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El Tribunal Supremo eleva de 8 a 20 días la indemnización de ceses de trabajadores indefinidos- no fijos.

La Sala IV de Tribunal Supremo, en la sentencia nº 257/2017, de 28 de marzo de 2017, ha cambiado su línea jurisprudencial al considerar que los trabajadores indefinidos no fijos del sector público cuando son cesados por la cobertura de la plaza que ocupaban, tienen derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.  Esta nueva línea modifica la jurisprudencia anterior del Alto Tribunal que consideraba que no correspondía más de 8 días por año.

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En la sentencia, la Sala IV del Tribunal Supremo establece que ha cambiado el criterio para cuantificar dichas indemnización con base a las siguientes razones:

En primer lugar, porque la figura del indefinido no fijo, la cual ya se viene recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, refleja que la norma diferencia al personal laboral en función de su duración del contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el término de indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, por lo que  el personal indefinido no es equiparable al temporal.

En segundo lugar, la figura del personal indefinido tiene su origen en un uso abusivo de la contratación temporal por parte del algún órgano administrativo. Si bien el art.15 ET establece que cuando ese uso abusivo de la contratación es llevada a cabo por empresas privadas, dicho contrato se convierte en fijo. Sin embargo, cuando lo realiza la Administración, como el acceso a la función pública debe hacerse con respetos de los principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, ya que se estaría facilitando un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse las normas que regulan el acceso a esos puestos públicos, a través de concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En tercer lugar, porque la figura el indefinido-no fijo al no tratarse  de un contrato temporal, resulta necesario reforzar la cuantía de la indemnización ya que el vacío legal al respecto no justifica la equiparación del trabajador indefinido-no fijo al temporal como se venía haciendo hasta ahora.

En último lugar, por la ausencia de un régimen jurídico del contrato indefinido-no fijo, obliga a la Sala a acudir a supuestos comparables por lo que se acogible la indemnización  de veinte días por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. Dicha comparación se establece porque  la extinción contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato.

 

El Tribunal Supremo establece los límites del despido colectivo

La Sala del Tribunal Supremo acaba de acordar que para que un despido pueda calificarse como colectivo debe superar el umbral establecido en el Estatuto de los Trabajadores (art.51.1), pero no sólo teniendo en cuenta la totalidad de la empresa, sino también un único centro donde desempeñen su trabajo más de 20 empleados.

Fija de este modo, basándose en la Directiva 98/59 aplicada por el Tribunal de Justicia Europeo, los casos en que un expediente de regulación de empleo puede calificarse como un despido colectivo de trabajadores.

Por tanto, la Sala de lo Social ha procedido a desestimar el recurso de casación interpuesto por una empresa de ascensores contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaró nulidad en el despido de 12 empleados de una empresa que desempeñaban sus labores en un centro de Vizcaya junto con otros 77 empleados y cuyo total de empleados superaba los 3.000.

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El pagaré como medio de pago válido de la indemnización si se acompaña de la comunicación de despido

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia 536/2016, ponente Sr. Souto Prieto, que la entrega de un pagaré cuya fecha de vencimiento se corresponda con el mismo día de la comunicación de despido, cumple con lo establecido en el artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al empresario a poner a disposición del empleado la indemnización por el despido el mismo día que se comunica éste.

De este modo, ha estimado el recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto por una empresa contra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien sentenció que se había producido un despido improcedente por entregar un pagaré a una trabajadora junto con la carta de despido. La empleada no aceptó el pagaré, cuya fecha de vencimiento era de ese mismo día y mediante la que se le iba a pagar la indemnización.

En este caso, el problema se produjo porque la entrega de un pagaré no constituye una orden de pago sino una promesa de pago. Para el Supremo, la entrega del pagaré se realiza simultáneamente con la comunicación del despido y por tanto “Siendo esto así, es claro que el pagaré permitía, al igual que un cheque, un pago a la vista, y que la actora, si en lugar de rechazarlo -pues no había dilación en la entrega, ni constan discordancias en la cantidad ni falta de provisión de fondos- lo hubiera recogido, podría haberlo hecho efectivo el mismo día, obteniendo así una puesta a disposición simultánea a la comunicación del despido, sin perjuicio de que, si por alguna circunstancia ajena a la trabajadora despedida -por ejemplo no abono por el banco por falta de fondos disponibles, como ocurriría también con un cheque- no se efectuase la realización del pagaré, siempre tendría expedita la vía para reclamar la improcedencia del despido por no haber existido, de forma simultánea a la entrega de la comunicación del despido, una verdadera puesta a disposición de la indemnización”.

Con esta sentencia se flexibiliza la jurisprudencia, que ha pasado de realizar una interpretación rígida, donde sólo se entendía por cumplido el Estatuto de Trabajadores cuando en el mismo acto de despido, el trabajador disponía efectivamente del dinero de la indemnización a otra interpretación más amplia donde se admiten instrumentos como la transferencia o cheque bancario.

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