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La prescripción de las penas.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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Anteriormente, estuvimos  analizando las causas que extinguían la responsabilidad criminal entre las que se encontraba  la prescripción del delito (art. 130.1.6º), donde, en función de la pena que el Código Penal atribuye al delito, tenían un plazo de prescripción diferente. En este artículo nos vamos  a centrar en la prescripción de la pena, cuya diferencia esencial con la es que en la prescripción de la pena ya se ha producido la celebración del juicio  en la que existe una resolución judicial firme la cual establece una pena,  a diferencia de la prescripción del delito  la cual deviene porque no se han enjuiciado los hechos constitutivos de delito dentro de plazo, provocando que no se pueda  realizar una investigación judicial por dichos hechos.

La prescripción de las penas se encuentra regulada también en el Título VII del Código Penal, dedicado a las causas que extinguen la responsabilidad criminal. El artículo 133 del Código Penal establece que las penas impuestas por sentencia firme prescribirán:

  • A los 30 años, las penas de prisión por más de 20 años.
  • A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
  • A los 20 años, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
  • A los 15 años, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
  • A los 10 años, las restantes penas graves.
  • A los cinco, las penas menos graves.
  • Al año, las penas leves.

    Abogados en Alicante, Derecho Penal

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Es importante recordar, que no todos las penas prescriben, así, tal y como señala el artículo 133.2, las penas impuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio, terrorismo y los cometidos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.

Es importante tener en cuenta que el plazo de prescripción de la pena empezará a contar desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si se hubiese comenzado a cumplir y que el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el período de suspensión de la ejecución de la pena o durante el cumplimiento de otras penas.

Feliz Navidad y Próspero Año 2017!!

Abogados en Alicante - Servicio de Urgencias

Abogados en Alicante – Servicio de Urgencias

Todo el equipo de Navarro & La Rosa Abogados Alicante les desea Feliz Navidad y Próspero 2017.

Nuestro servicio de atención de urgencias seguirá activo accesible en el teléfono 628.924.698 para aquellos asuntos que requieran una actuación urgente o la atención inmediata de un abogado.

 

Condenan al un psiquiatra por la emisión de un falso diagnóstico

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a un médico psiquiatra por emitir un informe en el que incluía que el demandante padecía una enfermedad mental tan sólo basándose en las manifestaciones hechas por su mujer en la consulta.

Según detalla la nota informativa del Supremo, el psiquiatra refería que los trastornos de ansiedad sufridos por la mujer se debían, además de al estrés laboral, a que el marido padecía “una celotipia delirante paranoide, constituyendo por tanto el principal factor de desequilibrio emocional de la mujer”. La gran sala ha considerado que dicha apreciación vulnera el honor del hombre puesto que no era paciente suyo, circunstancia vital para emitir un informe de ese tipo.

En unas diligencias previas contra el marido por un presunto delito de amenazas y vejaciones en el ámbito familiar que posteriormente fueron archivadas, la mujer aportó este informe. Un año más tarde de ello, el mismo psiquiatra reconoce que tras atender al marido en consulta hasta en tres ocasiones, no se aprecia en el “patología psicológica evidente”, por lo que el diagnóstico anterior “sólo estaba basado en la información aportada por la paciente, que fue la que solicitó el dictamen”.

En un principio tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial de Granada rechazaron la demanda del marido, dando la razón a su exmujer y concluyendo que  el diagnóstico aportado “no era injurioso e insultante” puesto que sí existía un trastorno que provocaba el “principal factor del desequilibrio emocional de la mujer”. Tras ello el hombre recurrió, alegando que se había producido una “injerencia en su honor” con ese dictamen y que además en él se utilizaban “expresiones gravemente atentatorias a su dignidad”, pudiendo todas ellas además sembrar la duda sobre su “personalidad en el marco de la violencia de género”.

Finalmente ha sido el Supremo quien le ha dado la razón, entendiendo que se trata de un  “informe de complacencia” y no está dotado de la protección de un peritaje, siendo además “desmentido después cuando el psiquiatra ha tomado conocimiento real de la situación de quien ahora sí aparece como paciente”. Se trata pues de “diagnóstico innecesario para poder determinar la realidad familiar de su paciente frente a su esposo e injustificado respecto de una persona que no era paciente del demandado al que ni siquiera examinó específicamente” y supone un menoscabo en la dignidad del hombre, al exponerle como “un problema de salud mental sin justificación alguna y se hace con la publicidad que resulta de su difusión en un proceso penal al que se vio sometido sobre maltrato a la persona de su esposa”

Añade además que en una situación de crisis matrimonial, poner dicho diagnóstico en manos de la esposa puede provocar que pueda “ser utilizado en contra de éste”, puesto que es un  trastorno “que constituye uno de los rasgos del maltratador en los litigios relativos a la violencia de género” y tal como se pudo apreciar, al hombre se le abrieron diligencia que más tarde quedaron archivadas.

Por todo ello, estima parcialmente la demanda y fija una indemnización por daños morales de 6.000 euros, no en los 60.000 euros solicitados por el demandante.

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Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

¿Eres uno de los afectados por los bonos convertibles? Contacta con nosotros.

La sentencia del Supremo 411/2016 supone un varapalo para el Popular. Al igual que ocurrió con las preferentes, el Alto Tribunal considera que no se informó debidamente a los clientes de los riesgos del producto que estaban contratando y que tanto las empresas como particulares que compraron dichos bonos tenían que ser “expertos” en el mercado de valores para poder apreciar dicho riesgo. Es por ello que se ha ratificado en la sentencia de apelación que da la razón al grupo Alcor , que denunció a la entidad en julio de 2014, y ordena la restitución de 1.875.178 euros con sus respectivos intereses, quedando por tanto anulados los bonos.

Dicta la sentencia que “No consta que hubiera información previa, y ni siquiera la información que aparecía en la orden de compra del producto, prerredactada por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era su naturaleza, ni los riesgos que se asumían en función de la fecha de conversión”, por tanto, los bonos adquiridos por el grupo empresarial en 2010 quedarían anulados.

Además de esta sentencia,  la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sancionado el pasado mes de agosto a esta entidad por “infracción muy grave” por la comercialización de productos financieros entre 2009 y 2011. Dicha multa, impuesta en abril de 2015, fue recurrida por vía administrativa, pero el recurso no progresó.

Se abre la puerta de este modo a numerosas reclamaciones por daños y perjuicios a la entidad cuya suma, afirman los expertos, podría situarse en los 700 millones de euros (cifra correspondiente a la emisión de bonos convertibles en 2009), aunque el banco tilda esta información de desmesurada y sitúa la cifra máxima en 25 millones. Sea cual sea la cifra, el banco Popular tiene provisonados entre 16 y 20 millones para atender al posible “tsunami” de reclamaciones que pueden sufrir.

Desde Navarro & La Rosa abogados invitamos a todos los afectados a que contacten con nosotros para un estudio más individualizado de su caso.

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Nuevo varapalo a la Ley Sinde-Wert, la Unión Europea considera legales los enlaces de obras si no existe ánimo de lucro

En los últimos días se ha podido conocer cómo la Unión Europea da la razón a los jueces españoles al considerar que el enlace a obras castigado con la Ley Sinde-Wert de propiedad intelectual, no es ilegal ni constituye infracción si no existe ánimo de lucro por parte de quien coloca el enlace, pese a que exista comunicación pública de la obra.

Así lo ha sentenciado el pasado 8 de septiembre  la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien no aprecia ánimo de lucro pese a existir comunicación pública de las obras en la petición prejudicial solicitada por el Tribunal Supremo de los Países Bajos correspondiente al caso GS Media BV, Playboy Enterprise International Inc y Britt Geertruida Dekker y por lo tanto no declaran la acción como ilegal.

Basan su decisión en el artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29, donde se dicta que cuando una persona, sin ánimo de lucro, coloca un hipervínculo que remite a una obra de libre acceso en un sitio web de internet, debe tenerse en cuenta que el mismo no sepa o no pueda conocer que dicha obra ha sido publicada sin autorización de los titulares de la misma.

Esta visión refrenda y respalda la apreciación similar que tienen los jueces españoles con respecto a este tema y vuelve a poner en entredicho la Ley Sinde-Wert y uno de sus preceptos más polémicos.

El titular de una red Wi-Fi gratuita no es responsable de las conductas ilícitas cometidas por los usuarios

El TJUE ha dictaminado en su sentencia 484/14 de 15 de septiembre que el titular de una red Wi-Fi de uso público no es responsable de la actividad ilícita que pueda realizar un tercero en uso de tal red. En cambio, ha concretado los siguientes supuestos: 1º que no origine el mismo la transmisión, 2º que no seleccione él mismo el destinatario de la transmisión y 3º que no seleccione ni modifique los datos transmitidos

Esta sentencia resuelve el caso Mc Fadden contra Sony Music Entertainment presentada por un tribunal alemán, donde se cuestionaba la posible responsabilidad del administrador de un comercio de la descarga ilícita de música a través de su red Wi-Fi abierta al público. Pese a que el tribunal no considera al empresario como responsable directo de la vulneración de derechos de autor si que plantea la posibilidad de responsabilidad indirecta por no proteger debidamente la red.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que una red Wi-Fi abierta al público constituye una llamada de atención de clientes potenciales del empresario y constituye un «servicio de la sociedad de la información» contemplado por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000

Esta Directiva excluye la responsabilidad de los meros transmisores de información siempre que: el prestador 1) no haya originado él mismo la transmisión, 2) no haya seleccionado al destinatario de la transmisión y 3) no haya seleccionado ni modificado los datos transmitidos. Por lo tanto si se cumplen estos tres parámetros, el titular de derechos afectados no puede solicitar una indemnización al prestador de la red a través de la cual se han infringido sus derechos. Si recoge la Directiva la posibilidad de que se solicite mediante autoridad competente que el prestador ponga fin a dicha infracción de derechos de autor cometida por sus clientes o que impida las infracciones.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que la utilización de una contraseña junto con la obligación de los usuarios de la red libre de identificarse para obtener el acceso a dicha red, podría ayudar a disuadir a los usuarios de dicha red a infringir las leyes.

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Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

FELICES HOGUERAS!!

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Felices Hogueras – Navarro & La Rosa Abogados Alicante

Desde Navarro & La Rosa Abogados Alicante deseamos a todos los alicantinos y gente que nos visite que paséis unas buenas Hogueras!!!

Para cualquier urgencia jurídica seguimos atendiendo en nuestro SERVICIO DE URGENCIAS disponible en el teléfono 628.924.698.

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El impago de la tasa de basuras como causa de desahucio en los alquileres de renta antigua

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El Tribunal Supremo ha sentenciado recientemente que el impago de la tasa de basuras se considera causa de resolución del contrato de alquiler para arrendatarios que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (en adelante LAU), pudiendo motivar el desahucio.
Ha desestimado de este modo el recurso interpuesto por la parte demandada contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se condenaba a la misma al desalojo de la vivienda y al pago de la cantidad adeudada a la arrendataria, derivada de los impagos de la tasa de basuras.
La inquilina ahora desahuciada disponía de un contrato de alquiler anterior a la LAU, cumpliendo desde entonces con el pago de todas tasas y siendo en el año 2011 donde se comienzan a producir los impagos. Ante tal hecho, la arrendataria formula demanda con el fin de resolver el contrato de arrendamiento de la vivienda. El argumento de la demandada para justificar el impago, era que el importe que se le reclamaba “no había sido pactado en el contrato” y que “no correspondía con la finca que ella ocupaba”, siendo ambos rechazados en el proceso puesto que se pudo confirmar que la tasa sí correspondía a la finca ocupada y que según la ley aplicable a su contrato, no era necesario que dicho pago viniera recogido en el mismo.
Hasta el momento, dicha cuestión era motivo de discordia en los juzgados y según la ciudad o juez que tratara el caso, la sentencia se dictaba aceptando o rechazando el impago como motivo de resolución de contrato. La sala recuerda que el artículo 144 de la LAU cita que “el contrato de arrendamiento podrá resolverse a instancia del arrendador por falta de pago de la renta o de las cantidades que a ésta se asimilan” y por tanto el inquilino ha de asumir, además del pago de la renta, otros asimilables a la misma (cumpliendo de este modo con la legislación que se establezca en cada momento)
El fin último de esta sentencia, según palabras del alto Tribunal, es la de garantizar la protección del propietario frente a los posibles incumplimientos del arrendatario, puesto que dichas cantidades asimilables, además de ser de beneficio exclusivo del arrendado, son de “inexcusable cumplimiento”. Concluye el mismo su sentencia mencionando que la propia Ley Reguladora de las Haciendas establece que el sujeto pasivo de las tasas de basura es la persona física o jurídica que resulte beneficiada por el referido servicio.

¿Tiene obligación de indemnizar la Compañía Aseguradora a terceros perjudicados aún si el tomador no ha pagado la prima del seguro?

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La Sala de lo Civil del TS mediante la sentencia nº 267/2015, de fecha 10 de septiembre de 2015, desestima el recurso de casación interpuesto por una compañía aseguradora y fija la doctrina que intenta resolver la problemática existente entre las distintas Audiencias Provinciales del territorio español en relación a los requisitos que deben darse para que una compañía aseguradora quede liberada de indemnizar al tomador del seguro obligatorio para vehículos a motor tras producirse un impago de la prima.

Abogados Alicante - Especialistas en Accidentes de Tráico

Abogados Alicante – Especialistas en Accidentes de Tráico

El supuesto de hecho se produce tras la imposibilidad de una aseguradora pontevedresa a la hora de cobrar la prima del seguro obligatorio de vehículos de duración anual contraída con el Tomador. Tras dicho incidente, la misma comunica el hecho al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) para que ésta dé de baja la póliza, antes de que ocurra el accidente objeto del proceso a fecha 1 de agosto de 2007.
Pese a ello, tanto la sentencia de primera instancia como la de la Audiencia Provincial de Pontevedra, estiman la demanda interpuesta por el Consorcio de Compensación de Seguros, condenando a la aseguradora al pago de la indemnización correspondiente. No conforme con la misma, la aseguradora interpone recurso de casación por infracción del art. 15 de la Ley de Contrato de Seguro, quedando dicho recurso desestimado por el TS y confirmando de este modo la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra y fijando la doctrina para la resolución de una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor en caso de impago.

En relación al mencionado artículo, el Tribunal Supremo señala que: “Para que la compañía aseguradora quede liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado en el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor por impago de la primera prima o prima única por culpa del tomador, es necesario que acredite haber dirigido al tomador del seguro un correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de su recepción, por el que se notifique la resolución del contrato”.

Se establece, por tanto, que para que una aseguradora pueda liberarse de pagar una indemnización alegando el impago de la prima debe existir un escrito dirigido al tomador mediante “correo certificado”, que pretenda dar oportunidad al mismo de resolver el contrato. Solo de esta forma la aseguradora quedará liberada de indemnizar a terceros perjudicados. Cuestión distinta es que, tras el pago, pueda reclamar a su asegurado.

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