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La prescripción de las penas.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

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Anteriormente, estuvimos  analizando las causas que extinguían la responsabilidad criminal entre las que se encontraba  la prescripción del delito (art. 130.1.6º), donde, en función de la pena que el Código Penal atribuye al delito, tenían un plazo de prescripción diferente. En este artículo nos vamos  a centrar en la prescripción de la pena, cuya diferencia esencial con la es que en la prescripción de la pena ya se ha producido la celebración del juicio  en la que existe una resolución judicial firme la cual establece una pena,  a diferencia de la prescripción del delito  la cual deviene porque no se han enjuiciado los hechos constitutivos de delito dentro de plazo, provocando que no se pueda  realizar una investigación judicial por dichos hechos.

La prescripción de las penas se encuentra regulada también en el Título VII del Código Penal, dedicado a las causas que extinguen la responsabilidad criminal. El artículo 133 del Código Penal establece que las penas impuestas por sentencia firme prescribirán:

  • A los 30 años, las penas de prisión por más de 20 años.
  • A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
  • A los 20 años, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
  • A los 15 años, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
  • A los 10 años, las restantes penas graves.
  • A los cinco, las penas menos graves.
  • Al año, las penas leves.

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Es importante recordar, que no todos las penas prescriben, así, tal y como señala el artículo 133.2, las penas impuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio, terrorismo y los cometidos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.

Es importante tener en cuenta que el plazo de prescripción de la pena empezará a contar desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si se hubiese comenzado a cumplir y que el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el período de suspensión de la ejecución de la pena o durante el cumplimiento de otras penas.

Consecuencias de la incomparecencia del testigo en un juicio penal.

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Cuando una persona es citada para comparecer ante el juzgado como testigo  presencial de unos hechos en los que estuvo presente o se trata de un testigo referencial (el cual tiene conocimiento de ciertos hechos delictivos por otras vías) suele surgir la duda de si existe la obligación  de comparecer  y si la inasistencia puede conllevar algún consecuencia negativa para el testigo debidamente notificado.

Como regla general, tal y como establece el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley.

Por lo tanto, la ley establece una obligación de comparecer y declarar acerca de los hechos investigados. No obstante, es importante mencionar que existen  excepciones a la regla general, como los parientes del investigado,  los cuales están dispensados de la obligación de declarar  (no de la obligación de comparecer en juicio).

La consecuencia de que el testigo no acuda al llamamiento judicial  o  de no declarar lo que supiese acerca de los hechos por los que fuera preguntado puede conllevar la imposición por parte del juzgado o tribunal de una multa que oscilará de 200€  a 5.000 €. Por lo general,  el Juez o Tribunal antes de interponer dicha sanción, advertirá al testigo para que cambie de conducta y lo citará nuevamente para acudir a declarar de nuevo. Sin embargo si se persistiera en la negativa de comparecer, será conducido a declarar por los agentes de la autoridad pudiendo ser investigado por un delito de obstrucción a la justicia que pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses.

Como hemos mencionado antes, la ley establece que la obligación también conlleva el deber de declarar por los hechos por los que se nos pregunta por lo que la negativa a declarar conllevaría la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad  con penas de 6 meses a un año de prisión.

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El Delito Leve de injurias.

La reforma del Código Penal trajo consigo la derogación de las “faltas” y por ende, la despenalización de las injurias leves recogidas en el  artículo 620.2º del Código Penal de 1995, estableciendo como única vía posible para aquellas personas ofendidas, la de acudir a la vía civil por vulneración del derecho al honor.

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A pesar de que las injurias leves ya no constituyan una infracción penal, debemos tener en cuenta que el nuevo Código Penal establece que dichas injurias podrán ser consideradas como un Delito Leve  cuando dichas injurias o vejaciones se profieran contra cualquiera de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173. Dichas personas son:

  1. Quien sea o haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia.
  2. Los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.
  3. Los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con él o que se hallan sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.
  4. La persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar.
  5. La persona que por su especial vulnerabilidad se encuentre sometida a custodia o guarda en centros públicos o privados.

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Según establece el artículo 173.4 del Código Penal, quien cause injuria o vejación de carácter leve contra cualquiera de las personas que hemos mencionado, será castigado con alguna de las siguientes penas pudiendo ser:

  1. A) Pena de localización permanente de cinco a treinta días, en domicilio diferente y alejado del de la víctima.
  2. B) Trabajos en beneficio de la Comunidad de cinco a treinta días.
  3. C) Multa de uno a cuatro meses. Esta pena únicamente se podrá imponer, tal y como establece el artículo 84.2 del Código Penal, cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una relación común.

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY PARA ENDURECER LOS CASTIGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

El  pasado día 22 de Junio de 2017 se presentó ante el Congreso la nueva Proposición de Ley, por la que se modifica el Código Penal, con el objetivo de ofrecer una mayor protección en materia de seguridad vial  a ciclistas y peatones, cuya proposición recoge además la regulación del delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales.

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Dicha proposición de ley propone calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atente contra la integridad de las personas en tres supuestos:

1) Cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

2) Cuando se hace bajo la influencia de drogas.

3) Cuando se hace bajo la influencia de alcohol.

Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.

En los accidentes cometidos como consecuencias de dichas imprudencias y que lleven como resultado varias víctimas, el juez podrá elevar la pena por encima del máximo actual pudiendo imponer penas de hasta 9 años de prisión, frente a la condena máxima de 4 años de prisión que recoge la legislación actual.

Además, la proposición de Ley permitirá sancionar de forma independiente todas las infracciones del conductor previas al accidente, frente a la regulación actual que sólo era castigado por la infracción más grave, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo.

 Por último, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo. Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido.

 

La sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión de ciudadanos extranjeros. Artículo 89 del Código Penal.

 

A partir de la reforma del Código Penal a través de la LO 1/2015 ,  cuyas reformas tratan de acomodar la regulación española a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, una de las novedades más relevantes  por su endurecimiento contra los ciudadanos extranjeros es la referida a la generalización de la expulsión de ciudadanos extranjeros como sustitución de la ejecución de la pena de prisión, incluidos aquellos que tienen residencia legal e incluso a ciudadanos de la Unión Europea, si bien con carácter excepcional. Por lo tanto, puede, en principio, aplicarse la expulsión sustitutiva a todos los ciudadanos extranjeros, con independencia que estén irregularmente o no, quedando solamente excluidos los nacionales. No obstante, la sustitución no será aplicable a las penas impuestas por la comisión de los delitos recogidos en los arts. 177 bis (trata de seres humanos), 312 (tráfico ilegal de personas), 313 (inmigración clandestina de trabajadores) y 318 bis (tráfico ilegal de personas)

La nueva redacción del Artículo 89 del Código Penal prevé la sustitución por expulsión del territorio nacional de las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero, si bien,  la LO 1/2015 ha suprimido el carácter automático de la sustitución de la expulsión que introdujo la anterior reforma del Código Penal, mediante la LO 11/2003, por  lo que la expulsión “sólo podrá ser acordada si resulta proporcionada  a la vista de las circunstancia  del hecho y de las personales del autor, en particular su arraigo en  España” (Art.89.4 Código Penal). Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de la pena impuesta, y la sustitución del resto por la expulsión del penal del territorio nacional. También se podrá sustituir el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cundo se acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

Sin embargo, con la reforma a través de la LO 1/2015, la redacción del nuevo artículo 89 Código Penal, no se permite la sustitución total de  las penas de prisión de más de cinco años, acordando el Juez o Tribunal la ejecución de todo o parte de la pena. Aun así, se podrá sustituir la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado cuando se cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, accediera al tercer grado o se le concediera la libertad provisional.

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Es importante señalar que la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.

Acordada la expulsión, la cual llevará consigo el archivo de cualquier procedimientos administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, cuya plazo dependerá  de la duración de las penas sustituidas y las circunstancias personales del penado. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período establecido, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que fuera sorprendido en la frontera donde será expulsado directamente por la autoridad gubernativa y empezará otra vez  a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada.

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

 

El Phishing como modalidad del delito de estafa informática.

El Phishing es una modalidad del delito informático que consiste en el envío de correos electrónicos con software maliciosos (virus, troyanos…etc.) o de enlaces a portales fraudulentos, con el objetivo de obtener claves, cuentas bancarias así como datos comprometidos de usuarios,  cuyos datos quedan a disposición  del defraudador el cual podrá hacer uso de dichas claves de forma fraudulenta, sin que el perjudicado pueda percatarse del engaño.

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Uno de los métodos más usados por los defraudadores consiste en enviar correos, haciéndonos creer que se trata de un correo enviado  por nuestra entidad bancaria, en el que suelen adjuntar una URL en la que el cliente ha de clicar para acceder a la página de su banco pero que en realidad se les redirige una página web simulada, cuyos datos  serán usados maliciosamente por los defraudadores.

El Código Penal  regula el delito de estafa informático en el artículo 248.2 disponiendo que serán considerados reos de estafa los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejantes, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.  Los delitos de estafa están castigados con una pena de prisión de seis meses a tres años, pudiendo aumentar hasta los seis años dependiendo de las agravantes recogidas en el artículo 250 de dicho cuerpo legal ( por ejemplo, que la cantidad de lo defraudado fuera superior a los 50.000€)

Si usted está interesado en iniciar cualquier acción legal referente en esta materia le recomendamos que consulte con nuestros abogados para que le asesoren sobre su situación a fin de obtener una solución satisfactoria pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o en el email: info@NLRabogadosalicante.com

 

El delito de estafa: Los elementos que configuran el delito de estafa y sus penas.

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El delito de estafa se encuentra tipificado en el Código Penal (artículos 248 a 251 Bis) en la sección 1 “De las estafas”, incluido dentro del capítulo VI “De las defraudaciones”. Según el artículo 248.1 del Código Penal, “comenten estafa los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño  bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

Continuando con la redacción de este artículo, el apartado segundo establece que también serán considerados reos de estafa las personas que:

  1. Con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  2. Fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas informáticos destinados a la comisión de delitos de estafa.
  3. Utilicen tarjetas de crédito o débito, cheques de viajes o datos que aparecen recogidos en ellos para realizar operaciones que causen un perjuicio a su titular o a un tercero.

LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DELITO DE ESTAFA.

Tal y como establece el Tribunal Supremo en la STS de 3 de abril de 2001, reproducida en las SSTS de 8 de febrero y 18 de abril de 2002 y 9 de abril de 2003, son:

  • Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.
  • Dicho engaño ha de ser “bastante”, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto.
  • Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivado viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.
  • Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo, acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.
  • Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.
  • Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el “dolo subsequens”,es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa.

LAS PENAS EN EL DELITO DE ESTAFA.

Dependiendo de la gravedad del delito, del valor de lo defraudado y del perjuicio económico causado, el código penal establece diferentes penas por lo que se deberán tener en cuenta las circunstancias concurrentes para determinar correctamente la pena impuesta:

  • Si el valor de lo defraudado no excediera de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
  • Si el valor de lo defraudado excediera de 400 euros, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años, para la cual, se deberá tener en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, los medios empleados y cuantas otras circunstancias que sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Es importante también mencionar en este punto, que el artículo 250.1 del Código Penal, permite elevar la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando:
  1. La estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
  2. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial.
  3. Recaiga sobre bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
  4. Revista especial gravedad atendiendo al perjuicio y a la situación económica en que deja a la víctima o familia.
  5. El valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas.
  6. Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador o se aproveche de la credibilidad profesional para cometer delito de estafa.
  7. Se cometa estafa procesal, alterando pruebas que provoquen error en el juez o tribunal que lleven a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
  8. Cuando el culpable de estafa hubiera sido condenado al menos por tres delitos comprendidos en este capítulo.

Además, el artículo 250.2 permite imponer la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses cuando el agravante 1. Coincida con cualquiera de los agravantes 4. a 7. o cuando el importe defraudado supere los 250.00 euros.

Siguiendo con el delito de estafa, el artículo 251 también contempla la pena de prisión de uno a cuatro años cuando se atribuya falsamente una cosa mueble o inmueble y la enajenara, gravara o arrendara, ocultara la existencia de cualquier carga sobre la cosa mueble o inmueble y la enajenara como libre de cargas o cuando  se otorgara en perjuicio de otro un contrato simulado.

Por último, el artículo 251 bis establece que cuando la responsabilidad de los delitos de estafa recaiga sobre una persona jurídica se le impondrá las siguientes penas:

  • Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  • Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de casos.

 

La interpretación del Tribunal Supremo a la Acumulación de condenas

Con la reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, se introdujeron novedosas reformas como la supresión de las faltas y la creación de una nueva categoría de delitos leves, la prisión permanente revisable o la modificación del régimen de penas. A la hora de su redacción es normal que el legislador cometa algún error dando lugar a una interpretación errónea del precepto, por lo que se hace necesario que magistrados del tribunal supremo se reúnan en pleno para la unificación de criterios interpretativos. Una muestra de ello la encontramos la redacción del artículo 76.2 del código penal y la necesaria celebración del pleno del Tribunal Supremo, celebrado el 3 de febrero de 2016.

Centrándonos en la redacción del artículo 76.2 del Código Penal “La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar” y realizando una interpretación literal, parecía plantear que el Legislador había cambiado la fecha que determina el límite para la acumulación de penas, por lo que a partir de la reforma sería la fecha de la celebración del juicio que da lugar a la primera condena y no la fecha de la sentencia, ni la de su firmeza. Esta interpretación literal planteaba serios problemas al penado el cual veía perjudicada su posibilidad de acumular las condenas, viéndose obligado a cumplirlas por separado.

A través del pleno no jurisdiccional del alto tribunal, se acordó que “la acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respectos de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera instancia.

Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello.

A los efectos del artículo 76.2 CP hay que estar a la fecha de la sentencia dictada en la instancia y no la del juicio.”

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Las razones que justifican este acuerdo son las siguientes:

En primer lugar, por razones de seguridad jurídica ya que la fecha de la sentencia consta en la certificación de antecedentes penales y es fija, mientras que la del enjuiciamiento es en ocasiones más difícil de localizar y además puede ser variable.

En segundo lugar, por razones de coherencia jurisprudencial, ya que se trata de un criterio jurisprudencial consolidado ya mediante Acuerdo del Pleno de 29 de noviembre de 2005 según el cual “no es necesaria la firmeza de la sentencia para el límite de la acumulación”, por lo que no parece justificado desvirtuar un criterio unificado y añadir mayor complejidad al proceso de acumulación de penas.

Y en tercer lugar, porque ésta es la interpretación más favorable para el reo ya que una interpretación literal impediría que un hecho delictivo cometido después de la celebración del juicio, pero antes de dictar sentencia, pudiera acumularse. Además provocaría serios problemas de retroactividad, teniendo que establecerse dos modelos de acumulación, uno para las acumulaciones anteriores a la reforma, que tomaría como referencia la fecha de la sentencia y otro para las posteriores, que partiría de la fecha del juicio.

¿Qué es el delito de Stalking?

La reforma del código penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, incorporó un nuevo delito denominado “stalking” o “acoso ilegítimo”, recogido en el  Título VI Delitos contra la libertad, artículo 172 ter, el cual, tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley, está destinado a ofrecer respuestas a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, terminaban sin ser calificadas como coacciones o amenazas, pero  que llegan a producir una alteración de la vida normal del acosado y por ende, limitando la libertad de obrar del sujeto pasivo.

A partir de dicho precepto penal, el cual tiene como fin proteger la libertad de obrar, se pretende castigar aquellas conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima,  sometiendo a la víctima a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento. No obstante, aunque el bien jurídico protegido sea la libertad de obrar, pueden verse afectados otros bienes jurídicos como el honor, la integridad moral o la intimidad, en función de los actos en que se concrete el acoso.

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Según el artículo 172 ter “será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

  1. La vigile, la persiga o busque su cercanía física. (incluyendo conductas tanto de proximidad física como de observación a distancia y a través de dispositivos electrónicos y cámaras de vigilancia).
  2. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. (Incluyendo tanto la tentativa de contacto como el propio contacto).
  3. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. (Por ejemplo un supuesto recogido en este apartado sería en supuestos casos en que el sujeto activo publica un anuncio en internet ofreciendo algún servicio que provoca que la víctima reciba múltiple llamadas).
  4. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.” (No se llega a especificar qué clase de atentado contra la libertad o patrimonio. En este aspecto, alguna parte de la doctrina defiende la inclusión de la amenaza de atentado a la libertad, y de la amenaza y atentado contra la vida y la integridad física).

A partir de su redacción  podemos establecer que para que la conducta delictiva de stalking pueda ser encuadrada en dicho precepto legal deben tenerse en consideración que:

  1. El precepto se refiere a este tipo de acoso al llevado a cabo de forma insistente y reiterada, exigiendo por tanto, un patrón de conducta, por lo que los actos aislados no podrán ser considerados como un delito de stalking.
  2. No es suficiente con que la conducta sea insistente y reiterada sino que se debe existir una estrategia sistemática de persecución. Tal y como señala D. Oscar Ortega Sebastián, Magistrado del Juzgado nº3 de Tudela, “Lo esencial en el stalking sería para la autora la estrategia sistemática de persecución, no las características de las acciones en que ésta se concreta”.
  3. Que la realización de la conducta típica altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana del sujeto pasivo.

Un ejemplo de la aplicación del artículo 172 ter del Código Penal lo encontramos en la Sentencia del juzgado de instrucción nº3 de Tudela, en la cual se considera al denunciado como autor de un delito de stalking, el cual, a raíz de conocer a la denunciante por la pérdida y recuperación de un perro de su propiedad, comienza a hacer llamadas al teléfono de la misma,  enviando mensajes de whatsapp y remitiendo fotografías y mensajes de contenido sexual, alterando la normal vida de la denunciante. El denunciado fue condenado a una multa de cuatro meses con una cuota diaria de cuatro euros y la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia no inferior a cincuenta metros, así como comunicarse con ella de cualquier forma o manera.

 

¿Cómo puedo cancelar los antecedentes penales?

La reforma del Código Penal, a través de la LO 1/2015 de 30 de marzo, ha facilitado el procedimiento de cancelación de antecedentes penales al suprimir la exigencia del informe del juez o tribunal sentenciador así como el requisito de la constancia del pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. No obstante, se produce también una revisión de los plazos previstos para su cancelación lo cual provoca un aumento de los plazos de cancelación para delitos graves.

La nueva redacción del Art.33 del Código Penal clasifica las penas dependiendo de su naturaleza y duración en tres bloques, Graves, Menos Graves y Leves.

Graves Menos Graves Leves
Prisión permanente revisable. Prisión de 3 meses hasta 5 años Privación derecho a conducir de 3 meses a 1 año
Prisión superior a 5 años. Inhabilitación Especial hasta 5 años. Privación tenencia de armas de 3 meses a 1 año.
Inhabilitación Absoluta. Suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años. Inhabilitación Especial para tenencia de animales de 3 meses a 1 año.
Inhabilitación Especial por tiempo superior a 5 años. Privación derecho a conducir de 1 año y un día a 8 años. Privación residir en determinados lugar por tiempo inferior a 6 meses.
Suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a 5 años. Privación tenencia de armas de 1 año y un día a 8 años. Prohibición aproximarse a la víctima o familiares por tiempo de 1 meses a menos de 6 meses.
Privación derecho conducir por tiempo superior a 8 años. Inhabilitación Especial para tenencia de animales de 1 año y un día a 5 años. Prohibición de comunicación con la víctima o familiares por tiempo de 1 mes a menos de 6 meses
Privación tenencia de armas por tiempo superior a 8 años. Privación residir en determinados lugares, por tiempo de 6 meses a 5 años. Pena Multa de hasta 3 meses.
Privación residir en determinados lugares por tiempo superior a 5 años. Prohibición aproximarse a la víctima o familiares por tiempo de 6 meses a 5 años. Localización permanente de 1 día a 3 meses.
Prohibición aproximarse a la víctima o familiares por tiempo superior a 5 años. Pena Multa de más de 3 meses. Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año.
Prohibición comunicación con la víctima o familiares por tiempo superior a 5 años. Multa proporcional, cualquiera que fuera su cuantía.
Privación de la Patria potestad. Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año.

Dependiendo del tipo de consideración de la pena impuesta, el art. 136 del Código Penal establece un plazo en el cual el penado no deberá volver a delinquir si quiere ver cancelados sus

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antecedentes penales. Dicho plazo será el siguiente:

1) Seis meses para las penas leves.

2) Dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes.

3) Tres años para las penas menos graves castigadas con penas inferiores a 3 años.

4) Cinco años para las penas menos graves castigadas con penas iguales o superiores a 3 años.

5) Diez años para las penas graves.

 

Una vez cumplidos los plazos, los solicitantes deberán rellenar una solicitud en la que deberán de incluir los siguientes datos:

– Nombre y apellidos.

– Filiación.

– Localidad y Provincia.

– Fecha de nacimiento

– DNI.

– Domicilio a efectos de notificación.

La solicitud podrá ser presentada mediante representación acreditada, personándose en el Registro General del Ministerio de Justicia o en cualquier Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, así como solicitarlo por Internet desde Aquí. Para el caso de ciudadanos españoles que residen en el extranjero, pueden instar la cancelación a través de las oficinas diplomáticas y consulares de España, previa presentación del titular en las mismas, quien solicita y autoriza la gestión en la forma convenida entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el Ministerio de Justicia.

El plazo de tramitación es de unos tres meses. Una vez transcurrido dicho plazo, se podrá entender estimada la cancelación cuando no haya resolución expresa. No obstante, el plazo se resolución se suspenderá cuando sea necesario recabar por el órgano judicial la fecha de extinción de la responsabilidad penal, necesaria para el inicio del cómputo de los plazos de cancelación. Una vez recaída la resolución, si la identificación del solicitante se ha llevado a cabo correctamente, le será notificada por correo a la dirección designada en la solicitud.