El Tribunal Supremo permite reclamar deudas existentes de empresas extinguidas.

El Tribunal Supremo, en fecha de 24 de mayo de 2017, ha unificado la doctrina en relación con la capacidad de sociedades para ser parte en procesos una vez están disueltas, liquidadas y canceladas en el Registro Mercantil. La Sala de lo Civil del Tribunal supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto al considerar que  si bien la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de los asientos registrales de la sociedad extinguida conlleva la pérdida de su personalidad jurídica, continuará conservando esta personalidad respecto de las reclamaciones pendientes de pasivos sobrevenidos los cuales deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación de la sociedad, por lo que la sociedad sigue teniendo personalidad y capacidad para ser parte demandada.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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Esta tesis, la cual ya venía manteniendo la Dirección General de los Registros y el Notariado, considera que aunque la inscripción de la extinción y su consiguiente cancelación de los asientos registrales conlleva la pérdida de la personalidad jurídica en cuanto a su capacidad para operar en el mercado como tal, pero mantiene esta personalidad respecto de las reclamaciones pendientes.

Podéis descargaros la Sentencia pulsando AQUÍ

 

La indemnización correspondiente por las lesiones permanentes no invalidantes en accidentes laborales.

Se entiende por Lesión permanente no invalidante, todas aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter permanente que, causadas a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y sin incidir negativamente en la capacidad laboral del accidentado, implican una disminución o alteración de la integridad física del trabajador. Estas lesiones se encuentras recogidas en  un Baremo establecido en la Orden ESS/66/2013 por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. El plazo de reconocimiento y notificación de las lesiones permanentes no invalidantes es de 135 días.  Es importante señalar que el plazo de prescripción de la acción por la reclamación de la prestación por lesiones comienza a computarse  desde que las dolencias son valoradas y determinado su origen en enfermedad profesional y no desde que se constata la existencia de las lesiones.

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Esta  indemnización correspondiente al Baremo se deberá satisfacer por la entidad gestora o mutua  que esté obligada a realizar el pago de la incapacidad derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Además no podemos obviar que el Art. 154 de La Ley General de la Seguridad Social  establece que todas aquellas prestaciones que traigan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad profesional pueden incrementarse en caso de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Ese recargo, el cual correrá a cargo del empresario, se podrá cifrar entre un 30% y un 50% del importe de la prestación conforme a Baremo, porcentajes que dependerán  de la gravedad de la falta cometido por el empresario en la omisión de medidas de seguridad y no de la gravedad del daño ocasionado.

Para tener derecho a dicha indemnización se deberá destacar:

  • Que la lesión producida debe haber sido precedida por el incumplimiento de alguna obligación de seguridad e higiene en el trabajo, teniendo que existir culpa o negligencia por parte del empresario.
  • Debe de existir una relación de causalidad entre la infracción cometida y la lesión sufrida. En este sentido, los tribunales consideran que no se prevé la imposición del recargo por el mero hecho de inobservarse las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, sino que exige que la lesión se produzca por tales incumplimientos.

El plazo de prescripción para reclamar el recargo de prestaciones es de 5 años a contar desde la última prestación reconocida.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

La sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión de ciudadanos extranjeros. Artículo 89 del Código Penal.

 

A partir de la reforma del Código Penal a través de la LO 1/2015 ,  cuyas reformas tratan de acomodar la regulación española a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, una de las novedades más relevantes  por su endurecimiento contra los ciudadanos extranjeros es la referida a la generalización de la expulsión de ciudadanos extranjeros como sustitución de la ejecución de la pena de prisión, incluidos aquellos que tienen residencia legal e incluso a ciudadanos de la Unión Europea, si bien con carácter excepcional. Por lo tanto, puede, en principio, aplicarse la expulsión sustitutiva a todos los ciudadanos extranjeros, con independencia que estén irregularmente o no, quedando solamente excluidos los nacionales. No obstante, la sustitución no será aplicable a las penas impuestas por la comisión de los delitos recogidos en los arts. 177 bis (trata de seres humanos), 312 (tráfico ilegal de personas), 313 (inmigración clandestina de trabajadores) y 318 bis (tráfico ilegal de personas)

La nueva redacción del Artículo 89 del Código Penal prevé la sustitución por expulsión del territorio nacional de las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero, si bien,  la LO 1/2015 ha suprimido el carácter automático de la sustitución de la expulsión que introdujo la anterior reforma del Código Penal, mediante la LO 11/2003, por  lo que la expulsión “sólo podrá ser acordada si resulta proporcionada  a la vista de las circunstancia  del hecho y de las personales del autor, en particular su arraigo en  España” (Art.89.4 Código Penal). Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de la pena impuesta, y la sustitución del resto por la expulsión del penal del territorio nacional. También se podrá sustituir el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cundo se acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

Sin embargo, con la reforma a través de la LO 1/2015, la redacción del nuevo artículo 89 Código Penal, no se permite la sustitución total de  las penas de prisión de más de cinco años, acordando el Juez o Tribunal la ejecución de todo o parte de la pena. Aun así, se podrá sustituir la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado cuando se cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, accediera al tercer grado o se le concediera la libertad provisional.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

Es importante señalar que la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.

Acordada la expulsión, la cual llevará consigo el archivo de cualquier procedimientos administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, cuya plazo dependerá  de la duración de las penas sustituidas y las circunstancias personales del penado. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período establecido, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que fuera sorprendido en la frontera donde será expulsado directamente por la autoridad gubernativa y empezará otra vez  a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

 

Las Denuncias Falsas en el ámbito penal.

Lamentablemente para el derecho español, cada año se producen situaciones más numerosas de denuncias falsas en los juzgados españoles, cuya acción hemos de recordar que se encuentra recogida dentro de los delitos contra la Administración de Justicia. Según dispone el Art. 456 del Código Penal, el que imputara falsamente a alguna persona hechos que son constitutivos de infracción penal, con conocimiento de su falsedad o con un temerario  desprecio a  la verdad, será sancionado con penas de prisión de hasta dos años, dependiendo de la gravedad del delito imputado con falsedad. Tal y como dispone dicho artículo, el que realice una denuncia falsa será sancionado:

  1. Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.
  2. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.
  3. Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.

El Código Penal establece que para proceder contra el denunciante por la comisión de este ilícito penal, deberá recaer sentencia firme o auto, de sobreseimiento o archivo  de las actuaciones. Una vez se dicte la resolución judicial, el Juez o Tribunal podrá proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que  resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda ser denunciado también por el ofendido mediante la interposición de la correspondiente denuncia ante la autoridad.

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¿En qué consiste la acción revocatoria o pauliana?

La acción revocatoria o pauliana, prevista en el artículo 1111 del Código Civil y en los artículos 1291 a 1299 de dicho código, es aquella acción que permite a los acreedores solicitar la revocación de aquellos actos que el deudor haya realizado en fraude del derecho de  aquellos. Esta acción faculta a los acreedores para dirigirse directamente contra los terceros que participaron en el fraude. Además, tal y como establece el artículo 1294 el Código Civil,  esta acción  es subsidiaria, en el sentido de que el acreedor sólo puede ejercitarla cuando carezca de cualquier otro medio para obtener la efectividad de su crédito.

La acción revocatoria tiene un plazo de caducidad de cuatro años desde la realización del acto fraudulento y para solicitarla debe de cumplirse una serie de requisitos:

  1. Que exista un derecho de crédito a favor del acreedor.
  2. Que el deudor haya realizado un acto de disposición con ventaja o beneficio.
  3. Que se produzca un perjuicio al acreedor como consecuencia del acto de disposición
  4. Que el acto de disposición sea fraudulento, con intención de perjudicar a los acreedores.
  5. Que el adquirente haya sido cómplice en el fraude.

Deberá ser el acreedor el que demuestre  que el acto de disposición ha determinado o aumentado la insolvencia del deudor, que no existen otros bienes del deudor y que el acreedor no tiene otro medio legal de satisfacer su crédito. Una vez probado dichas circunstancias, el ejercicio de dicha acción tendrá como efecto la revocación del acto fraudulento, siempre que no se lesionen los intereses de terceros de buena fe, pues en ese caso sólo dará lugar a una indemnización de daños y perjuicios.

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¿CÚANDO ES DELITO EL MATRIMONIO DE CONVENIENCIA?

Según se establece en la legislación española, los matrimonios de conveniencia  sólo puede conllevar sanciones administrativas, o derivar en un ilícito civil pero no será delito si no media ánimo de lucro y no  existe usurpación de estado civil o falsedad documental previa.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido es clara al respecto y en la Sentencia del Tribunal Supremo 1004/1997 ya  establecía que los matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a delito de falsedad, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión, pudiendo tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, mas nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal.”

Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a una pareja condenada a dos años de prisión por la Audiencia de Barcelona al considerar que se casaron en conveniencia, imputándoles  un delito de falsedad y otro delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

El Tribunal Supremo, destaca en primer lugar que la jurisdicción penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez del matrimonio, por lo que la referencia de la Audiencia de Barcelona a que el citado enlace fue inexistente o nulo debe suprimirse. Para ello, la Ley requiere una previa declaración de nulidad dictada por un juez civil en sentencia firme, que no concurre en este caso, ni la inscripción registral recoge datos falsos o inauténticos, porque el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto (la ceremonia del matrimonio) objetivamente celebrado.

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En España, el legislador considera ilícito administrativo, contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito, sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros, en adecuada proporcionalidad que solo deviene penalmente típico, cuando en la ayuda a permanecer en España, media ánimo de lucro.

 

El Phishing como modalidad del delito de estafa informática.

El Phishing es una modalidad del delito informático que consiste en el envío de correos electrónicos con software maliciosos (virus, troyanos…etc.) o de enlaces a portales fraudulentos, con el objetivo de obtener claves, cuentas bancarias así como datos comprometidos de usuarios,  cuyos datos quedan a disposición  del defraudador el cual podrá hacer uso de dichas claves de forma fraudulenta, sin que el perjudicado pueda percatarse del engaño.

Abogados en Alicante, Derecho Penal

Abogados en Alicante, especialistas en Derecho Penal

Uno de los métodos más usados por los defraudadores consiste en enviar correos, haciéndonos creer que se trata de un correo enviado  por nuestra entidad bancaria, en el que suelen adjuntar una URL en la que el cliente ha de clicar para acceder a la página de su banco pero que en realidad se les redirige una página web simulada, cuyos datos  serán usados maliciosamente por los defraudadores.

El Código Penal  regula el delito de estafa informático en el artículo 248.2 disponiendo que serán considerados reos de estafa los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejantes, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.  Los delitos de estafa están castigados con una pena de prisión de seis meses a tres años, pudiendo aumentar hasta los seis años dependiendo de las agravantes recogidas en el artículo 250 de dicho cuerpo legal ( por ejemplo, que la cantidad de lo defraudado fuera superior a los 50.000€)

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS.

El artículo 130 del Código Penal establece las causas en las cuales se extingue la responsabilidad criminal. Entre ellas se encuentra la prescripción del delito (art. 130.6º CP) la cual, en su artículo 131 del Código Penal, establece los plazos de prescripción en relación a la gravedad del delito cometido. El plazo de prescripción empezará a contar, tal y como señala el artículo 132 del Código Penal, desde el día de la comisión del delito, salvo los delitos continuados donde el plazo de prescripción empezará a contar desde el día en que se realizó la última infracción o desde que cesó en su conducta delictiva. Es importante señalar que el plazo de prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo  desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena.

DELITO

PLAZO (ART.131 CP)

  •   Genocidio
  •   Delitos de lesa humanidad
  •  Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el art.614 CP
  •  Delitos de terrorismo si causan muertes

No prescriben

·        Pena máxima señalada: prisión mayor o igual  a 15 años

20 años

Pena máxima señalada:

  •   Inhabilitación mayor a 10 años
  •    Prisión más de 10 años y menos de 15 años
 

 

15 años

Pena máxima señalada:

  •     Inhabilitación mayor a 5 años y que no exceda de 10 años
  •      Prisión de más de 5 años y que no exceda de 10 años
 

 

10 años

Demás delitos

5 años

Delitos leves y delitos de calumnias e injurias

1 años

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En virtud del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 16.12.08, para la determinación del plazo de prescripción del delito habrá de atenderse a la pena en abstracto señalada al delito correspondiente por el legislador.

Para el cómputo de la prescripción de un delito que contiene en su descripción normativa un tipo básico y otro subtipo agravado, el Tribunal Supremo, en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26.10.2011 estableció que para la aplicación de la prescripción, “se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. No se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal”. Por último señalar que en los delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave declarado cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado.

LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS Y LAS CONSECUENCIAS DE SU NULIDAD.

Las cláusulas abusivas  son definidas en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. De dicha redacción podemos destacar que deben concurrir varios elementos para que una cláusula contractual pueda ser considerada abusiva:

  1. El adherente ha de tener la condición de consumidor o usuario a tenor de lo establecido en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entendiendo como tales a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad empresarial.
  2. Que se traten de condiciones generales impuestas a través de contratos de adhesión en los que el consumidor o usuario no tiene facultad para negociar o modificar las cláusulas, limitándose a aceptar o rechazar el contrato en su totalidad.
  3. Que la cláusula sea contraria a las exigencias de la buena fe.
  4. Qué la existencia de dicha cláusula cause un desequilibrio importante en la relación contractual de los derechos y obligaciones de las partes.

La consecuencia de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos suscritos por consumidores y usuarios debe ser la nulidad de dicha cláusula y de sus efectos, sin que afecte a la vigencia del contrato, el cual podrá subsistir sin la misma. Así lo estable el artículo 83 del Texto Refundido en donde se establece que “las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstane, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. Por tanto, el Juez tiene la obligación de pronunciarse sobre el carácter abusivo de la cláusula sin poder modificar ni integrar el contenido del contrato, limitándose por tanto a declarar su nulidad.especialistas-hipotecas-derecho-bancario-abogados-alicante

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

Las cláusulas limitativas en las pólizas de seguros.

Las cláusulas limitativas de derechos son aquellas estipulaciones que se recogen en las pólizas de seguros con el fin de restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. Estas cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiera producido. La Ley 50/1980 de Contrato de seguros estable en su artículo 3 que las “cláusulas limitativas de los derechos del asegurado deberán ser específicamente aceptadas por escrito”. Así lo corroboran las Sentencias del Tribunal Supremo 268/2011 de 20 de abril y la Sentencia del Tribunal Supremo 516/2009 de 15 de julio, estableciendo que las cláusulas limitativas deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riego cubierto.

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Estas cláusulas limitativas no podemos confundirlas con las cláusulas de delimitación de cobertura, las cuales están destinadas a concretar el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. Conviene señalar que la Directiva 93/13/CEE  establece que estas cláusulas que definen o delimitan el riesgo del asegurado y el compromiso del asegurador no son objeto de dicha apreciación de abusividad, ya que dichas limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor.

Recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la resolución 147/2017 ha considerado estimar el recurso de casación interpuesto por una asegurada, la cual se le negaba una pensión de invalidez, contra la compañía aseguradora “AMCI Seguros y Reaseguros S.A” por vulneración de los deberes del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros y del principio de transparencia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aprecia un “insólito plus” en la cláusula controvertida que determina su carácter sorpresivo respecto de la prestación asegurada (pensión de invalidez), asimilándola más bien a un seguro de “gran dependencia” o de “gran invalidez”, y la convierte en una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, introduciendo una confusión y contradicción entre las cláusulas particulares y generales del contrato  que vulnera los deberes de claridad y precisión que exige el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros. Se condena a la entidad aseguradora al pago de la prestación periódica prevista en la póliza así como al pago de los intereses de demora contemplado en el artículo 20 de dicha Ley.