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¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

La constitución española, en su artículo 119,  establece que  “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En base a dicho precepto constitucional, el legislador llevó a cabo la elaboración de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, con el fin de regular un sistema de justicia gratuita que permitiera a los ciudadanos con insuficiencia económica proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y no verse obstaculizados a dicho acceso por razones económicas, garantizando así un acceso a la justicia en condiciones de igualdad  para todos los ciudadanos.

El artículo 2 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita establece quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, los cuales son:

1) Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

2) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a la Seguridad Socialen todo caso.

3) Las Asociaciones de utilidad pública  así como las Fundaciones inscritas en el Registro Público cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

4) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

5) En el orden contencioso, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España,  a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

6) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situación de abuso o maltrato.

7) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

8) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

Abogados en Alicante – Servicio de Urgencias

Por lo tanto, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se deberá  acreditar que sus ingresos económicos no superan los siguientes umbrales los cuales se basan en el IPREM como índice de referencia y cuya cuantía en 2017 se fija en 532,51 €:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Será la Comisión de Justicia Gratuita la que estimará o desestimará la solicitud, la cual tendrá en cuenta además de las rentas  otros bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, pudiendo negar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos revelan que dispone de medios económicos que superan el límite fijado.

Por último es importante recordar que el abogado podrá reclamar su minuta cuando la Comisión de Justicia Gratuita desestimara la pretensión del solicitante y hubiese habido designación provisional de abogado, pudiendo el letrado reclamar los honorarios ocasionados por la intervención realizada hasta la desestimación definitiva de la resolución.

 

 

El Tribunal Supremo afirma que los celos no pueden ser considerados como atenuante

Según la doctrina del Tribunal Supremo, en caso de violencia de género no puede aplicarse como atenuante el arrebato u obcecación motivado por celos. Así se ha visto reflejado en uno de los últimos casos analizados por la Gran Sala, correspondiente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona donde se condena a un hombre a 14 años de prisión por amenazas graves a su exmujer  a través de mensajes por el sistema “WeChat” y por una agresión con un cuchillo.

Stop Violencia de GéneroLa agresión más grave  fue castigada con 9 años de prisión  como homicidio en tentativa  y su resultado consistió en diversas heridas cortantes en cara, cuello y tronco que han causado un perjuicio estético importante a la víctima, que le afectan en el correcto desempeño de su profesión de camarera. En cuanto a los “pantallazos” realizados a los mensajes de la aplicación citada, aclara el Supremo que para que puedan ser tenidos como válidos debe realizarse una pericial para verificar su autenticidad, para evitar de ese modo las posibles suplantaciones o la creación de cuentas con perfiles fingidos donde un usuario se comunique consigo mismo. En el caso valorado no fue necesaria la realización de dichas periciales, puesto que la defensa admitió su realización.

El Supremo concluye que fuera de los casos establecidos donde los celos se deben a una enfermedad, no cabe la aplicación de atenuante en casos “en los que, por definición, renace el derecho de ambos cónyuges a rehacer un proyecto propio de vida afectiva”, pues en caso de considerar dicha atenuante estaríamos restando importancia a “injustificadas reacciones coléricas que, si bien se mira, son expresivas de un espíritu de dominación que nuestro sistema jurídico no puede beneficiar con un tratamiento atenuado de la responsabilidad criminal”.

Rechaza pues el recurso interpuesto por el acusado,  puesto que “quien se sitúa en el plano injustificable de la prepotencia y la superioridad no puede pretender que su conducta se vea beneficiada por un reconocimiento de la disminución de su imputabilidad o culpabilidad“.

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El Tribunal Supremo revoca la custodia compartida por tener el padre una posición irrespetuosa de abuso y dominación hacia la madre.

Stop Violencia de GéneroDesde Navarro & La Rosa Abogados Alicante nos hacemos eco del pronunciamiento de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia nº. 350/2016 de 26 de mayo, que ha revocado la custodia compartida de un menor, otorgándosela de forma exclusiva a la madre tras considerar que con “las actitudes del padre, ejerciendo una posición irrespetuosa de abuso y dominación, es impensable que pueda llevarse a buen puerto un sistema de custodia compartida que exige, como la jurisprudencia refiere, un mínimo de respeto y actitud colaborativa, que en este caso brilla por su ausencia, por lo que procede casar la sentencia por infracción de la doctrina jurisprudencial, dado que la referida conducta del padre, que se considera probada en la sentencia recurrida, desaconseja un régimen de custodia compartida, pues afectaría negativamente al interés del menor, quien requiere un sistema de convivencia pacífico y estable emocionalmente

Los anteNavarro & La Rosa Abogados Alicante - Especilistas en Derecho de Familiacedentes de hecho nos sitúan en Carballo, un pueblo de la Coruña, donde tras una demanda de divorcio iniciada por la mujer se concede la custodia compartida del único hijo de 7 años. Tras ello, la misma recurre a la Audiencia Provincial de A Coruña, que mantiene la medida por considerar que “no perjudica el interés del menor”, pese a constar un procedimiento penal contra el padre por coacciones hacia la mujer y considerar que el artículo 92.7 del Código Civil debe ser interpretado restrictivamente. Estos hechos son después considerados por la gran sala que dictamina que la interpretación de este artículo 92, apartados  5,6 y 7, “debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida a acordar, sin olvidar que «el propio juzgado de violencia doméstica a la vista de las pruebas practicadas, no impide las visitas del progenitor con el menor, adoptando únicamente una medida como es la entrega del menor en el punto de encuentro para de este modo evitar enfrentamientos»”

La Sala del Supremo ha recordado además el artículo 2 de LO 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, exige que “la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno libre de violencia  y que en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir“, procediendo pues a estimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 27 de Mayo de 2015 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña y concediendo así la custodia de forma íntegra a la mujer.

Descarga la Sentencia del Tribunal Supremo nº. 350/2016, de 26 de mayo.

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La App Cerberus y el delito de descubrimiento y revelación de secretos

El Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería ha considerado recientemente la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, del artículo 197 del Código Penal, en el ámbito de la violencia de género sobre la mujer tras demostrarse que un hombre, después de haber roto con su pareja, instaló deliberadamente una aplicación denominada “Cerberus” para controlar su terminal.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

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Entre algunas de las funciones de la aplicación se encuentra la localización del teléfono, el control de la cámara, la posibilidad de realizar vídeos, así como el reconocimiento de las llamadas recibidas o efectuadas por el mismo. Toda la información recogida era derivada al correo electrónico del condenado, quien se había dado de alta en la página web de la aplicación antes de proceder a la instalación en el móvil de su antigua pareja.
Estos hechos, desconocidos por la mujer, permitieron al condenado tenerla durante un tiempo controlada. La vulneración de la intimidad, por tanto, encuentra una respuesta tajante en el Derecho Penal, política criminal que desde Navarro & La Rosa Abogados Alicante compartimos.

Pese al reconocimiento de todos los hechos y la conformidad con la acusación, la Sala de lo Penal ha considerado que de conformidad con el artículo 197.1 y .2 del Código Penal, procede imponerle una pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación para el derecho a sufragio pasivo durante la condena, una orden de alejamiento y protección que prohíbe al condenado acercarse a menos de 200 metros de su ex pareja durante un período de tres años unido a la prohibición de cualquier tipo de comunicación con la misma y una pena de multa de doce meses con una cuota de cuatro euros diarios.

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La Audiencia Provincial de Alicante condena a los padres de un agresor por no impedir el maltrato.

Varios medios de comunicación se han hecho eco de esta Sentencia que algunos califican de pionera en España en materia de violencia de género, asunto en el que el despacho Navarro & La Rosa Abogados Alicante ha actuado como acusación particular.

Stop Violencia de GéneroLa particularidad radica en que no solamente ha sido condenado el agresor, en este caso por maltrato físico y psíquico habitual de conformidad con el artículo 173.2 CP, sino también los padres por un delito omisión del deber de impedir delitos del artículo 450.1 CP.

Este artículo 450.1 CP dispone que “El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.

Se declara probado el maltrato físico y psíquico habitual consistente en puñetazos, golpes con cables, apretar el cuello, poner a la víctima una almohada en la cara dificultando la respiración o encerrarla en un armario empotrado. Pero también se declara probado que en algunas de estas agresiones estaban presentes también los padres los cuales no hicieron nada por impedirlas ni prestaron ayuda a la víctima ante las casi continuas agresiones que sufría y que se desarrollaban en el domicilio común de la pareja que era el domicilio de los padres.

La Sentencia condenatoria plasma un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, en el que los acusados reconocen los hechos descritos anteriormente. El acuerdo en todo momento tiene aspiraciones restaurativas en tanto en cuanto la víctima percibe cómo el autor reconoce los malos tratos a los que la sometió, ve la respuesta firme del sistema judicial y goza de la protección de una prohibición de acercamiento y comunicación que se impone al agresor durante 4 años. Asimismo, a través de la vía del acuerdo se consigue evitar la victimización secundaria que puede sufrir la víctima de malos tratos por la celebración del juicio.

Como decimos, la Sentencia ha tenido cierta repercusión mediática.

El espacio de Noticias de las las 15:00 horas de Antena 3 del día 02.03.2016 dedicó un espacio a esta Sentencia. Acudieron, incluso, a nuestro despacho para entrevistarnos. He aquí un fragmento de la noticia:

Antena 3 Noticias - 02.03.2016 - 15:00 horas

Antena 3 Noticias – 02.03.2016 – 15:00 horas

Puedes ver la noticia completa pinchando en el siguiente enlace

Antena 3 Noticias, 02.03.2016, 15:00 horas (a partir del minuto 28:00)

Asimismo, apareció en varios medios escritos. He aquí algunas de las noticias:

 

 

Sea como sea, en Navarro & La Rosa Abogados Alicante siempre decimos que lo importante en los casos de violencia de género es DENUNCIAR con el fin de que se ponga en marcha el sistema y pueda protegerse a la víctima y erradicar situaciones de maltrato.

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¿Qué es el delito de stalking? Artículo 172 ter CP.

Stalking‘, gerundio del verbo ‘stalk’, es decir, en español ‘acechar’ u ‘hostigar’.

El reformado Código Penal que entra en vigor de forma inminente (1 de julio de 2015) tipifica en el artículo 172 ter CP el denominado delito de `stalking’. El artículo dice así:

Artículo 172 ter.
1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especialistas en Derecho Penal

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1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. (…)

Entre las notas definitorias del stalking podemos encontrar, por tanto:

a) la existencia de actos de acoso de distinta naturaleza de forma continuada, insistente y reiterada.
b) falta de consentimiento de la víctima.
c) alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

El legislador da un paso más allá en la recriminación de conductas de acecho y/u hostigamiento, como ya estaban reprendidas el acoso laboral (mobbing), el escolar (bullying), el inmobiliario (blockbusting) o el cibersexual a menores (child grooming).

Según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 172 ter del Código Penal, “los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.”

Debemos mencionar, asimismo, que se refuerza la lucha contra la violencia de género en tanto en cuanto el párrafo 3 del mismo artículo prevé un agravamiento de la pena (pena de prisión de uno a dos años o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días) en el caso de que el stalker (acosador) lleve a cabo la conducta de acecho u hostigamiento sobre las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, es decir, “la que sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”. En estos casos no será necesaria la denuncia de la persona agraviada.

La tipificación del delito de stalking, como acecho y hostigamiento auguramos que va a dar solución a bastantes situaciones de hecho que se producen hoy en día. Nómbrese, por ejemplo, a conocidas empresas de cobros que apostan sus peones en la puerta de los (supuestos) deudores… Ojo también a las técnicas utilizadas por los detectives privados…

Previsiblemente tendrán cabida en este artículo conductas como la persecución, continua vigilancia o el envío masivo de mensajes, cartas o emails, siempre y cuando “altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana” de la persona ofendida, concepto que deberá ser determinado por los Juzgados y Tribunales.

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La declaración de la víctima como prueba de cargo. Consideración especial a la existencia de corroboraciones de carácter específico.

Tiempo atrás publicamos una noticia que daba respuesta a la pregunta suficiente la declaración de la víctima de malos tratos como prueba de cargo apta y bastante para una sentencia condenatoria. (Puedes verla aquí).

La jurisprudencia ha establecido una serie de exigencias o requisitos que deben ser valorados de forma expresa y que deben concurrir para que sea posible enervar la presunción de inocencia que ampara al acusado a partir de la única prueba directa de cargo integrada por la declaración de la víctima. Estos requisitos son a) la ausencia de incredibilidad sujetiva; b) la verosimilitud, es decir la existencia de corroboraciones de carácter objetivo que deben provenir de otras fuentes distintas a la del testigo único; y c) la persistencia de la incriminación.

Navarro & La Rosa Abogados Alicante - Especialistas en Derecho Penal

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Vamos a prestar especial atención al segundo de los requisitos, es decir, la existencia de corroboraciones de carácter objetivo que deben provenir de otras fuentes distintas a la del testigo único. El Tribunal Supremo ha declarado que es necesario que la declaración de la víctima se encuentre rodeada de datos corroboradores, externos y objetivos, que la doten de una especial potencia convictiva.

Tal corroboración objetiva ha de entenderse como la existencia de cualquier hecho, dato o circunstancia externos aptos para avalar ese contenido en que consisten las declaraciones concretas de la víctima.

Con el calificativo de externos ha de entenderse que tal hecho, dato o circunstancia se halle localizado fuera de esas declaraciones de la víctima.

La falta de esas corroboraciones externas y objetivas supondrá declarar que no existen elementos probatorios de entidad suficiente como para enervar la presunción de inocencia que ampara al acusado y procedería absolverlo por el hecho por el que se hubiera seguido la causa.

Más allá de la propia teoría, lo importante en los casos de malos tratos es que las víctimas se decidan a DENUNCIAR con el fin de que se ponga en marcha los mecanismos legales previstos para auxiliar a las mujeres víctimas de la violencia de género.

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Violencia de género: ¿Puede la víctima retirar la orden de alejamiento?

No es infrecuente que se nos pregunte si la prohibición de aproximación y comunicación adoptada por un Juzgado, bien sea como medida cautelar bien como pena, para la protección de la víctima de violencia de género puede retirarse y dejarse sin efecto por solicitud de la propia víctima.

Pues bien, la respuesta ha de ser negativa. La medida de alejamiento y/o prohibición de comunicación es indisponible para la víctima. Se trata un mandato judicial taxativo.

Stop Violencia de GéneroEn otras palabras, el consentimiento de la víctima no es relevante a los efectos del delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar (artículo 468 CP). Así lo acordó el TS allá por el 2008: “el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468 CP.”; en base a la idea de la irrelevancia en Derecho Penal del perdón de la persona ofendida salvo en los llamados delitos privados.

La práctica diaria en Navarro & La Rosa Abogados Alicante nos muestra muchos casos en que, aun existiendo una prohibición de acercamiento (u orden de alejamiento) en vigor con ocasión un episodio de violencia de género anterior, las parejas se ven, con más o menos frecuencia e, incluso, retoman su vida en común sin saber que el consentimiento de la víctima no permite exonerar de responsabilidad penal a quien comete el delito de quebrantamiento de condena (o medida cautelar).