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La Condena en Costas.

Antes  de iniciar un procedimiento judicial   es necesario tener en cuenta  que, dependiendo de si nuestras pretensiones son estimadas o desestimadas por el Tribunal, ello puede conllevar a que debamos hacer frente a  los gastos  de las actuaciones  procesales no sólo de nuestra representación, sino también de la parte contraria en el caso de que nuestra pretensión sea desestimada. Por ello, hoy abordaremos este tema a fin de que podáis tener  conocimiento sobre cuáles son las situaciones en las que procede imponer la condena en costas.

Despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante

Despacho de Abogados en Alicante, Navarro & La Rosa Abogados

  1. Las costas Procesales.

Las costas podríamos definirlas como aquellos gastos procesales derivados de la propia actividad procesal y cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en el proceso. Según establece el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán considerados gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:

  • Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean obligatorias.
  • Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
  • Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
  • Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
  • Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el Tribunal a registros y protocolo públicos, que serán gratuitos.
  • Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
  • La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea obligatoria. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.
  1. La condena en costas.

Los criterios que regulan la condena en constas se recogen en los artículos 394 a 398 de la  Ley  de Enjuiciamiento Civil, donde se recoge las situaciones en las que dará lugar a la condena en costas dependiendo de los diferentes resultados que pueda arrojar el proceso:

a) Procesos que concluyan con la desestimación de todas las pretensiones de una de las partes.

Según dispone el artículo 394.1 de la LEC, las costas de la primera instancia  se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas su pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de  derecho que justifiquen su no imposición. Para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

b) Procesos que concluyan con la estimación o desestimación parcial de las pretensiones.

Si fuera parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, si el Juez apreciara que uno de los litigantes ha litigado con temeridad podrá imponerle la totalidad de las  costas. Se  entenderá que se ha actuado con temeridad cuando se interponga la acción  judicial de  forma maliciosa  a sabiendas que la pretensión es injusta.

 c) Procesos en los que se produce el allanamiento del demandado.

En el supuesto de que el demandado se allanara a la demanda antes de contestarla, el artículo 395 de la LEC establece una regla general y una excepcional que dependerá  de si la actuación del demandado es contraria a las exigencias de la buena fe.

Según la regla general, no procederá la imposición de costas cuando el demandado se allanara a la demanda antes de contestarla. Sin embargo, si el tribunal apreciara mala fe en su conducta, la cual será razonada por el Tribunal, podrá imponer las costas derivadas del proceso pese a su allanamiento antes del trámite de contestación a la demanda.

Se entenderá que existe mala fe si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.

Si el allanamiento se produjera después de contestar a la demanda, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC, por lo que si contestada a la demanda, el demandante ve sus pretensiones estimadas, el demandado será condenado a abonar las costas del procedimiento.

d) Procesos que concluyan por desistimiento del demandante.

En este supuesto, el Tribunal impondrá las costas procesales al actor que desista en su pretensión en función de si el demandado ha consentido o no su desistimiento. Si el desistimiento no fuera consentido por el demandado,  deberá el demandante hacer frente de todas las costas. En cambio, si el desistimiento fuera consentido por el demandado no se condenará en costas a ninguno de los litigantes.

  1. Importe de las costas.

Según dispone el artículo 394.2 LEC, cuando se impusieran las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesiones que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieran obtenido tal pronunciamiento. A los efectos de determinar el importe de las costas en procedimientos cuyas pretensiones son inestimables, se valorarán en 18.000€ salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

Por último señalar que esta limitación del importe a pagar por el litigante vencido de una tercera parte de la cuantía del proceso no se aplicará cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas, en cuyo caso deberá abonar la totalidad de las costas propias, así como las de las parte contraria.

 

 

Novedades que se plantean introducir en la LECrim en el momento en que se apruebe su reforma

Desde el despacho de abogados Navarro & La Rosa Abogados en Alicante os damos unas breves notas acerca de las nuevas reformas que se realizarán sobre la Ley de Enjuiamiento Criminal.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 13 de marzo dos Proyectos de Ley, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria, los cuales modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En lo que atañe al Proyecto de Ley Orgánica, aquí se introducen cuestiones que afectan a derechos fundamentales, como el estatuto del investigado y las diligencias de investigación tecnológica; mientras que el Proyecto de Ley ordinaria afecta a las cuestiones de índole procesal, como las medidas de agilización de la justicia penal y otras garantías como el proceso monitorio penal, la generalización de la segunda instancia y la ampliación del recurso de revisión.

El objetivo de esta reforma es agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del “investigado” (antes el imputado), establecer un nuevo marco procesal del decomiso, así como regular las medidas de investigación tecnológica, carentes de marco legal al tratarse de una ley aprobada en 1882. Además, y en clara consonancia con las medidas adoptadas contra la corrupción, se quiere facilitar a jueces y fiscales herramientas eficaces en la lucha contra este tipo de delitos.

En cuanto a los cambios más significativos, resaltar la exigencia de un plazo en la instrucción de los procedimientos penales, sustituyéndose así el prácticamente inaplicable plazo de un mes previsto en la actual LECrim para la instrucción de la generalidad de los procesos, por plazos más adaptados a la realidad, debiéndose decidir, una vez transcurridos los mismos, si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Por tanto, los asuntos sencillos tendrán un plazo de 6 meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables por otro plazo similar. En ambos casos, por razones excepcionales, el juez podrá acordar una nueva prórroga por el tiempo que precise para poner fin a la investigación. Dicho sistema de plazos, del que velará por su cumplimiento el Ministerio Fiscal, favorecerá la mayor agilidad en las investigaciones al evitar instrucciones interminables que dificultan el enjuiciamiento de los responsables.

Por otro lado, también se quiere evitar el carácter negativo atribuido al término “imputado” a pesar de que, en realidad, el proceso aún no se ha dirigido formalmente contra él. Para ello se propone la sustitución del término “imputado” por “investigado” durante la fase de instrucción y, por “encausado”, tras el auto formal de acusación, aclarando tales términos el momento procesal exacto en el que nos encontramos, permitiendo darle a cada uno de ellos el sentido real que tienen.

Además también es reseñable la reforma operada en cuanto al derecho de asistencia letrada, trasponiendo en este caso a nuestro ordenamiento la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales para realizar una regulación sistemática del derecho a la asistencia letrada, con expreso derecho a la entrevista reservada antes del interrogatorio policial.

Por último, según el Ministerio de Justicia, se espera que el Proyecto sea calificado próximamente en el Congreso para iniciar su tramitación. De cumplirse los plazos previstos y habilitarse julio como período de sesiones, el Proyecto podría quedar definitivamente aprobado a finales de ese mes de julio. En otro caso, se prevé que quede aprobado en septiembre.

El Tribunal Supremo establece que la policía no puede realizar tomas de ADN a los imputados sin abogado o autorización judicial

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reunidos en Sala General, han acordado que la toma biológica de muestras para la práctica de la prueba de A.D.N. con el consentimiento del imputado precisa que esté presente su letrado cuando aquel se encuentre detenido o, en su defecto, de autorización judicial.

No obstante, la Sala decidió además dar validez al contraste de muestras obtenidas en la causa que se está enjuiciando con los datos obrantes en la base de datos policial, procedentes de una causa distinta, aunque no conste que intervino letrado, cuando el acusado no ha cuestione la licitud y validez de esos datos durante la fase de instrucción del proceso.