Con motivo de la reforma fiscal que ha planteado el Gobierno, desde el pasado día 20 de junio todas las indemnizaciones percibidas por despidos podrían pasar a tributar por IRPF. Hasta dicha fecha, tales indemnizaciones estaban exentas en la cuantía establecida con carácter mínimo obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores (45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y 33 días tras la reforma de 2012). Pues bien, si esta reforma fuese aprobada en sede parlamentaria ya sólo quedarían exentos los primeros 2.000.-€ por año, por lo que los contribuyentes con salarios de hasta 20.000.-€ anuales no deberán tributar a Hacienda por este concepto.
Según explicó el Secretario de Estado de Hacienda, D. Miguel Ferre, los técnicos que han diseñado todo el entramado de esta reforma fiscal proponen acabar con esta exención total para los trabajadores despedidos, sugiriendo además limitarla por razones de equidad, puesto que su anterior tratamiento fiscal no era uniforme y podía dar lugar a situaciones de abuso. Por ello consideran que al menos una parte de las indemnizaciones sí que debería tributar. No obstante, el Gobierno no ha dicho la última palabra en esta materia, ya que el Secretario de Estado añadió además que el Ejecutivo está abierto a recibir las consideraciones de la patronal y los sindicatos para así intentar ajustar la cifra a la que se refiere el mínimo exento.
Frente a esta modificación hay quienes sostienen que se trata de una medida justa y en consonancia con la actual tendencia económica, mientras que otros opinan que solamente tendría sentido su aplicación a partir de indemnizaciones muy altas.
En cualquier caso, una vuelta de tuerca más a los derechos de los trabajadores, cada vez más mermados en lo que a indemnizaciones por despido se refieren. La reforma de 2012 que disminuía la indemnización (de 45 a 33 días por año trabajado), el no devengo de salarios de tramitación y el retraso en el señalamiento para juicio por despido hace que los trabajadores ostenten una posición negociadora con la empresa cada vez más débil y se haya producido en la práctica un abaratamiento del despido mucho más allá de lo que establece la legislación.
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