, la sustitución no será aplicable a las penas impuestas por la comisión de los delitos recogidos en los arts. 177 bis (trata de seres humanos), 312 (tráfico ilegal de personas), 313 (inmigración clandestina de trabajadores) y 318 bis (tráfico ilegal de personas)

La nueva redacción del Artículo 89 del Código Penal prevé la sustitución por expulsión del territorio nacional de las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero, si bien,  la LO 1/2015 ha suprimido el carácter automático de la sustitución de la expulsión que introdujo la anterior reforma del Código Penal, mediante la LO 11/2003, por  lo que la expulsión “sólo podrá ser acordada si resulta proporcionada  a la vista de las circunstancia  del hecho y de las personales del autor, en particular su arraigo en  España” (Art.89.4 Código Penal). Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de la pena impuesta, y la sustitución del resto por la expulsión del penal del territorio nacional. También se podrá sustituir el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cundo se acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

Sin embargo, con la reforma a través de la LO 1/2015, la redacción del nuevo artículo 89 Código Penal, no se permite la sustitución total de  las penas de prisión de más de cinco años, acordando el Juez o Tribunal la ejecución de todo o parte de la pena. Aun así, se podrá sustituir la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado cuando se cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, accediera al tercer grado o se le concediera la libertad provisional.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

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Es importante señalar que la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.

Acordada la expulsión, la cual llevará consigo el archivo de cualquier procedimientos administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, cuya plazo dependerá  de la duración de las penas sustituidas y las circunstancias personales del penado. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período establecido, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que fuera sorprendido en la frontera donde será expulsado directamente por la autoridad gubernativa y empezará otra vez  a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

 

Las Denuncias Falsas en el ámbito penal.

Lamentablemente para el derecho español, cada año se producen situaciones más numerosas de denuncias falsas en los juzgados españoles, cuya acción hemos de recordar que se encuentra recogida dentro de los delitos contra la Administración de Justicia. Según dispone el Art. 456 del Código Penal, el que imputara falsamente a alguna persona hechos que son constitutivos de infracción penal, con conocimiento de su falsedad o con un temerario  desprecio a  la verdad, será sancionado con penas de prisión de hasta dos años, dependiendo de la gravedad del delito imputado con falsedad. Tal y como dispone dicho artículo, el que realice una denuncia falsa será sancionado:

  1. Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.
  2. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.
  3. Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.

El Código Penal establece que para proceder contra el denunciante por la comisión de este ilícito penal, deberá recaer sentencia firme o auto, de sobreseimiento o archivo  de las actuaciones. Una vez se dicte la resolución judicial, el Juez o Tribunal podrá proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que  resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda ser denunciado también por el ofendido mediante la interposición de la correspondiente denuncia ante la autoridad.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

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¿CÚANDO ES DELITO EL MATRIMONIO DE CONVENIENCIA?

Según se establece en la legislación española, los matrimonios de conveniencia  sólo puede conllevar sanciones administrativas, o derivar en un ilícito civil pero no será delito si no media ánimo de lucro y no  existe usurpación de estado civil o falsedad documental previa.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido es clara al respecto y en la Sentencia del Tribunal Supremo 1004/1997 ya  establecía que los matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a delito de falsedad, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión, pudiendo tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, mas nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal.”

Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a una pareja condenada a dos años de prisión por la Audiencia de Barcelona al considerar que se casaron en conveniencia, imputándoles  un delito de falsedad y otro delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

El Tribunal Supremo, destaca en primer lugar que la jurisdicción penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez del matrimonio, por lo que la referencia de la Audiencia de Barcelona a que el citado enlace fue inexistente o nulo debe suprimirse. Para ello, la Ley requiere una previa declaración de nulidad dictada por un juez civil en sentencia firme, que no concurre en este caso, ni la inscripción registral recoge datos falsos o inauténticos, porque el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto (la ceremonia del matrimonio) objetivamente celebrado.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

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En España, el legislador considera ilícito administrativo, contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito, sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros, en adecuada proporcionalidad que solo deviene penalmente típico, cuando en la ayuda a permanecer en España, media ánimo de lucro.

 

El Phishing como modalidad del delito de estafa informática.

El Phishing es una modalidad del delito informático que consiste en el envío de correos electrónicos con software maliciosos (virus, troyanos…etc.) o de enlaces a portales fraudulentos, con el objetivo de obtener claves, cuentas bancarias así como datos comprometidos de usuarios,  cuyos datos quedan a disposición  del defraudador el cual podrá hacer uso de dichas claves de forma fraudulenta, sin que el perjudicado pueda percatarse del engaño.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

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Uno de los métodos más usados por los defraudadores consiste en enviar correos, haciéndonos creer que se trata de un correo enviado  por nuestra entidad bancaria, en el que suelen adjuntar una URL en la que el cliente ha de clicar para acceder a la página de su banco pero que en realidad se les redirige una página web simulada, cuyos datos  serán usados maliciosamente por los defraudadores.

El Código Penal  regula el delito de estafa informático en el artículo 248.2 disponiendo que serán considerados reos de estafa los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejantes, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.  Los delitos de estafa están castigados con una pena de prisión de seis meses a tres años, pudiendo aumentar hasta los seis años dependiendo de las agravantes recogidas en el artículo 250 de dicho cuerpo legal ( por ejemplo, que la cantidad de lo defraudado fuera superior a los 50.000€)

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS.

El artículo 130 del Código Penal establece las causas en las cuales se extingue la responsabilidad criminal. Entre ellas se encuentra la prescripción del delito (art. 130.6º CP) la cual, en su artículo 131 del Código Penal, establece los plazos de prescripción en relación a la gravedad del delito cometido. El plazo de prescripción empezará a contar, tal y como señala el artículo 132 del Código Penal, desde el día de la comisión del delito, salvo los delitos continuados donde el plazo de prescripción empezará a contar desde el día en que se realizó la última infracción o desde que cesó en su conducta delictiva. Es importante señalar que el plazo de prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo  desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena.

DELITO

PLAZO (ART.131 CP)

  •   Genocidio
  •   Delitos de lesa humanidad
  •  Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el art.614 CP
  •  Delitos de terrorismo si causan muertes

No prescriben

·        Pena máxima señalada: prisión mayor o igual  a 15 años

20 años

Pena máxima señalada:

  •   Inhabilitación mayor a 10 años
  •    Prisión más de 10 años y menos de 15 años
 

 

15 años

Pena máxima señalada:

  •     Inhabilitación mayor a 5 años y que no exceda de 10 años
  •      Prisión de más de 5 años y que no exceda de 10 años
 

 

10 años

Demás delitos

5 años

Delitos leves y delitos de calumnias e injurias

1 años

Abogados en Alicante, Derecho Penal

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En virtud del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 16.12.08, para la determinación del plazo de prescripción del delito habrá de atenderse a la pena en abstracto señalada al delito correspondiente por el legislador.

Para el cómputo de la prescripción de un delito que contiene en su descripción normativa un tipo básico y otro subtipo agravado, el Tribunal Supremo, en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26.10.2011 estableció que para la aplicación de la prescripción, “se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. No se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal”. Por último señalar que en los delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave declarado cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado.

El delito de estafa: Los elementos que configuran el delito de estafa y sus penas.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

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El delito de estafa se encuentra tipificado en el Código Penal (artículos 248 a 251 Bis) en la sección 1 “De las estafas”, incluido dentro del capítulo VI “De las defraudaciones”. Según el artículo 248.1 del Código Penal, “comenten estafa los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño  bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

Continuando con la redacción de este artículo, el apartado segundo establece que también serán considerados reos de estafa las personas que:

  1. Con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  2. Fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas informáticos destinados a la comisión de delitos de estafa.
  3. Utilicen tarjetas de crédito o débito, cheques de viajes o datos que aparecen recogidos en ellos para realizar operaciones que causen un perjuicio a su titular o a un tercero.

LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DELITO DE ESTAFA.

Tal y como establece el Tribunal Supremo en la STS de 3 de abril de 2001, reproducida en las SSTS de 8 de febrero y 18 de abril de 2002 y 9 de abril de 2003, son:

  • Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.
  • Dicho engaño ha de ser “bastante”, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto.
  • Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivado viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.
  • Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo, acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.
  • Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.
  • Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el “dolo subsequens”,es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa.

LAS PENAS EN EL DELITO DE ESTAFA.

Dependiendo de la gravedad del delito, del valor de lo defraudado y del perjuicio económico causado, el código penal establece diferentes penas por lo que se deberán tener en cuenta las circunstancias concurrentes para determinar correctamente la pena impuesta:

  • Si el valor de lo defraudado no excediera de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
  • Si el valor de lo defraudado excediera de 400 euros, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años, para la cual, se deberá tener en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias que sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Es importante también mencionar en este punto, que el artículo 250.1 del Código Penal, permite elevar la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando:
  1. La estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
  2. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial.
  3. Recaiga sobre bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
  4. Revista especial gravedad atendiendo al perjuicio y a la situación económica en que deja a la víctima o familia.
  5. El valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas.
  6. Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador o se aproveche de la credibilidad profesional para cometer delito de estafa.
  7. Se cometa estafa procesal, alterando pruebas que provoquen error en el juez o tribunal que lleven a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
  8. Cuando el culpable de estafa hubiera sido condenado al menos por tres delitos comprendidos en este capítulo.

Además, el artículo 250.2 permite imponer la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses cuando el agravante 1. Coincida con cualquiera de los agravantes 4. a 7. o cuando el importe defraudado supere los 250.00 euros.

Siguiendo con el delito de estafa, el artículo 251 también contempla la pena de prisión de uno a cuatro años cuando se atribuya falsamente una cosa mueble o inmueble y la enajenara, gravara o arrendara, ocultara la existencia de cualquier carga sobre la cosa mueble o inmueble y la enajenara como libre de cargas o cuando  se otorgara en perjuicio de otro un contrato simulado.

Por último, el artículo 251 bis establece que cuando la responsabilidad de los delitos de estafa recaiga sobre una persona jurídica se le impondrá las siguientes penas:

  • Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  • Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de casos.